CE - Sentencia 15001233300020210030001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)

Demandante: Martha Helena Arias Plazas

Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Pensión de jubilación docente , Ley 33 de 1985 . Docente vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Vinculación a través de contratos de prestación de servicios

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Martha Helena Arias Plazas presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Martha Helena Arias Plazas presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 2, en orden a que

1 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2 , carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf, visible a folios 2 a 20. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024) Demandante: Martha Helena Arias Plazas se declarara la nulidad del acto administrativo negativo ficto derivado de la petición del «12 de noviembre de 202 0»3, presentada ante el Fomag en cuanto al reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados con anterioridad al estatus de pensionada, a partir del 1 de junio de 2019; ii) el reajuste de la pensión conforme con el IPC; iii) el pago de los intereses moratorios ; iv) el pago de las sumas que resultaren; v) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) la condena en costas a la demandada.

el pago de los intereses moratorios ; iv) el pago de las sumas que resultaren; v) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y vi) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Martha Helena Arias Plazas nació el 10 de febrero de 1963, por lo que contó con más de 55 años de edad.

3.2. Prestó sus servicios como docente en instituciones educativas del municipio de Sogamoso [Boyacá], a través de las siguientes vinculaciones:

Tipo de vinculación Desde Hasta Contratos de prestación de servicios 1-02-1994 30-11-1994 13-02-1995 12-12-1995 5-02-1996 4-12-1996 1-03-1997 31-10-1997 26-03-1998 30-11-1998 1-02-1999 30-11-1999 1-02-2000 30-11-2000 1-02-2001 30-11-2001 1-02-2002 30-11-2002 3-02-2003 5-12-2003 Provisionalidad 28-01-2004Propiedad

31-12-2010 «fecha presentación demanda» [8-04-2021]

3.3. En consecuencia, prestó sus servicios como docente oficial por más de 20 años, y se vinculó con anterioridad al 23 de junio de 2003, por lo tanto, acreditó los

3 De acuerdo con la petición fue presentada el 11 de noviembre de 2020, la cual se encuentra en

y se vinculó con anterioridad al 23 de junio de 2003, por lo tanto, acreditó los

3 De acuerdo con la petición fue presentada el 11 de noviembre de 2020, la cual se encuentra en Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf, visible a folio 103.3

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024) Demandante: Martha Helena Arias Plazas requisitos legales para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 812 de 2003, la cual es compatible con el salario.

3.4. El «12 de noviembre de 2020» solicitó al Fomag el reconocimiento y pago de la «pensión de Jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada, es decir a partir de 1 de junio de 2019.» [sic]. Petición respecto de la cual se configuró el silencio administrativo negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1 inciso 2 de la Ley 33 de 1985; 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:

5.1. La entidad desconoció los postulados legales, y la jurisprudencia del Consejo de Estado, porque se vinculó como docente oficial con anterioridad al 23 de junio de 2003, por lo cual e ra beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003.

5.2. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que «[e]l régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

5.1. En tal sentido, los docentes vinculados con anterioridad al año 2003, se les debía aplicar las normas anteriores a la expedición de la Ley 812 de 2003, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores públicos.

5.3. Además, para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, se deb ió computar el tiempo prestado con órdenes de prestación de servicios , por cuanto el beneficio del régimen de transición de la norma mencionada no establec ió alguna condición adicional respecto la modalidad de vinculación , pues fue «una figura que utilizaron las entidades territoriales para cumplir con el servicio de educación.».

4 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2,

utilizaron las entidades territoriales para cumplir con el servicio de educación.».

4 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta cuaderno principal, archivo 1ED_2DEMANDAP55MARTHAHELENAARIASPLAZAS.pdf, visible a folios 5 a 18.4

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)

Demandante: Martha Helena Arias Plazas 1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes

argumentos5:

6.1. De acuerdo con las pruebas aportadas, se vinculó como docente oficial con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual no era beneficiaria del régimen de transición previsto en esa norma, y no era procedente el reconocimiento y pago de la «pensión de jubilación por aportes con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios».

6.2. En tal sentido, e ra beneficiaria del régimen de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en las cuales se estableció que para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación se debía cumplir los requisitos de 57 años para hombres y mujeres, y 1300 semanas cotizadas.

6.3. Propuso las excepciones que denominó: i) «legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad»; ii) el «demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas

57 años para hombres y mujeres, y 1300 semanas cotizadas.

6.3. Propuso las excepciones que denominó: i) «legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad»; ii) el «demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan»; iii) «factores salariales que integran el ingreso base de liquidación – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 proferida por el Consejo de Estado (argumento subsidiario)»; iv) «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico»; y v) improcedencia de condena en costas; y vi) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 4 , mediante sentencia proferida el 26 de septiembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la demandante , para tal efecto, después de realizar un recuento legal y jurisprudencial, fundamentó su decisión en lo siguiente6:

7.1. De acuerdo con el régimen previsto en la s leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, no era posible computar el tiempo que laboró como docente mediante órdenes de prestación de servicios, porque no se acreditó que se hubieran realizado los aportes en pensiones, y tampoco se declaró la relación laboral encubierta mediante sentencia o conciliación.

5 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta cuaderno principal, archivo 11_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACIONDEMANDA.pdf.

5 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta cuaderno principal, archivo 11_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACIONDEMANDA.pdf. 6 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta cuaderno principal, archivo 064_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf .5

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024) Demandante: Martha Helena Arias Plazas 7.2. La aplicación del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, o las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, está condicionada a la fecha de vinculación en el servicio educativo oficial que acreditó la docente, es decir si el ingresó fue antes o después a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

7.3. En este caso, se demostró que la vinculación legal y reglamentaria de la demandante en el servicio educativo oficial se efectuó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 28 de enero de 2004.

7.4. En tal sentido, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, contenida en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, los docentes vinculados con posterioridad al 27 de junio de 2003 deben acreditar los requisitos de i) 57 años

para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, los docentes vinculados con posterioridad al 27 de junio de 2003 deben acreditar los requisitos de i) 57 años de edad y; (ii) las semanas de cotización que prevé el artículo 33 -2 de la Ley 100 de 1993 [modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003], esto es, 1.000 semanas en cualquier tiempo, las cuales se incrementaron gradualmente, así «[a] partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.».

7.5. Martha Helena Arias Plazas nació el 10 de febrero de 1963 y cumplió 57 años el 10 de febrero de 2020, por lo que se acreditó el primer requisito.

7.6. En cuanto al número de semanas cotizadas [1300], se demostró que laboró con contratos de prestación de servicios desde el 1 de febrero de 1994 por el lapso de 7 años, 11 meses y 29 días, y mediante vinculación legal y reglamentaria, desde el 28 de enero de 2004, durante 13 años, 10 meses y 5 días, por lo tanto, laboró por 21 años, 10 meses y 4 días.

7.7. Ahora bien, el valor de 1300 semanas se divide entre 51.43, que equivale a un año de cotización [conforme a la sugerencia de la Superintendencia Financiera en Concepto 2006065392-001 del 21 de diciembre de 2006], lo cual arroja un resultado de 25,28 años , pero la demandante acumuló un tiempo de servicio de 21 años, 10

Concepto 2006065392-001 del 21 de diciembre de 2006], lo cual arroja un resultado de 25,28 años , pero la demandante acumuló un tiempo de servicio de 21 años, 10 meses, 4 días.

7.8. Por lo anterior, Martha Helena Arias Plazas no cumplió con el requisito del tiempo de servicio para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de acuerdo con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.6

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024) Demandante: Martha Helena Arias Plazas 1.4. El recurso de apelación

8. La demandante interpuso recurso de apelación, el cual sustentó así7:

8.1. El a quo determinó que laboró como docente oficial desde el 1 de febrero de 1991, pero no es beneficiaria del régimen de la Ley 33 de 1985, porque no es posible computar el tiempo mediante contratos de prestación de servicios, toda vez que no acreditó que se hayan realizado los aportes a pensión; no obstante, en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, se dispuso que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraran vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

8.2. Es beneficiaria de la transición prevista en la Ley 812 de 2003, porque se vinculó con anterioridad al 26 de junio de 2003, fecha de entrada en videncia de esa ley, en la cual se indicó que el docente debía estar «vinculado, situación probada dentro del

con anterioridad al 26 de junio de 2003, fecha de entrada en videncia de esa ley, en la cual se indicó que el docente debía estar «vinculado, situación probada dentro del proceso, sin que deba exigírsele al docente demás requisitos, al ser una carga desproporcionada», teniendo en cuenta que el tiempo laborad o fue prestado por nombramiento para cubrir una licencia de maternidad y comisiones como docente oficial, por lo cual la entidad territorial debió realizar la afiliación al Fomag, o por lo contrario el pago de las acreencias laborales, y los aportes para pensión.

8.3. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado , Sección Segunda, contenida en la sentencia del 17 de junio de 2022, e n el proceso con radicado interno 4678-2021, C.P. William Hernández Gómez , se precisó «que el tiempo de laborado como docente por medio de órdenes de prestación de servicio, se debe tener en cuenta, sin que haya necesidad de que se haya declarado relación laboral, teniendo en cuenta que la labor docente independiente del tipo de contratación, se entiende que en este vínculo se encuentran configurados los tres elementos que constituyen una relación laboral.».

8.4. El tiempo laborado como docente mediante órdenes de prestación de servicios se debió contabilizar, y como su vinculación fue anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 [27 de junio de 2003], no es aplicable lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

8.5. De acuerdo con el material probatorio Martha Helena Arias Plazas cumplió los requisitos legales para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de

100 de 1993.

8.5. De acuerdo con el material probatorio Martha Helena Arias Plazas cumplió los requisitos legales para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, porque era beneficiaria de la transición prevista en

7 Samai, índice 2, 5ED_15001233300020210030000_T133528072326867148ZIP(.zip) NroActua 2, carpeta cuaderno principal, archivo 065_MemorialWeb_Recurso_Indice_61.pdf.7

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024) Demandante: Martha Helena Arias Plazas la Ley 812 de 2003, nació el 10 de febrero de 1963, en la actualidad tiene más 55 años de edad, y prestó sus servicios como docente por más de 20 años así:

Tipo de vinculación Desde Hasta Días, Meses y Años Contratos de prestación de servicios 1-02-1994 30-11-1994 9 meses, 29 días 13-02-1995 12-12-1995 9 meses, 29 días 5-02-1996 4-12-1996 9 meses, 29 días 1-03-1997 31-10-1997 7 meses, 30 días 26-03-1998 30-11-1998 8 meses, 4 días 1-02-1999 30-11-1999 9 meses, 29 días 1-02-2000 30-11-2000 9 meses, 29 días 1-02-2001 30-11-2001 9 meses, 29 días 1-02-2002 30-11-2002 9 meses, 29 días

1-02-2000 30-11-2000 9 meses, 29 días 1-02-2001 30-11-2001 9 meses, 29 días 1-02-2002 30-11-2002 9 meses, 29 días 3-02-2003 5-12-2003 10 meses, 2 días Provisionalidad 28-01-2004 15-01-2006 1 años, 11 meses, 18 días 8-05-2007 9-12-2007 7 meses, 1 días 12-12-2007 20-07-2007 7 meses, 8 días Periodo de Prueba 12-07-2010 30-12-2010 5 meses, 18 días Propiedad 31-12-2010 8-04-2021 10 años, 3 meses, 10 días

8.6. Se demostró que se vinculó en el servicio público con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en consecuencia, el régimen aplicable para el reconocimiento de la pensión de jubilación, es el previsto en la Ley 33 de 1985.

8.7. En cuanto a la prohibición de devengar salario y pensión de jubilación prevista en la Constitución Política, el sector de la docencia oficial se encuentra excluido, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 224 de 1972 y 277 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual para disfrutar de esa prestación no se requiere del retiro del servicio.

8.8. En consecuencia, solicitó que fuera revocada la sentencia de primera instancia, se accedieran a las pretensiones de la demanda , y se reconociera la pensión de

del retiro del servicio.

8.8. En consecuencia, solicitó que fuera revocada la sentencia de primera instancia, se accedieran a las pretensiones de la demanda , y se reconociera la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985, «en cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios que sirvieron de base para realizar los aportes pensionales durante el año de consolidación del status pensional, otorgando efectos fiscales a la prestación que se consolidó el derecho, lo anterior sin exigir retiro del cargo para proceder a su cancelación en compatibilidad con el salario en la docencia oficial.» (sic)

1.5. Pronunciamientos en segunda instancia

9. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del8

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)

Demandante: Martha Helena Arias Plazas artículo 247 del CPACA8.

1.6. El Ministerio Público

10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 9, los

problemas jurídicos se contraen a establecer:

11.1. ¿Si Martha Helena Arias Plazas es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?

problemas jurídicos se contraen a establecer:

11.1. ¿Si Martha Helena Arias Plazas es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?

11.2. ¿Si el tiempo laborado por Martha Helena Arias Plazas con órdenes de prestación de servicios puede ser computado para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

12. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez, enfermedad o muerte 10. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de «derecho irrenunciable », por lo que es considerado un derecho fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas11.

13. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de

8 Samai, índice 4, 6AUTOQUEADMITE_08622024ADMITERECURS(.pdf) NroActua 4. 9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

8 Samai, índice 4, 6AUTOQUEADMITE_08622024ADMITERECURS(.pdf) NroActua 4. 9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012. 10 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004. 11 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T -395 de 1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 20019

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024) Demandante: Martha Helena Arias Plazas manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio público y lograr su satisfacción 12. Este mandato lo cumplió con la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral » con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»13. El sistema quedó conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos

Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

14. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue expuesto en sus antecedentes legislativos 14. Está integrado por dos regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».

específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad». Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.

15. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus subsistemas.

12 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí». 13 Preámbulo y artículo 6. 14 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de

vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector público tendrán que ser complementarios volunt arios y a cargo de los trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 0871992 páginas 11 y 12.10

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)

Demandante: Martha Helena Arias Plazas

16. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,

para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán

remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida». [Resalta la Sala].

17. Dentro de los denominados « regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley 100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miembros no remunerados de las corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200315.

18. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas modalidades de pensión.

19. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional, nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes

(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal docente Tipo de vinculación Prestaciones sociales a cargo Entidad responsable

Nacional

nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes (artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal docente Tipo de vinculación Prestaciones sociales a cargo Entidad responsable

Nacional

Vinculados por nombramiento del gobierno nacional

Las causadas hasta 29/12/1989 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

La extinta Cajanal y el Fondo Nacional del Ahorro o las que hicieren sus veces.

Las causadas a partir del 29/12/1989

La nación y pagadas por el Fomag

15 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.11

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00300-01 (0862-2024)

Demandante: Martha Helena Arias Plazas

Nacionalizado

Vinculados por nombramiento de entidad territorial antes y después del 1/1/1976 (Ley 43/75)

Las causadas hasta el 31/12/1975 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal Las causadas en el período de nacionalización (1/1/1976 – 31/12/1980), los reajustes y la sustitución de pensiones La nación o las respectivas

hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal Las causadas en el período de nacionalización (1/1/1976 – 31/12/1980), los reajustes y la sustitución de pensiones La nación o las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces (estas entidades deben contribuir en los porcentajes establecidos en el art. 3 de la Ley 43/75). Las causadas y no pagadas entre el 1/1/1981 y el 29/12/1989 Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado ese personal. La nación debe hacer los aportes correspondientes, en virtud de lo pactado en los convenios respectivos. Las causadas a partir del 29/12/1989 La nación y pagadas por el Fomag

20. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

21. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las norm