CE - Sentencia 15001233300020210030501 de 2025

Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

Demandante: Oscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

Demandante: Oscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente con anterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2: aplicación de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes, en contra de la sentencia proferida el 27 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Oscar Silvino Mojica Fuentes , en condición de docente oficial, solicitó el

6, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Oscar Silvino Mojica Fuentes , en condición de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Sin embargo, la entidad demandada negó la solicitud al considerar que no cumplía con los requisitos para ello, particularmente, la existencia de una vinculación docente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afirmación que, a juicio del demandante, no corresponde a su historia laboral.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Oscar Silvino Mojica Fuentes , en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda 1 en contra de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), radicada mediante apoderado judicial el 25 de febrero de 20212.

1 Escrito de demanda, visible en: Samai , expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210030500_T133924922476773347», carpeta «cuaderno principal», carpeta «1ED_DEMANDA_ONEDRIVE_20210414.ZIP», carpeta «Exp. 2021 -030», archivo «02. DEMAN DA Y ANEXOS.pdf». 2 Acta individual de reparto visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida

ANEXOS.pdf». 2 Acta individual de reparto visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210030500_T133924922476773347», carpeta «cuaderno principal», carpetaRadicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

Demandante: Oscar Silvino Mojica Fuentes

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2 2.1.1. Pretensiones

2. Oscar Silvino Mojica Fuentes solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 2555 del 1 de junio de 2021 , por medio de la cual la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Boyacá, en ejercicio de las facultades legales en materia de las prestaciones sociales a ca rgo del FOMAG, le negó la pensión de jubilación «a los 55 años de edad»3. (ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se reconozca y pague a su favor la referida prestación, en una cuantía equivalente al 75% del salario y las primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus de pensionado. (iii) Que se condene a la parte demandada a pagar los ajustes de las sumas adeudadas a los que haya lugar , con ocasión de la pérdida de poder adquisitivo, y los intereses moratorios que llegaren a causarse. (iv) Que se condene a la entidad a dar cumplimiento al fallo según lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA.

moratorios que llegaren a causarse. (iv) Que se condene a la entidad a dar cumplimiento al fallo según lo previsto en los artículos 192 y 195 del CPACA. 2.1.2. Hechos

3. El demandante hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Nació el 26 de enero de 1958. (ii) Estuvo vinculado al servicio docente en la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, del 20 de octubre de 1980 hasta el 14 de julio de 1984. (iii) Laboró como empleado público en la Registraduría Nacional del Estado Civil del 8 de enero de 1986 al 15 de junio de 1986, del 2 de enero de 1987 al 14 de diciembre de 1988, y del 1 de febrero de 1989 al 30 de julio de 1993. (iv) Trabajó como docente en la Secretaría de Educación del departamento de Bolívar, desde el 1 de septiembre de 2008 hasta el 29 de diciembre de 2014. (v) Se vinculó nuevamente como docente al servicio de la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, desde el 12 de enero de 2015 ; vínculo que, según afirmó, se mantenía vigente a la fecha de presentación de la demanda. (vi) Mediante petición radicada el 21 de octubre de 2020 , solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, es decir, con el 75% de los salarios y las primas recibidas en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, para que le fuera reconocida a partir del 27 de octubre de 2017. (vii) La Secretaría de Educación de la Alcaldía de Boyacá expidió la Resolución núm.

estatus pensional, para que le fuera reconocida a partir del 27 de octubre de 2017. (vii) La Secretaría de Educación de la Alcaldía de Boyacá expidió la Resolución núm. 2555 del 1 de junio de 2021 , por medio de la cual negó el reconocimiento de la prestación requerida, bajo el argumento de que el demandante se vinculó al servicio

«1ED_DEMANDA_ONEDRIVE_20210414.ZIP», carpeta «Exp. 2021 -030», archivo «03. ACTA DE REPARTO.pdf». 3 Ibidem.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

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3 docente con posterioridad de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Oscar Silvino Mojica Fuentes citó, como normas vulneradas, los siguientes artículos: (i) 1 de la Ley 33 de 1985; (ii) 15 de la Ley 91 de 1989; (iii) 6 de la Ley 60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1993; (v) 297 de la Ley 100 de 1993; (vi) 81 de la Ley 812 de 2003; y (vii) 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En el concepto de violación, explicó que la Ley 812 de 2003 estableció un régimen de transición para los docentes que «tenían cierta edad al momento de [su] entrada en

5. En el concepto de violación, explicó que la Ley 812 de 2003 estableció un régimen de transición para los docentes que «tenían cierta edad al momento de [su] entrada en

[vigor], o [que] tenían alguna experiencia laboral y luego fueron vinculados después del 23 de junio de 2003» 4. Adujo que, en virtud de dicho régimen, a los docentes vinculados con antelación a la mencionada fecha les aplicaban las referidas normas en el reconocimiento de su pensión.

6. En esa medida, indicó que demostró su ingreso al sector público en la docencia oficial con anterioridad a dicha data, razón por la que tenía derecho a que su situación pensional se analizara en aplicación de la Ley 33 de 1985. De igual forma, precisó que la expresión «vinculado» tenía como fin proteger «las situaciones de los docentes que tuvieran tiempo de servicio anterior» 5. Así, afirmó que el acto administrativo demandado vulneró las normas en que debía fundarse. 2.1.4. Contestación de la demanda

7. La Fiduciaria La Previsora S.A., por medio de apoderado judicial, y en condición de vocera y administradora del FOMAG, se opuso a las pretensiones de la demanda 6, con fundamento en que el accionante se vinculó al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. Adicionalmente, propuso las excepciones de «legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad », el actor «no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan», los «factores salariales que integran el [IBL] – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019», «ineptitud de

beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan», los «factores salariales que integran el [IBL] – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019», «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico», «cobro de lo no debido», e «improcedencia de la condena en costas».

4 Escrito de demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210030500_T133924922476773347», carpeta «cuaderno principal», carpeta «1ED_DEMANDA_ONEDRIVE_20210414.ZIP», carpeta «Exp. 2021 -030», archivo «02. DEMANDA Y ANEXOS.pdf». 5 Ibidem. 6 Escrito de contestación de la demanda presentado por la Fiduciaria La Previsora S.A. , visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210030500_T133924922476773347», carpeta «cuaderno principal», carpeta «14_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTEST ACI_RV__CONTESTACION_DEM.ZIP», archivo «CONTESTACIÓN DEMANDA OSCAR SILVINO MOJICA FUENTES.pdf».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

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4 2.2. Sentencia de primera instancia

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4 2.2. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, en sentencia del 27 de octubre de 2022 7, concedió parcialmente8 las pretensiones de la demanda . En consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución núm. 2555 del 1 de junio de 2021.

A título de restablecimiento del derecho, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor del demandante, en una cuantía equivalente al 75% del IBL conformado por los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional —5 de agosto de 2018 —, a saber, la asignación básica, la bonificación mensual docente, el sobresueldo rectores 30%, y el sobresueldo doble jornada 20%, sin necesidad de demostrar el retiro definitivo del servicio.

9. La referida autoridad judicial indicó que, de acuerdo con las pruebas aportadas al expediente, estaba demostrado que el señor Oscar Silvino Mojica Fuentes se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 , mediante nombramiento en provisionalidad, puntualmente, el 20 de octubre de 1980, razón por la que tenía derecho a que su situación pensional fuera analizada de conformidad con la Ley 33 de 1985. En ese orden, explicó que el señor Mojica Fuentes acreditó los requisitos de la pensión de jubilación establecida en la referida norma, por

razón por la que tenía derecho a que su situación pensional fuera analizada de conformidad con la Ley 33 de 1985. En ese orden, explicó que el señor Mojica Fuentes acreditó los requisitos de la pensión de jubilación establecida en la referida norma, por cuanto cumplió 55 años el 26 de enero de 2013 , y 20 años de servicio el 5 de agosto de 2018. Precisó que en esta última fecha adquirió el estatus pensional.

10. De acuerdo con lo anterior, afirmó que las pruebas aportadas al proceso daban cuenta de que en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, el actor devengó los factores de asignación básica, bonificación mensual docente, sobresueldo rectores 30%, sobresueldo doble jornada 20%, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios. Destacó que de estos conceptos, incluiría en la liquidación del IBL los cuatro primeros , en la medida en que , por disposición legal, constituían factor salarial e ingreso base de cotización.

11. Así las cosas, concluyó que el señor Oscar Silvino Mojica Fuentes tenía derecho al reconocimiento de la prestación mencionada, en una cuantía equivalente al 75% de la asignación básica, la bonificación mensual docente, el sobresueldo rectores 30% y el sobresueldo doble jornada 20% , sin necesidad de demostrar el retiro definitivo del servicio para su efectividad. 2.3. Recursos de apelación

12. Oscar Silvino Mojica Fuentes , por medio de su apoderada judicial , presentó recurso de apelación porque consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá estableció de forma incorrecta la fecha de adquisición del estatus pensional . En su

12. Oscar Silvino Mojica Fuentes , por medio de su apoderada judicial , presentó recurso de apelación porque consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá estableció de forma incorrecta la fecha de adquisición del estatus pensional . En su criterio, acreditó los requisitos para pensionarse el 3 de febrero de 2018, al cumplir los 20 años de servicio . Por esta razón, solicitó que se revocara parcialmente la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, para qu e se tuviera la referida fecha

7 Sentencia de primera instancia, proferida el 27 de octubre de 2022 , por el Tribunal Administrativo de Boyacá, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210030500_T133924922476773347», carpeta «cuaderno principal», archivo «33_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA.docx». 8 Salvo en lo correspondiente a la fecha de adquisición de estatus pensional, como se precisará a continuación.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

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5 para efectos fiscales de la prestación reconocida a su favor9.

13. La Fiduciaria La Previsora S.A. , como vocera y administradora del FOMAG, por medio de su apoderado judicial, presentó recurso de apelación10, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se negaran las

medio de su apoderado judicial, presentó recurso de apelación10, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda, de conformidad con los siguientes argumentos: (i) El demandante ingresó al servicio docente el 1 de septiembre de 2008, es decir, con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 , razón por la que le aplicaba el régimen de prima media previsto en las leyes 10 de 1993 y 797 de 2003. (ii) La relación laboral interina «no tuvo solución de continuidad desde el 1984 hasta su vinculación al [FOMAG el] 1 de septiembre de 2008»11. (iii) Mientras estuvo vinculado, mediante órdenes de prestación de servicios, no realizó aportes a seguridad social, motivo por el que no podía «reclamar un derecho [del que] no era beneficiario y más aún cuando fue vinculad[o] en propiedad en el año 2000, esto es, en vigencia de la [L]ey 812 de 2003»12. (iv) Finalmente, indicó que, como el demandante nació el 2 de enero de 1958, para el 1 de abril de 1994 no tenía la edad requerida para ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y en ese orden, no tenía derecho a que, por esa vía, se le aplicara «la Ley 71 de 1988». 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

14. Esta corporación dictó auto el 5 de octubre de 2023 13, en el que admitió los recursos de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo

recursos de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. También ordenó notificar por est ado a aquellas y al Ministerio Público, que guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

15. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA.

9 Recurso de apelación presentado por el demandante, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210030500_T133924922476773347», carpeta «cuaderno principal», archivo «34_MemorialWeb_Recurso_Indice_46.pdf». 10 Recurso de apelación presentado por La Fiduciaria La Previsora S.A., visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210030500_T133924922476773347», carpeta «cuaderno principal», archivo «36_MemorialWeb_Recurso.pdf». 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Auto que admite los recursos de apelación, visible en: Samai, índice 4, archivo «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx) NroActua 4».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

Demandante: Oscar Silvino Mojica Fuentes

«AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx) NroActua 4».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

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6 3.2. Problemas jurídicos

16. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación y teniendo en cuenta la competencia del juez en segunda instancia, de conformidad con el artículo 32814 del Código General del Proceso (en adelante CGP), corresponde a la Sala definir

si: (i) ¿El demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, y con ello, de la aplicación del régimen anterior para el reconocimiento de la pensión de jubilación? (ii) ¿En qué fecha adquirió el estatus de pensionado del señor Oscar Silvino Mojica Fuentes?

17. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:

(i) el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al FOMAG; y (ii) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales de acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 . A partir de estas consideraciones, se destacarán los hechos probados más relevantes, y en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverá los interrogantes planteados. 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial 3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo

concreto, se resolverá los interrogantes planteados. 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial 3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

18. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

19. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989 15, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

20. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago

14 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 15 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

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7 por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

21. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

22. Sin embargo, la Ley 812 de 2003 16, en el artículo 81, determinó que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para a mbos géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido p ara el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

23. Lo anterior, denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988); mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—. 3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia

prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—. 3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201917

24. A propósito de este régimen pensional, debe prestar se especial atención a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado

al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

25. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales

regímenes son: (i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33

16 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003. 17 Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE45.231, de 27 de junio de 2003. 17 Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CES2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

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8 de 198518, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó lo siguiente: En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistad os en el mencionado artículo.

26. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los

mencionado artículo.

26. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la entrada en vigencia de la L ey 812 de 2003 —, se regula por las siguientes reglas, de conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985: ✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres. ✓ Tiempo de servicio: 20 años. ✓ Tasa de reemplazo: 75%. ✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente; y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

27. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas posteriores. Por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de

201819. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 afiliados al FOMAG les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las

201819. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 afiliados al FOMAG les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En ese orden, el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 199 3, con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hubiesen realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en la providencia se fijó la siguiente regla:

18 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público». 19 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00305-01 (2582-2023)

Demandante: Oscar Silvino Mojica Fuentes

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los

afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previsto