CE - Sentencia 15001233300020210067701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por l a parte demandante, Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), contra la sentencia del 14 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES.

Demanda

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución número 12388 del 13 de ma rzo de 20 08, mediante la cual se reconoció pensión de jubilación de acuerdo a lo establecido en la Ley 33 de 1985 a la señora Ignacia Barrera Díaz, en cuantía de $461.500 para el año 2008, dejando en suspenso el ingreso a nómina de pensionados, toda vez que no reúne el requisito de semanas cotizadas.

2. Solicita también, que se declare la nulidad de la Resolución número 35865 del 11 de agosto de 2008, mediante la cual se ordenó la inclusión en nómina de la demandada a partir del 11 de enero de 2008 en cuantía de $461.500 y reliquidando la prestación de

agosto de 2008, mediante la cual se ordenó la inclusión en nómina de la demandada a partir del 11 de enero de 2008 en cuantía de $461.500 y reliquidando la prestación de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993, toda vez que no reúne el requisito de semanas cotizadas.

3. Adicionalmente, se declare la nulidad de la Resolución número 57724 del 26 de febrero de 2015, mediante la cual se reliquidó la pensión de vejez a favor de la señora Ignacia Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación : 15001 23 33 000 2021 00677 01 (7576-2023) Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) Demandada : Ignacia Barrera Díaz Tema : Declara probada de oficio la excepción de caducidad de conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00677 01 (7576-2023)

Demandante: Colpensiones

2 Barrera Díaz, en cuantía de $800.315, a partir del 3 de septiembre de 2011, toda vez que no reúne el requisito de semanas cotizadas.

4. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) ordenar a la señora Ignacia Barrera Díaz reintegrar los valores pagados por concepto de mesadas, retroactivos y pagos de salud con ocasión al reconocimiento de la pensión de vejez, desde su ingreso en nómina hasta que se decrete la nulidad de las resoluciones , con la respectiva indexación ; y (ii)

salud con ocasión al reconocimiento de la pensión de vejez, desde su ingreso en nómina hasta que se decrete la nulidad de las resoluciones , con la respectiva indexación ; y (ii) condenar a la accionada al pago de los intereses a que haya lugar, así como las costas del proceso.

5. Argumentó, que la liquidación de la pensión de vejez reconocida fue revisada por la Dirección de Operaciones de la entidad respecto de aportes por tiempos públicos comprendidos entre el 1 de abril de 1977 y el 30 de diciembre de 1995 , solicitando información al Departamento de Boyacá como entidad certificadora de dichos periodos.

6. El Departamento de Boyacá informó que, tras la revisión de los archivos y la documentación correspondiente a las personas que laboraron en la Caja de Previsión Social de Boyacá (en liquidación), no se encontró registro laboral alguno relacionado con la señora Ignacia Barrera Díaz, razón por la cual se indicó que no tiene ni tuvo vínculo laboral con dicha entidad.

7. Con base en la información recibida, Colpensiones revisó la historia laboral de la demandante y estableció que tenía acreditadas 954 semanas de cotización y que no registraba aportes anteriores al 1º de abril de 1994.

8. Adicionalmente, Colpensiones concluyó que la demandante no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión en el régimen de prima media, toda vez que: i) no acreditó las 1.029 semanas de servicio en entidades públicas exigidas por la Ley 71 de 1988; ii) no reunió las 1.000 semanas de cotización previstas en el artículo 33 de la Ley

acreditó las 1.029 semanas de servicio en entidades públicas exigidas por la Ley 71 de 1988; ii) no reunió las 1.000 semanas de cotización previstas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993; y iii) tampoco alcanzó las 1.300 semanas exigidas por la Ley 797 de 2003.

9. Consideró, que las resoluciones demandadas son contrarias a derecho , dado que , bajo ninguna normatividad aplicable la demandada cumplía el requisito de semanas mínimas para ser beneficiaria de una pensión en el Régimen de Prima Media.

Contestación de la demanda.

10. La parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda señalando que cualquier irregularidad en la liquidación de su pensión es atribuible a la entidad administradora, en tanto derivó de los procedimientos ejecutados por los funcionarios encargados del trámite. Manifestó que no se tuvo en cuenta la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados –CETIL– No. 202007891800498900010001 del 2 de julio de 2020, expedida por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, en la cual consta que prestó servicios durante más de veinte años.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00677 01 (7576-2023)

Demandante: Colpensiones

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11. Agregó que Colpensiones ha incumplido su deber legal como entidad administradora al no verificar ni incorporar los tiempos de cotización acreditados, y que pretende trasladar a la beneficiaria la carga de una omisión que le corresponde. En ese contexto, pr opuso como excepciones las de cobro de lo no debido, buena fe, confianza legítima e inexistencia de la obligación.

II. SENTENCIA APELADA.

a la beneficiaria la carga de una omisión que le corresponde. En ese contexto, pr opuso como excepciones las de cobro de lo no debido, buena fe, confianza legítima e inexistencia de la obligación.

II. SENTENCIA APELADA.

12. El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas. Concluyó que los medios de prueba allegados al proceso demostraban que la señora Ignacia Barrera Díaz tenía más de 35 años de edad al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Igualmente, estableció que se encontraba vinculada laboralmente con la Secretaría de Educación de Boyacá, inicialmente desde el 25 de junio de 1975 (con una interrupción de 60 días) y, de manera continua, desde el 13 de enero de 1988 hasta el 10 de enero de 2008.

13. Con base en ese material probatorio, el Tribunal concluyó que la demandada era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que el reconocimiento pensional debía regirse por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, tal como se hizo en los actos administrativos demandados. Asimismo, citando jurisprudencia del Consejo de Estado, recordó que, en los casos en que no se encuentren los pagos correspondientes a periodos en los que se acreditó la relación laboral, la responsabilidad por los aportes recae en el empleador.

14. En consecuencia, consideró que los actos administrativos objeto de control se encontraban ajustados a derecho. Finalmente, precisó que no era procedente imponer condena en costas a la entidad demandante, en tanto el proceso involucraba intereses

14. En consecuencia, consideró que los actos administrativos objeto de control se encontraban ajustados a derecho. Finalmente, precisó que no era procedente imponer condena en costas a la entidad demandante, en tanto el proceso involucraba intereses de carácter público, relacionados con la protección del patrimonio estatal.

III. RECURSO DE APELACIÓN.

15. Contra la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que reiteró los fundamentos expuestos en la demanda. Adicionalmente, sostuvo que las pruebas allegadas al proceso demostraban que la señora Ignacia Barrera Díaz no cumplía los requisitos exigidos por el Decreto 758 de 1990 para causar pensión de vejez, al no acreditar las 1.000 semanas de cotización previstas en el artículo 12 de dicha norma ni los requisitos para que ese régimen pudiera serle aplicable.

16. Argumentó que la decisión apelada vulnera el principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, en tanto impide recuperar recursos indebidamente pagados, afectando la capacidad del sistema para atender las prestaciones de quienes sí cumplen los requisitos legales. Asimismo, alegó que el fallo contraría el principio de progresividad y compromete el acceso efectivo a la pensión de otros ciudadanos.

17. En virtud de lo anterior, solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00677 01 (7576-2023)

Demandante: Colpensiones

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IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

Demandante: Colpensiones

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IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.

18. Mediante auto proferido el 9 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte la demandante.

19. La demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES.

Competencia.

20. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos 615 de l Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En consecuencia , corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia planteada.

Problema jurídico.

21. En virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, procederá la Sala a estudiar si procede la aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso concreto.

22. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla general que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la Ley 2381 de 20241 prevé una regla especial de caducidad según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y

Ley 2381 de 20241 prevé una regla especial de caducidad según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del

1 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte Común, y se dic tan otras disposiciones”.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00677 01 (7576-2023)

Demandante: Colpensiones

5 recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.»

23. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a diversas disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el i nciso segundo de la norma , según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se

disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el i nciso segundo de la norma , según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se encontraran en curso para la fecha en que entró en vig or la ley. Frente a esta cuestión, la Subsección A se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la aludida disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los asuntos a cargo de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la mencionada norma2, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su promulgación, esto es, el 16 de julio de 20243.

24. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando puede generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual vulneración de l os principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (artículos 2, 5, 6, 29 y 83 de la Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que, en virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por inconstitucionalidad, concretamente su expresión «[…] y que estén en curso […]».

25. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de esta Subsección A en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.

de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.

26. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o admi nistrativas y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones judiciales. En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales, la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en l a necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica:

2 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524 -2022, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265 -2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 14312023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre

de 2024, exp. núm. 4936-2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. 3 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20246 se advierte que fue sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…) Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C -957 de 1997.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024, exp. núm. 39362018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00677 01 (7576-2023)

Demandante: Colpensiones

6 «[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador,

Demandante: Colpensiones

6 «[…] la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general. […] tal prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P .), y del acces o efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P .). Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho . […] el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) de los asociados . […] Por ende, es extensa la doctrina constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales.»4 (Subrayado propio).

27. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que el legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos

legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico5.

28. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para regular los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la justificación y los antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto origin al de la norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para las actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 6; y que fue en el segundo debate legislativo adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es Ley de la República.

29. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de caducidad fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C -835 de 2003 que declaró la inexequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» contenida en los incisos primero y tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia de un límite temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la seguridad jurídica y la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en

la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que deriva en la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.):

4 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 5 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 6 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de Seguridad Social Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.”Radicación: 15001 23 33 000 2021 00677 01 (7576-2023)

Demandante: Colpensiones

7 «Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta es no.

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede ab andonarse a la suerte de un ad calendas graecas . Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. […]

En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P .), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la

desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los der echos de toda s las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.»7 (Resaltado original, subrayado propio)

30. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria del Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas las personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal para

que dicho reconocimiento sea cuestionado:

«[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver con las pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen una pensión, bien sea por vía administrativa o contenciosa administrativa, esa acción nunca prescribe, es decir, esa pensión que fue reconocida puede ser demandada a los 2, 5, 10 años, en cualquier momento; y esto plantea, sin duda, un grave problema de inseguridad jurídica y una pérdida de fortaleza del principio de la confianza legítima. […]. Es deci r, cuando yo adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver revisada su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento

adquiero mi pensión no adquiero ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón para que en Colombia una persona que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver revisada su pensión después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento de su vida, hayan transcurrido 10, 20, 30 años como ha pasado en muchas ocasiones. Entonces yo hago un llamado para que entendamos el drama humano que ha encarnado esta circunstancia que no permite que las personas que le han servido bien a l Estado o

7 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00677 01 (7576-2023)

Demandante: Colpensiones

8 han trabajado durante toda su vida y han adquirido derecho a la pensión no tengan seguridad de obtener una decisión definitiva.»8

31. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales que procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los derechos fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación que ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley par a jubilarse.

32. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y

ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley par a jubilarse.

32. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en curso en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se origine una tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que ya se encuentra reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y los derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación de los trabajadores pensionados . C ontraposición en la cual, según el parecer de esta Sala, prevalecen los principios y derechos que ostentan los trabajadores a quienes se les reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5) años previstos en la norma por la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro ordenam iento jurídico a tales derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la

Constitución.

33. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Políti ca en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.

34. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «[…] para hacer uso de este medio

en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.

34. Al respecto, esta Corporación ha precisado que «[…] para hacer uso de este medio excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta , esto es, que la norma constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea»9.

35. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de constitucionalidad

8 Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010, rad. núm. 66001-23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García González.Radicación: 15001 23 33 000 2021 00677 01 (7576-2023)

Demandante: Colpensiones

9 concreto10, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que no tiene lugar en el presente caso y cuya ausencia impone la presunción de constitucionalidad de la norma hasta tanto se declare lo contrario por la Corte Constitucional en su calidad de autoridad competente o siempre y cuando en el caso concreto la inconstitucionalidad sea ostensible.

36. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla, advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de

2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla, advirtiendo entonces que en su a