CE - Sentencia 15001233300020210041201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)

Demandante: Omar Salas Luna

Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente antes de la Ley 812 de 2003. Subtema 2: aplicación de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Omar Salas Luna, en condición de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. Sin embargo, la entidad demandada guardó silencio, razón por la que consideró que se configuró el acto ficto que negó su petición. Según afirmó, la calidad de docente le da derecho al reconocimiento y pago de la referida prestación, en la medida en que se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

la calidad de docente le da derecho al reconocimiento y pago de la referida prestación, en la medida en que se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Omar Salas Luna , en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda1 en contra de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), radicada mediante apoderada judicial, el 14 de mayo de 20212.

1 Escrito de demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo «2ED_2DEMANDAP55OMARSALASLUNA.PDF». 2 Correo de envío de la demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuad erno principal», archivo «3ED_REMISORIOREPARTO.PDF».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)

Demandante: Omar Salas Luna

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2

Demandante: Omar Salas Luna

Demandado: FOMAG

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2 2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 13 de mayo de 2021, ante la falta de respuesta a la petición presentada el 12 de febrero del mismo año, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación «a los 55 años»3. (ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en una cuantía equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, con anterioridad a la adquisición del estatus de pensionado —8 de noviembre de 2016—. (iii) Que se le ordene a la parte demandada ajustar el valor de las sumas adeudadas con ocasión de la pérdida de poder adquisitivo y a pagar los intereses moratorios causados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, hasta la cancelación de los valores debidos. (iv) Que se le ordene a la parte accionada dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA. (v) Que se condene en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG. 2.1.2. Hechos

3. El señor Omar Salas Luna hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Nació el 8 de noviembre de 1961.

(v) Que se condene en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG. 2.1.2. Hechos

3. El señor Omar Salas Luna hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Nació el 8 de noviembre de 1961. (ii) Ingresó al servicio docente, mediante orden de prestación de servicios, en el municipio de Socha, Boyacá, desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre de 1992. Luego trabajó como profesor en el municipio de Cuitiva, desde 1993 hasta 2005, y en la Secretaría de Educación de Boyacá, desde el 10 de enero de 2006. Posteriormente, fue nombrado en propiedad como docente oficial desde el año 2007. Afirmó que dicho empleo se mantenía vigente a la fecha en la que presentó la demanda. (iii) Con fundamento en lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación «al completar los 55 años de edad y los 20 años de servicio», para que le fuera reconocida a partir del 8 de noviembre de 2016 . Sin embargo, indicó que dicha petición no fue contestada, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo negativo.

3 Escrito de demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno princi pal», archivo «2ED_2DEMANDAP55OMARSALASLUNA.PDF».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)

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«2ED_2DEMANDAP55OMARSALASLUNA.PDF».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)

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3 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Omar Salas Luna citó, como normas vulneradas, los siguientes artículos: (i) 1, inciso 2, de la Ley 33 de 1985; (ii) 15, numerales 1 y 2, de la Ley 91 de 1989; (iii) 6 de la Ley 60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1993; (v) 279 de la Ley 100 de 1993; (vi) 81 de la Ley 812 de 2003; y (vii) 1 y 2 del Decreto 3752 de 20034.

5. En el concepto de violación, afirmó que se vinculó al servicio público con anterioridad al 27 de junio de 2003, razón por la que era beneficiario del régimen de transición de la Ley 812 de 2003, y por la que tenía derecho a la aplicación del régimen anterior a su situación pensional. En ese sentido, indicó que, en la medida en que tenía más de 20 años de servicio y más de 55 años de edad, se le debía reconocer la pensión de jubilación en compatibilidad con el salario devengado por el servicio docente5. 2.1.4. Contestación de la demanda

6. La Fiduciaria La Previsora S.A., por medio de apoderada judicial, y como vocera

de jubilación en compatibilidad con el salario devengado por el servicio docente5. 2.1.4. Contestación de la demanda

6. La Fiduciaria La Previsora S.A., por medio de apoderada judicial, y como vocera y administradora del FOMAG, contestó la demanda , e invocó las excepciones de «legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad», «[el] demandante no es beneficiario de las disposiciones [legales] que se alegan» , «factores salariales que integran el [ IBL] – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019», «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico», «cobro de lo no debido», e «improcedencia de las costas».

7. En relación con los hechos de la demanda, afirmó que el demandante se vinculó al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 , razón por la que el régimen pensional aplicable a su caso era el de prima media, previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Por este motivo , adujo que el actor debía acreditar los requisitos establecidos en tales normas, con excepción de la edad. 2.2. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, en sentencia del 13 de diciembre de 2023, concedió las pretensiones de la demanda 6. En consecuencia, declaró la configuración del silencio administrativo negativo frente a la petición presentada por el demandante el 12 de febrero de 2021, para el reconocimiento pensional, y la nulidad del acto ficto o presunto.

9. A título de restablecimiento del derecho , ordenó el reconocimiento y pago de la

presentada por el demandante el 12 de febrero de 2021, para el reconocimiento pensional, y la nulidad del acto ficto o presunto.

9. A título de restablecimiento del derecho , ordenó el reconocimiento y pago de la prestación en aplicación de la Ley 33 de 1985, en una cuantía equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicio, con inclusión de la asignación básica y la bonificación mensual docente , «devengados entre el 9 de noviembre de 2015 y el 8 de noviembre de 2016 —año anterior a la consolidación del estatus pensional —, con efectividad desde esta última fecha, y actualizado anualme nte, con base en la variación del IPC, según certificaci ón que

4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Sentencia de primera instancia, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo «058_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_SENTENCIA.pdf».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)

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4 expida el DANE, sin perjuicio de la actualización del IBL al momento del retiro, y [con] efectos fiscales [a partir del] 12 de febrero de 2018 , por […] prescripción trienal». La

4 expida el DANE, sin perjuicio de la actualización del IBL al momento del retiro, y [con] efectos fiscales [a partir del] 12 de febrero de 2018 , por […] prescripción trienal». La referida autoridad precisó que el disfrute de la prestación no quedaba condicionado al retiro definitivo del servicio.

10. De las pruebas aportadas al proceso, indicó que estaba demostrado que el demandante se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 , por medio de un contrato de prestación de servicios y de nombramiento en provisionalidad, desde 1992. Así, concluyó que era beneficiario del régimen de transición de la Ley 812 de 2003 y que tenía derecho a que su situación pensional se analizara a partir de la Ley 33 de 1985.

11. En ese orden, adujo que el demandante acreditó 20 años de servicio y 55 de edad, y que consolidó su derecho el 8 de noviembre de 2016, al cumplir el requisito de la edad. Así, precisó que incluiría en la liquidación de la prestación la asignación básica y la bonificación mensual docente : el primero, al estar incluido en el artículo 1 de la Ley 62 de 1982 y, el segundo, por ser factor de cotización de conformidad con el Decreto 1566 de 2014.

12. Por último, declaró la prescripción de las semanas causadas con anterioridad al 12 de febrero de 2018, por prescripción trienal, y no condenó en costas. 2.3. Recurso de apelación

13. La Fiduciaria La Previsora S.A. —en adelante La Fiduprevisora —, por medio de

de febrero de 2018, por prescripción trienal, y no condenó en costas. 2.3. Recurso de apelación

13. La Fiduciaria La Previsora S.A. —en adelante La Fiduprevisora —, por medio de apoderada judicial, com o vocera y administradora del FOMAG, presentó recurso de apelación en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que se negaran las pretensiones de la demanda7. Al respecto, reiteró que el demandante fue vinculado como docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, concretamente, a partir del año 2004, razón por la que afirmó que su situación pensional se debía definir de conformidad con el régimen de prima medida.

14. Aunado a lo anterior, explicó que el actor tampoco cumplió los requisitos del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, para la aplicación de la Ley 33 de 1985 por esa vía. Por lo anterior, solicitó que revocara la sentencia de primera instancia, con la salvedad de que, « ante una eventual condena se [ debía] ordenar a través de la sentencia el traslado de los recursos pensionales de otros fondos al FOMAG»8. 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

15. Esta corporación dictó auto el 27 de agosto de 20249, en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar personalmente aquellas y al Ministerio Público. Este último y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar personalmente aquellas y al Ministerio Público. Este último y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

7 Recurso de apelación presentado por La Fiduprevisora, visible en: expediente digital de primera instancia, enlace «visualizar expediente», enlace «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210041200_T133952578774560270», carpeta «cuaderno principal», archivo «060_MemorialWeb_Recurso.pdf». 8 Ibidem. 9 Samai, expediente digital de segunda instancia, índice 5, archivo «5Autoqueadmite_1714302024Admiteapel(.docx) NroActua 5».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)

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5 Prestaciones Sociales del Magisterio guardaron silencio.

16. Omar Salas Luna presentó alegatos de conclusión, en los que solicitó la confirmación de la sentencia apelada. Por un lado, afirmó que los argumentos planteados en el recurso de apelación no tuvieron en cuenta que el Tribunal Administrativo de Boyacá se pronunció sobre el régimen pensional de los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, y concluyó que su ingreso al servicio docente ocurrió antes de esa fecha, y por eso concedió las pretensiones de la demanda. Por otro lado, afirmó que el FOMAG tenía la facultad de repetir cont ra la

servicio docente ocurrió antes de esa fecha, y por eso concedió las pretensiones de la demanda. Por otro lado, afirmó que el FOMAG tenía la facultad de repetir cont ra la entidad territorial que fungía como empleador, para obtener el pago de los aportes que no fueron efectuados cuando laboró como docente en calidad de contratista.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA. 3.2. Cuestión previa

18. Antes de establecer, a partir de la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, los principales problemas jurídicos a resolver en esta oportunidad, la Sala estima necesario pronunciarse sobre una circunstancia relevante que tuvo lugar entre la fecha en que se presentó la demanda y su admisión. A saber, la configuración del acto ficto cuya nulidad se solicita. 3.2.1. De la configuración del acto ficto demandado

19. La Sala advierte que, al momento en que la parte demandante acudió ante la jurisdicción, el acto administrativo acusado no había surgido a la vida jurídica. Sin embargo, resalta que esta situación tuvo lugar con anterioridad a la admisión de la

demanda, de conformidad con lo siguiente: (i) El inciso 2 del artículo 83 del CPACA estableció que « [e]n los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado

señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión». (ii) Para la resolución de peticiones de reconocimiento pensional se previó un plazo de 4 meses, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 656 de 199410 y lo ha expuesto la Corte Constitucional 11, salvo que se trate de la pensión de sobrevivientes, cuyo término en virtud del artículo 1 de la Ley 717 de 2001 es de 2 meses.

10 «Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses. // […]». 11 Ver sentencias: Corte Constitucional SU-975 de 2003; T-1018 de 2004; T-257 de 2005; T-1002 de 2006; T-556 de 2013; T-155 de 2018 y T-045 de 2022 entre otras.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)

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6 En consonancia con la anterior normativa, como expresamente se estableció en el Decreto 1272 de 2018 12, en sus consideraciones y en el artículo 2.4.4.2.3.2.4 13, se

6 En consonancia con la anterior normativa, como expresamente se estableció en el Decreto 1272 de 2018 12, en sus consideraciones y en el artículo 2.4.4.2.3.2.4 13, se ratificó el plazo de 4 meses para resolver las solicitudes de reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del FOMAG. Asimismo, los artículos 2.4.4.2.3.2.10 y 2.4.4.2.3.2.16 previeron el término de 2 meses para la resolución de las peticiones que amparen los riesgos de invalidez y muerte de responsabilidad del mencionado fondo. (iii) Por lo expuesto, en casos como el presente, en el que se cuestiona la falta de respuesta a peticiones de reconocimiento de una pensión de jubilación, el acto ficto negativo se entenderá configurado al cabo de 5 meses de haberse efectuado la reclamación en sede administrativa. (iv) Teniendo en cuenta lo anterior, como en este caso la petición de reconocimiento de la pensión de jubilación se presentó el 12 de febrero de 2021, el plazo de 4 meses para resolverla venció el 12 de junio del mismo año; lo que quiere decir que la configuración del acto ficto negativo, según el inciso segundo del artículo 83 del CPACA, tuvo lugar un mes después, el 12 de julio siguiente. (v) Esto quiere decir, que la decisión cuya nulidad solicita surgió entre la presentación de la demanda, el 14 de mayo 2021, y cuando fue admitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 12 de julio del mismo año.

20. La anterior circunstancia denotaría, en principio, la ineptitud de aquella, por cuanto

de la demanda, el 14 de mayo 2021, y cuando fue admitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 12 de julio del mismo año.

20. La anterior circunstancia denotaría, en principio, la ineptitud de aquella, por cuanto se planteó una controversia sobre la validez de un acto que no existía al momento de acudir a la jurisdicción; situación que a su vez implicaría considerar la ausencia de uno de los presupuestos procesales —la demanda en forma— para dictar una decisión de fondo. En ese sentido, se estaría ante el escenario de una sentencia inhibitoria.

21. Sobre el particular, la Sala recuerda que desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 29 de la C.P.) —que también está establecido en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derecho s Humanos (art. 25) —, las decisiones inhibitorias «son solamente admisibles cuando el juez carece de alguna otra alternativa a la luz del ordenamiento jurídico aplicable»14 para dictar una decisión de fondo. Esto implica que previamente se debió haber «agotado la totalidad de las posibilidades que [este] le ofrece para resolver», pues «[d]e no quedar demostrada la circunstancia anterior, el juez se estaría apartando por comp leto del derecho vigente, pues se distanciaría, nada menos, que de la obligación que le incumbe de administrar justicia (C.P. arts. 116, 228, 229)»15.

12 «Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 —Único Reglamentario del Sector Educación—, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones».

el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones». 13 «ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.4. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el riesgo de vejez. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos pensionales que cubran el riesgo de vejez o las indemnizaciones sustitutivas y la s demás solicitudes que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario». 14 Corte Constitucional, sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)

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22. En ese orden de ideas, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado16, han considerado que la inhibición «debe ser la última opción por la cual debe decantarse la autoridad judicial, pues de lo contrario, su actuación constituye un excesivo apego al procedimiento, perdiendo de vista que la función judicial propugna por: “(i) impartir justicia17, (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real 18, y (iii) evitar pronunciamientos

por: “(i) impartir justicia17, (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real 18, y (iii) evitar pronunciamientos inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia y de los derechos materiales19”»20.

23. Esta perspectiva de análisis cobra mayor relevancia cuando en las controversias respectivas está de por medio la garantía del «derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, como medio a través del cual se materializa el derecho fundamental e irr enunciable a la seguridad social» 21, que, como lo ha subrayado la Corte Constitucional, no es «una dádiva o regalo conferido por el Estado, sino que se constituye en la debida remuneración que surge como consecuencia del ahorro»22. Por este motivo se ha considerado que « quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos por la ley para acceder a una pensión de vejez, goza, por ese solo hecho, de un derecho adquirido a disfrutar de [aquella] y éste no puede ser restringido ni obstaculizado por cuestio nes ajenas a sus obligaciones y responsabilidades con el sistema»23.

24. De esta manera se da prevalencia al principio de la primacía de la realidad sobre las formas, y relevancia al análisis del fondo del asunto que trata de un derecho pensional y se antepone ante una exigencia procesal, con el fin de evitar un exceso ritual manifiesto, y barreras en el ejercicio del derecho al acceso a la administración de justicia.

16 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2022, Rad.

ritual manifiesto, y barreras en el ejercicio del derecho al acceso a la administración de justicia.

16 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2022, Rad. 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841 -2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2017-00363-01, M.P. César Palomino Cortés. 17 Ver por ejemplo, la s entencia T -264 de 2009 . En esa oportunidad, esta corporación precisó que puede «producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las formas” se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La Corte consideró que la autoridad judicial accionada había incurrido e n un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, actuando en, “ contra de su papel de director del proceso y del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos materiales, al omitir la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos que le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la autoridad accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante de los derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas».

derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas». 18 Ver por ejemplo, la sentencia T-268 de 2010, en la que la Corte al referirse al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, concluyó que el mismo se presenta, «cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del derecho sustancial». Lo anterior, fue reiterado por las Sentencias T-386 y T-637 de 2010. 19 La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia supone la garantía de obtener respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las medidas pertinentes para evit ar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Ver por ejemplo, las sentencias T-134 de 2004 y T1017 de 1999. 20 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 21 Corte Constitucional, sentencia SU-057 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos. 22 Ibidem. 23 Ibidem.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00412-01 (1430-2024)

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25. En esta oportunidad, la discusión gira en torno a las condiciones en que se debe reconocer el derecho a la pensión del señor Omar Salas Luna, que, como se indicó, acudió a la jurisdicción desde el 14 de mayo de 2021 con el fin de que se esclareciera su situación pensional, y que ha invertido alrededor de 4 años en dicho propósito. A juicio de la Sala, esta circunstancia haría que una decisión inhibitoria resultara desproporcionada frente a la garantía de los derechos de acceso a la administración de justicia y seguridad social, puesto que implicaría, para el demandante, tener que acudir nuevamente ante las autoridades judiciales para definir su situación pensional.

26. Ante este panorama y por las razones expuestas, resulta imperativo buscar una alternativa que permita proferir una decisión de fondo en el caso concreto, sustentada en el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la C.P.), en virtud del cual el juez no puede actuar bajo la ciega obediencia al derecho procesal, sino que debe sustentar su proceder en el deber de garantizar y proteger los derechos sustanciales, y en este caso, fundamentales24.

27. A partir de las anteriores consideraciones, la Subsección advierte que, si bien es cierto el juez de primera instancia, al admitir la demanda, no advirtió su posible ineptitud, también lo es que el acto ficto acusado por mandato legal se configuró el 12

cierto el juez de primera instancia, al admitir la demanda, no advirtió su posible ineptitud, también lo es que el acto ficto acusado por mandato legal se configuró el 12 de julio de 2021, momento en el que la parte accionada aún no tenía conocimiento de la existencia del proceso, puesto que esto sucedió el 22 de julio siguiente, cuando se notificó el auto admisorio de la demanda, dictado el 12 del mismo mes y año. En ese orden, pese a que la demanda fue presentada cuando no existía el acto demandado, fue admitida el 12 de julio de 2021, cuando este nació a la vida jurídica.

28. A partir del hecho anterior, esto es, la existencia de un acto ficto que negó la petición del 12 de febrero de 2021, las partes, durante dos instancias, han tenido la oportunidad de exponer ampliamente las razones por las cuales consideran que la pensión solicitada debe o no reconocer se, y en caso afirmativo en qué términos. De esta manera, el aspecto central de la controversia, es decir, la situación pensional del señor Omar Salas Luna, ha sido debatida de principio a fin, sin que se haya visto afectada por un aspecto de menor relevancia como el día en que debe entenderse emitido el acto acusado.

29. Asimismo, cabe destacar que, desde la perspectiva de la teoría de la causa petendi, los hechos fácti