CE - Sentencia 15001233300020210071801 de 2025

Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas

Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente antes de la Ley 812 de 2003. Subtema 2: aplicación de la Ley 100 de 1993.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 8 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 5, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Nubia Stella Pérez Rojas, en condición de docente oficial, solicitó el reconocimiento y

Decisión núm. 5, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Nubia Stella Pérez Rojas, en condición de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. Sin embargo, la entidad demandada guardó silencio, razón por la que consideró que se configuró el acto ficto que negó su petición . Según indicó, la calidad de docente le da derecho al reconocimiento y pago de la referida prestación, en la medida en que se vinculó al servicio docente, mediante contratos y órdenes de prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Nubia Stella Pérez Rojas, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo

(en adelante CPACA), presentó demanda 1 en contra de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), radicada mediante apoderada judicial, el 14 de octubre de 20212.

1 Escrito de demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210071800_T133928324551961556», carpeta «cuaderno principal», archivo «2_ED_002DEMANDA_NUBIASTE.PDF». 2 Correo de envío de la demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente»,

«descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimidaRadicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas

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2 2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad de l acto ficto configurado el 12 de agosto de 2021, ante la falta de respuesta a la petición presentada el 11 de mayo de 2021, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación «a los 55 años de edad». (ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en una cuantía equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, con anterioridad a la adquisición del estatus de pensionado —8 de octubre de 2015—. (iii) Que se le ordene a la parte demandada ajustar y actualizar el valor de las sumas adeudadas con ocasión de la pérdida de poder adquisitivo y a pagar los intereses moratorios causados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, hasta el pago de los valores debidos. (iv) Que se le ordene a la parte accionada dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA. (v) Que se condene en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG.

(iv) Que se le ordene a la parte accionada dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA. (v) Que se condene en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG. 2.1.2. Hechos

3. La señora Nubia Stella Pérez Rojas hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Nació el 29 de agosto de 1960. (ii) Se vinculó como docente en el departamento de Boyacá , mediante órdenes de prestación de servicios, entre el 1 de febrero de 1991 y el 30 de julio de 1999, y el 25 de febrero y el 12 de diciembre de 2003. (iii) Ingresó al servicio docente en la Secretaría de Educación de Boyacá, desde el 3 de marzo de 2004. Según afirmó, este vínculo se mantenía vigente para la época en la que presentó la demanda. (iv) Con fundamento en lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación «al completar los 55 años de edad y los 20 años de servicio», para que le fuera reconocida a partir del 8 de octubre de 2015 . Sin embargo, indicó que dicha petición no fue contestada, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo negativo. 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Nubia Stella Pérez Rojas citó, como normas vulneradas, los siguientes artículos: (i) 1, inciso 2, de la Ley 33 de 1985; (ii) 15, numerales 1 y 2, de la Ley 91 de 1989; (iii) 6

«15001233300020210071800_T133928324551961556», carpeta «cuaderno principal», archivo «1_ED_001CORREOREMITENPROC.PDF».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

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3 de la Ley 60 de 1993; (iv) 115 de la Ley 115 de 1993; (v) 279 de la Ley 100 de 1993; (vi) 81 de la Ley 812 de 2003; y (vii) 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

5. En el concepto de violación, expuso que el acto ficto configurado ante la falta de respuesta a la petición que radicó el 11 de mayo de 2021 «se expidió» con infracción de las normas en que debía fundarse. Al respecto, indicó que tenía derecho a que le fuera reconocida la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, de conformidad con la Ley 812 de 2003, teniendo en cuenta que se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de esta última norma. 2.1.4. Contestación de la demanda

6. La Fiduciaria La Previsora S.A., por medio de apoderada judicial, y como vocera y administradora del FOMAG, se opuso a las pretensiones de la demanda 3, con fundamento en que la demandante ingresó al servicio docente en la Secretaría de Educación de Boyacá con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 .

y administradora del FOMAG, se opuso a las pretensiones de la demanda 3, con fundamento en que la demandante ingresó al servicio docente en la Secretaría de Educación de Boyacá con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 . En relación con las órdenes de prestación de servicios, manifestó que la demandante no demostró la configuración de un contrato realidad, razón por la que no se le podía «otorgar prerrogativas de carácter prestacional» 4. Finalmente, propuso las excepciones de «ausencia de integración del litis consorcio necesario por pasiva», «legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad», la «demandante no es beneficiario de las disposiciones normativas que se alegan», «factores salariales que integran el ingreso base de liquidación – sentencia de unificación del 25 de abril de 2019», «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídic o», «cobro de lo no debido» e «improcedencia de condena en costas». 2.2. Sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 5, en sentencia del 8 de febrero de 2023, declaró la existencia del acto ficto o presunto configurado ante la falta de respuesta a la petición radicada el 11 de mayo de 2021, y negó las pretensiones de la demanda5. La referida autoridad judicial consideró que las pruebas aportadas al expediente daban cuenta de que la demandante ingresó al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la que el régimen aplicable a su situaci ón pensional era el dispuesto en la Ley 100 de

aportadas al expediente daban cuenta de que la demandante ingresó al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la que el régimen aplicable a su situaci ón pensional era el dispuesto en la Ley 100 de

1993. En relación con las órdenes de prestación de servicio, indicó que la accionante no demostró haber realizado aportes al Sistema de Seguridad Social en los periodos laborados en dicha modalidad, razón por la que no se podía considerar que hubiese estado vinculada a la docencia con anterioridad al 27 de junio de 2003.

8. Bajo tales consideraciones, indicó que la situación pensional de la señora Nubia Stella Pérez Rojas se regía por el régimen de prima media, que exigía 1300 semanas

3 Contestación de la demanda, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210071800_T133928324551961556», carpeta «cuaderno principal», archivo «7_RECEPCIONCORREOVENTANILLA_MENFNPSMCONTESTADEM_Indice_13.PDF». 4 Ibidem. 5 Sentencia de primera instancia, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210071800_T133928324551961556», carpeta «cuaderno principal», archivo «31_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

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«31_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA.pdf».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

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4 de cotización y 57 años de edad; requisitos que, según indicó, no había cumplido la demandante para la consolidación de su estatus pensional. 2.3. Recurso de apelación

9. Nubia Stella Pérez Rojas, por medio de su apoderada judicial, apeló la sentencia de primera instancia 6. A su juicio, las consideraciones del Tribunal Administrativo de Boyacá, para negar el reconocimiento de la prestación solicitada , no se adecuaron a su situación fáctica.

10. Al respecto , afirmó que «para determinar el régimen pensional docente, de conformidad con […] la Ley 812 de [2003] y el Acto Legislativo 01 de 2005 se [debía] tener en cuenta únicamente la fecha de vinculación al servicio, toda vez que si el maestro se vinculó con an terioridad al 27 de junio de 2003 […] se le aplicar[ía] el régimen vigente a su posesión, conforme [a la] Ley 91 de 1989 y si el docente se [había vinculado] con posterioridad a dicha fecha, el régimen atribuible [era] el de la Ley 100 de 1993»7.

11. En ese orden, indicó que , a pesar de que demostró su vinculación al servicio docente desde el 1 de febrero de 1991, mediante contratos de prestación de servicios,

de 1993»7.

11. En ese orden, indicó que , a pesar de que demostró su vinculación al servicio docente desde el 1 de febrero de 1991, mediante contratos de prestación de servicios, el Tribunal consideró que no se debía aplicar la Ley 33 de 1985 a su situación pensional, por no haber realizado aportes a seguridad social, situación que, a su juicio, supuso acreditar el cumplimiento de un requisito adicional a la existencia de una vinculación anterior al 27 de junio de 2003. Por otro lado, afirmó que el tiempo laborado por medio de órdenes de prestación de servicios se debía tener en cuenta para efectos pensionales, sin necesidad de que se declarara la existencia de una relación laboral.

Agregó, que tenía derecho a la compatibilidad entre el salario y la pensión.

12. Por lo anterior, solicitó lo siguiente: (i) que se revoque la sentencia de primera instancia; y (iii) que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte demandada a que «determine [su] mesada pensional [en] aplicación al régimen previsto en la Ley 33 de 1985 […] en [una] cuantía equivalente al 75% del promedio de los salarios que sirvieron de base para realizar los aportes pensionales durante el año de consolidación del [e]status pensional» 8, sin que se le exija el retiro del cargo para la efectividad de pensión en virtud de la compatibilidad. 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

13. Esta corporación dictó auto el 2 de marzo de 20239, en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley

apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por es tado a las partes y al Ministerio Público. Este último guardó silencio.

6 Recurso de apelación, visible en: Samai, expediente digital de primera instancia, «visualizar expediente», «descargar expediente con su nivel de acceso», carpeta comprimida «15001233300020210071800_T133928324551961556», carpeta «cuaderno principal», archivo «32_MemorialWeb_Recurso.pdf». 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Samai, índice 4, archivo «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx) NroActua 4».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

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14. Nubia Stella Pérez Rojas presentó alegatos de conclusión, en los que solicitó, nuevamente, que se revocara la sentencia apelada y se concedieran las pretensiones de la demanda. En su escrito manifestó que la decisión de primera instancia la obligaría a iniciar un proceso judicial para obtener la declaración de una relación laboral en el lapso en el que trabajó mediante contratos de prestación de servicios , estando «próxima a cumplir 63 años de edad». Afirmó que dicha exigencia supondría «debatir

a iniciar un proceso judicial para obtener la declaración de una relación laboral en el lapso en el que trabajó mediante contratos de prestación de servicios , estando «próxima a cumplir 63 años de edad». Afirmó que dicha exigencia supondría «debatir un tema que [ha] sido resuelto por el órgano de cierre [ y] una carga completamente desproporcionad[a]» 10.

15. Por otro lado, indicó que no era posible que los empleadores evadieran el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, ni que se les exonerara de ello, pues no era de recibo que se le atribuyera al trabajador los efectos de esa omisión. Agregó, que los aportes pensionales tienen naturaleza de contribuciones parafiscales y son imprescriptibles, lo que implica que su recaudo pueda decretarse en cualquier momento , de manera actualizada y en la proporción correspondiente a las partes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA. 3.2. Problemas jurídicos

17. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 32811 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

(i) ¿ Los periodos laborados por la demandante como docente vinculada mediante contratos y órdenes de prestación de servicios se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión, sin necesidad de que se declarar e la existencia de

(i) ¿ Los periodos laborados por la demandante como docente vinculada mediante contratos y órdenes de prestación de servicios se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión, sin necesidad de que se declarar e la existencia de una relación laboral, a pesar de que no se efectuaron aportes al Sistema de Seguridad Social?

18. En caso de que la respuesta sea positiva, la Sala resolverá lo siguiente:

(ii) ¿Nubia Stella Pérez Rojas tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985?

10 Samai, índice 9, archivo «7_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 9». 11 Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previs tos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

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6 (iii) ¿La demandante tiene derecho a la compatibilidad entre el salario percibido por el servicio docente y la pensión?

19. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:

(i) el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al FOMAG; (ii) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, de acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; (iii) el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento pensional ; y (iv) la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente.

20. A partir de estas consideraciones se destacarán los hechos probados más relevantes y, en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los problemas jurídicos planteados. 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial 3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio

21. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo

1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

22. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989 12, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

23. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

24. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

25. Sin embargo, la Ley 812 de 2003 13 en el artículo 81 determinó que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de

1 de enero de 1990.

25. Sin embargo, la Ley 812 de 2003 13 en el artículo 81 determinó que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad

12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio». 13 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

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7 importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

26. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional

26. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988); mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—. 3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201914

27. A propósito de este régimen pensional, se debe prestar especial atención a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado

al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

28. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales

regímenes son: (i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley

de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales regímenes son: (i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 198515, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó lo siguiente: En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistad os en el mencionado artículo.

14 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CES2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17). 15 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

15 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público».Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas

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29. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 —, se regula por las siguientes reglas, de conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985: ✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres. ✓ Tiempo de servicio: 20 años. ✓ Tasa de reemplazo: 75%. ✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año anterior de servicio docente; y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

30. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de los

las horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

30. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas posteriores. Por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de 201816.

(ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En ese orden, el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 199 3, con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se hubiesen realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en la sentencia de unificación se fijó la siguiente regla: Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de

requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

31. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con posterioridad a la Ley 812 de 2003 son los siguientes: ✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres. ✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo

16 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.Radicación: 15001-23-33-000-2021-00718-01 (3168-2023)

Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 9 de la Ley 797 de 2003. ✓ Tasa de remplazo: 65% -85%17, con la precisión de que a partir del año 2005 «[e]l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.

liquidación, ni inferior