CE - Sentencia 15001233300020210037001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

Demandante: Guillermo Velásquez Forero

Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) Tema: Pensión jubilación docentes. Si aplica Ley 71 de 1988 porque la vinculación al servicio educativo fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Decisión: Revocar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de febrero de 2023 , proferida por el

Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión No. 4 , que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1. Pretensiones de la demanda

1. El demandante pretende la nulidad del acto ficto configurado el día 2 de marzo de 2021, frente a la petición presentada el día 1 ° de diciembre de 2020, en la que solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de

de 2021, frente a la petición presentada el día 1 ° de diciembre de 2020, en la que solicitó el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los reajustes de ley, por haber acreditado las 1000 semanas de aportes y los 60 años de edad; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y se condene en costas a la parte demandada.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

3. El señor Guillermo Velásquez Forero manifestó que nació el 15 de julio de

1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.Radicado: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

Demandante: Guillermo Velásquez Forero

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1954, por lo que cumplió 60 de años de edad el 15 de julio de 2014; que realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS) , hoy Colpensiones, en un total de 440,57 semanas cotizadas; y que fue vinculado a la docencia oficial desde el año 2009 hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda . Así, estima que

aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS) , hoy Colpensiones, en un total de 440,57 semanas cotizadas; y que fue vinculado a la docencia oficial desde el año 2009 hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda . Así, estima que tiene derecho a que se apliquen las Leyes 812 de 2003 y 71 de 1988 disponiendo el reconocimiento de la pensión por aportes cuyos requisitos cumple.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

4. Señala como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 7° de la Ley 71 de 1988; artículo 15, numerales 1° y 2°, de la Ley 91 de 1989; artículo 6° de la Ley 60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993; artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de 2003.

5. En resumen, expone que la entidad demandada desconoce el contenido de las normas transitorias; que si bien no se encontraba vinculado a la docencia oficial con anterioridad al 26 de junio de 2003, realizó aportes al antiguo ISS, por lo que cumple con los presupuestos exigidos en la Ley 812 de 2003, y también en la Ley 71 de 1988, a saber, 1000 semanas de cotización y 60 años, sin atender al retiro definitivo del cargo para gozar de dicha prestación, en compatibilidad con el salario.

1.4. Contestación de la demanda2

6. La parte demandada se opuso a las pretensiones argumentando que el accionante ingresó al servicio de la docencia oficial con posterioridad a la entrada en

1.4. Contestación de la demanda2

6. La parte demandada se opuso a las pretensiones argumentando que el accionante ingresó al servicio de la docencia oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, con base en lo dispuesto en el artículo 81 de esa misma ley, no le resulta aplicable el régimen establecido en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, sino que su situación pensional debe regirse por lo previsto en la Ley 100 de 1993.

7. Por último, señaló que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política, ninguna persona puede recibir más de una asignación proveniente del tesoro público.

1.5. Sentencia de primera instancia3

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión No. 4 en sentencia de 7 de febrero de 2023 , negó las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

9. Como sustento de lo anterior, concluyó que el actor no tenía derecho a la pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988, por cuanto su vinculación como docente oficial solo se produjo a partir del 1º de agosto de 2008, esto es, con posterioridad a la entrada en vige ncia de la Ley 812 de 2003. En ese entendido, consideró que el régimen pensional aplicable era el de prima media

2 Visible en el archivo 11_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACIONDEMANDA.PDF del expediente digital. Se destaca que la demanda fue presentada 30 de abril de 2021, y admitida el 28 de mayo de 2021.

2 Visible en el archivo 11_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTACIONDEMANDA.PDF del expediente digital. Se destaca que la demanda fue presentada 30 de abril de 2021, y admitida el 28 de mayo de 2021. 3 Archivo 34_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf del expediente digitalRadicado: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

Demandante: Guillermo Velásquez Forero

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previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en concordancia con lo sostenido en la sentencia de unificación SUJ -014 del Consejo de Estado de 2019, según la cual los docentes vinculados después del 27 de junio de 2003 quedan sometidos al régimen general.

10. Finalmente, luego de realizar el estudio b ajo la última disposición en cita , indicó que, el actor cumplía con la exigencia de edad (57 años), pero no con la cotización de 1.300 semanas, por lo que tampoco era posible reconocer el derecho bajo la Ley 100 de 1993.

1.6. Recurso de apelación4

11. El demandante alegó que el Tribunal desconoció el material probatorio que acredita vinculaciones docentes previas a 2003, como las certificaciones de servicios prestados en la Escuela Normal Nacional de Varones de Tunja (1982) y en el Colegio Técnico Comercial San Pedro de Iguaque en el municipio de Chíquiza (1994), así como el tiempo de cotización de 440.57 semanas al ISS hoy Colpensiones. Dichos

Técnico Comercial San Pedro de Iguaque en el municipio de Chíquiza (1994), así como el tiempo de cotización de 440.57 semanas al ISS hoy Colpensiones. Dichos periodos, sumados a los años laborados en el sector oficial con posterioridad, superan los 20 años de aportes exigidos en la Ley 71 de 1988.

12. Sostuvo además que el a quo aplicó de manera errada el criterio de la Ley 812 de 2003, pues el artículo 81 establece que los docentes con vinculación o aportes anteriores a su entrada en vigencia conservan el régimen prestacional previo, lo que implica que el señor Velásquez Forero debía ser cobijado por la Ley 71 de 1988 en armonía con la Ley 33 de 1985.

13. Finalmente, adujo que en el caso de los docentes oficiales existe compatibilidad entre salario y pensión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 224 de 1972, el artículo 70 del Decreto 2277 de 1979, el artículo 19 literal g) de la Ley 4 de 1992 y la jurispr udencia del Consejo de Estado, lo cual exime de la exigencia de retiro del servicio para acceder a la prestación.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

14. Mediante auto de 15 de septiembre de 2023, se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

15. En esta oportunidad intervino el actor solicitando revocar la sentencia de primera instancia, por considerar que cumple con los presupuestos legales para obtener el beneficio de la pensión por aportes. Mientras que la demandada y el Agente del Ministerio Publico que actúa ante esta Corporación, guardaron silencio.

primera instancia, por considerar que cumple con los presupuestos legales para obtener el beneficio de la pensión por aportes. Mientras que la demandada y el Agente del Ministerio Publico que actúa ante esta Corporación, guardaron silencio.

16. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,

4 Archivo 35_MemorialWeb_Recurso_Indice_38.pdf del expediente digitalRadicado: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

17. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 5. Así, al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso6, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.

2.2. Problema jurídico

18. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Guillermo Velásquez Forero, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como

18. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Guillermo Velásquez Forero, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional establecido en la Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como privado, o, por el contrario, no reúne los requisitos legales exigidos para acceder a dicho beneficio pensional.

2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso

2.3.1. Del derecho pensional de los docentes

19. La Ley 812 de 2003 7 en torno al sector de educación nacional, definió el régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad

a esta. Se destaca:

“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. (…)”

20. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,

la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. (…)”

20. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985, que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en cuenta para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación básica,

5 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 6 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.» 7 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitarioRadicado: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

Demandante: Guillermo Velásquez Forero

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gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

21. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos, y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no

descanso obligatorio.

21. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos, y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley 71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector

público como en el privado:

“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas.”

22. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019

por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019 (SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 8, dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

23. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

24. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la Ley 812 de 2 003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les

8 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)Radicado: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

Demandante: Guillermo Velásquez Forero

8 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)Radicado: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

Demandante: Guillermo Velásquez Forero

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será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de 2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de 19899 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

25. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente al tipo de vinculació n, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.

26. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a

de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.

26. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado, aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,

Colpensiones.

27. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que los antecedentes legislativos10 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio11. A lo que se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero de 2023, 12 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente, teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019, tantas veces mencionada 13, precisando a su vez que los factores de liquidación corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran efectuado cotizaciones.

28. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985,

9 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

28. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985,

9 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 10 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989. 11 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite. 12 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022) 13 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.Radicado: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

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los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes

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los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no siendo posible extenderse a inclu ir la totalidad de factores sobre los que hubiere cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente, que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que avalaba dicha liquidación con t odos los emolumentos percibidos, al margen de si estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.

29. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente: 29.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2° establece que los educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público nacional.

29.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el

nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público nacional.

29.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

29.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse con base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el último año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere cotizado, y que figu ren enlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las previsiones de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también los establecidos en disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter salarial, como por ejemplo los Decretos 63 314 y 634 de 2007 15, la bonificación mensual de docentes y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018).

29.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a tener en cuenta para liquidar serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

2.4. Caso concreto

artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a tener en cuenta para liquidar serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.

2.4. Caso concreto

30. Da cuenta el material probatorio que el actor, el 1° de diciembre de 2020 a través de apoderados solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación 16, no obstante, en el presente

14 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector educativo oficial. 15 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto -ley 1278 de 2002 y se dictan otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial. 16 Paginas 60 a 64 del archivo de la demanda que reposa en el expediente digitalRadicado: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

Demandante: Guillermo Velásquez Forero

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caso se configuró el acto ficto negativo, en la medida en que la administración guardó silencio frente a la solicitud.17

31. Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación

silencio frente a la solicitud.17

31. Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación del demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues bien, la Sala desde ya anuncia que la sentencia será revocada, en tanto existe prueba en el plenario de que el señor Velásquez Forero prestó servicios como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que permite la aplicación de la Ley 91 de 1989, que r emite al régimen anterior en materia pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 y la Ley 71 de 1988.

32. Véase que el material probatorio evidencia que el señor Velásquez Forero nació el 10 de julio de 195 4, y laboró en el sector público como docente en los

siguientes periodos:

Desde - hasta Tipo de vinculación Entidad contratante o empleadora Aportes pensionales Tiempo 18/07/1994 a 15/11/1994 Docente de idiomas18 Colegio Técnico Comercial San Pedro de Iguaque del municipio de Chíquiza No figura 120 días ( 3 meses y 28 días) 1°/08/2008 a 24/09/2020 Nombramiento en propiedad19 Secretaría de educación departamental de Boyacá FOMAG 4.437 días (12 años, 1 mes y 23 días) Total tiempo de servicio Equivalente a 12 años, 5 meses y 21 días

Secretaría de educación departamental de Boyacá FOMAG 4.437 días (12 años, 1 mes y 23 días) Total tiempo de servicio Equivalente a 12 años, 5 meses y 21 días

33. En el reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones que reposa en el expediente se registró una totalidad de 440,57 semanas correspondientes al periodo comprendido entre el 1° de febrero de 1996 y el 30 de junio de 2008, en el marco de labores realizadas en el sector privado, de manera discontinua, equivalentes a 8 años, 6 meses y 24 días.

34. Por otro lado, en cuanto al tiempo de servicio certificado por la Escuela Normal Nacional de Varones del municipio de Tunja, que reposa en el expediente, y que es

17 Artículos 83 y 87 del CPACA 18 Constancia suscrita por el rector del colegio técnico comercial San Pedro de Iguaque del municipio de Chiquiza con destino a la Secretaria de Educación d e Boyacá visible en la página 19 del archivo 23_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_EXPEDIENTEGUILLERM.pdf que reposa en el expediente digital. La naturaleza del ente educativo en el cual se prestó el servicio docente fue verificada en la pagina de la gobernación de Boyacá en el siguiente Link https://www.boyaca.gov.co/colegio-san-pedro-de-iguaque-de-chiquiza-celebra-sus-30-anos-de-labores/ 19 Formato único para la expedición de historia laboral de 24 de septiembre de 2020 expedido por la secretaria de educación departamental de Boyacá en las páginas 34-37 del archivo

19 Formato único para la expedición de historia laboral de 24 de septiembre de 2020 expedido por la secretaria de educación departamental de Boyacá en las páginas 34-37 del archivo 23_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_EXPEDIENTEGUILLERM.pdfRadicado: 15001 23 33 000 2021 00370 01 (3166-2023)

Demandante: Guillermo Velásquez Forero

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objeto de apelación por el actor, advierte la Sala que, si bien obra dicho documento, lo cierto es que el misma no ofrece información clara respecto de los extremos temporales exactos del vínculo, pues la información consignada carece de soporte documental adicional que acredite con certeza las fechas de inicio y de finalización del servicio.

35. En ese orden de ideas, ante la ausencia de prueba fehaciente que respalde de manera indubitable la prestación efectiva de ese lapso, no resulta posible computar dicho período como tiempo de servicio docente oficial, razón por la cual no será tenido en cuenta dentro del consolidado total de semanas o años de servicio.

36. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo transitorio 1°20 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto

vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes