CE - Sentencia 17001233300020130049802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 17001-23-33-000-2013-00498-02 (3169-2022) 1

Demandante : Alejandro Muñoz Alzate Demandado : Dirección Territorial de Salud de Caldas Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Relaciones laborales encubiertas tras contratos de prestación de servicios.

Decisión

: Sentencia de segunda instancia La Sala de Subsección decide e l recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Cuarta de Decisión Oral2, que negó las pretensiones de la demanda que versaban sobre el reconocimiento de la relación laboral.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3

1.1 Pretensiones

El señor Alejandro Muñoz Alzate, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de:

• Comunicación CC 25 – 13 del 8 de junio de l 2013, expedida por la Dirección Territorial de Salud de Caldas , mediante la cual se informa la decisión tomada

• Comunicación CC 25 – 13 del 8 de junio de l 2013, expedida por la Dirección Territorial de Salud de Caldas , mediante la cual se informa la decisión tomada por el comité de conciliación el día 27 de mayo del año 2013 respecto a la reclamación del señor Alejandro Muñoz Álzate4.

A título de restablecimiento del derecho la parte actora solicitó:

1 Expediente digital puede ser consultado en el aplicativo SAMAI. 2 Sala conformada por los magistrados: Augusto Morales Valencia, Augusto Ramon Chávez Marín y Publio Martín Patiño Mejía. 3 Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 35 4 Así quedó indicado en la subsanación de la demanda. Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 352

Número interno: 3169-2022

Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

Demandada: Dirección Territorial de Salud

Declarar la existencia de la relación laboral entre el demandante y la demandada por el periodo de tiempo del 13 de febrero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010.

Como consecuencia se condene a la entidad a pagar a título de reparación del daño lo adeudado por diferencia salarial , trabajo suplementario, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones compensadas en dinero, primas de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, valor de los ap ortes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones y salud, sanción moratoria, la devolución de valor de póliza por cada uno

vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios prestados, valor de los ap ortes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones y salud, sanción moratoria, la devolución de valor de póliza por cada uno de los contratos suscritos, el reembolso de la estampilla Pro-desarrollo del valor del 1.5% y estampilla Pro-universidad de cada uno de los contratos ejecutados.

Igualmente, la indemnización moratoria por el no pago de los salarios y prestaciones sociales al momento de la finalización del vínculo laboral.

Se ordene a la Dirección Territorial de Salud de Caldas dar cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA y se condene al pago de costas y agencias en derecho.

1.2 Hechos

El señor Alejandro Muñoz Alzate estuvo vinculado, a través de seis contratos de prestación de servicios, a la Dirección Territorial de Salud y los hospitales pertenecientes a la red del departamento de Caldas desde el 13 de febrero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 , sin solución de continuidad a pesar de las pequeñas interrupciones en los contratos, ejerciendo la labor de auditor.

Que las funciones desempeñadas por el demandante eran ejercidas de manera personal, dentro de las instalaciones físicas de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, usando elementos de la entidad, y bajo la supervisión, orden y control de la oficina directiva.

Afirma el accionante que, cumplía horario de 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., sin poder ausenta se y de llegar a hacerlo debía reponer el tiempo el día

Afirma el accionante que, cumplía horario de 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., sin poder ausenta se y de llegar a hacerlo debía reponer el tiempo el día sábado por requerimiento del subdirector de aseguramiento o del interventor del contrato.3

Número interno: 3169-2022

Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

Demandada: Dirección Territorial de Salud

Así mismo, señala que durante la ejecución de los contratos suscritos tuvo que asumir el pago total de la seguridad social integral, estampillas y pólizas; además. No le fue reconocida prestación social alguna, ni cesantías ni vacaciones, acreencias estas que tampoco le fueron canceladas una vez finalizado el vínculo.

Informa que el 6 de mayo de 2013 se presentó reclamación administrativa, solicitando el reconocimiento y pago de las acreencias laborales originadas en virtud de los contratos suscritos; la cual fue negada a través del acta N° 11-13 del 27 de mayo de 2013, suscrita por el Comité de Conciliación de la entidad.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

Cita como violados los artículos 6, 13, 25, 53, 83, 122, 123,125 de la Constitución Política Colombiana; Decretos 3135 del 1968, 1919 del 2002, 1045 del 1978, 1048 del 1978 y 1042 de 1978.

Señala que , son tres los elementos esenciales del contrato de trabajo: actividad personal, subordinación y un salario como retribución ; precisando que para que surja la relación laboral es necesario acreditar la actividad personal y el salario,

Señala que , son tres los elementos esenciales del contrato de trabajo: actividad personal, subordinación y un salario como retribución ; precisando que para que surja la relación laboral es necesario acreditar la actividad personal y el salario, existiendo presunción acerca de la subordinación.

Hace un paralelo entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo, indicando que, si bien en ambos se da la prestación del servicio, lo que los diferencia es la subordinación. En los contratos de prestación de servicios el contratista goza de autonomía en la ejecución de labores mientras que en el contrato laboral existe la subordinación.

En este caso, dicha subordinación estuvo presente durante la vinculación, teniendo en cuenta que el demandante recibía órdenes en cuanto al modo, tiempo, lugar y cantidad de trabajo por parte del subdirector de aseguramiento de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y la señora Mercedes Pineda, tal como qu edó plasmado en los contratos.4

Número interno: 3169-2022

Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

Demandada: Dirección Territorial de Salud

2. Contestación de la demanda5

La entidad se opuso a las pretensiones, bajo el argumento que lo que existió entre las partes fue una relación contractual basada en los contratos de prestación de servicios, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los cuales no hubo subordinación del contratista, quien tenía total autonomía para desempeñar la función.

Indicó que el demandante tuvo con la entidad 5 contratos, cuyo objeto era apoyar a la subdirección de aseguramiento en el proceso de auditor ía concurrente y documental de las cuentas médicas, de contratos de prestación de servicios de

Indicó que el demandante tuvo con la entidad 5 contratos, cuyo objeto era apoyar a la subdirección de aseguramiento en el proceso de auditor ía concurrente y documental de las cuentas médicas, de contratos de prestación de servicios de salud con las instituciones prestadoras de servicios ; los cuales fueron necesarios habida cuenta que no existía el suficiente personal de planta para desarrollar la labor antes mencionada.

Propuso como excepciones de fondo las denominadas: caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prescripción del derecho, ejecución de contratos en aplicación de la autonomía de la voluntad y, ejecución de contratos en ejercicio del principio de coordinación administrativa.

3. Sentencia de primera instancia6

El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de la sentencia proferida el 1 8 de febrero de 2022 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.

El a quo analizó los tres elementos de la relación laboral indicando que se encontraban acreditados dos de ellos, siendo estos: la prestación personal del servicio y la remuneración; no obstante, no se acreditó la subordinación.

Como base de su decisión indicó el Tribunal que solo se tomó la declaración de la señora María Victoria Gutiérrez Castaño, comoquiera que los demás testimonios fueron desistidos por la parte actora en la audiencia ; tal testimonio fue tachado y cuestionado por la parte pasiva al tener la declarante un proceso en curso, con pretensiones similares, el cual se adelanta ante la jurisdicción de lo contencioso

5 Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 35

pretensiones similares, el cual se adelanta ante la jurisdicción de lo contencioso

5 Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 35 6 Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 355

Número interno: 3169-2022

Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

Demandada: Dirección Territorial de Salud

administrativo. Dicha tacha fue aceptada por el Tribunal en la sentencia , quien consideró que existía un interés directo en las resueltas del proceso.

Ante ello, no se tuvo en cuenta la declaración de la citada testigo, concluyéndose que la parte actora no cumplió con su deber procesal de acreditar la subordinación.

4. Recurso de apelación

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de Tribunal, indicó que está demostrada la existencia de la relación laboral que unió a las partes; lo anterior toda vez que, el demandante cumplió las funciones asignadas , en el horario establecido y cuando tenía que ausentarse debía recuperar el tiempo trabajando los sábados; además, recibía órdenes del subdirector de aseguramiento, quien ejercía por ende l a subordinación laboral alegada, todas las actividades se desarrollaron en las instalaciones del ente territorial, quien suministraba los insumos para ejecutarlas.

Consideró desacertada la decisión del Tribunal de desechar el único testimonio, precisando que la declarante fue imparcial, su declaración fue libre, espontánea y en ella relató, desde su conocimiento como compañera de trabajo, datos concretos y hechos específicos de la relación que unió a las partes.

precisando que la declarante fue imparcial, su declaración fue libre, espontánea y en ella relató, desde su conocimiento como compañera de trabajo, datos concretos y hechos específicos de la relación que unió a las partes.

El no haberse tenido en cuenta dicho testimonio cercenó el derecho del demandante; decisión con la cual no está de acuerdo, toda vez que el hecho que la testigo también tuviera un proceso similar no genera afectación en este asunto.

Expone que se debieron valorar en conjunto las pruebas documentales y el testimonio para poder resolver el caso.

Así las cosas, solicitó se revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones de la demanda.6

Número interno: 3169-2022

Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

Demandada: Dirección Territorial de Salud

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 29 de octubre de 20247, este despacho sustanciador admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

No hubo pronunciamiento del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 8, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la part e demandante ,

de lo Contencioso Administrativo 8, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la part e demandante , corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las súplicas de la demanda, al c onsiderar que la parte actora no cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar la subordinación, elemento indispensable para que se configure una relación laboral . Para el efecto, se analizará si (i) la tacha del testimonio de la señora María Victoria Gutiérrez Castaño resultaba procedente, ii) en este caso se acreditaron los tres elementos necesarios para que surta una relación laboral; de ser positiva la respuesta anterior, se deberá analizar también iii) el demandante tiene derecho al reconocimiento de las acreencias laborales reclamadas, y iv) prospera alguna de las excepciones propuestas por la parte pasiva.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación laboral encubierta y/o subyacente

7 Expediente digital – SAMAI – Índice 30 8 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.7

de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.7

Número interno: 3169-2022

Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

Demandada: Dirección Territorial de Salud

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar ac tividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con perso nal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con perso nal de planta o» y «en ningún caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del serv icio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el eleme nto de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo - se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el eleme nto de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario

legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por p arte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con dere cho al pago de prestaciones sociales, así se8

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Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

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le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cump limiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo .»

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 9, «[p]or el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]» , dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, pod rán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones .»

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C -614 de 2009, al señalar que la permanencia, entre otros criterios, es un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. En esa oportunidad, la Corte expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercici o de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación est atal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que

laborales, sino también que se desnaturalice la contratación est atal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entida d, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.»

De lo anterior , se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,

9 Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.9

Número interno: 3169-2022

Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

Demandada: Dirección Territorial de Salud

esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la

derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo su jeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 10.

De igual manera, la Subsección B de esta Sección Segunda 11 recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la par te actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentraña r de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalida d de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público .

2.2.2. Material probatorio

derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalida d de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público .

2.2.2. Material probatorio

10 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10). 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-201200020-01 (316-2014).10

Número interno: 3169-2022

Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

Demandada: Dirección Territorial de Salud

-Obran l os contratos de prestación de servicios profesionales suscritos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas con el señor Alejandro Muñoz Alzate, junto con los anexos de soportes de pago de seguridad social, pago de las estampillas prodesarrollo y prouniversidad, soporte de pago de la garantía única de seguro de cumplimiento y acta de liquidación del contrato N° 0280 de 2009, así12:

CONTRATOS DE

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

OBJETO

DESDE / HASTA

VALOR

N° 0192 de 2009 número ilegible (ff 44 – 62) La prestación de servicios profesionales relacionados con la auditoría documental y concurrente en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios de salud, celebrados entre la Dirección

número ilegible (ff 44 – 62) La prestación de servicios profesionales relacionados con la auditoría documental y concurrente en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios de salud, celebrados entre la Dirección Territorial de Salud y los Hospitales pertenecientes a la red del departamento.

17 al 28 de febrero de 2009 (según acta de finalización)

$7.500.000

13 días hábiles de interrupción

N° 280 de 2009 ( 63 - 88) La prestación de servicios profesionales relacionados con la auditoría documental y concurrente en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios de salud, celebrados entre la Dirección Territorial de Salud y los Hospitales pertenecientes a la red del departamento. 18 de marzo al 30 de junio de 2009 (según acta de finalización)

$18.000.000 Adición N° 00280 de 2009

1 de julio las 31 de julio de 2009 (según acta de finalización)

$4.500.000

7 días hábiles de interrupción

N° 0541 de 2009 (ff 89 – 113) La prestación de servicios profesionales relacionados con la auditoría documental y concurrente en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios de salud, celebrados entre la Dirección Territorial de Salud y los H ospitales pertenecientes a la red del departamento.

12 de agosto al 31 de diciembre de 2009

de prestación de servicios de salud, celebrados entre la Dirección Territorial de Salud y los H ospitales pertenecientes a la red del departamento.

12 de agosto al 31 de diciembre de 2009 (según acta de inicio y finalización)

$22.000.000

14 días hábiles de interrupción

N° 078 de 2019 (114 – 148) La prestación de servicios profesionales relacionados con la auditoría documental y concurrente en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios de salud, celebrados entre la Dirección Territorial de Salud y los Hospitales

22 de enero al 30 de junio de 2010

$33.000.000

12 Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 3511

Número interno: 3169-2022

Demandante: Alejandro Muñoz Álzate

Demandada: Dirección Territorial de Salud

pertenecientes a la red del departamento.

6 días hábiles de interrupción

N” 350 de 2010 (149 – 170) La prestación de servicios profesionales relacionados con la auditoría documental y concurrente en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios de salud, celebrados entre la Dirección Territorial de Salud y los Hospitales pertenecientes a la red del departamento.

9 de julio al 31 de octubre de 2010 (según acta de inicio y finalización)

$22.000.000

15 días hábiles de interrupción

departamento.

9 de julio al 31 de octubre de 2010 (según acta de inicio y finalización)

$22.000.000

15 días hábiles de interrupción

N° 0835 de 2010

La prestación de servicios profesionales relacionados con la auditoría documental y concurrente en lo relacionado con los contratos de prestación de servicios de salud, celebrados entre la Dirección Territorial de Salud y los Hospitales pertenecientes a la red del departamento.

23 de noviembre al 31 de diciembre de 2010 (según acta de inicio y finalización)

$11.000.000

En los referidos contratos quedaron plasmadas como obligaciones las siguientes:

«1) Realizar Auditoria documental y concurrente en las IPS que se le asignen. 2) Efectuar revisión de la cuenta, basada en los contratos de servicios de salud que se suscriban con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y LA DIRECCION (Evaluando el correcto diligenciamiento de los registros de atención y los documentos clínicos; verificando que el monto del servicio facturado esté acorde a las tarifas pactadas; Verificando que el cobro a los usuarios de las cuotas de recuperación se realiza de acuerdo a lo establecido a la normatividad vigente, definidas en el art. 18 del decreto 2357 de 1.995; Verificando que las facturas de cobro presentadas correspondan a las normas tarifarias o a los acuerdos contractuales; Verificando que los servicios facturados estén debidamente soportado