CE - Sentencia 15001233300020210064901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 15001233300020210064901 (3906-2024)1

Demandante: Hilda Martínez Cristancho

Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema:

Decisión: Reconocimiento de pensión de jubilación . Ley 33 de 1985 maestro vinculado con anterioridad a la Ley 812 de 2003, por contrato de prestación de servicios Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de l nueve ( 9) de mayo de Dos Mil veinticuatro ( 2024) proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N° 6 , mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

La señora Hilda Martínez Cristancho, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, con el objetivo que se declare la nulidad de la Resolución N °. 0168 de 11 de agosto de 2021 , por medio de la cual , el Fondo Nacional de Prestaciones

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, con el objetivo que se declare la nulidad de la Resolución N °. 0168 de 11 de agosto de 2021 , por medio de la cual , el Fondo Nacional de Prestaciones

1 Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai Consejo de Estado, en el siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000202100649011100103 2 Expediente digital índice 2 Samai Consejo de Estado2

Nº Interno: 3906-2024

Demandante: Hilda Martínez Cristancho

Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Sociales del Magisterio , le negó la pensión de jubilación conforme a lo establecido en la Ley 33 de 1985.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la parte demandada a lo siguiente: (i) reconocer y pagar la pensión de jubilación, con el 75% de los factores salariales devengados durante el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus; (ii) que para el reconocimiento pensional se tengan en cuenta, la totalidad de los periodos relacionados como tiempo de servicios; (iii) reconocer y pagar todas las mesadas debidas desde la fecha de constitución del derecho (28/04/2019), hasta el día en que se realice el pago efectivo; (iv) pagar los intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia, de acuerdo con los artículos 192 y 195 del CPACA; (v) condenar al pago de costas a la demandada.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

sentencia, de acuerdo con los artículos 192 y 195 del CPACA; (v) condenar al pago de costas a la demandada.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

La demandante nació el 28 de abril de 1964 y prestó sus servicios mediante órdenes de prestación de servicios , desde el 5 de febrero de 1996 y hasta el 12 de diciembre de 2003, con algunas interrupciones.

Posteriormente, se vinculó como docente nombrada en propiedad, desde el 30 de diciembre de 2003, hasta el 18 de febrero de 2020.

Por medio de escrito de 4 de noviembre de 2020, pidió a la entidad demandada el reconocimiento de una pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Dicha solicitud se resolvió de forma negativa, a través del acto administrativo demandado.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La demandante invocó como normas violadas las siguientes: Acto Legislativo 01 del 22 de julio de 2005, Ley 100 de 1993, Ley 33 d e1985, Ley 6ª de 1945, Ley 812 de 2003, el Decreto 2277 de 1979.3

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La parte demandante expresó que los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003 conservan el régimen excepcional conformado por las leyes 33, 62 de

La parte demandante expresó que los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003 conservan el régimen excepcional conformado por las leyes 33, 62 de 1985, 91 de 1989 y 71 de 1988 . Por el contrario, para aquellos maestros que por primera vez ingresan al magisterio oficial a partir del 27 de junio de 2003, los derechos pensionales se rigen por la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003 . La condición que se exige, para determinar el régimen pensional, es la fecha de vinculación al servicio público educativo, sin ninguna otra condición, sea por nombramiento en propiedad, en provisionalidad, en modalidad contractual, hora cátedra o cualquier figura que tradicionalmente ha sido utilizada por las entidades territoriales y por la Nación para designar a los educadores.

2. Contestación de la demanda.

La Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , contestó la demanda, con oposición a las pretensiones formuladas en el libelo introductorio . Sobre el particular, argumentó lo siguiente:

Explicó que, no es plausible reconocer el estatus de docente a la demandante, teniendo en cuenta los tiempos trabajados bajo la modalidad de orden de prestación de servicios, toda vez que , no existe sentencia que reconozca la relación laboral, ni la vinculación o nombramiento del docente oficial en calidad de empleado público, adscrito a la Secretaría de Educación del Departamento de Duitama.

Concluyó que, contrario a lo manifestado por l a parte actora , del material probatorio que se allega, se encuentra plenamente acreditado que la demandante se vinculó como docente afiliad a al Fondo Nacional de

de Duitama.

Concluyó que, contrario a lo manifestado por l a parte actora , del material probatorio que se allega, se encuentra plenamente acreditado que la demandante se vinculó como docente afiliad a al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de tal suerte que , para el caso concreto, su régimen pensional corresponde al de prima media establecido en las leyes 1004

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de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez, que será de 57 años para hombres y mujeres.

Como excepciones propuso las que denominó de la siguiente manera: “legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad, la demandante no es beneficiaria de las disposiciones normativas que se alegan, ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico, cobro de lo no debido, improcedencia de condena en costas” (sic).

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia proferida el nueve (9) de mayo de Dos Mil Veinticuatro ( 2024), negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

Consideró que la señora Hilda Martínez Cristancho prestó sus servicios a través de órdenes de prestación de servicios, como docente del municipio de

demanda, sin condena en costas.

Consideró que la señora Hilda Martínez Cristancho prestó sus servicios a través de órdenes de prestación de servicios, como docente del municipio de Duitama, desde el 5 de febrero de 1996 hasta el 12 de diciembre de 2003, con interrupciones. Asimismo, se vinculó a la Secretaría de Educación de l mencionado ente territorial, con nombramiento en propiedad, con esta vinculación acumuló 16 años, 1 mes y 16 días.

Que no se aportó al proceso prueba de los aportes a la seguridad social en pensiones. El Tribunal refirió que, el Consejo de Estado ha determinado que para tener en cuenta el tiempo prestado a través de contratos de prestación de servicios, se debe acreditar que , sobre los mismos , se realizaron los respectivos aportes al régimen de seguridad social en pensiones, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema. Para el efecto citó la sentencia del 22 de abril de 2021, expediente N° 54001-23-33-000-2012-00182-02 (41342016), magistrada ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.

Por lo anterior concluyó que, en el presente asunto, no es procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el imperio de la Ley 33 de 1985, como quiera que la docente Hilda Martínez Cristancho , si bien prestó sus servicios como docente, en vi rtud de los contratos de prestación de5

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servicios celebrados con el municipio de Duitama, a partir del mes de febrero de 1996 hasta el 12 de diciembre de 2003, esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; conforme a la jurisprud encia reciente, ha debido acreditarse además, que esta jurisdicción hubiese declarado la existencia de la relación laboral entre el servicio educativo oficial y la docente durante ese interregno y/o que hubiese hecho los aportes a la seguridad social en pe nsiones, lo cual no se acreditó ni pretendió en el presente asunto.

Explicó que , no había lugar al reconocimiento solicitado porque a la demandante no le era aplicable la Ley 33 de 1985.

4. El recurso de apelación:

La parte demandante formuló alzada contra la anterior decisión. E xpuso los siguientes argumentos:

La demandante manifestó que el A-quo omitió la aplicación de la sentencia C555 de 1994, que declaró la inexequibilidad del parágrafo 1 del artículo 6 d e la Lay 60 de 1993, por encontrar probado, la violación directa de los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política, que garantiza los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación, al trabajo en todas sus especies y consecuencias, y los principios que regulan el derecho al trabajo, tales como la primacía de la realidad sobre las formas.

Que el juez no aplicó el precedente, aun cuando es de carácter obligatorio y

especies y consecuencias, y los principios que regulan el derecho al trabajo, tales como la primacía de la realidad sobre las formas.

Que el juez no aplicó el precedente, aun cuando es de carácter obligatorio y vinculante, con la aplicación de este procedente se accedería a las pretensiones de la demanda, puesto que a la docente no se le puede pedir una sentencia que declare los elementos de la relación laboral, ni los comprobantes de pago de aportes.

Además d e la sentencia citada de la Corte Constitucional, la demandante indicó que, también se desconoció la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 18 de noviembre de 2020, radicado 66001-23-33-000-6

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2016-0082-010 (4676 -17), magistrado ponente William Hern ández Gómez, que puntualizó la pertinencia del cómputo de los tiempos servidos con vinculación a través de contratos de prestación de servicios, para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación, también para determinar el régimen aplicable al educador.

Sobre el debate jurídico acá planteado, señaló que la sentencia de Primera Instancia resulta contraria a las normas y jurisprudencia aplicable a los docentes del magisterio. Lo anterior, dado que tal y como se demostró con las pruebas aportadas en la demanda, la señora Hilda Martínez Cristancho laboró como docente vinculada mediante órdenes de prestación de servicios en el

docentes del magisterio. Lo anterior, dado que tal y como se demostró con las pruebas aportadas en la demanda, la señora Hilda Martínez Cristancho laboró como docente vinculada mediante órdenes de prestación de servicios en el municipio de Duitama durante varios periodos comprendidos entre el 05 de febrero de 1996 y el 12 de diciembre de 2003.

5. Trámite de segunda instancia.

En auto del 30 de mayo de 2025 el despacho admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le corresponde a la Sala establecer si Hilda Martínez Cristancho cumple con los requisitos legales para ser beneficiaria del régimen de transición del artículo 81 de la Ley 812 d e 2003 y, en consecuencia, l e asiste el derecho a l reconocimiento de la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 33 de 1985.7

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Con el propósito de desatar l os problemas jurídicos, se abordarán los

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Con el propósito de desatar l os problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos probados; y 2.3 Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial.

El derecho fundamental a la seguridad social

Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado a través de las entidades dispuestas para ello, como una garantía irrenunciable de todas las personas3.

Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad humana puesto que permite que cualquier persona haga frente a las circunstancias que las privan de su capacidad para ejercer plenamen te sus derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de la vida. Se ha reconocido, por las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña una importante labor en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la exclusión social4.

Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen este derecho. Así sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual establece que: «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos

3 Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999. 4 Documento” El ACNUDH y el derecho a la seguridad social” https://www.ohchr.org/es/social-security/about-right-social-security-and-human-rights.8

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económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad» Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma que: «Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia».

En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales pregona que «Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social».

De manera similar, el artículo 9 del Pr otocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe que: «Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las

seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes».

Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la seguridad social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del de sempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.

La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de cubrir riesgos que son propios a la condición humana que no pueden desconocerse y requieren un alto grado de protección. Tal es el caso, de la pensión de vejez, que es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas cuando se produce una disminución de la producción laboral que impide o dificulta obtener los recursos para disfrutar de una vida digna5 .

5 Sentencia T 163 de 20139

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En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo". Por lo tanto, «el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que, del ahorro

constitucional como un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo". Por lo tanto, «el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que, del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador»6.

Por su parte, el Convenio núm. 102 «Sobre la Seguridad Social » de la Organización Internacional del Trabajo establece un deber de los estados miembros de garantizar el derecho a la seguridad social.

Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional de los docentes vinculados al servicio público educativo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liq uidada con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año» . Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio co ncebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes.

servicio».

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio co ncebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la pensión gracia, de jubilación, pos t mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

6 Sentencia C.177 de 1998.10

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Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981 , nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año . Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”. (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes

pensional”. (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 7, corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985 , o el establecido en la Ley 71 de 1988 para los casos donde se computen aportes al sector público y al privado, esto teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensi ón mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

7 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado 68001233100020110027601.11

Nº Interno: 3906-2024

7 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado 68001233100020110027601.11

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Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, «las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya mencionada, Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003 -2006, hacia un Estado

último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003 -2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a través del artículo 81 8 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docente s nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, reguló que los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».

8 Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003 , Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de 2003.12

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El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual, se reformó el artículo 48 de

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El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual, se reformó el artículo 48 de la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1 o dispuso que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, e n el marco de l anunciado cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 20199, en la cual estableció que, para definir el régimen que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:

«(…) I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público

explicado en la citada sentencia:

«(…) I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1. Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres ».

De acuerdo con estas interpretación, la Sección Segunda concluyó que , para quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año10 la liquidación de la pensión de jubilación sería la que

9 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés. 10 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.13

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corresponde «al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985 los

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corresponde «al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985 los factores que se deben tener en cuenta son solo los aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuer do con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo»11.

Vale decir que, en todo caso, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que deben incluirse los e molumentos creados en normas especiales posteriores con carácter salarial, y que, en consecuencia, se tengan por relevantes al momento de la liquidación de la pensión de jubilación.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a part ir de la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«(…) 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 200