CE - Sentencia 15001233300020210074401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 15001-23-33-000-2021-00744-01 (6200-2024)

Demandante: Luís Eduardo Cuadrado Sánchez

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG1) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación Ley 33 de 1985; maestro vinculado con anterioridad a la Ley 812 de 2003

Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de l 27 de junio de 202 4, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Segunda de Decisión N° 3, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

El señor Luis Eduardo Cuadrado Sánchez , por intermedio de apoderad a judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , para solicitar la nulidad del acto ficto o presunto derivado de la ausencia de

1 En adelante FOMAG.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) , para solicitar la nulidad del acto ficto o presunto derivado de la ausencia de

1 En adelante FOMAG. 2 Samai, índice 3, Tribunal Administrativo de Boyacá.2

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Demandante: Luis Eduardo Cuadrado Sánchez

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

respuesta a la petición incoada el 11 de mayo de 2021 , mediante la cual la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, negó el reconocimiento de la pensión de jubilación solicitada bajo la Ley 33 de 1985.

A título de restablecimiento del derecho

El demandante solicitó que se condene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG a reconocer y ordenar el pago de una pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y las primas rec ibidas, en el año anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, es decir a partir del 20 de diciembre de 2018, con base en la Ley 33 de 1985.3

El señor Luis Eduardo Cuadrado Sánchez pidió, además, reconocer y ordenar el pago de los ajustes con ocasión de la disminución del poder adquisitivo de las sumas adeudadas y de las mesadas pensionales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA ; por otro lado, que la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG cumpla la sentencia en los términos de los artículos

dispuesto en el artículo 192 del CPACA ; por otro lado, que la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG cumpla la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

La parte actora, finalmente, solicitó el pago de intereses y la condena en costas al demandado.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El señor Luis Eduardo Cuadrado Sánchez nació el 20 de diciembre de 1963.

El demandante puso de presente que fue vinculado por primera vez al servicio de la docencia oficial el 4 de febrero de 1985 con la Secretaría de Educación

3 Así fue expresado por la demandante, índice 3, Tribunal Administrativo de Boyacá.3

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de Boyacá. Posteriormente, en provisionalidad el 1° de febrero de 1995, para la misma entidad territorial.

Indicó que fue nombrado en propiedad el 31 de mayo de 2007, como resultado del proceso de concurso de méritos convocado mediante Decreto No. 1473 de 2004, cargo que desempeña en la actualidad.

Finalmente, señaló que el 11 de mayo de 2021, allegó los documentos para acceder el reconocimiento de la pensión, pero dicha petición fue negada a través del acto ficto o presunto derivado de la ausencia de respuesta a la petición incoada.

1.2. Concepto de violación.

acceder el reconocimiento de la pensión, pero dicha petición fue negada a través del acto ficto o presunto derivado de la ausencia de respuesta a la petición incoada.

1.2. Concepto de violación.

La apoderada del demandante argumentó que se vulneró el artículo 1 inciso 2 de la Ley 33 de 1985, artículo 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989, artículo 6 de la Ley 60 de 1993, artículo 115 de la Ley 115 de 1993, artículo 279 de la Ley 100 de 1993, artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Expuso que, el acto administrativo ficto configurado el día 12 de agosto de 2021, derivado de la petición realizada el día 11 de mayo de 2021, se expidió con infracción en las normas en que debía fundarse, conforme al artículo 137 del CPACA, teniendo en cuenta que, a pesar que la respuesta otorgada por parte de la entidad demandada es negativa, lo cierto es que se le debió reconocer una pensión de jubilación conforme a lo preceptuado en la Ley 33 de 1985, acorde a lo indicado en la Ley 812 de 2003, toda vez que su vinculación se dio antes de la vigencia de la referida ley.

2. Contestación de la demanda.

La parte demandada guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.4

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3. La sentencia de primera instancia.

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3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N° 3 , mediante sentencia proferida el 27 de junio de 20244, accedió las pretensiones de la demanda y en consecuencia ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto configurado respecto de la petición presentada el 11 de mayo del 2021, en cuanto le negó al señor Luis Eduardo Cuadrado Sánchez el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio a que reconozca y pague a l señor LUIS EDUARDO CUADRADO SÁNCHEZ , identificado con la cédula de ciudadanía número 1.130.073 de Sáchica, una pensión mensual vitalicia de jubilación, de conformidad con la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75% y un Ingreso Base de Liquidaci ón correspondiente al promedio de lo devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, entre el 20 de diciembre del 2017 y el 20 de diciembre del 2018, incluyendo como factores salariales la asignación básica, la bonificación m ensual docente y la

devengado en el año anterior a la adquisición del estatus pensional, es decir, entre el 20 de diciembre del 2017 y el 20 de diciembre del 2018, incluyendo como factores salariales la asignación básica, la bonificación m ensual docente y la bonificación pedagógica, con efectividad a partir del 20 de diciembre del 2018, sin perjuicio del ajuste derivado del retiro del servicio.

TERCERO: ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que incluya en nómina de pensionados al señor LUIS EDUARDO CUADRADO SÁNCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.130.073 de Sáchica.

CUARTO: ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que pague la indexación de las sumas adeudadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: ORDENAR a la Nación -Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio que cumpla la presente sentencia en los términos y previsiones del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4 Samai, índice 23, Tribunal Administrativo de Boyacá.5

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SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

[…]».

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SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

[…]».

En tal sentido, determinó que en el caso concreto se acreditó que, a partir del 1° de febrero de 1995, el demandante se vinculó a la docencia oficial en provisionalidad, luego en periodo de prueba y posteriormente en propiedad y que ha desempeñado el cargo hasta la fecha en la que se expidió la certificación número 1299, esto es, el 13 de abril del 2021, sin que se anotaran interrupciones en la prestación del servicio. Por lo que, la condición de docente oficial se validó en virtud del nombramiento en provisionalidad, el cual constituye una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo.

Asimismo, señaló que la norma que regula la pensión de jubilación del demandante es la Ley 33 de 1985, y encontró acreditado que el actor cumple con el requisito de la edad, toda vez que, nació el 20 de diciembre de 1963, por lo que, llegó a la edad de 55 años el 20 de diciembre de 2018. Igualmente, con el tiempo de servicio, pues acreditó que prestó sus servicios como docente oficial, en provisionalidad, periodo de prueba y propiedad, entre el 1 de febrero de 1995 y el 13 de abril del 2021: lo que equivale a 26 años, 2 meses y 13 días. Por lo tanto, indicó que el demandante llegó a los 20 años de servicios el 1° de febrero de 2015.

Por lo anterior, concluyó que el accionante cumple con los requisitos de edad

días. Por lo tanto, indicó que el demandante llegó a los 20 años de servicios el 1° de febrero de 2015.

Por lo anterior, concluyó que el accionante cumple con los requisitos de edad y tiempo de servicios para ser benefici ario de la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985.

Finalmente, frente a la prescripción señaló que el reconocimiento se hizo exigible a partir del 20 de diciembre del 2018, mientras que la solicitud ante la demandada se realizó el 11 de mayo del 2021 y la demanda fue radicada el 25 de octubre del 2021, de modo que no operó la prescripción de las prestaciones sociales y económicas causadas.6

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4. El recurso de apelación

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag 5 solicitó revocar la sentencia, al considerar que «[…] el docente acredita la afiliación al FOMAG 29 de abril de 2010, bajo el régimen de la ley 812 de 2003; que la ley 812 de 2013, artículo 81. régimen prestacional de los docentes oficiales. el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

Para lo cual adjuntó la siguiente prueba:

Por lo anterior, señaló que , «los docentes que se vinculen a partir de la entrada en

anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley».

Para lo cual adjuntó la siguiente prueba:

Por lo anterior, señaló que , «los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él […]».

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 10 de febrero de 20256, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Asimismo, el Ministerio Público no emitió concepto.

5 Samai, índice 28, Tribunal Administrativo de Boyacá. 6 índice 06 de Samai.7

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda instancia debe pro nunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,

de segunda instancia debe pro nunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión N° 3 , que accedió a las pretensiones de la demanda . Para el efecto , se analizará si al accionante le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 3. Marco normativo y jurisprudencial; 4. Hechos probados; y 5. Caso concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.1 Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional docente

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20

7 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar e n costas

el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar e n costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán prom over incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”8

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años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos devengados durante el último año» . Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene de ntro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, pos t mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

En estos términos, el Fondo tiene de ntro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, pos t mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la sustitución pensional.

Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mism o régimen pensional de los empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981 , nacionales y nacionalizados, y para aquellos q ue se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año . Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pens ionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional”. (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó que la pensión ordina ria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo9

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a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 8, corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilac ión equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en la ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrol lo 2003 -2006, hacia un Estado

8 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Radicado 68001233100020110027601.10

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comunitario", puesto que a través del artículo 81 9 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del régimen pensi onal de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres».

El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1 o dispuso que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

La Sección Segunda de l Consejo de Estado, e n el marco de l anunciado

del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

La Sección Segunda de l Consejo de Estado, e n el marco de l anunciado cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 201910, en la cual estableció que para definir el régimen pensional que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes

9 Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 3752 de 2003. 10 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.11

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nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:

«[…] I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

1. Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media

vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para quienes se hayan vi nculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año 11 la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º d e la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo”12.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo

Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 13. Esto quiere decir, que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

11 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003. 12 0937-2017. MP CésarPalomino Cortés. 13 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.12

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69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1 989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».

En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicarán las leyes 91 de 1989 , 33 de 1985 y 71 de 1988. Requisito de edad:

En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicarán las leyes 91 de 1989 , 33 de 1985 y 71 de 1988. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75% con un IBL o componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en con sideración a la compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.

En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1 993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

del sector público nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

Ahora bien, respecto de aquellos vinculados con posterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, y que les resulta aplicable el régimen de prima media de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos del régimen de transición del artículo 36 de la primera normatividad,13

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Demandante: Luis Eduardo Cuadrado Sánchez

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

en virtud del cual a l cumplir con los mismos podría resultarle aplicable s las normas anteriores, como serían la Ley 33 de 1985 o 71 de 1988, siempre que no se sobrepase el límite temporal que trata el artículo 1°, parágrafo transitorio 4° del Acto Legislativo 1 de 2005, 14 conforme al cual el régimen de transición feneció el 31 de julio de 2010, conservándose hasta el 31 de diciembre de 2014 sólo para quienes acrediten 750 semanas cotizadas el 25 de julio de 2005, con su entrada en vigencia.

4. Hechos probados.

1. Cédula de ciudadanía del actor15, en la que se indica que nació el 20 de

2005, con su entrada en vigencia.

4. Hechos probados.

1. Cédula de ciudadanía del actor15, en la que se indica que nació el 20 de diciembre de 1963.

1. Constancia de tiempo de servicio del 6 de octubre de 198816, suscrita por el rector y la secretaria del Instituto Téc nico Industrial Nacionalizado Antonio Ricaurte de Villa de Leyva, que señala que e