CE - Sentencia 15001233300020210043301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)

Demandante: Elda del Carmen Ramírez de Suárez

Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley 71 de 1988

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia y accede a las pretensiones, al encontrarse acreditado que la demandante es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988 y cumple los requisitos para el reconocimiento de la prestación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte de mandante contra la sentencia de primera instancia del 7 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo que se configuró el 9 de mayo

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo que se configuró el 9 de mayo de 2021, por la omisión en atender la petición presentada el 9 de febrero de 2021.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% del sueldo y demás factores salariales devengados en el año anterior al 6 de febrero de 2018, fecha en la que adquirió el estatus pensional, sin que se le exija el retiro definitivo del servicio; (ii) pagar las mesadas causadas desde la adquisición del derecho; (iii) indexar las sumas adeudadas e incluir los intereses moratorios que se generen después de la ejecutoria del fallo; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y (v) condenar en costas a la parte demandada.

3. Como hechos relevantes de la demanda expuso que nació el 10 de octubre de 1958; laboró en el sector privado y efectuó aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS) entre el 25 de julio de 1985 al 3 de octubre de 1989.

4. Posteriormente, prestó sus servicios docentes en la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá mediante contratos de prestación deRadicación: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)

Demandante: Elda del Carmen Ramírez de Suárez

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2 servicios en los siguientes periodos: (i) 24 de febrero al 9 de junio de 2000; (ii) 12 de julio al 1 de diciembre de 2000; (iii) 27 de agosto al 30 de noviembre de 2002; y (iv) 12 de febrero al 12 de diciembre de 2003.

5. Relató que el 2 0 de septiembre de 2004 se posesionó como docente en provisionalidad en la misma entidad, y el 10 de enero de 2006 fue nombrad a en propiedad. Desde entonces y hasta la fecha de la presentación de la demanda continuaba ejerciendo dicho cargo.

6. En el concepto de violación argumentó que la administración desconoció las normas1 que sustentaban sus pretensiones, dado que la señora Ramírez de Suárez se vinculó al servicio docente y efectuó aportes al ISS con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo que el régimen aplicable para el reconocimiento y pago de su pensión de vejez es el previsto en la Ley 71 de

1988.

Contestación de la demanda

7. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, al sostener que el régimen pensional aplicable a la demandante es el regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda vez que su vinculación legal y reglamentaria así como su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

sostener que el régimen pensional aplicable a la demandante es el regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda vez que su vinculación legal y reglamentaria así como su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ocurrieron bajo la vigencia de la Ley 812 de 2003.

8. En consecuencia, adujo que los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación son únicamente aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes y que se encuentran previstos en el Decreto 1158 de 1994.

9. Manifestó que no había lugar a la condena en costas, por cuanto esta no obedecía a un criterio objetivo, sino que era necesario desvirtuar la buena fe de la entidad.

10. Finalmente propuso como excepciones: (i) legalidad del acto acusado; (ii) ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico; (iii) «el demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan»; (iv) cobro de lo no debido; (v) «factores salariales que integran el ingreso base de liquidación»;

(vi) improcedencia de la condena en costas; y (vii) la genérica.

Decisión de las excepciones previas

11. En auto del 3 de junio de 2022 2, se declaró «infundada» la excepción de ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico propuesta por la entidad demandada, decisión que no fue objeto de recursos.

Sentencia apelada

1 Artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989, numerales 1 y 2; 6 de la Ley 60 de 1993; 115

Sentencia apelada

1 Artículos 7 de la Ley 71 de 1988; 15 de la Ley 91 de 1989, numerales 1 y 2; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003. 2 Índice 16 del aplicativo Sami del Tribunal.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)

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12. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la sentencia del 7 de noviembre de 2024 negó las pretensiones de la demanda.

13. Como fundamento principal, señaló que si bien la señora Elda del Carmen Ramírez de Suárez prestó servicios docentes entre el 24 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003 mediante contratos de prestación de servicios sucesivos, no obra prueba de que e n dicho periodo se hubieran efectuado cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, lo cual constituye un «requisito sine qua non » para el reconocimiento de tiempo s de servicio, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

14. Igualmente, precisó que en el expediente no se allegó decisión judicial que hubiera declarado la existencia de una relación laboral encubierta ni ordenado el

servicio, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

14. Igualmente, precisó que en el expediente no se allegó decisión judicial que hubiera declarado la existencia de una relación laboral encubierta ni ordenado el pago de los aportes omitidos, lo que impedía reconocer dichos periodos para efectos pensionales.

15. En consecuencia, concluyó que únicamente podía computarse la vinculación a partir del 20 de septiembre de 2004, fecha en la que se acreditó el pago de aportes, esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En tal virtud, determinó que el régimen aplicable era el de prima media con prestación definida regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

16. Por último, declaró probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada, y se abstuvo de imponer condena en costas.

Recurso de apelación

17. La apoderada de la actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia argumentando que el Tribunal desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado , según la cual es procedente contabilizar los periodos laborados mediante contratos de prestación de servicios para efectos de acreditar el tiempo requerido para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

18. Señaló que, de acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el único presupuesto para determinar el régimen pensional es la fecha de ingreso al servicio educativo oficial, la cual en este caso se produjo el 1 de febrero de 2000, por lo que resulta desproporcionado exigir la acreditación

de la Ley 812 de 2003, el único presupuesto para determinar el régimen pensional es la fecha de ingreso al servicio educativo oficial, la cual en este caso se produjo el 1 de febrero de 2000, por lo que resulta desproporcionado exigir la acreditación de aportes al sistema pensional.

19. Además, aseguró haber informado al despacho que mediante sentencia del 17 de noviembre de 2022 3 se declaró la existencia de una relación laboral entre el departamento de Boyacá y la actora durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003.

3 Esta decisión se adoptó dentro del expediente 15001333300220200000700.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)

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20. Sostuvo que el acervo probatorio acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, ya que: (i) la señora Ramírez de Suárez nació el 10 de octubre de 1958, por lo que «en la actualidad» supera los 55 años , y (ii) acumuló más de 20 años de servicios en los sectores público y privado.

21. Finalmente, solicitó que la mesada pensional se liquidara con base en el 75 % del ingreso base de liquidación, equivalente al promedio de los factores salariales sobre los cuales se efectuaron aportes durante el año anterior a la

público y privado.

21. Finalmente, solicitó que la mesada pensional se liquidara con base en el 75 % del ingreso base de liquidación, equivalente al promedio de los factores salariales sobre los cuales se efectuaron aportes durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional, y que se reconociera la compatibilidad entre dicha prestación y el salario que percibe como docente oficial.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

22. Mediante auto del 12 de junio de 2025, se admitió el recurso de apelación4.

23. En sus alegatos 5, la parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y agregó que los aportes pensionales al ser imprescriptibles, pueden recaudarse en cualquier momento en el porcentaje que corresponde al empleador y al trabajador.

24. El agente del ministerio público en concepto núm. 395 -2025 del 9 de julio de 2025 6 solicitó revocar la sentencia de primera instancia , al estimar que el Tribunal desconoció que la primera vinculación de la actora al servicio educativo oficial se produjo el 1 de febrero de 2000, a través de contratos de prestación de servicios.

25. Precisó que la obligación de realizar los aportes correspondía a la entidad territorial, y que su omisión no podía convertirse en un obstáculo para el reconocimiento del derecho pensional.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de

Competencia

26. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

27. La Sala debe determinar si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación bajo el régimen previsto en la Ley 71 de 1988,

4 Índice 4 del aplicativo Samai. 5 Índice 9 del aplicativo Samai. 6 Índice 10 del aplicativo Samai.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)

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5 atendiendo a que se vinculó como docente antes del 27 de junio de 2003 mediante contratos de prestación de servicio, o si por el contrario, resultaba indispensable acreditar los aportes al sistema pensional durante dicho periodo.

28. En caso afirmativo, será preciso establecer si dicha prestación puede percibirse de forma simultánea con el salario que devenga como docente.

Análisis del problema jurídico

29. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, al acreditarse que la accionante se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, fecha

Análisis del problema jurídico

29. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, al acreditarse que la accionante se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y que reúne los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de jubilación por aportes, compatible con el salario que percibe en ejercicio de la docencia oficial.

30. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos

aportados al proceso:

1. La señora Elda del Carmen Ramírez de Suárez nació el 10 de octubre de 1958 7, y laboró como docente en la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá durante los siguientes periodos:

Tipo de vinculación Desde - Hasta Tiempo de servicios Orden de prestación de servicios 6138 24/02/00 a 09/06/00 107 días Orden de prestación de servicios 10749 12/07/00 a 01/12/00 143 días Orden de prestación de servicios 187910 27/08/02 a 30/11/02 96 días Orden de prestación de servicios 42611 12/02/03 a 12/12/03 304 días Resolución 2052 12 (nombramiento en provisionalidad) 20/09/04 a 24/10/05 400 días Decreto 944 13 (nombramiento en propiedad) 10/01/06 a 09/12/2014 5.448 días 6.498 días, equivalentes a 17 años, 9 meses y 23 días.

Decreto 944 13 (nombramiento en propiedad) 10/01/06 a 09/12/2014 5.448 días 6.498 días, equivalentes a 17 años, 9 meses y 23 días.

7 Folios 25 a 25, índice 3 del aplicativo Samai del Tribunal. Demanda. 8 Folios 31 a 33, ibidem. 9 Folios 34 a 36, ibidem. 10 Folios 37 a 39, ibidem. 11 Folios 40 a 41, ibidem. 12 Folios 54 a 55, ibidem. 13 Folios 42 a 45, ibidem. 14 Fecha de expedición de la certificación laboral.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)

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6 ii) La actora también registra 218,86 semanas de cotización en Colpensiones15, producto de la labor realizada en el sector privado entre el 25 de julio de 1985 y el 3 de octubre de 1989, de manera continua, equivalentes a 4 años, 2 meses y 12 días.

31. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los maestros

prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los maestros que se vinculen al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de 2003 gozan de los derechos pensionales del régimen de prima media con prestación definida de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 79 7 de 2003, con sus requisitos, salvo el de la edad que es de 57 años para hombres y mujeres.

32. Ahora bien, ello se predica incluso de quienes no se encontraban vinculados estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes de la expedición de la norma.

33. Lo anterior, en atención al principio de la condición más beneficiosa, el

cual se distingue por:

«(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»16.

34. En ese sentido, es necesario señalar que, debido a que la Ley 812 de 2003 no consagró un régimen de transición para quienes tuvieran una expectativa legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en virtud del aludido principio de condición más beneficiosa.

legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en virtud del aludido principio de condición más beneficiosa.

35. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta adicionalmente que el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se vinculen a partir de la fecha menc ionada son beneficiarios de los derechos del régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

36. A través de la Sentencia SUJ -014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio

15 Folio 27, ibidem. 16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011, Radicación: 40.662.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)

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7 educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad, que es de 57 años para hombres y mujeres.

37. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985», lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la mesada pensional 17, como ocurre con la bonificación pedagógica 18 y la bonificación mensual de docentes y directivos docentes19, por ejemplo.

38. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz

factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores que han establecido el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos emolumentos (como es el caso de las bonificaciones mencionadas), teniend o en consideración que se trata de disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades señaladas en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4.ª de 1992.

39. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ -014-CES2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la posibilidad de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo porque en esa oportunidad se analizó la situación pensional de una persona beneficiaria de la Ley 33 de 1985, por lo que el estu dio acerca de las normas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se limitó a aquella20.

17 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001 -23-40-000-2018-00143-01 (5066 -2022); y

sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022). 18 El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor salarial para tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4). 19 El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor salarial para todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas posteriores, las cuales han señalado que en el valor de las as ignaciones básicas está incluida la bonificación mensual docente. 20 En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que la Sentencia de Unificación SUJ -014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo desarrolló la determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivament e al FNPSM. No obstante, dicha providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y aportados a otra administradora como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones). Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de 1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).Radicación: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)

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40. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales y nacionalizados vinculados a partir del 1 de enero de 1981 y de los maestros que ingresaron al servicio desde el 1 de enero de 1990), aquellos no solo pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sin o también de la Ley 71 de

1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la

República se expresó lo siguiente:

EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES

[…]

Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley

República se expresó lo siguiente:

EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES

[…]

Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Na cional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.21

41. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio por sentado e hizo innecesaria l a reproducción o previsión expresa de la posibilidad de aplicar dicha ley a los docentes oficiales.

42. Por otra parte, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son válidos para efectos de acceder al régimen pensional anterior al que se refieren los artículos 81 ibidem y 48 de la Constitución Política (parágrafo transitorio 1), y para acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente

transitorio 1), y para acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral, con independencia de la denominación contractual que se les designe22.

43. En ese contexto, los periodos comprendidos entre el 24 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003, durante los cuales la demandante prestó servicios como docente para la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá, de

21 Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989. 22 Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-0008201 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expedi ente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (46502019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).Radicación: 15001-23-33-000-2021-00433-01 (0691-2025)

Demandante: Elda del Carmen Ramírez de Suárez

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9 manera discontinua y a través de contratos de prestación de servicios, son

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9 manera discontinua y a través de contratos de prestación de servicios, son computables para establecer su vinculación al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003.

44. A diferencia de lo que sostuvo el Tribunal, de los artículos 48 de la Constitución Política (parágrafo transitorio 1) y 81 de la Ley 812 de 2003, no se desprende que los tiempos laborados con anterioridad al 27 de junio de 2003 solo puedan reconocerse si se realizaron cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Por el contrario, dichas disposiciones únicamente aluden a la fecha de ingreso al servicio docente oficial como presupuesto de acceder al régimen pensional anterior.

45. En este punto, la Sala advierte que si bien en el expediente obra el memorial allegado por la parte actora 23 en el cual anexó la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, dentro del radicado 15001333300220200000700, el Tribunal en auto del 2 de septiembre de 2024 24 rechazó de plano la solicitud probatoria por extemporánea, por lo que no será valorada en esta instancia.

46. No obstante lo anterior, se incorporaron otras pruebas documentales, como los contratos de prestación de servicios y las constancias laborales, que dan cuenta de los tiempos laborados por la señora Ramírez de Su árez con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que determina

como los contratos de prestación de servicios y las constancias laborales, que dan cuenta de los tiempos laborados por la señora Ramírez de Su árez con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que determina que su régimen pensional aplicable sea el previsto en la Ley 91 de 1989, que habilita la remisión a la Ley 71 de 1988.

47. En ese orden, se precisa que la ausencia de registro de aportes a pensión por el periodo entre el 24 de febrero de 2000 y el 12 de diciembre de 2003 no constituye un obstáculo para reconocer la primera vinculación al servicio educativo oficial y el régimen pensional aplicable, sino que devela la necesidad de que el FOMAG adelante las respectivas actuaciones administrativas de cobro de los aportes contra la actora y el departamento de Boyacá, puesto que la obligación de realizar las cotizaciones en condición de contratista surgió con la expedición de la Ley 797 de 2003.

48. Definido que el régimen aplicable a la actora es el previsto en la Ley 71 de 1988, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989, corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos que esta norma exige para acceder a la pensión de jubilación por aportes.

49. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, la aludida prestación se reconoce a quienes acrediten 20 años de servicios, continuos o discontinuos, y hayan cumplido 60 años de edad, en el caso de los