CE - Sentencia 15001233300020240026701 de 2025

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Detalles

Título
CE - Sentencia 15001233300020240026701 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

Solicitante: CLAUDIA INÉS MARTÍN RUÍZ

Concejal acusada: SANDRA MILENA ESTUPIÑAN ORJUELA

Tesis:

No incurre en causal de pérdida de investidura la concejal cuyo pariente en tercer grado de consanguinidad fue designado rector de una institución educativa en el mismo municipio en el que resultó elegida.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la solicitante en contra de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá , que negó la solicitud de desinvestidura de la concejal del Municipio de Tunja Sandra Milena Estupiñán Orjuela, período constitucional 2024 – 2027.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

desinvestidura de la concejal del Municipio de Tunja Sandra Milena Estupiñán Orjuela, período constitucional 2024 – 2027.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

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I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada1

La señora Claudia Inés Martín Ruiz, actuando en nombre propio, solicitó que se decrete la pérdida de investidura de la señora Sandra Milena Estupiñán Orjuela, por violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses, con fundamento en los numerales primero y sexto del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, así como el artículo 49 ibidem.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

La solicitante informó que la señora Sandra Milena Estupiñán Orjuela fue elegida concejal del Municipio de Tunja para el período constitucional 2024 – 2027 y tomó posesión el 3 de enero de 2024.

Afirmó que la señora Sandra Milena Estupiñán Orjuela es hija del señor José Antonio Estupiñán Cáceres, quien a su vez es hermano del señor Julio Ricardo Estupiñán Cáceres, es decir, este último es tío de la concejal acusada.

Antonio Estupiñán Cáceres, quien a su vez es hermano del señor Julio Ricardo Estupiñán Cáceres, es decir, este último es tío de la concejal acusada.

Explicó que el señor Julio Ricardo Estupiñán Cáceres, el tío de la concejal, funge como rector de la Institución Pública Educativa “Rural del Sur” de Tunja, cargo del que tomó posesión el 27 de noviembre de 2023 y que actualmente ocupa.

1 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00. 2 Visto en el índ ice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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Adujo que “el alcalde de turno, el año pasado (2023) nombró al tío de la concejala, JULIO RICARDO ESTUPIÑÁN CÁCERES COMO RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR DE TUNJA, el día 25 de octubre de 2023 al mismo tiempo que la sobrina era concejala y aspiraba nuevamente a ser concejala, en plena campaña política, razón muy determinante para probar que la concejala está inhabilitada para ser electa

de 2023 al mismo tiempo que la sobrina era concejala y aspiraba nuevamente a ser concejala, en plena campaña política, razón muy determinante para probar que la concejala está inhabilitada para ser electa y además incurre en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de intereses, Ley 617 del 2000, y demás normas concordantes, razón por la cual debe perder la investidura”.

Alegó que, de conformidad con el numeral primero del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, la acusada “está inmersa en la pérdida de investidura porque viola el régimen de incompatibilidades al ser el tío rector de un colegio público del mismo municipio que es concejala”.

Aludió al numeral sexto del artículo 48 ibidem que establece que los concejales perderán su investidura “por las demás causales expresamente previstas en la ley” y, en ese contexto, citó el artículo 49 ibidem para explicar que la acusada “está inmersa en la pérdida de investidura porque el tío fue designado funcionario rector dentro del mismo municipio donde ella es concejal”.

De otro lado, expuso que el tío de la acusada, como rector de una institución educativa, ejerce autoridad administrativa, facultad disciplinaria, es el ordenador del gasto y celebra “los contratos que hayan de pagarse con cargo a los recursos vinculados a los fondos”.

Seguidamente, enlistó los contratos que el tío de la concejal ha suscrito con

fecha del 13 y 29 de febrero de 2024, 21 de marzo de 2024, 4 de abril deRadicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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2024 y 3 de mayo de 2024, y, resaltó que “los contratos se han suscrito al mismo tiempo que la sobrina del rector es concejal del Municipio de Tunja”.

También afirmó que la acusada “está inmersa en la perdida de investidura, por conflicto de intereses pues esta situación es la que se materializa al ser el tío rector de un colegio oficial de la misma ciudad que ella es concejal, ya que el juicio de equilibrio en lo relacionado para ella, y la integridad de sus acciones, al parecer tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo económico, político o personal”.

Resaltó que la concejal “no se ha declarado impedida para ejercer las votaciones de presupuesto ante el concejo de Tunja, temas presupuestales que infieren directamente como la aprobación del plan de desarrollo del presente año 2024, en los recursos que le asignan al colegio del cual es rector el tío, sino por el contrario ella votó a favor en todas las instancias”.

2.- Contestación de la concejal acusada3

La concejal acusada, por conducto de apoderado, contestó la solicitud de pérdida de investidura oponiéndose a las pretensiones, con fundamento en lo siguiente:

2.- Contestación de la concejal acusada3

La concejal acusada, por conducto de apoderado, contestó la solicitud de pérdida de investidura oponiéndose a las pretensiones, con fundamento en lo siguiente:

“(i) Ausencia en la configuración de causal de inhabilidad”

Se refirió a la inhabilidad prevista en el numeral 4 de la Ley 617 de 2000 y explicó que en este caso no estaba configurada porque el vínculo de consanguinidad entre la señora Sandra Milena Estupiñán Orjuela y el señor

3 Visto en el índ ice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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Julio Ricardo Estupiñán Cáceres es de tercer grado, de modo que “no se configura el parentesco que exige la norma, esto es, en segundo grado consanguinidad, primero de afinidad o único civil”.

Agregó que “tampoco está presente el elemento temporal, dado que el señor Julio Ricardo Estupiñán Cáceres tomó posesión del cargo de rector de la Institución Educativa Rural del Sur el 27 de noviembre de 2023, es decir, casi un mes después de las elecciones”.

“(ii) Ausencia en la configuración de causal de incompatibilidad”

la Institución Educativa Rural del Sur el 27 de noviembre de 2023, es decir, casi un mes después de las elecciones”.

“(ii) Ausencia en la configuración de causal de incompatibilidad”

Citó el artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y precisó que “en el presente caso, la parte demandante en el libelo introductorio, no manifiesta que la señora Sandra Estupiñán realice alguna actividad laboral o profesional de forma concomitante con el desempeño de su cargo como concejal, por lo que tampoco se configura dicha causal de pérdida de investidura”.

“(iii) Ausencia en la configuración de violación al régimen de conflicto de interés”

Argumentó que “no se encuentra acreditado en el plenario el elemento objetivo, dado que ni siquiera se probó que la señora Sandra Estupiñán haya intervenido y/o votado en los proyectos de acuerdo que se acusa debía declararse impedida”.

Expuso que “al Concejo Municipal le corresponde establecer frente al gasto (en educación) el sector, programa, subprograma y proyecto, sin asignar directamente los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones a las Instituciones Educativas del Municipio”, y que “en el caso concreto, fue el alcalde Tunja (…) en ejercicio de sus facultadesRadicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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legales conferidas por la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y demás

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legales conferidas por la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y demás normas concordantes, a través de acto administrativo, quienes ordenaron transferir a las Instituciones Educativas Oficiales el presupuesto anual”.

Aseguró que, “a partir de las pruebas que obran en el expediente, no se observa ninguna actuación efectuada por mi prohijada que configure un interés de carácter moral, que se halle ligado a un interés personal, actual y directo o indirecto, pues, como ya se dijo, se encontraba facultada para intervenir en la discusión y votación del Presupuesto Anual del Municipio y en le Plan de Desarrollo formulado por el Alcalde Municipal”.

“(iv) Inexistencia de causal normativa que fundamenta el reproche alegado. El artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no es causal de pérdida de investidura”

Aseguró que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no está dirigida a los servidores públicos de elección popular, “sino a sus parientes y a quienes fungen como nominadores en las entidades del sector central o descentralizado del departamento, distrito o municipio”. Acotó que “el citado artículo no prevé que la sanción por el incumplimiento de la prohibición en él contenida sea la pérdida de investidura”.

3.- La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Boyacá , en sentencia del 4 de septiembre de 2024, negó la solicitud de desinvestidura.

prohibición en él contenida sea la pérdida de investidura”.

3.- La sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Boyacá , en sentencia del 4 de septiembre de 2024, negó la solicitud de desinvestidura.

4 Visto en el índ ice 60 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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Como fundamentos de la decisión, expuso que, en primer lugar, estudiaría si se configuraron las causales relativas a la vulneración de los regímenes de incompatibilidades y conflicto de intereses (artículo 48.1 Ley 617 /00, artículo 45 y 70 Ley 136/1994) e inhabilidades (artículo 48.6 Ley 617/ 2000 y artículo 43.4 Ley 136/1994), y, seguidamente, que analizaría si la prohibición del artículo 49 de la Ley 617 de 2000 constitu ía o no causal de pérdida de investidura.

(i) Vulneración del régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses.

Expuso que , “pese a que en la demanda se sostuvo que la concejal demandada vulneró el régimen de incompatibilidades, se echa de menos una imputación concreta en tal sentido. De acuerdo con los hechos

Expuso que , “pese a que en la demanda se sostuvo que la concejal demandada vulneró el régimen de incompatibilidades, se echa de menos una imputación concreta en tal sentido. De acuerdo con los hechos probados, no se alegó ni se halló acreditado que la concejal ejercie ra simultáneamente función pública -por su investidura - y otra actividad pública o privada de las previstas taxativamente en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que la ubicara en imposibilidad de desempeñarse como miembro de la corporación pública, o que comprometiera su juicio en tal calidad. Como no se vislumbran el componente objetivo -ejercicio simultaneo de actividades prohibidas para los concejales: causal de incompatibilidadde la causal (sic), no se requiere la verificación del aspecto subjetivo -conducta dolosa o culposa -. Por lo que, no se estructura esta causal de desinvestidura y se procede con el análisis de la siguiente - vulneración del régimen de conflicto de intereses- (…)”.

En relación con el conflicto de intereses expuso que, “en la demanda se alegó que, pese a conocer su grado de parentesco en tercer grado consanguíneo con el rector de la IE Rural del Sur, la concejal Estupiñán Orjuela estaba incursa en conflicto de interés y omitió declararse impedida en decisiones relativas a la aprobación y asignación del presupuesto aRadicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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dicho ente educativo. Pues era evidente que, al ser rector su tío, se vería beneficiado con el voto de aquella”.

El tribunal explicó que “se comprobó que los recursos objeto de discusión fueron suministrados por acto administrativo expedido por el alcalde municipal en su condición de ordenador del gasto, y no por el concejo municipal. Esto denota que, por ausencia de intervención en la asignación de los recursos a la IE, no le era exigible a la concejal demandada manifestar impedimento alguno por interés en el asunto. También se echa de menos que, como lo permite el artículo 70 de la Ley 136 de 1994, durante las sesio nes en que se debatieron las normas orgánicas de presupuesto y la aprobación del presupuesto anual de rentas y gastos presentado por el alcalde, se haya presentado recusación en su contra. Adicionalmente, la parte actora no cumplió con la carga de demostrar que la concejal demandada hubiera participado efectivamente y votado en los debates relacionados con aprobación del presupuesto, y, mucho menos, que dentro del mismo se hubieran destinado recursos a la IE Rural del Sur de Tunja. Razón por la cual, dicha causal -conflicto de interesesno se encuentra acreditada. Por lo que, no será necesario proseguir con el estudio de la eventual conducta culposa o dolosa de la demandada en la vulneración de los regímenes de incompatibilidades y conflicto de intereses”.

(ii) Vulneración del régimen de inhabilidades

estudio de la eventual conducta culposa o dolosa de la demandada en la vulneración de los regímenes de incompatibilidades y conflicto de intereses”.

(ii) Vulneración del régimen de inhabilidades

Adujo que la inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 5 exige para su configuración los siguientes elementos: “i)

5 “(…) ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de

2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, prim ero de afinidad o único civil, conRadicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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parentesco -en segundo grado consanguíneo, para el caso concreto -, ii) temporal - ejercicio de autoridad dentro de los 12 meses anteriores a la elección-, iii) espacial -misma municipalidad-, y iv) objetivo -ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o militar”.

Precisó en relación con el parentesco que en la sentencia C 325 de 2009 la Corte Constitucional “estableció que, por mandato del artículo 299 superior, el legislador no podía establecer para los diputados un régimen de inhabilidades e incompatibilidades menos estricto que el señalado para

la Corte Constitucional “estableció que, por mandato del artículo 299 superior, el legislador no podía establecer para los diputados un régimen de inhabilidades e incompatibilidades menos estricto que el señalado para congresistas (Art. 179 constitucional). En razón a ello, el Tr ibunal Constitucional determinó que el grado de consanguinidad aplicable a la causal de inhabilidad de diputados de que trata el artículo 33.5 de la Ley 617 de 2000, debía ser el tercero (como en el caso de los congresistas) y no el segundo. Dicha subregla no sería aplicable al caso, en tanto, el caso bajo examen se predica del régimen taxativo aplicable a una concejal y no a un diputado. Además, la interpretació n no sería extensiva porque, deviene de un mandato explícito dado por el constituyente al legisladorpara que, respecto de los diputados, no establezca un régimen de inhabilidades e incompatibilidades menos estricto que el de congresistas, y dicho mandat o no fue consagrado en relación con tales regímenes aplicables a concejales”.

Teniendo en cuenta lo anterior, señaló que “entre la demandada y el rector de la IE Rural del Sur de Tunja existe tercer grado de consanguinidad, y no el segundo, como lo exige la causal contenida en el

funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de enti dades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad

civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de enti dades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mis mo municipio o distrito en la misma fecha (…)”.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994. Lo que sería suficiente para sostener que no se estructura la inhabilidad”

Sin embargo, acotó que “en punto al aspecto temporal y al ejercicio de autoridad, pese a que, por su condición de rector, el pariente de la demandada ejerció autoridad administrativa -especialmente por la celebración de contratos estatales en el municipio de Tunja, no lo fue dentro de los doce (12) meses anteriores a la inscripción -29 de julio de 2023ni a la elección -29 de octubre de 2023-. Y es así porque, la elección tuvo lugar el 29 de octubre y fue declarada el 3 de noviembre de 20232023ni a la elección -29 de octubre de 2023-. Y es así porque, la elección tuvo lugar el 29 de octubre y fue declarada el 3 de noviembre de 2023en Formulario E-26 CON -. Mientras que, aunque el nombramiento del rector fue expedido por el alcalde de Tunja el 25 de octubre de 2023cuatro (4) días antes de los comicios -, lo cierto es que la posesión se suscribió el 27 de noviembre siguiente, y tuvo efectos fiscales a partir del 15 de enero de 2024, cuando había culminado el per íodo electoral. Al respecto, siendo carga de la parte demandante, no se acreditó que, una vez nombrado como rector el tío de la demandada y con antelación a la elección -preexistencia de la inhabilidad-, entre la accionada y su pariente se presentaran favorecimientos de índole político o circunstancias que impidieran la declaratoria como concejal de Tunja. En todo caso, el ejercicio de autoridad que se reprocha en la demanda tuvo ocurrencia desde enero de la presente anualidad y no en época electoral”.

Aseguró que, “(…) como entre la demandada y el rector de la IE Rural del Sur no existe el segundo grado de consanguinidad, sino el tercero, y, adicionalmente se estableció que el directivo docente no ejerció autoridad dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, sino que lo hizo a partir de enero de 2024 -cuando habían culminado los comicios -, no es viable sostener que se configuró la causal de inhabilidad (…)”.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

viable sostener que se configuró la causal de inhabilidad (…)”.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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(iii) La prohibición contenida en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000

El tribunal explicó que la prohibición señalada en el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 no es aplicable al caso , porque no fue establecida por el legislador como una causal expresa de pérdida de investidura; no es aplicable a servidores públicos de elección popular y “de llegar a tenerse como causal de desinvestidura, sería inaplicable por la excepción que prevé la misma norma frente a los nombramientos que se hagan producto de la carrera administrativa, como ocurrió en este caso”.

A lo dicho agregó que , “(…) como se extrae de los considerandos del Decreto 0572 de 25 de octubre de 2023, el nombramiento del pariente de la demandada se produjo como consecuencia de un proceso meritocrático de selección de docentes y directivos docentes adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, dentro del cual no intervinieron funcionarios del ente territorial en fases de evaluación, asignación de puntaje ni conformación de lista de elegibles. Por lo que, contrario a lo afirmado en la demand a, es evidente que se trató de un proceso de selección de personal vía carrera administrativa, y no de una designación por voluntad del alcalde municipal o por intervención de la accionada. En todo caso, de

la demand a, es evidente que se trató de un proceso de selección de personal vía carrera administrativa, y no de una designación por voluntad del alcalde municipal o por intervención de la accionada. En todo caso, de llegar a considerarse que la prohibición es causa l de desinvestidura, conforme al parágrafo 1º del artículo 49 de la Ley 617 de 2000, se exceptúan de las prohibiciones allí previstas “(…) los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa”, tal como aconteció en el caso bajo examen (…)”.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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4.- El recurso de apelación6

La solicitante, por conducto de apoderado, apeló lo decidido por el a quo con fundamento en lo siguiente:

Insistió en que “sí se configura la causal de pérdida de investidura por parentesco puesto que la Ley 1148 de 2007, artículo 1, que modifica el artículo 49 de la Ley 617 de 2000 (…) es claro en cuanto a que no pueden formar parte de la misma administración, parientes de c oncejales municipales hasta el cuarto grado de consanguinidad, entre otras, como miembros de juntas directivas o consejos de entidades del sector central del mismo municipio, como para el caso es representante legal del mismo municipio el t ío de la concejala. Esta norma y artículo permanece n vigentes al día de hoy”.

miembros de juntas directivas o consejos de entidades del sector central del mismo municipio, como para el caso es representante legal del mismo municipio el t ío de la concejala. Esta norma y artículo permanece n vigentes al día de hoy”.

De otro lado , acotó que “uno de los argumentos que toma la sala para negar las pretensiones de la pérdida de investidura, es que hasta enero de 2024, el tío de la concejala tomó posesión como rector de la misma alcaldía donde la sobrina es concejala, para nosotros este precepto q ue acatamos sobre las bases del tiempo y sendas sentencias del Consejo de Estado, podemos argumentar que esto genera una ventaja que al darse el nombramiento como se ven autos en plena acción electoral, el día 25 de octubre de 2023, genera una desigualdad que merece reproche puesto que él pudo sugerir insinuar que el proyecto político en el cual está inmersa su sobrina y que en autos y pruebas está soportado que son muy cercanos puede beneficiarla de acuerdo a su nueva posición como rector de una institución de la misma ciudad en que la sobrina es concejala por

6 Visto en el índice 66 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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tal motivo podemos dar cuenta que también se encausa con el precepto de pérdida de investidura”.

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tal motivo podemos dar cuenta que también se encausa con el precepto de pérdida de investidura”.

Añadió que “la fuente de las causales de inhabilidades e incompatibilidades, para el caso subjudice es preventiva y proteccionista, la igualdad de los aspirantes a las justas electorales bajo el propósito de precaver vicios en la relación del candidato con las entidades públicas que implique la indebida utilización de esta condición de candidato en las actividades que adelante ante aquellas y evitar vicios de mayor trascendencia cómo es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones con las entidades pú blicas en beneficio de sus intenciones electorales o que él electorado asocie deduzca o concluya que verlo en tratativas con las entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para obtener los votos”.

Por último, reprochó que el a quo indicó que “el nombramiento del tío de la concejala se dio en cumplimiento de las normas señaladas por la Comisión Nacional de Servicio civil y por esta razón no se configura la causal para pérdida investidura. No estamos de acuerdo con la decisión acatada y respetada por nuestra parte en lo cual manifestamos que visto y aportado el documento probatorio que el tío de la concejala no figura como empleado de carrera por la CNSC, ya que si fuera así, los evaluadores no habrían pertenecido al nominador”.

Adujo que, “para la fecha en que el tío de la concejala se presentara al cargo y presentara las pruebas, esta fungía como concejala del municipio de Tunja y pudo influir para que el tío obtuviera mayor nota y obtener el

Adujo que, “para la fecha en que el tío de la concejala se presentara al cargo y presentara las pruebas, esta fungía como concejala del municipio de Tunja y pudo influir para que el tío obtuviera mayor nota y obtener el empleo, esta duda razonable es la que en sendas sentencias el Consejo de Estado ha condenado y ha reprochado, pues no se puede tener la más mínima duda que un candidato u otro tenga la más mínima ventaja, yaRadicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

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que, con actuaciones como ésta, se altera y se rompe el equilibrio electoral los regímenes de incompatibilidades e inhabilidades”.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 26 de septiembre de 20247.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto de l 4 de octubre de 20248.

5.2. Por auto del 31 de octubre de 2024, se admitió el recurso de apelación interpuesto por el solicitante9

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo el 25 de noviembre de 202410.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de

202410.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados , acorde con lo previsto por el

7 Visto en el índice 68 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 00. 8 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 01.

9 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 01. 10 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 15001 2333 000 2024 00267 01.Radicación: 15001 23 33 000 2024 00267 01

Solicitante: Claudia Inés Martín Ruíz

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15

parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 11 y con base en lo establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 2019 12 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado ,

establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 2019 12 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado , modificado por el artículo 1 del Decreto 434 de 2024, que regula la distribución de negocios entre l

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