CE - Sentencia 15001233300020210040601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022)

Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos

Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Temas: Reconocimiento de pensión de jubilación. Régimen docente.

Vinculación a través de contratos de prestación de servicios.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 10 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6 , mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Josué Raúl Reyes Ríos presentó demanda e n ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -administrativo1, en orden a que

1. Josué Raúl Reyes Ríos presentó demanda e n ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -administrativo1, en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto producto de la falta de respuesta a la petición presentada el 22 de octubre de 2020 , por el cual el Fomag le negó el reconocimiento de una pensión de jubilación.

1 En lo que sigue CPACA.2

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022)

Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento de la pensión de jubilación con el 75% de los salarios y primas que percibió en el año anterior a la adquisición del derecho , a partir del 15 de junio de 2019; ii) el pago de las mesadas atrasadas y la inclusión en nómina de la prestación; iii) el ajuste de valor de las sumas reconocidas; iv) el cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; v) los intereses moratorios a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia; y vi) la condena en costas a la demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Josué Raúl Reyes Ríos nació el 31 de octubre de 1963.

3.2. Se vinculó a la Secretaría de Educación de Boyacá como docente a través de

3.1. Josué Raúl Reyes Ríos nació el 31 de octubre de 1963.

3.2. Se vinculó a la Secretaría de Educación de Boyacá como docente a través de contratos de prestación de servicios del 2 de febrero al 15 de junio de 1998, del 13 de julio al 30 de noviembre de 1998, del 29 de enero al 11 de junio de 1999, del 15 de julio al 26 de noviembre de 1999, del 1º de febrero al 9 de junio de 200 0, del 10 de julio al 1º de diciembre de 2000, del 27 de febrero al 15 de junio de 2001, del 19 de julio al 5 de diciembre de 2001, del 15 de marzo al 30 de noviembre de 2002 y del 12 de febrero al 12 de diciembre de 2003.

3.3. El 10 de marzo de 2004 se vinculó a la Secretaría de Educación de Boyacá en periodo de prueba como docente, hasta el 30 de mayo de 2007, pues a partir del 31 de mayo de 2007 fue vinculado en propiedad a la docencia oficial, hasta la fecha de presentación de la demanda.

3.4. Al cumplir los 55 años de edad y 20 años de servicio solicitó la pensión de jubilación a la demandada, para que fuera reconocida a partir del 15 de junio de

2019. Sin embargo, la entidad guardó silencio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, inciso 2 , de la Ley 33 de 1985; 15 ,

2019. Sin embargo, la entidad guardó silencio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 1, inciso 2 , de la Ley 33 de 1985; 15 , numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.3

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022)

Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. Quienes se vinculen a la docencia oficial con anterioridad a la Ley 812 de 2003, tienen derecho al régimen pensional contenido en la Ley 33 de 1985 y sus decretos reglamentarios, mientras que los que lo hagan con posterioridad a su vigencia, son beneficiarios de los derechos pensionales dispuestos en la s leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5.2. Los docentes vinculados en provisionalidad debían ser afiliados en forma obligatoria al Fomag, y no puede alegarse la falta de vinculación para negar la prestación, cuando lo que eventualmente debe hacer el fondo, es cobrar las cuotas partes a la entidad en la que se encontraba afiliado o a la entidad territorial, so pena de trasladarle la situación desfavorable al trabajador.

5.3. El demandante prestó sus servicios como docente antes del 23 de junio de 2003,

partes a la entidad en la que se encontraba afiliado o a la entidad territorial, so pena de trasladarle la situación desfavorable al trabajador.

5.3. El demandante prestó sus servicios como docente antes del 23 de junio de 2003, por lo que puede beneficiarse de las prerrogativas de la Ley 33 de 1985 ; y comoquiera que acreditó los requisitos para la pensión que esta norma establece, al haber cumplido más de 20 años de servicio y contar con 55 años de edad, debe reconocerse su derecho prestacional.

1.2. Contestación de la demanda

6. El Fomag se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con

fundamento en lo siguiente3:

6.1. El acto administrativo acusado «se profirió en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes ya aplicables al caso de la demandante, sin que se encuentre vicio de nulidad alguna. [Y no] ha perdido su presunción de legalidad, ya que la demanda carece de fundamento jurídico que la sustente» (sic).

6.2. Del material probatorio que se alleg ó al expediente , se advierte que e l demandante se vinculó como docente afiliado al Fomag con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de tal suerte que su régimen pensional corresponde al de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos allí, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

6.3. De conformidad con la fecha de vinculación del demandante, los factores a tener

con los requisitos previstos allí, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.

6.3. De conformidad con la fecha de vinculación del demandante, los factores a tener

2 Índice 3 de Samai, aplicativo de Juzgados y Tribunales. Expediente digital, archivo en formato pdf «03. DEMANDA P55 - JOSUE RAUL REYES RIOS», páginas 2 a 20. 3 Índice 12 de Samai, aplicativo de Juzgados y Tribunales. Expediente digital, archivo en formato pdf.4

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022) Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos en cuenta al momento de determinar el ingreso base de liquidación son los contenidos en el Decreto 1158 de 1994. Ello siempre que, respecto de estos se hubiesen hecho los respectivos aportes.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, profirió sentencia el 10 de febrero de 2022, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. En

tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones denominadas “ Legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad”, “Demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan”, “Ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico”,” Cobro de lo no debido” e “Improcedencia de la condena en costas”, propuestas por la demandada NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

fundamento jurídico”,” Cobro de lo no debido” e “Improcedencia de la condena en costas”, propuestas por la demandada NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

SEGUNDO: Declarar la nulidad del acto ficto presunto negativo configurado frente a la petición presentada por el actor el 22 de octubre de 2020, de la que no se obtuvo respuesta por parte de la accionada en cuanto al reconocimiento de su pensión de jubilación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reconocer y pagar la pensión de

jubilación del señor JOSUÉ RAÚL REYES RÍOS, identificado con C.C. No. 1.124.527 de Ráquira, de acuerdo a lo señalado por las Leyes 33 y 62 de 1985. Para el cálculo del monto pensional, la tasa de reemplazo corresponderá al 75% y el IBL al promedio de lo devengado en el último año de servi cios, incluyendo la asignación básica, las horas extras pagadas y la bonificación mensual docente; sumas de dinero que serán actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, con e fectividad a partir del 24 de septiembre de 2019, fecha de adquisición del estatus pensional.

CUARTO: Las sumas que se paguen a favor de JOSUÉ RAÚL REYES RÍOS se

según certificación que expida el DANE, con e fectividad a partir del 24 de septiembre de 2019, fecha de adquisición del estatus pensional.

CUARTO: Las sumas que se paguen a favor de JOSUÉ RAÚL REYES RÍOS se actualizarán en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación de la sentencia, de acuerdo al régimen general y se aplicarán sobre los mismos reajustes de ley.

QUINTO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: CONDENAR EN COSTAS a la entidad demandada, conforme los expuesto en la parte considerativa. Liquídense por Secretaría de esta Corporación» (sic) [Resaltado5

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022) Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos del texto original].

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos4:

8.1. Josué Raúl Reyes Ríos nació el 31 de octubre de 1963 por lo que, a la fecha de solicitud de reconocimiento del derecho pensional [22 de octubre de 2020] contaba con 56 años, 11 meses y 19 días.

8.2. Mediante sentencia del 16 de abril de 2021 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Duitama dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por el demandante en contra de la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, en el proceso con radicado 15238-33-33-001-2020-00088-00, se declaró la existencia de una relación laboral

nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por el demandante en contra de la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, en el proceso con radicado 15238-33-33-001-2020-00088-00, se declaró la existencia de una relación laboral encubierta durante los siguientes periodos: del 2 de febrero al 15 de junio de 1998; del 13 de julio al 30 de novi embre de 1998; del 29 de enero al 11 de junio de 1999 del 15 de julio al 26 de noviembre de 1999 ; del 1 de febrero al 9 de junio de 2000 ; del 10 de julio al 1 de diciembre del 2000; del 27 de febrero al 15 de junio del 2001; del 9 de julio al 1 de diciembre de 2001; del 7 de marzo al 30 de noviembre del 2002; y d el 3 de febrero al 30 de noviembre del 2003 . Además, se ordenó el reconocimiento y pago de los aportes pensionales correspondientes a dichos periodos, y que estos sean tenidos en cuenta para efectos pensionales. De acuerdo con lo anterior, completó un total de 48 meses y 166 días de servicio, equivalente a 4 años, 5 meses y 16 días.

8.3. Se demostró que desempeñó el cargo de docente en propiedad en diferentes instituciones educativas del departamento desde el 10 de marzo de 2004, y que se encontraba en servicio activo a la fecha de expedición del certificado. Por lo que al 22 de octubre de 2020 [fecha en que elevó la petición de reconocimiento pensional] completó 16 años, 6 meses y 12 días de servicio.

8.4. Comoquiera que se vinculó como docente al servicio de la educación oficial del

22 de octubre de 2020 [fecha en que elevó la petición de reconocimiento pensional] completó 16 años, 6 meses y 12 días de servicio.

8.4. Comoquiera que se vinculó como docente al servicio de la educación oficial del departamento de Boyacá el 2 de febrero de 1998, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le son aplicables a efectos del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación las previsiones de la Ley 33 de 1985; y adquirió el estatus de pensionado conforme a esa normativa el 24 de septiembre de 2019, cuando completó los 20 años de servicios.

8.5. De acuerdo con la regla fijada en la referida sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, dentro del expediente con radicado 68001-23-33-000-2015-00569-01, para el cálculo del

4 Índice 35 de Samai, aplicativo de Juzgados y Tribunales.6

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022) Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación «solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aportó y que estén contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985»; los que, para el caso de Josué Raúl Reyes Ríos corresponden a la asignación básica, las horas extras y la bonificación mensual docente, con efectividad a partir del 24 de septiembre de 2019, fecha de adquisición del estatus

asignación básica, las horas extras y la bonificación mensual docente, con efectividad a partir del 24 de septiembre de 2019, fecha de adquisición del estatus pensional5. Además, si bien la bonificación mensual docente, que fue creada por el Decreto 1566 de 2014, no está enlistada en los factores enumerados por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, lo cierto es que sí debe ser reconocida y tenida en cuenta para el cálculo de la base de liquidación de la pensión porque así lo estableció el inciso segundo del artículo 1 del mencionado decreto, y además porque así lo ha considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado6.

8.6. Comoquiera que el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación se consolidó el 24 de septiembre de 2019, y que la petición de reconocimiento fue presentada el 22 de octubre de 2020, sin que respecto de ella se hubiera efectuado pronunciamiento, se configuró un acto ficto negativo, lo que permite concluir que no transcurrieron más de 3 años y , por tanto, no se configuró el fenómeno de la prescripción previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

8.7. Procede la condena en costas a la entidad demandada por ser la parte vencida en el proceso , y por encontrarse causadas, de conformidad con lo previsto en el ordinal 8 del artículo 365 del CGP.

1.4. El recurso de apelación

9. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente7:

9.1. El demandante se vinculó con una relación legal y reglamentaria como docente

1.4. El recurso de apelación

9. El Fomag presentó recurso de apelación con fundamento en lo siguiente7:

9.1. El demandante se vinculó con una relación legal y reglamentaria como docente oficial con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es el 10 de marzo de 2004 de tal suerte que, su régimen pensional correspondía al establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en allí, con excepción de la edad de pensión de vejez que era de 57 años tanto para hombres como para mujeres8.

5 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN A. C.P.

Gabriel Valbuena Hernández 6 de febrero de 2020, radicado No. 54001233300020140036301 (2960-2015). 6 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN QUINTA. MAGISTRADA

PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE. Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Radicación: 11001-03-15-000-2019-04192-00 7 Índice 42 de Samai, aplicativo de Juzgados y Tribunales. 8 Criterio reiterado en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del veinticinco (25) de abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.7

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022)

el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.7

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022) Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos 9.2. Pese a que el docente manifestó que laboró a través de órdenes de prestación de servicios suscritos con la Secretaría de Educación de Boyacá y que tal y como lo ha considerado la jurisprudencia el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación evento en el cual surgiría el derecho al pago de prestaciones sociales y a que el tiempo laborado se tenga en cuenta para efectos pensionales, lo cierto es que ello no conlleva a que se otorgue la calidad de empleado público, a partir de lo cual se podría constatar la vinculación anterior a la Ley 812. En el presente asunto , el docente solo tenía la calidad de contratista y, por ende, sus pretensiones no estaban llamadas a prosperar pues su vinculación a través de una relación legal y reglamentaria fue posterior a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley 812.

9.3. La regla jurídica para determinar el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición y que tenían derecho a la pensión de jubilación por aportes era la establecida en el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994 , la que recobró vigencia al derogarse el artículo 6 de la Ley 71 de 1988 . « Dicha conclusión, resulta acorde con el contenido del principio de inescindibilidad normativa, en virtud del cual, la norma anterior aplicable debe serlo en su integridad, lo cual evita desnaturalizar el régimen pensional aplicable producto de la transición, y con lo que ha

conclusión, resulta acorde con el contenido del principio de inescindibilidad normativa, en virtud del cual, la norma anterior aplicable debe serlo en su integridad, lo cual evita desnaturalizar el régimen pensional aplicable producto de la transición, y con lo que ha señalado el órgano de cierre de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo frente a situaciones de personas que no tienen cotizaciones, o cuando estas son apenas de unas pocas semanas o meses en vigencia de la Ley 100 de 1993, en el sentido de que el IBL de su pensión, es equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios, tal como lo señalaban normas anteriores tales como el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 o 73 del Decreto reglamentario 1848 de 1969» (sic).

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado solicitó que se confirmara la sentencia apelada con fundamento en los siguientes argumentos10:

11.1. El demandante nació el 31 de octubre de 1963, y laboró para la Secretaría de Educación de Boyacá desde el 2 de febrero de 1998 hasta el 30 de noviembre de 2003, mediante contratos sucesivos de prestación de servicios . Este periodo fue

9 Tal y como se indicó en el auto del 19 de agosto de 2022. Índice 4 de Samai.

2003, mediante contratos sucesivos de prestación de servicios . Este periodo fue

9 Tal y como se indicó en el auto del 19 de agosto de 2022. Índice 4 de Samai. 10 Índice 9 de Samai.8

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022) Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos reconocido judicialmente como una relación laboral y apto para acumular a efectos de pensiones; «razón poderosa que no permite admitir la argumentación de la apelación, en cuanto ignora el valor del trabajo humano realizado dentro de los márgenes legales y que adicionalmente tuvo un reconocimiento judicial».

11.2. Las vinculaciones mediante órdenes o contratos de prestación de servicio son útiles para efectos del reconocimiento pensional al demandante, porque fueron prestados al servicio docente, y porque «existieron efectivamente en la realidad y hechos así tienen consecuencias en el mundo jurídico y deben reconocerse si afectan derechos fundamentales, como la seguridad social en materia de pensiones».

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación , lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿si los tiempos de servicio prestados por Josué Raúl Reyes Ríos con ocasión de órdenes y contratos de prestación de servicios son útiles para completar el requisito necesario a efectos de ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el

en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 y el régimen exceptuado de los docentes afiliados al Fomag

13. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y

11 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».9

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022) Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las

Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, la invalidez, la enfermedad o la muerte12. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de « derecho irrenunciable », por lo que es considerado un derecho fundamental al repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas13.

14. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio público y lograr su satisfacción14. Este mandato lo cumplió con la expedición de la Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social»15. El sistema quedó conformado por 4 componentes o subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y los Servicios

Sociales Complementarios.

15. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa y fue expuesto en sus antecedentes legislativos 16. Está integrado por 2 regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad».

Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación,

específicos, autónomos e independientes, denominados: « Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad». Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos, la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.

12 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004. 13 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T -395 de 1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001 14 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí». 15 Preámbulo y artículo 6. 16 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones

régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector público tendrán que ser complementarios volunt arios y a cargo de los trabajadores y los recursos propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que: constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 0871992 páginas 11 y 12.10

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00406-01 (3370-2022)

Demandante: Josué Raúl Reyes Ríos

16. El Sistema General de Pensiones reglado en la Ley 100 de 1993 rige en su integridad todo lo relacionado con el reconocimiento pensional y las entidades que lo administran. Es así porque su finalidad fue unificar todos los regímenes pensionales que existían antes de su expedición, lo que consiguió al disponer que todos los trabajadores públicos, privados e independientes deb ían cotizar a sus subsistemas.

17. No obstante, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó del sistema integral de seguridad social contenido en esa norma, entre otros, a los afiliados al Fomag,

para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía

para lo cual dispuso:

«Artículo 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida». [Resalta la Sala].

18. Dentro de los denominados « regímenes exceptuados» de la aplicación de la Ley 100 de 1993, están comprendidos i) los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; ii) el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, excepto al vinculado en vigencia de la referida ley; iii) los miembro s no remunerados de las corporaciones públicas; iv) los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y v) los servidores de la Empresa Colombiana de Petróleos vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200317.

19. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas modalidades de pensión.

vinculados antes de la vigencia de la Ley 797 de 200317.

19. Estos cuentan con normativa propia que fijan los requisitos que los trabajadores beneficiarios deben cumplir para obtener la pensión y reglan sus distintas modalidades de pensión.

20. En el sector docente oficial, la Ley 91 de 1989 «[p]or la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio» disting