CE - Sentencia 15001233300020210053701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

Demandante: Flor Alba Pinto Núñez

Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley 71 de 1988

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia y accede a las pretensiones, al encontrarse acreditado que la demandante es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988 y cumple los requisitos para el reconocimiento de la prestación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte de mandante contra la sentencia de primera instancia del 7 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo que se configuró por la omisión

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo que se configuró por la omisión en atender la petición presentada el 14 de septiembre de 2020.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) reconocer la pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% del sueldo y demás factores salariales devengados en el año anterior al 18 de febrero de 2020, fecha en la que adquirió el estatus pensional; (ii) pagar las mesadas causadas desde que adquirió el derecho con inclusión de las primas que establece la Ley 100 de 1993 y los aumentos automáticos anuales de la Ley 71 de 1988; (iii) reconocer los intereses moratorios que se generen a partir de la ejecutoria del fallo; (iv) dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA; y

(v) condenar en costas a la entidad demandada.

3. Como hechos relevantes de la demanda expuso que nació el 18 de febrero de 1965; laboró en el sector privado y efectuó aportes al Instituto de Seguros Sociales entre el 21 de marzo de 1989 y el 30 de noviembre de 2005, de forma discontinua.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

Demandante: Flor Alba Pinto Núñez

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4. Posteriormente estuvo vinculada en la Secretaría de Educación Municipal de Duitama mediante contratos de prestación de servicios en los siguientes periodos: 1 de febrero a 30 de noviembre de 1995; 5 de febrero a 5 de diciembre de 1996; 5 de febrero a 30 de junio de 1998; 5 de febrero a 22 de junio de 2001; 8 de julio a 30 de noviembre de 2001; 6 de febrero a 14 de junio de 2002; 17 de junio a 17 de septiembre de 2002; 1 de octubre a 30 de noviembre de 2002; 10 de febrero a 4 de julio de 2003; 23 de julio a 20 de septiembre de 2003; y 22 de septiembre a 12 de diciembre de 2003.

5. Relató que el 16 de enero de 2006 se posesionó como docente en propiedad en la misma entidad, cargo que continuaba desempeñando al momento de presentar la demanda.

6. En el concepto de violación argumentó que la administración desconoció las normas que sustentaban sus pretensiones1, en atención a que la señora Pinto Núñez se desempeñó como docente oficial vinculada mediante contratos de prestación de servicios antes de que entrara en vigor la Ley 812 de 2003, por lo cual tiene derecho a que se le reconozca y pague una pensión de jubilación conforme a la Ley 71 de 1988.

prestación de servicios antes de que entrara en vigor la Ley 812 de 2003, por lo cual tiene derecho a que se le reconozca y pague una pensión de jubilación conforme a la Ley 71 de 1988.

Contestación de la demanda

7. La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, y señaló que el régimen pensional aplicable a la demandante es el regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, toda vez que su nombramiento «en propiedad» y su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ocurrieron en el año 2006, esto es, en vigencia de la Ley 812 de 2003.

8. Indicó que los periodos laborados mediante órdenes de prestación de servicios no podían tenerse en cuenta para el reconocimiento pensional, pues de conformidad con la Ley 80 de 1993 dicha vinculación no genera relación laboral ni prestaciones sociales y, además, durante esos lapsos no se realizaron aportes al sistema.

9. Igualmente, alegó la indebida integración del litisconsorcio necesario por pasivo, al considerar que la Secretaría de Educación Municipal de Duitama era la entidad competente para verificar si había lugar al reconocimiento de la prestación solicitada y para expedir el acto administrativo correspondiente.

10. Como excepciones propuso: falta de integración del litisconsorcio necesario; ineptitud de la d emanda por carencia de fundamento jurídico; legalidad del acto ficto acusado; inexistencia de la obligación o cobro de lo no

1 Artículos 2, 13, 25, 48, 53, 58, y 243 de la Constitución Política, Acto Legislativo 01 de 2005; 17 de la Ley 6ª de 1945; 7 de la Ley 71 de 1988; Ley 33 de 1985; 15 de la Ley 91 de 1989; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; 1 y 2 del Decreto 2277 de 1979.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

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3 debido; prescripción; compensación; buena fe; improcedencia de la condena en costas; y la genérica.

Sentencia apelada

11. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante la sentencia del 7 de marzo de 2024 negó las pretensiones de la demanda.

12. Como fundamento principal, precisó que aunque la señora Flor Alba Pinto Núñez prestó servicios docentes desde 1995 a través de órdenes de prestación de servicios y realizó cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, su afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo se produjo el 16 de enero de 2006, en virtud del nombramiento en propiedad efectuado por el municipio de Duitama.

13. En consecuencia, concluyó que no podía beneficiarse del régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, sino que le resultaban aplicables las

municipio de Duitama.

13. En consecuencia, concluyó que no podía beneficiarse del régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, sino que le resultaban aplicables las disposiciones vigentes a partir de la Ley 812 de 2003, esto es, el régimen de prima media con prestación definida de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

14. Adicionalmente, declaró probadas las excepciones de ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, legalidad de l acto acusado e inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido, y se abstuvo de estudiar las restantes.

15. Por último, no condenó en costas a la parte demandante.

Recurso de apelación

16. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia argumentando que el Tribunal incurrió en error al establecer que el régimen pensional aplicable a la señora Pinto Núñez era el previsto en la Ley 100 de 1993 y no el consagrado en la Ley 71 de 1988, al desconocer los periodos en que laboró como docente mediante órdenes de prestación de servicios entre 1995 y 2003.

17. Señaló que el a quo interpretó de manera equivocada el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, al exigir la afiliación al FOMAG como condición para acceder a los regímenes anteriores (Leyes 33 de 1885 o 71 de 1988), cuando la norma únicamente prevé como presupuesto la vinculación al servicio docente.

18. Igualmente, sostuvo que la falta de afiliación al FOMAG no era una carga

únicamente prevé como presupuesto la vinculación al servicio docente.

18. Igualmente, sostuvo que la falta de afiliación al FOMAG no era una carga que pudiera trasladarse al docente, pues la responsabilidad recaía en el empleador.

19. En consecuencia, solicitó que: (i) la mesada pensional se liquidara con base en el 75 % del IBL, correspondiente al promedio de la asignación básica, la bonificación mensual, la bonificación pedagógica y las horas extras devengadasRadicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

Demandante: Flor Alba Pinto Núñez

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4 en el año anterior al 18 de febrero de 2020, fecha en que consolidó el estatus pensional; y (ii) que se reconociera la compatibilidad entre la citada prestación y el salario que percibe como docente oficial.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

20. Mediante auto del 7 de octubre de 2024, se admitió el recurso de apelación2.

21. El agente del ministerio público rindió concepto de forma extemporánea, razón por la cual no será examinado3.

22. Las partes no presentaron alegatos de conclusión en esta fase procesal.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),

III. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

24. La Sala debe determinar si la actora cumple los requisitos legales para que se le reconozca y pague una pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988, compatible con el salario devengado en ejercicio de la docencia oficial.

Análisis del problema jurídico

25. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, al acreditarse que la accionante se vinculó a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, teniendo en cuenta que reúne los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para acceder a la pensión de jubilación por aportes, compatible con el salario que percibe en ejercicio de la docencia oficial.

26. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos aportados al proceso: 2 Índice 4 del aplicativo Samai. 3 Índice 11 del aplicativo Samai.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

Demandante: Flor Alba Pinto Núñez

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3 Índice 11 del aplicativo Samai.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

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1. La señora Flor Alba Pinto Núñez nació el 18 de febrero de19654 y laboró como docente en la Secretaría de Educación Municipal de Duitama

durante los siguientes periodos:

Tipo de vinculación Desde - Hasta Tiempo de servicios Contrato de prestación de servicios sin núm.5 01/02/95 a 30/11/95 303 días Contrato de prestación de servicios 046 05/02/96 a 05/12/96 305 días Contrato de prestación de servicios 0067 05/02/98 a 30/04/98 85 días Contrato de prestación de servicios 0478 01/05/98 a 30/06/98 61 días Contrato de prestación de servicios C15M101520019 05/02/01 a 04/05/01 89 días Contrato de prestación de servicios 104910 05/05/01 a 22/06/01 49 días Contrato de prestación de servicios SED0303211 08/07/01 a 08/10/01 93 días Contrato de prestación de servicios SED0403212 09/10/01 a 30/11/01 53 días Contrato de prestación de servicios SED00109613 06/02/02 a 14/06/02 129 días Contrato de prestación de

servicios SED0403212 09/10/01 a 30/11/01 53 días Contrato de prestación de servicios SED00109613 06/02/02 a 14/06/02 129 días Contrato de prestación de servicios SED00202714 17/06/02 a 17/09/02 93 días Contrato de prestación de servicios SED00302815 01/10/02 a 30/11/02 61 días Contrato de prestación de servicios SED001076200316 10/02/03 a 09/03/03 28 días Contrato de prestación de servicios SED0010224200317 10/03/03 a 09/06/03 92 días Contrato de prestación de servicios SED0010224200318 10/06/03 a 04/07/03 25 días Contrato de prestación de servicios SED0010224200319 23/07/03 a 20/09/03 60 días Contrato de prestación de servicios SED0010224200320 22/09/03 a 12/12/03 82 días Decreto 21821 (nombramiento en propiedad) 16/01/06 a 18/02/20

5.147 días

4 Folios 14 a 15, índice 2 del aplicativo Samai. Demanda y anexos. 5 Folios 24 a 25, ibidem. 6 Folios 26 a 28, ibidem. 7 Folios 29 a 31, ibidem. 8 Folio 32 a 34, ibidem. 9 Folios 35 a 37, ibidem. 10 Folios 39 a 40, ibidem. 11 Folios 42 a 43, ibidem. 12 Folios 45 a 46, ibidem. 13 Folios 48 a 49, ibidem. 14 Folios 51 a 55, ibidem. 15 Folios 57 a 58, ibidem. 16 Folios 60 a 61, ibidem. 17 Folios 63 a 64, ibidem. 18 Folio 66, ibidem. 19 Folios 69 a 70, ibidem. 20 Folios 71 a 72, ibidem. 21 Folios 73 a 76, ibidem.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

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6 6.755 días, equivalentes a 18 años, 6 meses y 5 días.

1. La actora también registra 393,29 semanas de cotización en Colpensiones22, producto de labores realizadas en el sector privado entre el 21 de marzo de 1989 y el 30 de noviembre de 2005, de manera discontinua, equivalentes a 7 años, 6 meses y 18 días.

Colpensiones22, producto de labores realizadas en el sector privado entre el 21 de marzo de 1989 y el 30 de noviembre de 2005, de manera discontinua, equivalentes a 7 años, 6 meses y 18 días.

1. En el reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones registra el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2003 y el 31 de enero de 2004 (365 días), durante el cual la demandante también estuvo vinculada mediante órdenes de prestación de servicios, concretamente entre el 10 de febrero y el 12 de diciembre de 2003, en varios contratos sucesivos.

En consecuencia, para evitar una doble contabilización del mismo lapso, la Sala solo tendrá en cuenta dicho periodo una vez dentro del cómputo total del tiempo de servicios.

27. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los maestros que se vinculen al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de 2003 gozan de los derechos pensionales del régimen de prima media con prestación definida de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con sus requisitos, salvo el de la edad que es de 57 años para hombres y mujeres.

28. Ahora bien, ello se predica incluso de quienes no se encontraban vinculados estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes de la expedición de la norma.

vinculados estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes de la expedición de la norma.

29. Lo anterior, en atención al principio de la condición más beneficiosa, el

cual se distingue por:

«(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta, la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»23.

30. En ese sentido, es necesario señalar que, debido a que la Ley 812 de 2003 no consagró un régimen de transición para quienes tuvieran una expectativa legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas 22 Folios 19 a 21, ibidem. 23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011, Radicación: 40.662.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

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7 anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en virtud del aludido principio de condición más beneficiosa.

31. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta adicionalmente que el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por

virtud del aludido principio de condición más beneficiosa.

31. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta adicionalmente que el parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se vinculen a partir de la fecha mencionada son beneficiarios de los derechos del régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

32. A través de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad, que es de 57 años para hombres y mujeres.

33. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente

que es de 57 años para hombres y mujeres.

33. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985», lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la mesada pensional24, como ocurre con la bonificación pedagógica25 y la bonificación mensual de docentes y directivos docentes26, por ejemplo.

34. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes. Esta directriz debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores que han establecido el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos emolumentos (como es el caso de las bonificaciones mencionadas), teniendo en consideración que se trata de disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades señaladas en el 24 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001 -23-40-000-2018-00143-01 (5066-2022); y

sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022). 25 El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor salarial para tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4). 26 El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor salarial para todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas posteriores, las cuales han señalado que en el valor de las asignaciones básicas está incluida la bonificación mensual docente.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

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8 artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución Política y en la Ley 4.ª de 1992.

35. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ-014-CES2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la posibilidad de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo porque en esa oportunidad se analizó la situación pensional de una persona beneficiaria de la Ley 33 de 1985, por lo que el estudio acerca de las normas

posibilidad de aplicar o no la Ley 71 de 1988. Tal circunstancia se produjo porque en esa oportunidad se analizó la situación pensional de una persona beneficiaria de la Ley 33 de 1985, por lo que el estudio acerca de las normas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se limitó a aquella27.

36. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales y nacionalizados vinculados a partir del 1.° de enero de 1981 y de los maestros que ingresaron al servicio desde el 1.° de enero de 1990), aquellos no solo pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de

1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la

República se expresó lo siguiente:

EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES

[…]

Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.28

repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.28

37. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio por sentado e hizo innecesaria l a reproducción o previsión expresa de la posibilidad de aplicar dicha ley a los docentes oficiales. 27 En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo desarrolló la determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio hubiese sido prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivament e al FNPSM. No obstante, dicha providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo como sucede en el sub iudice, el educador también tiene acumulados tiempos cotizados como contratista y aportados a otra administradora como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones).

Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de 1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley 33 de 1985». Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022). 28 Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

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38. Por otra parte, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son válidos para efectos de acceder al régimen pensional anterior al que se refieren los artículos 81 ibidem y 48 de la Constitución Política (parágrafo transitorio 1), y para acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral, con independencia de la denominación contractual que se les designe29.

desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral, con independencia de la denominación contractual que se les designe29.

39. En ese contexto, los períodos comprendidos entre el 1 de febrero de 1995 y el 12 de diciembre de 2003, durante los cuales la demandante prestó sus servicios como docente en la Secretaría de Educación Municipal de Duitama, de forma discontinua y mediante contratos de prestación de servicios, son computables para establecer su vinculación al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003.

40. A diferencia de lo que sostuvo el Tribunal, de los artículos 48 de la Constitución Política (parágrafo transitorio 1) y 81 de la Ley 812 de 2003, no se desprende la exigencia de acreditar la afiliación al FOMAG antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de esta última norma. Dichas disposiciones solo aluden a la fecha en que el docente se vinculó al servicio educativo oficial, para efectos de establecer su régimen pensional, parámetro que fue expuesto con claridad y suficiencia en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.

41. Así las cosas, como la actora acreditó su vinculación al servicio docente oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional aplicable no es el previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, como lo sostuvo el Tribunal, sino el consagrado en la Ley 91 de 1989, la cual habilita la remisión a la Ley 71 de 1988.

como lo sostuvo el Tribunal, sino el consagrado en la Ley 91 de 1989, la cual habilita la remisión a la Ley 71 de 1988.

42. Definido que el régimen aplicable a la actora es el previsto en la Ley 71 de 1988, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989, corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos que esta norma exige para acceder a la pensión de jubilación por aportes.

43. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, la aludida prestación se reconoce a quienes acrediten 20 años de servicios, continuos o discontinuos, y hayan cumplido 60 años de edad, en el caso de los hombres, o 55 años, en el de las mujeres.

29 Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-33-000-2016-0008201 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-33-000-2018-00183-01 (46502019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022).Radicación: 15001-23-33-000-2021-00537-01 (3816-2024)

Demandante: Flor Alba Pinto Núñez

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44. En este asunto, se encuentra demostrado que la señora Flor Alba Pinto Núñez cumple con ambos requisitos, pues: (i) según copia del registro civil de nacimiento, nació el 18 de febrero de1965, por lo que alcanzó la edad de 55 años el 18 de febrero de 2020; y (ii) las certificaciones laborales y contratos de prestación de servicios aportados acreditan que para esa fecha acumulaba 25 años, 3 meses y 11 días30 de servicios en los sectores público y privado.

45. En cuanto a los factores salariales que integran la base de liquidación de la pensión reconocida, la Sala observa que el artículo 6 del Decreto 2709 de

1994 dispone:

«El salario base para la liquidación de esta pensión será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley».

46. Esta norma debe interpretarse de manera armónica con la Ley 62 de 1985, pues la prestación se reconoce según lo previsto en la Ley 71 de 1988, atendiendo la condición de docente de la demandante.

47. La Sala advierte que, si bien en ocasiones anteriores 31 se afirmó que, conforme al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la pensión regida por la Ley 71 de 1988 debía liquidarse según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2709

conforme al artículo 81 de la