CE - Sentencia 15001233300020250023401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 15001-23-33-000-2025-00234-01

Accionante: LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN1

Accionado: JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

TUNJA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción por desacato en el cumplimiento de un fallo de tutela. Defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el señor Luis Hernando Sandoval Pinzón contra la sentencia de 5 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de agosto de 202 5, la parte accionante pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y de petición , supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y de petición , supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y derecho de petición, los cuales han sido vulnerados por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C por la negación de inaplicación de sanción judicial, en el marco de la acción de tutela bajo radicado No. 150013333014202400196000, con orden de tutela cumplida.

SEGUNDO: En consecuencia, solicito que el honorable Tribunal ordene al Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, REVOCAR y dejar sin efecto el auto por medio de los cual se niega la inaplicación de la sanción impuesta dentro del proceso de tutela 150013333014202400196000, y se ordene proferir decisión de reemplazo, en la que se resuelva nuevamente sobre la solicitud del levantamiento de la sanción de acuerdo al precedente judicial vinculante y vigente de la sentencia SU -034 de 2018 asimismo, que ese despacho informe y oficie sobre la decisión judicial impartida a las autoridades encargadas de la ejecución de cobro, para que estas den por terminado el proceso de sanción en contra del que actualmente se adelanta del señor Brigadier

Samuel Salitas y el Señor Coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón”.

1 Director de Sanidad del Ejército Nacional.Radicado: 15001-23-33-000-2025-00234-01

Demandantes: Luis Hernando Sandoval Pinzón

1 Director de Sanidad del Ejército Nacional.Radicado: 15001-23-33-000-2025-00234-01

Demandantes: Luis Hernando Sandoval Pinzón

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2. Hechos

De los documentos que obran en el expediente de tutela se encuentran los siguientes:

Relató que el señor José Ignacio Cancelado Retavisca presentó acción de tutela contra la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición, por medio del cual requirió la programación de la Junta Médico Laboral.

El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja en sentencia de 12 de noviembre de 2024 , accedió al amparo constitucional solicitado y ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional fijar fecha y hora para llevar a cabo la Junta Médico Laboral que estudie el caso del señor Cancelado Retavisca. Esa decisión no fue objeto de impugnación.

Aseguró que en escrito de 5 de febrero de 2025, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional informó al Juzgado sobre el cumplimiento del fallo de tutela, en el que indicó que en diversas oportunidades intentó comunicarse con el accionante sin obtener respuesta, por lo que solicitó a la autoridad judic ial accionada conminar al accionante para que allegara al proceso los reportes de TAC de cráneo y de electromiografía y neuroconducción de miembros superiores, teniendo en cuenta

obtener respuesta, por lo que solicitó a la autoridad judic ial accionada conminar al accionante para que allegara al proceso los reportes de TAC de cráneo y de electromiografía y neuroconducción de miembros superiores, teniendo en cuenta que el actor era el único que contaba con dichos documentos.

De igual modo, aseveró que mediante auto de 25 de marzo de 2025, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja sostuvo que, de conformidad con lo manifestado por el actor, los exámenes requeridos ya habían sido aportados el 29 de enero de 2025 y que era “ imprescindible” la programación de la Junta Médico Laboral.

Afirmó que contrario a lo expuesto por el actor, los día s 14 y 22 de mayo de 2025, 9, 12 y 16 de junio de 2025, la oficina jurídica de la Dirección de Sanidad Militar emitió los documentos con radicado 2025325001246831, 2025325001337881, 2025325001486321, 2025325001486321 y 2025325001556221, a través de los cuales solicitó al Juzgado requerir al señor José Ignacio Cancelado Retavisca para que allegara los reportes médicos requeridos y, en los mismos oficios, le indicó al accionante que también contaba con la responsabilidad y debía cooperar en el proceso para la práctica de la Junta Médico Laboral.

Señaló que mediante auto de 19 de mayo de 2025, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja dispuso la apertura del trámite incidental y, posteriormente, a través de proveído de 4 de junio de 2025 declaró en desacato al

Administrativo del Circuito de Tunja dispuso la apertura del trámite incidental y, posteriormente, a través de proveído de 4 de junio de 2025 declaró en desacato al coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR que Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON

DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL y Coronel JAIME EDUARDO TORRES RAMÍREZ , COMANDANTE DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL , incumplieron la orden de tutela emitida por este despacho mediante Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2024, al tenor de lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SANCIONAR al Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL y al Coronel JAIME EDUARDO TORRES RAMÍREZ, COMANDANTE DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL , a cada uno con multa equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, que deberán ser consignados dentro de los cinco (5) días siguientes a la firmeza de esta sanción, a órdenes de la Nación bien sea en la cuenta N° 3 -0070-000030-4 del Banco Agrario de Colombia S.A. ó en la cuenta N° 050 -00118-9 del Banco Popu lar, denominadas “DTN - Multas y Cauciones - Consejo Superior de la Judicatura”. De noRadicado: 15001-23-33-000-2025-00234-01

Demandantes: Luis Hernando Sandoval Pinzón

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3 cancelarse oportunamente la multa impuesta, se procederá a su cobro coactivo por parte del ente competente.

TERCERO: Ordenar al Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL , que proceda a dar cumplimiento de MANERA INMEDIATA a las órdenes dadas por éste Despacho en providencia proferida el día 12 de noviembre de 2024, y en tal sentido, fijar fecha y hora para llevar a cabo la JUNTA MÉDICO LABORAL, que estudie el caso del señor JOSÉ IGNACIO CANCELADO

RETAVISCA.

CUARTO: NOTIFICAR personalmente al Coronel LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZON DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJERCITO NACIONAL y al Coronel JAIME EDUARDO TORRES RAMÍREZ , COMANDANTE DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL, a través de los correos electrónicos correspondientes el contenido de la presente providencia.

QUINTO: REMITIR el expediente al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos, para que por su conducto sea enviado al Tribunal Administrativo de Boyacá, previas las anotaciones del caso, para surtir la consulta de esta decisión”.

Señaló que la anterior decisión fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto interlocutorio de 9 de junio de 2025.

Señaló que la anterior decisión fue confirmada en grado jurisdiccional de consulta por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto interlocutorio de 9 de junio de 2025.

Manifestó que el 3 de julio de 2025, la oficina jurídica de la Dirección de Sanidad Militar a través de l documento 2025325001685761, informó al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja que la Junta Médico Laboral fue programada para el 26 de junio de 2025 a las 6:30 a.m., teniendo en cuenta que el Hospital Militar Central aportó las valoraciones médicas que en reiteradas oportunidades se le requirieron al accionante, por lo que solicitó declarar cumplido el fallo de tutela y la inaplicación de la sanción.

Sostuvo que el 8 de julio de 2025, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja declaró cumplido el fallo de tutela, en tanto ya se había fijado fecha y hora para la Junta Médico Laboral, pero negó la solicitud de inaplicación de la sanción, al considerar que “la providencia por la cual se decidió el incidente de desacato fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en auto de fecha 09 de junio de 2025; en tal sentido es una decisión ejecutoriada y de obligatorio cumplimiento” y que se habían realizado más de cinco requerimientos a la Dirección de Sanidad.

Añadió que el 10 de julio de 2025, por medio del documento 2025325001755821, informó al Juzgado que el señor José Ignacio Cancelado Retavisca asistió a la práctica de la Junta Médico Laboral en la fecha y hora programada y reiteró la

informó al Juzgado que el señor José Ignacio Cancelado Retavisca asistió a la práctica de la Junta Médico Laboral en la fecha y hora programada y reiteró la solicitud de inaplicación de la sanción, teniendo en cuenta que se dio cabal cumplimiento al fallo de tutela de 12 de noviembre de 2024.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que la de acción de tutela cumple los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial, en tanto: (i) reviste de relevancia constitucional; (ii) están agotados todos los medios de defensa judicial; (iii) cumple con el requisito de inmediatez puesto que la última providencia fue proferida el 8 de julio de 2025; (iv) se enumeraron y explicaron los hechos y (v) no están cuestionando una acción de tutela. Sobre las causales específicas de procedencia, explic ó que la providencia judicial objeto de tutela incurre en el defecto por desconocimiento del precedente judicial sobre la inaplicación de las sanciones por cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela , a pesar de que se encuentren confirmadas en grado jurisdiccional de consulta.Radicado: 15001-23-33-000-2025-00234-01

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4 Frente al desconocimiento del precedente judicial , indicó que frente al precedente horizontal se desconocieron las siguientes providencias:

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4 Frente al desconocimiento del precedente judicial , indicó que frente al precedente horizontal se desconocieron las siguientes providencias:

De igual modo, citó los siguientes pronunciamientos de la Corte Constitucional:Radicado: 15001-23-33-000-2025-00234-01

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Conforme a lo anterior, aseguró que el precedente judicial en materia de incidentes de desacato ha establecido de manera clara que cuando se acredita el cumplimiento de la orden de tutela, la sanción debe ser levantada, por lo que de conformidad con el oficio 2025325001837381 MDN -COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDISAN-1.5, la interposición de la presente acción de tutela se encuentra justificada.

Ahora bien, sobre el trámite de la Junta Médico Laboral indicó que inicia con el diligenciamiento y posterior presentación del retirado en la Sección de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército, con el fin de radicar la ficha médica o el pliego de antecedentes de retiro en el que se referencian las enfermedades y los diferentes especialistas que estudian el estado de salud del paciente.

Añadió que en esa primera etapa son responsables los dispensarios médicos que están distribuidos a nivel nacional, para brindar servicios asistenciales de salud y la programación de citas médicas para el diligenciamiento de la ficha técnica.

Añadió que en esa primera etapa son responsables los dispensarios médicos que están distribuidos a nivel nacional, para brindar servicios asistenciales de salud y la programación de citas médicas para el diligenciamiento de la ficha técnica.

Expuso que posteriormente el pliego de antecedentes es calificado por el equipo médico de la regional donde se encuentre ubicado el paciente, el cual determina deRadicado: 15001-23-33-000-2025-00234-01

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6 conformidad con la historia clínica, la ficha médica, ent re otros, si el retirado presenta patologías que ameriten la realización de la Junta Médico Laboral.

Agregó que una vez ordenada la práctica de conceptos, es el interesado quien debe reclamar la solicitud expedida por medicina laboral, dirigirse al establecimiento de sanidad militar con el fin agendar la valoración con los respectivos especialistas y practicar el concepto médico.

Finalmente, indicó que una vez realizada la valoración de todos los conceptos médicos, el interesado debe acercarse a la oficina de medicina laboral, para realizar la programación de la valoración por la Junta Médico Laboral.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja

El titular del despacho solicitó declarar la improcedencia de la tutela , para lo cual realizó una relación de todas las actuaciones surtidas en el trámite incidental e indicó que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales invocados

El titular del despacho solicitó declarar la improcedencia de la tutela , para lo cual realizó una relación de todas las actuaciones surtidas en el trámite incidental e indicó que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor y no puede pasarse por alto que la decisión de imposición de la sanción contenida en el auto de 4 de junio de 2024, fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en grado de consulta y esta decisión no fue recurrida.

Asimismo, indicó que valoró cada uno de los elementos subjetivo y objetivo, conforme a las circunstancias que permitieron evaluar la conducta del obligado, lo que le permitió concluir que no existe una justificación que avale un incumplimiento por casi ocho meses para fijar fecha y hora de la Junta Médica Laboral, para determinar las condiciones del señor Cancelado Retavisca, situación que demostró un actuar negligente del incidentado.

Bajo ese contexto, sostuvo que inaplicar la sanción impuesta implicaría desconocer la confirmación del superior, permitir una burla a las decisiones que ya se encuentran en firme, por lo que aceptar que después de cualquier tiempo se pueda solicitar la ina plicación de la sanción, envía un mensaje a las instituciones y funcionarios renuentes, consistente en que la sanción es “simplemente un susto o chiste”.

Para finalizar, manifestó que en las providencias que profirió en el trámite incidental realizó una interpretación justificada y razonada, con el adecuado fundamento jurisprudencial y legal aplicable “que resulta posible, y que si bien no necesariamente debe ser avalada o compartida por la parte accionante, tampoco puede ser desconocida,

realizó una interpretación justificada y razonada, con el adecuado fundamento jurisprudencial y legal aplicable “que resulta posible, y que si bien no necesariamente debe ser avalada o compartida por la parte accionante, tampoco puede ser desconocida, como quiera que se trata de la expresión del órgano competente. Por tanto, contrario a lo señalado por el actor no se advierte la vulneración del debido proceso, ni acceso a la administración de justicia igualdad o petición por este despacho del que se pretende obtener hoy amparo”.

4.2. La Dirección de Sanidad Militar del Ejército Nacional y el señor José Ignacio Cancelado Retavisca, pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de 5 de septiembre de 2025, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: NEGAR la tutela presentada por el señor LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN, por las razones indicadas en las consideraciones.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma más expedita y eficaz, como lo prevé el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La secretaría de esta Corporación deberá dejarRadicado: 15001-23-33-000-2025-00234-01

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7 en el expediente constancia de la realización efectiva de la notificación a cada uno de los sujetos procesales.

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7 en el expediente constancia de la realización efectiva de la notificación a cada uno de los sujetos procesales.

TERCERO: En caso de no impugnarse esta sentencia, por secretaría y dentro del término legal envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en la forma establecida en la decisión del 6 de julio de 2020, emitida por la Sala Plena del alto tribunal, y el Acuerdo PCSJA20 -11594 del 13 de julio de 2020, expedido por el

Consejo Superior de la Judicatura”.

Al abordar el caso concreto , el a quo consideró que durante el trámite incidental quedó demostrado que la Dirección de Sanidad no cumplió de forma oportuna la orden de tutela de 12 de noviembre de 2024, proferid a por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja, la cual consistía en la realización de la Junta Médico Laboral, decisión que fue acatada solo hasta el 26 de junio de 2025 cuando ya se habían realizado múltiples requerimientos a la Dirección de Sanidad y cuando los documentos que alegaba como faltantes se encontraban en su poder desde el 14 de enero de 2025.

Sobre el precedente horizontal citado por el accionante, sostuvo que cada una de las providencias hacían referencia a la posibilidad de levantar la sanción cuando se ha cumplido la orden de tutela, a lo que agregó que se mencionó la sentencia SU034 de 2018 y dos providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, sin mencionar los radicados.

Frente a las providencias relacionadas como precedente vertical, indicó que solo

034 de 2018 y dos providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, sin mencionar los radicados.

Frente a las providencias relacionadas como precedente vertical, indicó que solo algunas aluden al asunto bajo estudio, otras a la procedencia de tutela contra providencias judiciales, reconocimiento pensional y otras no arrojaron resultados como las SU-043 de 2018, T-2199 de 2017, T-095 de 2017, T-3301 de 2016, T-106 de 2016, T01621 de 2015, T-407 de 2015 y T-389 de 2017.

Expuso que si bien en la sentencia S U-034 de 2018, la Corte Constitucional estableció unas subreglas para el análisis de los elementos objetivo y subjetivo del desacato, esta hace referencia a las órdenes de difícil cumplimiento y referenció la providencia de 23 de enero de 2020, expediente 11001 -03-15-0002019-04421-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, en la que se consideró que en caso de que se tratara del levantamiento de una sanción por desacato, dicho fallo no constituía precedente judicial aplicable.

En ese orden de ideas , concluyó que no se demostró la configuración del desconocimiento del precedente judicial, teniendo en cuenta que, si bien, “la naturaleza del incidente de desacato sugiere la posibilidad de levantar la sanción una vez acreditado el cumplimiento del fallo, le corresponde analizar las circunstancias concretas del caso, como en efecto procedió el juez accionado”.

6. Escrito de impugnación

acreditado el cumplimiento del fallo, le corresponde analizar las circunstancias concretas del caso, como en efecto procedió el juez accionado”.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor Luis Hernando Sandoval Pinzón impugnó la sentencia de primera instancia , reiteró los hechos de la tutela y solicitó que se revoque esa determinación.

Al respecto, indicó que el precedente judicial en materia de incidentes de desacato establece de manera clara que la sanción debe ser levantada cuando se acredite el cumplimiento del fallo de tutela, por lo qu e la providencia de primera instancia al desconocer el precedente judicial vulnera el debido proceso, la seguridad jurídica y la igualdad, a lo que agregó que la sanción impuesta y confirmada se ha mantenido en el tiempo sin justificación alguna y obstaculizando las garantías constitucionales.Radicado: 15001-23-33-000-2025-00234-01

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si se debe revocar la sentencia de 5 de septiembre de 2025 del Tribunal Administrativo de Boyacá que denegó las pretensiones de la acción de tutela por no demostrar la configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial, y si se debe acceder al amparo constitucional en los términos propuestos por el señor Luis Hernando Sandoval Pinzón.

3. De la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato

La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela se dirige contra la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige contra una actuación anterior al fallo; y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión posterior.

Específicamente, en la sentencia SU -034 de 2018, la Corte Constitucional fijó las siguientes reglas cuando se trata de cuestionar providencias que resuelven incidentes de desacato, que es lo que se discute en este caso:

“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un

incidentes de desacato, que es lo que se discute en este caso:

“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:

1. La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio”.

4. El cumplimiento del fallo de tutela y el incidente de desacato2

Las órdenes que profiere el juez de tutela son de estricto e inmediato cumplimiento por parte de los funcionarios públicos o de los particulares, según el caso. La ley contempla mecanismos para asegurar el cumplimiento de la sentencia y, subsidiariamente, para sancionar a los responsables del desacato. Esos

2 Consideraciones tomadas del proceso núm. 11001-03-15-000-2025-01694-00 de 8 de mayo de 2025 CP

subsidiariamente, para sancionar a los responsables del desacato. Esos

2 Consideraciones tomadas del proceso núm. 11001-03-15-000-2025-01694-00 de 8 de mayo de 2025 CP

Wilson Ramos GirónRadicado: 15001-23-33-000-2025-00234-01

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9 mecanismos son la orden de cumplimiento del fallo 3 y el desacato 4. El juez constitucional deberá determinar si existe o no incumplimiento de la orden de tutela5, y para ello, le corresponde estudiar la responsabilidad subjetiva del obligado, el allanamiento a las órdenes y la existencia de acciones positivas orientadas al cumplimiento.

Al respecto, se advierte que, la Corte Constitucional 6 ha establecido una metodología para medir el nivel de cumplimiento del fallo, que recae en cabeza del juez de primera instancia. Lo primero que se debe verificar, por un lado, es el grado de cumplimiento de la sentencia, concretamente, si los esfuerzos de la entidad lograron superar el umbral de gestión diligente; y por el otro, la necesidad de modular las órdenes impartidas para garantizar su cumplimiento.

Si existe incumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional deberá determinar si el funcionario actuó de manera culposa o dolosa 7. El desacato, por tener un fin sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o

Si existe incumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional deberá determinar si el funcionario actuó de manera culposa o dolosa 7. El desacato, por tener un fin sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo de tutela. Es decir, en ese escenario sí juegan un papel imp ortante todos los elementos propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad de culpa o negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.

Sobre este punto, la Corte Constitucional consideró en la sentencia SU -034 de 2018, que no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del fallo de tutela para concluir que en el asunto existe responsabilidad subjetiva. Que no puede presumirse la responsabilidad subjetiva por el solo hecho del incumplimiento, pues «todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un desacato ». Eso quiere decir que, ante la falta de responsabilidad subjetiva, «no habría lugar a la imposición de las sanciones», pese a que se acredite el incumplimiento

5. Estudio y solución del caso concreto

El señor Luis Hernando Sandoval Pinzón instauró acción de tutela contra el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y de petición, con la expedición de la providencia de 8 de julio de 2025, a

Catorce Administrativo del Circuito de Tunja, al considerar que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y de petición, con la expedición de la providencia de 8 de julio de 2025, a través de la cual negó la solicitud de inaplicación de la sanción que le fue impuesta en auto de 4 de junio de 2025 , debido a que en la actualidad ya se encuentra cumplida la orden de tutela contenida en el fallo de tutela de 12 de noviembre de 2024.

3 Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. 4 Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa

4 Artículo 52 del