CE - Sentencia 15001233300020210036801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)

Demandante: Isabel Bautista Buitrago

Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Pensión jubilación docente, Ley 33 de 1985. Docente vinculación por contratos de prestación de servicios antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 23 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Isabel Bautista Buitrago presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que

1. Isabel Bautista Buitrago presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 005587 del 20 de octubre de 20212, con el que se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación con fundamento en las disposiciones contenidas en las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,

1 En adelante CPACA. 2 Inicialmente se demandó el acto ficto negativo, sin embargo, la demanda fue reformada con el fin de que se declarara la nulidad del acto expreso que negó el reconocimiento pensional.2

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024) Demandante: Isabel Bautista Buitrago solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus, esto es, el 30 de marzo de 2020; ii) el cumplimiento de la sentencia de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA; iii) el reajuste de las sumas adeudadas; iv) el pago de los intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia; y v) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Isabel Bautista Buitrago nació el 3 de febrero de 1964.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Isabel Bautista Buitrago nació el 3 de febrero de 1964.

3.2. Se vinculó como docente con el municipio de Ventaquemada y la Secretaría de Educación de Boyacá, con ocasión de órdenes de prestación , con interrupciones, entre el 12 de febrero de 1999 y el 12 de diciembre de 2003.

3.3. A través de una relación legal y reglamentaria se vinculó con la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, desde el 29 de marzo de 2004.

3.4. El 1° de diciembre de 2020, solicitó el reconocimiento de la pensión de la pensión de jubilación, la cual fue negada por la secretaria de educación del departamento de Boyacá con la Resolución 005587 del 20 de octubre de 2021, al considerar que «no le asistía derecho a la pensión, por aplicación del Decreto 812 de 2003».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1 de la Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. El acto administrativo demandado «se expidió con una infracción en las normas que

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. El acto administrativo demandado «se expidió con una infracción en las normas que deberían fundarse», por cuanto la situación pensional de los docentes vinculados con anterioridad al 2003, se rige por las normas que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, esto es «la Ley 33 de 1985 como servidores públicos regulares, o si se trataba de docentes que tenían aportes al sector privado la ley 71 de 1988 para la pensión por aportes».

5.2. De conformidad con la mencionada ley y el Decreto 3752 de 2003, era obligación de los entes territoriales afiliar a los docentes oficiales al Fomag, por lo que «estando3

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024) Demandante: Isabel Bautista Buitrago vinculado como docente provisional, la afiliación […] era obligatoria por orden de la ley, sin que ahora pueda alegarse, que no se encontraba vinculado a esta entidad, cuando lo que debe de hacerse eventualmente la entidad, es cobrar las cuotas partes a la entidad que me encontraba afiliada o a la entidad territorial, sin que tenga que trasladarse este perjuicio como trabajador».

5.3. De acuerdo con lo anterior y en tanto se vinculó al servicio educativo con anterioridad al 23 de junio de 2003 , por lo que tiene derecho al reconocimiento pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la prosperidad

pensional de conformidad con la Ley 33 de 1985.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en lo siguiente:

6.1. La demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de conformidad con la Ley 33 de 1985, toda vez que no acreditó una afiliación al magisterio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 , pues el tiempo de servicio anterior a esa se dieron con ocasión de órdenes de contratos de prestación de servicios «sin especificar concretamente si cumplió con la obligación de efectuar los aportes a seguridad social al magisterio».

6.2. Así las cosas, «es claro que la norma aplicable a la accionante es la contenida en la Ley 812 de 2003 » porque las pruebas aportadas con la demanda y la información suministrada en el acto administrativo por el ente territorial «no legitiman vinculación anterior que faculte la aplicación del régimen anterior». En ese orden, según la historia laboral «la accionante cuenta con vinculación en propiedad desde el 31 de julio de 2008, con aportes al fomag, siendo evidente entonces, que el régimen a tener en cuenta a efectos de determinar el derecho pensional de la demandante es el contenido en la Ley 100/93 y demás normas que la modifique o complemente».

6.3. Finalmente propuso las siguientes excepciones: i) cobro de lo no debido; ii) prescripción; iii) buena fe; y iv) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3 , mediante sentencia

prescripción; iii) buena fe; y iv) genérica.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 3 , mediante sentencia proferida el 23 de febrero de 2024 negó las pretensiones de la demanda . Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y jurisprudenciales

aplicables al asunto, observó lo siguiente:

7.1. La Ley 100 de 1993 ex cluyó del s istema integral de seguridad social a los4

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024) Demandante: Isabel Bautista Buitrago docentes afiliados al Fomag, por lo que «lo relevante para determinar si a la docente debe aplicársele el régimen anterior a la vigencia de la Ley 812 de 2003 –Ley 33 de 1985 o Ley 71 de 1988-, no es si cumplió con los requisitos del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; sino la fecha de vinculación con la Nación – Ministerio de Educación Nacional y su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

7.2. Con ocasión de la decisión judicial con la que se declaró la existencia de una relación laboral entre Isabel Bautista Buitrago y el departamento de Boyacá entre el 25 de febrero y el 12 de diciembre de 2003, se ordenó al ente territorial efectuar los aportes a pensión con destino al Fomag. Por lo que , «la condición de docente oficial se validó a través» de esta declaratoria.

7.3. Así las cosas, es posible concluir que la demandante « fue afiliada por primera

aportes a pensión con destino al Fomag. Por lo que , «la condición de docente oficial se validó a través» de esta declaratoria.

7.3. Así las cosas, es posible concluir que la demandante « fue afiliada por primera vez al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en virtud de la orden judicial antes mencionada y a partir del 25 de febrero del 2003 ». En ese orden, el régimen pensional que rige su situación es el contenido en la Ley 33 de 1985.

7.4. Sin embargo, la actora no acreditó el tiempo de servicios exigido por la disposición de la que es beneficiaria, en tanto, solo contaba con 17 años 12 meses y 13 días. «Ahora, aun cuando la demandante suscribió contratos de prestación de servicios con el departamento de Boyacá y el municipio de Ventaquemada entre los años 1991 y el 2002, para la prestación del servicio docente, lo cierto es que, conforme con lo que se expuso en esta providencia, tal circunstancia no tiene por demostrada la vinculación como docente oficial y tampoco la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».

7.5. De otra parte, tampoco se demostró que en el periodo durante el cual se vinculó con ocasión de contratos de prestación de servicios se hubiesen efectuado los respectivos aportes al sistema de seguridad social en pensiones, «circunstancia que responde a que, los contratos se desarrollaron antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003». Por lo que, tampoco es posible reconocer la prestación con las previsiones de la Ley 71 de 1985, pues no se acreditaron las respectivas cotizaciones.

1.4. El recurso de apelación

Por lo que, tampoco es posible reconocer la prestación con las previsiones de la Ley 71 de 1985, pues no se acreditaron las respectivas cotizaciones.

1.4. El recurso de apelación

8. Isabel Bautista Buitrago interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:

8.1. La situación pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 , se rige por las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para esa data. La mencionada norma estableció que el educador debía contar con una vinculación anterior a la mencionada fecha, sin que pueda exigírsele requisitos adicionales. Adicionalmente,5

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024) Demandante: Isabel Bautista Buitrago el « tiempo laborado por la demandante, como se demostró en el presente asunto, fue realizado por nombramiento para cubrir licencia de maternidad y comisiones como docente oficial, estando en cabeza de la entidad territorial realizar la respectiva afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, o de lo contrario el pago de las acreencias laborales a la docente, incluyendo el pago de los aportes pensionales».

8.2. Para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación , deben tener en cuenta las vinculaciones que los docentes ostentaron con ocasión de órdenes de prestación de servicios sin que se requiera la declaratoria judicial de la existencia de una relación laboral, puesto que «labor docente independiente del tipo de contratación, se entiende que en este vínculo se encuentran configurados los tres

prestación de servicios sin que se requiera la declaratoria judicial de la existencia de una relación laboral, puesto que «labor docente independiente del tipo de contratación, se entiende que en este vínculo se encuentran configurados los tres elementos que constituyen una relación laboral».

8.3. Con el material probatorio aportado al expediente, logró acreditar que es acreedora del reconocimiento de la pensión de conformidad con la Ley 33 de 1985, en tanto, se vinculó al servicio educativo antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, cuenta con más de 55 años de edad y prestó sus servicios como maestra oficial durante más de 20 años.

1.5. Trámite en segunda instancia

9. Por medio de auto del 30 de agosto del 2024, el magistrado ponente admitió el recurso de apelación y prescindió de la etapa de alegatos, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

2. Consideraciones

2.2. Los problemas jurídicos

10. Se circunscriben a resolver:

10.1. ¿Si Isabel Bautista Buitrago es beneficiaria de la transición prevista en la Ley 812 de 2003 y como consecuencia al reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con las leyes 33 de 1985 y 91 de 1989?

10.2. Y si la respuesta al anterior interrogante es afirmativa, ¿si es para el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 es posible computar el tiempo de servicios que prestó con ocasión de órdenes y contratos de prestación de servicios?

2.3. Marco normativo6

reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 es posible computar el tiempo de servicios que prestó con ocasión de órdenes y contratos de prestación de servicios?

2.3. Marco normativo6

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024) Demandante: Isabel Bautista Buitrago 2.3.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los docentes afiliados al FOMAG

11. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «[…] un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez, enfermedad o muerte 3. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de «derecho irrenunciable », por lo que es considerado un derecho fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas4.

12. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio público y lograr su satisfacción5. Este mandato lo cumplió con la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral » con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»6. El sistema quedó

Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral » con el fin de «[…] unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social […]»6. El sistema quedó conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

13. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue expuesto en sus antecedentes legislativos 7. Está integrado por dos regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de

3 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004. 4 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T -395 de 1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001 5 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí». 6 Preámbulo y artículo 6. 7 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales

entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector público tendrán que ser complementarios volunt arios y a cargo de los trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 0871992 páginas 11 y 12.7

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024) Demandante: Isabel Bautista Buitrago Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».

Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.

14. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes

14. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que todos los trabajadores públicos, privados e independientes deben cotizar a sus subsistemas.

15. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al FOMAG,

para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida». [Resalta la Sala].

16. Dentro de los denominados « regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley 100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la

expida». [Resalta la Sala].

16. Dentro de los denominados « regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley 100 de 1993, están comprendidos (i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; (ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al vinculado en vigencia de la referida ley; (iii) los miem bros no remunerados de las corporaciones públicas; (iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y (v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 20038.

17. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas modalidades de pensión.

8 Artículo 3 que modificó el 15 de la Ley 100 de 1993.8

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)

Demandante: Isabel Bautista Buitrago

18. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» distinguió entre el personal docente nacional, nacionalizado y territorial y distribuyó las obligaciones prestacionales de los docentes

(artículos 1 y 2), según se resume a continuación:

Personal docente Tipo de vinculación Prestaciones sociales a cargo Entidad responsable

Nacional

Vinculados por nombramiento del gobierno nacional

Las causadas hasta 29/12/1989 y en adelante, los reajustes y la sustitución de

cargo Entidad responsable

Nacional

Vinculados por nombramiento del gobierno nacional

Las causadas hasta 29/12/1989 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

La extinta Cajanal y el Fondo Nacional del Ahorro o las que hicieren sus veces.

Las causadas a partir del 29/12/1989

La Nación y pagadas por el FOMAG

Nacionalizado

Vinculados por nombramiento de entidad territorial antes y después del 1/1/1976 (Ley 43/75)

Las causadas hasta el 31/12/1975 y en adelante, los reajustes y la sustitución de pensiones

Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal Las causadas en el período de nacionalización (1/1/1976 – 31/12/1980), los reajustes y la sustitución de pensiones La Nación o las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces (estas entidades deben contribuir en los porcentajes establecidos en el art. 3 de la Ley 43/75). Las causadas y no pagadas entre el 1/1/1981 y el 29/12/1989 Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus

Ley 43/75). Las causadas y no pagadas entre el 1/1/1981 y el 29/12/1989 Las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal. La Nación debe hacer los aportes correspondientes, en virtud de lo pactado en los convenios respectivos. Las causadas a partir del 29/12/1989 La Nación y pagadas por el FOMAG

19. Uno de los componentes que regula la Ley 91 de 1989 es el régimen prestacional con el ánimo de lograr cierta unidad e igualdad frente a la disparidad anterior, por lo que el artículo 15 ibidem prevé que a partir de su entrada en vigor, los docentes nacionales y aquellos que ingresen del 1° de enero de 1990 en adelante, estarán regulados por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, entre ellas, los decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, verbigracia, la Ley 344 de 1996.

20. En materia pensional, el citado artículo 15, numeral 3, literal b), dispone que i) a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que habían gozado en cada entidad territorial, de conformidad con las9

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024) Demandante: Isabel Bautista Buitrago normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990,

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024) Demandante: Isabel Bautista Buitrago normas vigentes; y ii) aquellos que ingresaron a partir del 1° de enero de 1990, nacionales y nacionalizados, tienen derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del sector público nacional, de acuerdo con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

21. La Ley 60 de 19939 asignó la administración de los servicios educativos estatales a los municipios, financiados con recursos propios y con los provenientes de su participación del situado fiscal, en conjunto con los departamentos . En el artículo 6 ibidem dispuso la incorporación del personal docente de los órdenes departamental, distrital y municipal al FOMAG, así como la conservación del régimen prestacional anterior, mientras que a las nuevas vinculaciones se les aplicaría la Ley 91 de 1989.

En consecuencia, las prestaciones sociales causadas antes de la afiliación al señalado fondo y sus reajustes, reliquidaciones y sustituciones serían cubiertas por la respectiva entidad territorial o el ente de previsión social a la cual se hubieren realizado los aportes; a diferencia de las que se hicieran exigibles con posterioridad, que estarán a cargo del indicado fondo.

22. Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de febrero de 2006, expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre

el tema objeto de análisis, precisó:

«[…]

expediente 2002 – 0594, con ponencia del magistrado Tarsicio Cáceres Toro, sobre el tema objeto de análisis, precisó:

«[…] De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente (salvo situaciones especiales qu e se deben demostrar) debido a que las autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia pensional para los empleados territoriales por autoridades locales resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.

9 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. [...] Artículo 9. El situado fiscal, establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Mar ta, para la atención de los servicios públicos de

de los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Mar ta, para la atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución Política. El Situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política».10

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00368-01 (3777-2024)

Demandante: Isabel Bautista Buitrago

[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula ‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas

ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.»

23. Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se prevé un régimen legal especial.

24. En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional, en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o discontinuos y lleguen a la eda d de 55 años tendrán derecho a pensionarse con el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

2.3.2. Entrada en vig or del Acto Legislativo 1 de 2005 y sus efectos sobre el régimen pensional de los docentes oficiales

25. El Acto legislativo 1 de 2005, en lo atinente al régimen pensional ap