CE - Sentencia 15001233300020210047901 de 2025

Radicación: 15001-23-33-000-2021-00479-01 (5959-2022)

Demandante: Elmer Asdrúbal Gómez Villate

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) junio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2021-00479-01 (5959-2022)

Demandante: Elmer Asdrúbal Gómez Villate

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente con anterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2: aplicación de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión núm. 6, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Elmer Asdrúbal Gómez Villate, en condición de docente oficial, solicitó el

Decisión núm. 6, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Elmer Asdrúbal Gómez Villate, en condición de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Sin embargo, la entidad demandada guardó silencio, razón por la que consideró que se configuró el acto ficto que negó su petición.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Elmer Asdrúbal Gómez Villate , en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentó demanda 1 en contra de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), radicada mediante apoderado judicial el 18 de junio de 20212.

1 Escrito de demanda, visible en: Samai , expediente digital de primera instancia, índice 3, carpeta comprimida «2_ED_DEMANDA_RV__SOLICITU(.ZIP) NroActua 3», archivo «2. DEMANDA P55 - ELMER ASDRUBAL GOMEZ VILLATE.pdf». 2 Acta individual de reparto visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, índice 3, carpeta comprimida «2_ED_DEMANDA_RV__SOLICITU(.ZIP) NroActua 3», archivo «1248».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00479-01 (5959-2022)

Demandante: Elmer Asdrúbal Gómez Villate

Demandado: FOMAG

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2 2.1.1. Pretensiones

2. Elmer Asdrúbal Gómez Villate solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 29 de abril de 2021, ante la falta de respuesta a la petición que presentó el 28 de enero de 2021, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985. (ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se reconozca y pague a su favor la referida prestación, con efectividad a partir del 25 de mayo de 2020 , en una cuantía equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas en el año anterior al cumplimiento del estatus pensional. (iii) Que se condene a la parte demandada a pagar los ajustes de las sumas adeudadas a las que haya lugar por la pérdida de poder adquisitivo, y los intereses moratorios que llegaren a causarse. (iv) Que se condene en costas a la entidad demandada. 2.1.2. Hechos

3. Elmer Asdrúbal Gómez Villate hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Nació el 25 de mayo de 1965. (ii) Trabajó como docente en la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá mediante órdenes de prestación de servicios entre el 24 de abril de 1996 y el 12 de diciembre de 2003.

(ii) Trabajó como docente en la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá mediante órdenes de prestación de servicios entre el 24 de abril de 1996 y el 12 de diciembre de 2003. (iii) Ingresó al servicio docente en la Secretaría de Educación de l departamento de Boyacá el 5 de marzo de 2004 . Posteriormente, fue nombrado en la docencia oficial desde el año 2007, vínculo que, según afirmó, se mantenía vigente a la fecha en la que presentó la demanda. (iv) Mediante petición radicada el 30 de enero de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985 para que le fuera reconocida a partir del 25 de mayo de 2020 . Sin embargo, indicó que dicha petición no fue contestada, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo negativo. 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Elmer Asdrúbal Gómez Villate citó, como normas vulneradas, los siguientes artículos: (i) 1 de la Ley 33 de 1985; (ii) 15 de la Ley 91 de 1989; (iii) 6 de la Ley 60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1993; (v) 297 de la Ley 100 de 1993; (vi) 81 de la Ley 812 de 2003; y (vii) 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En el concepto de violación, explicó que se encuentra vinculado a la docencia oficial con anterioridad al 23 de junio de 2003 . Por esa razón, argumentó que su situación pensional debía ser analizada de conformidad con los artículos 1 de la Ley 33 de 1985

con anterioridad al 23 de junio de 2003 . Por esa razón, argumentó que su situación pensional debía ser analizada de conformidad con los artículos 1 de la Ley 33 de 1985 y 15 de la Ley 91 de 1989, e indicó que no debía acreditar para la fecha de entrada enRadicación: 15001-23-33-000-2021-00479-01 (5959-2022)

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3 vigor de la Ley 812 de 2003, que se encontraba prestando sus servicios como docente. Por lo anterior, afirmó que el acto ficto demandado vulneró las normas invocadas. 2.1.4. Contestación de la demanda

6. La Fiduciaria La Previsora S.A. , como vocera y administradora del FOMAG, y por medio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 3. Como fundamento de lo anterior, indicó que, en la medida en que el demandante se vinculó al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 , le eran aplicables los requisitos del régimen de prima media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a excepción de la edad.

7. Asimismo, propuso las excepciones de «ausencia de integración del litis consorcio necesario por pasiva», «legalidad de los actos administrativo s atacados de nulidad», «[el] demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan» ,

necesario por pasiva», «legalidad de los actos administrativo s atacados de nulidad», «[el] demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan» , «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico», «cobro de lo no debido», e «improcedencia de la condena en costas».

8. La Secretaría de Educación del departamento de Boyacá guardó silencio frente a los hechos de la demanda, pero aportó copia del expediente administrativo del señor Elmer Asdrúbal Gómez Villate4. 2.2. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, en sentencia del 11 de agosto de 202 25, concedió las pretensiones de la demanda . En consecuencia, declaró «la existencia [y nulidad] del acto ficto o presunto derivado de la falta de atención a la petición radicada ante la entidad demandada el 28 de enero de 2021»6.

10. A título de restablecimiento del derecho , ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor del demandante, en una cuantía equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional —25 de mayo de 2020 —, a saber, la asignación básica, la bonificación mensual docente y las horas extras. También indicó que correspondía al FOMAG adelantar las acciones de cobro con ocasión del incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador, durante el periodo en el que el accionante laboró como docente mediante órdenes de prestación de servicio s, o por medio de una relación legal y reglamentaria.

cargo del empleador, durante el periodo en el que el accionante laboró como docente mediante órdenes de prestación de servicio s, o por medio de una relación legal y reglamentaria.

3 Escrito de contestación de la demanda presentado por la Fiduciaria La Previsora S.A., visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, índice 13, carpeta comprimida «14_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_CONTESTA_RV__CONTESTACION_DEM(.ZIP) NroActua 13», archivo «CONTESTACIÓN DEMANDA 2021-479.pdf». 4 Memorial allegado por la Secretaría de Educación de l departamento de Boyacá y expediente administrativo del demandante, visibles en: Samai, expediente digital de primera instancia, índice 12, carpeta comprimida «12_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_EXPEDIENTE_GETALLATTACHMENTSASZ(.ZIP) NroActua 12», archivos «OFICIO RESPUESTA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA.pdf» y «GOMEZ VILLATE ELMER ASDRUBAL_compressed (1) _compressed_compressed.pdf». 5 Sentencia de primera instancia, proferida el 11 de agosto de 2022, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6 , visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, índice 40, archivo «29_SENTENCIADESEGUNDAINSTANCIA_ACCEDEPRE(.docx) NroActua 40». 6 Ibidem.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00479-01 (5959-2022)

Demandante: Elmer Asdrúbal Gómez Villate

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11. La referida autoridad judicial consideró que se debía computar, para efectos pensionales, el tiempo laborado por el demandante por medio de contratos de prestación de servicios. En ese orden, indicó que el actor ingresó al servicio docente el 24 de abril de 1996 bajo la modalidad referida, motivo por el cual estaba acreditada su vinculación docente con anterioridad al 27 de junio de 2003. Así, concluyó que le era aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985.

12. De acuerdo con lo anterior , explicó que e l señor Elmer Asdrúbal Gómez Villate completó los requisitos para el reconocimiento de la prestación el 25 de mayo de 2020, al cumplir 55 años de edad y un tiempo de servicio equivalente a 23 años, 10 meses y 7 días. Por esa ra zón, indicó que tenía derecho a la prestación reclamada, en una cuantía equivalente al 75% de la asignación básica, la bonificación y las horas extras devengadas en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, con la compatibilidad entre el salario y la pensió n. La referida autoridad judicial consideró que, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, solo se debían tener en cuenta los mencionados conceptos, «como quiera que los demás emolumentos no constituyen base de liquidación de los aportes»7.

13. Finalmente, adujo que estaba demostrado que en el periodo comprendido entre 24

cuenta los mencionados conceptos, «como quiera que los demás emolumentos no constituyen base de liquidación de los aportes»7.

13. Finalmente, adujo que estaba demostrado que en el periodo comprendido entre 24 de abril de 1996 y el 12 de diciembre de 2003, en el que el demandante laboró mediante órdenes de prestación de servicios, no se realizaron aportes al Sistema de Seguridad Social. Por esta razón, en observancia del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, precisó que correspondía a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con ocasión del incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador. 2.3. Recurso de apelación

14. La Fiduciaria La Previsora S.A. , como vocera y administradora del FOMAG, por medio de su apoderado judicial, presentó recurso de apelación8, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

15. Por un lado, afirmó que el demandante ingresó al servicio docente con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, por cuanto su vinculación ocurrió el 5 de marzo de 2004. Por otro, indicó que, de acuerdo con la historia laboral aportada al expediente, estaba demostrado que durante el tiempo en el que laboró como docente mediante órdenes de prestación de servicios no se realizaron los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social . Por esta razón, afirmó que su vinculación al servicio docente bajo esa modalidad no podía tenerse en cuenta para efectos pensionales.

Agregó que, por este motivo, tampoco era beneficiario del régimen de transición

Sistema de Seguridad Social . Por esta razón, afirmó que su vinculación al servicio docente bajo esa modalidad no podía tenerse en cuenta para efectos pensionales. Agregó que, por este motivo, tampoco era beneficiario del régimen de transición previsto en la mencionada norma. Finalmente, indicó que no tenía derecho a la aplicación a la norma anterior por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en la medida en que no cumplió los requisitos para ello.

7 Ibidem. 8 Recurso de apelación presentado por La Fiduciaria La Previsora S.A., visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, índice 45, archivo «31_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_FIDUPREVIS_ESCRITOQUELOSUSTE(.pdf) NroActua 45».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00479-01 (5959-2022)

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5 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

16. Esta corporación dictó auto el 23 de febrero de 20239, en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. También ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público.

Sin embargo, es último guardó silencio.

17. Elmer Asdrúbal Gómez Villate , por medio de su apoderada judicial, manifestó

2080 de 2021. También ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público. Sin embargo, es último guardó silencio.

17. Elmer Asdrúbal Gómez Villate , por medio de su apoderada judicial, manifestó que los argumentos planteados en el recurso de alzada presentado por la parte demandada no refutaron las consideraciones de la sentencia apelada. Por otro lado, afirmó que el tiempo laborado mediante órdenes de prestación atendía a una relación legal y reglamentaria, por cuanto el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Tunja, en sentencia del 21 de octubre de 2010, declaró la existencia de una relación laboral entre las partes y ordenó computar los tiempos laborados bajo esa modalidad para efectos pensionales. En ese orden, solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA. 3.2. Cuestión previa

19. Antes de establecer, a partir de la sentencia de primera instancia y el recurso de apelación, los principales problemas jurídicos a resolver en esta oportunidad, la Sala estima necesario pronunciarse sobre una circunstancia relevante que tuvo lugar entre la fecha en que se presentó la demanda y su admisión. A saber, la configuración del acto ficto cuya nulidad se solicita. 3.2.1. De la configuración del acto ficto demandado

20. La Sala advierte que, al momento en que la parte demandante acudió ante la

acto ficto cuya nulidad se solicita. 3.2.1. De la configuración del acto ficto demandado

20. La Sala advierte que, al momento en que la parte demandante acudió ante la jurisdicción, el acto administrativo acusado no había surgido a la vida jurídica. Sin embargo, resalta que esta situación tuvo lugar con anterioridad a la admisión de la

demanda, de conformidad con lo siguiente: (i) El inciso 2 del artículo 83 del CPACA estableció que « [e]n los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió adoptarse la decisión».

9 Auto que admite el recurso de apelación, visible en: Samai, expediente digital de segunda instancia, índice 4, archivo «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx) NroActua 4».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00479-01 (5959-2022)

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6 (ii) Para la resolución de peticiones de reconocimiento pensional se previó un plazo de 4 meses, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 656 de 199410 y lo ha expuesto la Corte Constitucional 11, salvo que se trate de la pensión de sobrevivientes, cuyo término en virtud del artículo 1 de la Ley 717 de 2001 es de 2 meses.

la Corte Constitucional 11, salvo que se trate de la pensión de sobrevivientes, cuyo término en virtud del artículo 1 de la Ley 717 de 2001 es de 2 meses.

En consonancia con la anterior normativa, como expresamente se señala en la parte considerativa del Decreto 1272 de 2018 12, este a través del artículo 2.4.4.2.3.2.4 13 ratificó el plazo de 4 meses para resolver las solicitudes de reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del FOMAG. Asimismo, los artículos 2.4.4.2.3.2.10 y 2.4.4.2.3.2.16 previeron el término de 2 meses para la resolución de las peticiones que amparen los riesgos de invalidez y muerte de responsabilidad del mencionado fondo. (iii) Por lo expuesto, en casos como el presente, en el que se cuestiona la falta de respuesta a peticiones de reconocimiento de una pensión de jubilación , el acto ficto negativo se entenderá configurado al cabo de 5 meses de haberse efectuado la reclamación en sede administrativa. (iv) Teniendo en cuenta lo anterior, como en el caso de autos la petición de reconocimiento de la pensión de jubilación se presentó el 28 de enero de 2021, el plazo de 4 meses para resolverla venció el 28 de mayo de 2021; lo que quiere decir que la configuración del acto ficto negativo, según el inciso segundo del artículo 83 del CPACA, tuvo lugar un mes después, el 28 de junio del mismo año. (v) Esto quiere decir, que la decisión cuya nulidad solicita surgió entre la presentación de la demanda, el 18 de junio de 2021 , y cuando fue admitida por el Tribunal

tuvo lugar un mes después, el 28 de junio del mismo año. (v) Esto quiere decir, que la decisión cuya nulidad solicita surgió entre la presentación de la demanda, el 18 de junio de 2021 , y cuando fue admitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el 17 de septiembre de 2021.

21. La anterior circunstancia denotaría, en principio, la ineptitud de aquella, por cuanto se planteó una controversia sobre la validez de un acto que no existía al momento de acudir a la jurisdicción; situación que a su vez implicaría considerar la ausencia de uno de los presupuestos procesales —la demanda en forma— para dictar una decisión de fondo. En ese sentido, se estaría ante el escenario de una sentencia inhibitoria.

22. Sobre el particular, la Sala recuerda que desde la perspectiva del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (art. 29 de la C.P.) —que también está establecido en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derecho H umanos (art. 25) —, las decisiones inhibitorias «son solamente admisibles cuando el juez carece de alguna otra alternativa a la luz del ordenamiento

10 «Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses. […]». 11 Ver sentencias: Corte Constitucional SU-975 de 2003; T-1018 de 2004; T-257 de 2005; T-1002 de 2006; T-556 de 2013; T-155 de 2018 y T-045 de 2022 entre otras.

11 Ver sentencias: Corte Constitucional SU-975 de 2003; T-1018 de 2004; T-257 de 2005; T-1002 de 2006; T-556 de 2013; T-155 de 2018 y T-045 de 2022 entre otras. 12 «Por el cual se modifica el Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-, se reglamenta el reconocimiento y pago de Prestaciones Económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones». 13 «ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.4. Término para resolver las solicitudes de reconocimiento pensional que amparan el riesgo de vejez. Las solicitudes correspondientes a reconocimientos pensionales que cubran el riesgo de vejez o las indemnizaciones sustitutivas y la s demás solicitudes que se deriven de ajustes o reliquidaciones de estas prestaciones a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio deben ser resueltas dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de la radicación completa de la solicitud por parte del peticionario».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00479-01 (5959-2022)

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7 jurídico aplicable»14 para dictar una decisión de fondo. Esto implica que previamente se debió haber «agotado la totalidad de las posibilidades que [este] le ofrece para resolver», pues «[d]e no quedar demostrada la circunstancia anterior, el juez se estaría

se debió haber «agotado la totalidad de las posibilidades que [este] le ofrece para resolver», pues «[d]e no quedar demostrada la circunstancia anterior, el juez se estaría apartando por comp leto del derecho vigente, pues se distanciaría, nada menos, que de la obligación que le incumbe de administrar justicia (C.P. arts. 116, 228, 229)»15.

23. En ese orden de ideas, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado16, han considerado que la inhibición «debe ser la última opción por la cual debe decantarse la autoridad judicial, pues de lo contrario, su actuación constituye un excesivo apego al procedimiento, perdiendo de vista que la función judicial propugna por: “(i) impartir justicia17, (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real 18, y (iii) evitar pronunciamientos inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia y de los derechos materiales19”»20.

24. Esta perspectiva de análisis cobra mayor relevancia cuando en las controversias respectivas está de por medio la garantía del «derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, como medio a través del cual se materializa el derecho fundamental e irrenunciable a la seguridad social» 21, que, como lo ha subrayado la Corte Constitucional, no es «una dádiva o regalo conferido por el Estado, sino que se constituye en la debida remuneración que surge como consecuencia del ahorro»22. Por este motivo se ha considerado que « quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos por la ley para acceder a una pensión de vejez, goza, por

constituye en la debida remuneración que surge como consecuencia del ahorro»22. Por este motivo se ha considerado que « quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos por la ley para acceder a una pensión de vejez, goza, por ese solo hecho, de un derecho adquirido a disfrutar de [aquella] y éste no puede ser restringido ni obstaculizado por cuestio nes ajenas a sus obligaciones y

14 Corte Constitucional, sentencia T-134 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 15 Corte Constitucional, sentencia T-1017 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 16 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2022, Rad. 25000-23-42-000-2014-03262-01 (2841 -2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2024, Rad. 17001-23-33-000-2017-00363-01, M.P. César Palomino Cortés. 17 Ver por ejemplo, la s entencia T -264 de 2009 . En esa oportunidad, esta Corporación precisó que puede “producirse un defecto procedimental en una sentencia cuando el funcionario judicial, por un apego excesivo a las formas” se aparta de sus obligaciones de impartir justicia sin tener en cuenta que los procedimientos judiciales son medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La Corte consideró que la autoridad judicial accionada había incurrido e n un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, actuando en, “ contra de su

medios para alcanzar la efectividad del derecho y no fines en sí mismos. La Corte consideró que la autoridad judicial accionada había incurrido e n un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, actuando en, “ contra de su papel de director del proceso y del rol protagónico que le asigna el ordenamiento en la garantía de los derechos materiales, al omitir la práctica de una prueba imprescindible para fallar, a pesar de la presencia de elementos que le permitían concluir que por esa vía llegaría a una decisión indiferente al derecho material. Por esta vía, la autoridad accionada cerró definitivamente las puertas de la jurisdicción a la peticionaria, olvidó su papel de garante de los derechos sustanciales, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial, y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso como presupuesto para la adopción de decisiones justas”. 18 Ver por ejemplo, la sentencia T-268 de 2010, en la que la Corte al referirse al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, concluyó que el mismo se presenta, “cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de prevalencia del derecho sustancial”. Lo anterior, fue reiterado por las Sentencias T-386 y T-637 de 2010. 19 La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de justicia supone la garantía de obtener respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las medidas pertinentes para evit ar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma

respuestas definitivas a las controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar todas las medidas pertinentes para evit ar los pronunciamientos inhibitorios, bien sea de forma manifiesta, o de forma implícita, cuando una decisión es solo en apariencia de mérito. Ver por ejemplo, las sentencias T-134 de 2004 y T1017 de 1999. 20 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 21 Corte Constitucional, sentencia SU-057 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos. 22 Ibidem.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00479-01 (5959-2022)

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8 responsabilidades con el sistema»23.

25. En esta oportunidad, la discusión gira en torno a las condiciones en que se debe reconocer el derecho a la pensión del señor Elmer Asdrúbal Gómez Villate, que, como se indicó, acudió a la jurisdicción desde el 18 de junio de 2021 con el fin de que se esclareciera su situación pensional, y que ha invertido alrededor de 4 años en dicho propósito. A juicio de la Sala, esta circunstancia haría que una decisión inhibitoria resultara desproporcionada frente a la garantía de los derechos de acceso a la administración de justicia y seguridad social, puesto que implicaría, para el demandante, tener que acudir nuevamente ante las autoridades judiciales para definir su situación pensional.

resultara desproporcionada frente a la garantía de los derechos de acceso a la administración de justicia y seguridad social, puesto que implicaría, para el demandante, tener que acudir nuevamente ante las autoridades judiciales para definir su situación pensional.

26. Ante este panorama y por las razones expuestas, resulta imperativo buscar una alternativa que permita proferir una decisión de fondo en el caso concreto, sustentada en el principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la C.P.), en virtud del cual el juez no puede actuar bajo la ciega obediencia al derecho procesal, sino que debe sustentar su proceder en el deber de garantizar y proteger los derechos sustanciales, y en este caso, fundamentales24.

27. A partir de las anteriores consideraciones, la Subsección advierte que, si bien es cierto el juez de primera instancia, al admitir la demanda, no advirtió su posible ineptitud, también lo es que el acto ficto acusado por mandato legal se configuró el 28 de junio de 2021, momento en el que la parte accionada aún no tenía conocimiento de la existencia del proceso, puesto que esto sucedió el 20 de septiembre siguiente, cuando se notificó el auto admisorio de la demanda, dictado el 17 del mismo mes y año.

28. En ese orden, pese a que la demanda fue presentada cuando no existía el acto demandado, fue admitida el 17 de septiembre de 2021 cuando este ya había nacido a la vida jurídica, a saber, el 28 de junio del mismo año.

29. A partir del hecho anterior, esto es, la existencia de un acto ficto que negó la petición del 2 8 de enero de 2021, las partes, durante dos instancias, han tenido la

29. A partir del hecho anterior, esto es, la existencia de un acto ficto que negó la petición del 2 8 de enero de 2021, las partes,