CE - Sentencia 17001233300020150051402 de 2025

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2015-00514-02 (5790-2022)

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema 1 : bonificación de gestión judicial —Decreto 4040 de 2004—. Subtema 2: prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el 17 de junio de 2022 , que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante, quien ejerció como magistrado de tribunal, solicitó la nulidad d e los actos administrativos expedidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por medio de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación que iguale el 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte, considerando los ingresos anuales de los congresistas . El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento de la bonificación por

compensación que iguale el 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte, considerando los ingresos anuales de los congresistas . El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el reconocimiento de la bonificación por compensación equivalente al 80% y la liquidación de las prestaciones sociales conforme a ese porcentaje.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor Uriel Gómez Ceballos, mediante apoderado judicial, presentó demanda el 25 de noviembre de 2013 1, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , contra la Nación, Rama Judicial con las siguientes

pretensiones:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución N.º 1819-12 del 2 de octubre de 2012, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de

1 Samai, índice 2 «Expediente Digital», documento «ED_ONEDRIVE_1_2710202(.zip)», folio «17001233300020150051400» págs. 3 a 11.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00514-02 (5790-2022)

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

2 Manizales negó el reconocimiento y pago de las sumas correspondientes a la diferencia salarial resultante de la reliquidación de los salarios y prestac iones percibidos y dejados de percibir por el demandante en su condición de magistrado del Tribunal Superior de Manizales, desde el 1 de enero de 2001 hasta el 19 de marzo de 2004, tomando como base el 80 % de lo devengado

percibidos y dejados de percibir por el demandante en su condición de magistrado del Tribunal Superior de Manizales, desde el 1 de enero de 2001 hasta el 19 de marzo de 2004, tomando como base el 80 % de lo devengado por todo concepto por un magistrado de una alta corte, conforme a lo dispuesto en el Decreto 610 de 1998, en contraste con el 60 % efectivamente devengado por el actor durante ese periodo; y de la Resolución N.º 3062 del 11 de abril de 2013 de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y confirmó la decisión anterior.

(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad demandada a reliquidar, reconocer y pagar las diferencias salariales surgidas de la reliquidación de sus salarios y prestaciones con base en el 80% de lo devengado por todo concepto por un magistrado de alta corte, según el Decreto 610 de 1998 y no el 60% que por el mismo concepto recibió mensualmente, incluyendo el porcentaje de las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios. Destacó que las acreencias reclamadas corresponden a lo causado entre el 1 de enero de 2001 y el 19 de marzo de 2004.

(iii) Que se informe a CAJANAL que el demandante tiene derecho a una reliquidación de la pensión de jubilación cuya base de liquidación sea el 80% del equivalente a los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes.

(iv) Adicionalmente, solicitó que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos

a los ingresos laborales que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes.

(iv) Adicionalmente, solicitó que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. El señor Uriel Gómez Ceballos prestó sus servicios como magistrado de tribunal

en el siguiente periodo:

Periodo Cargo Del 1 de enero de 2001 al 19 de marzo de 2004 Magistrado de tribunal

4. Durante la vinculación del demandante como magistrado de tribunal, la entidad accionada le reconoció la bonificación judicial según el Decreto 4040 de 2004.

5. La norma en mención fue declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, en la sentencia del 14 de diciembre de 20112. Por lo tanto, la entidad debe pagar la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998 que iguale el 80% de lo devengado anualmente por un magistrado de alta corte.

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001 -03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00514-02 (5790-2022)

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

3

6. El 13 de septiembre de 2013, el demandante presentó reclamación administrativa con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la diferencia salarial

Demandado: Nación, Rama Judicial

3

6. El 13 de septiembre de 2013, el demandante presentó reclamación administrativa con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la diferencia salarial resultante de la reliquidación de sus salarios y prestaciones recibidos y dejados de recibir en su condi ción de magistrado de Tribunal, conforme al 80 % previsto en el Decreto 610 de 1998, en contraste con el 60 % que percibió mensualmente. Lo anterior incluyendo el porcentaje proporcional de la prima especial de servicios, teniendo en cuenta para su liquida ción todos los ingresos laborales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas.

7. La solicitud fue resuelta de manera negativa por la entidad mediante Resolución N.º 1819-12 del 2 de octubre de 2012. Frente a esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución N.º 3062 del 11 de abril de 2013 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que confirmó en todas sus partes el acto anterior.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

8. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• De la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 26. • Del Protocolo de San Salvador, los artículos 4 y 7. • Convenios 95 y 100 de la Organización Internacional del Trabajo. • De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 9, 13, 25, 29, 48, 53, 230 y 258. • La Ley 4 de 1992. • El Decreto 610 de 1998.

• De la Constitución Política, los artículos 1, 2, 4, 9, 13, 25, 29, 48, 53, 230 y 258. • La Ley 4 de 1992. • El Decreto 610 de 1998.

9. Sostuvo que la actuación de la administración vulnera los Convenios de la OIT ratificados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad, así como los derechos adquiridos, entendidos como aquellos incorporados al patrimonio de la persona bajo la vigen cia de una ley. Afirm ó que, al desconocer tales derechos, la entidad desatendió el principio de progresividad de los derechos sociales y los límites que los tratados internacionales imponen al Estado frente a los derechos laborales. En consecuencia, al no reconocer el derecho adquirido del accionante, la demandada habría infringido las leyes 74 de 1968 y 22 de 1967 y el principio constitucional de «a trabajo igual, salario igual».

10. Expuso que el Decreto 4040 de 2004 fue anulado por el Consejo de Estado en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, decisión que tiene efectos retroactivos. Por ello, el Decreto 610 de 1998 volvió a ser aplicable. Indicó que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad por desconocer que la ley fija expresamente la asignación salarial de los funcionarios de la Rama Judicial, en su condición de magistrado del Tribunal Superior de Manizales. Igualmente, aseveró que se desconocen los derechos al debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas.

11. Afirmó que, para la liquidación de dicha bonificación, esta debe sumarse a la

magistrado del Tribunal Superior de Manizales. Igualmente, aseveró que se desconocen los derechos al debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas.

11. Afirmó que, para la liquidación de dicha bonificación, esta debe sumarse a la asignación básica y a los demás ingresos laborales, de manera que el total equivalga al 80% de los ingresos percibidos por los magistrados de las altas cortes, incluidos los incrementos derivados de la prima especial de servicios, conforme a lo establecido en el Decreto 610 de 1998 y en los decretos salariales expedidos anualmente.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00514-02 (5790-2022)

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

4

12. En conclusión, la parte demandante sost uvo que con base en las normas constitucionales y legales aplicables, los tratados internacionales, la jurisprudencia constitucional y las decisiones judiciales recientes, tiene derecho a que se le reconozcan y paguen lo s valores adeudados por concepto de la diferencia en la bonificación por compensación, en su condición de magistrado de tribunal.

2.2. Contestación de la demanda

13. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda e invocó las excepciones de «ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado , cobro de lo no debido y las demás que se encuentren probadas»3.

14. Se opuso a las pretensiones de la demanda exponiendo que viene liquidando las bonificaciones decretadas por el Gobierno nacional con respeto a las normas vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano . Señaló que las autoridades carecen de

14. Se opuso a las pretensiones de la demanda exponiendo que viene liquidando las bonificaciones decretadas por el Gobierno nacional con respeto a las normas vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano . Señaló que las autoridades carecen de competencia para establ ecer o modificar el régimen salarial o prestacional fijado en dichas disposiciones, de modo que cualquier actuación en contrario carecería de validez y no generaría derechos adquiridos.

15. Argumentó que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en s u calidad de autoridad administrativa, no tenía competencia para interpretar ni inaplicar la ley, función que corresponde exclusivamente a los jueces. En consecuencia, afirmó que la actuación de la Dirección Seccional de Administración Judicial se ajustó al principio de legalidad, pues la entidad no puede ordenar el reconocimiento o pago de beneficios distintos a los autorizados por el Gobierno Nacional, única autoridad competente en materia salarial y prestacional.

16. Explicó que acceder a las pretensiones h abría implicado para la administración judicial calcular los salarios y prestaciones correspondientes a las vigencias reclamadas y futuras, con el fin de no sobrepasar el tope del 80 % de lo que por todo concepto devenga anualmente un magistrado de alta corte, conforme a los decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012. Advirtió que ello conllevaría dos consecuencias contrarias al orden jurídico: la modificación de un régimen salarial definido por la ley y la superación del porcentaje máximo de los ingresos autorizados por el legislador.

17. Finalmente, propuso la excepción genérica, así como aquellas que se deriven de los hechos, las pruebas y las normas legales pertinentes, conforme al artículo 187 del

CPACA.

17. Finalmente, propuso la excepción genérica, así como aquellas que se deriven de los hechos, las pruebas y las normas legales pertinentes, conforme al artículo 187 del

CPACA.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 17 de junio de 2022 , declaró la nulidad de las Resoluciones N.º 1819-12 de 2 de octubre de 2012 y 3062 de 11 de abril de 2013 . Asimismo, declaró no probadas las excepciones propuestas por la accionada. En consecuencia, ordenó lo siguiente4:

TERCERO: CONDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, y en consecuencia ordenarle el reconocimiento y

3 Samai, índice 2 «Expediente Digital», documento «ED_ONEDRIVE_1_2710202(.zip)», folio «17001233300020150051400, págs. 100 a 105. 4 Samai, índice 2 «Expediente Digital», documento «ED_ONEDRIVE_1_2710202(.zip)», folio «16Sentencia1°».Radicación: 17001-23-33-000-2015-00514-02 (5790-2022)

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

5 pago de la bonificación por compensación, equivalente al 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de Alta Corte y en consecuencia se ordenará a la demandada reliquidar los salarios y prestaciones sociales -incluidas las cesantías y sus interesesdevengadas por el Dr. GÓMEZ CEBALLOS desde el 1 de enero de 2001 y

demandada reliquidar los salarios y prestaciones sociales -incluidas las cesantías y sus interesesdevengadas por el Dr. GÓMEZ CEBALLOS desde el 1 de enero de 2001 y hasta el 19 de marzo de 2004. De igual manera ordenar a la demandada reliquidar los aportes pensionales del demandante para el mismo periodo y pagarlos al fondo de pensiones a la cual esté afiliado. (Sic para la cita).

19. Como fundamento de la decisión el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

20. Frente a las excepciones de ausencia de causa petendi y cobro de lo no debido planteadas por la parte demandada, argumentó que no se configuran debido a que la solicitud del demandante tenía fundamento legal en las leyes 10 de 1987, 63 de 1988 y 4 de 1992, así como en el Decreto 610 de 1998, normas que regulaban la bonificación por compensación. Además, señaló que el Consejo de Estado en sentencia del 14 de diciembre de 2011, declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, lo que ratificó la vigencia al Decreto 610 de 1998, que constituye un derecho adquirido pa ra sus beneficiarios.

21. Asimismo, adujo que el Consejo de Estado concluyó que el Decreto 4040 de 2004 se expidió con la finalidad contrarrestar las demandas que buscaban el reconocimiento de la bonificación por compensación, promoviendo el desistimiento de las pretensiones o la celebración de transacciones para sustituir dicha bonificación por la de gestión judicial. Explicó que, no obstante lo a nterior, múltiples pronunciamientos jurisprudenciales posteriores reconocieron a distintos funcionarios el porcentaje del

o la celebración de transacciones para sustituir dicha bonificación por la de gestión judicial. Explicó que, no obstante lo a nterior, múltiples pronunciamientos jurisprudenciales posteriores reconocieron a distintos funcionarios el porcentaje del 80% correspondiente a la bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998.

22. De igual manera , frente a la reliquidación de las prestaciones sociales, en específico sobre las cesantías y sus intereses , señal ó que si bien esta es una prestación anual cuya liquidación y pago obligan a la administración, y frente a la cual los interesados deben presentar reclamaci ón administrativa y acudir a la jurisdicción dentro de los cuatro meses siguientes para evitar la caducidad, existe una excepción jurisprudencial.

23. Dicha excepción, reconocida por el Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010 5, permite solici tar una nueva reliquidación cuando después de la ejecutoria del acto administrativo, surge una expectativa legítima de un derecho derivada de un hecho nuevo, como la anulación de una norma que afecta la base para calcular las prestaciones. Explicó que el administrado puede solicitar la reliquidación de las cesantías si aparece una nueva situación jurídica que modifique las condiciones del cálculo inicial, como ocurrió cuando se anularon las normas que excluían el carácter salarial del 30 % co rrespondiente a la prima especial, reconociendo así un derecho subjetivo a incluir dicho porcentaje dentro de la base de liquidación de las prestaciones sociales.

24. Con fundamento en e ste precedente, el Tribunal concluyó que el demandante tenía derecho a la reliquidación de sus cesantías, toda vez que la anulación del Decreto

prestaciones sociales.

24. Con fundamento en e ste precedente, el Tribunal concluyó que el demandante tenía derecho a la reliquidación de sus cesantías, toda vez que la anulación del Decreto 4040 de 2004 y el resurgimiento del Decreto 610 de 1998 generaron una expectativa

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso—Administrativo, Sección Segunda, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Sentencia de 4 de agosto de 2010, rad. 2500232500020050515901(0230-08).Radicación: 17001-23-33-000-2015-00514-02 (5790-2022)

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

6 legítima de derecho relacionada con la bonificación por compensación equivalente al 80% de lo devengado por los magistrados de las altas cortes.

25. Asimismo, determinó que la bonificación no fue correctamente liquidada dentro de los ingresos mensuales del demandante, por lo que ordenó reconocer, reliquidar y pagar los valores correspondientes, de acuerdo con el Decreto 610 de 1998. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, al considerar que la negativa de la diferencia sa larial no se ajustó a las normas ni al precedente aplicable. Asimismo, precisó que las sumas reconocidas por bonificación debían corresponder al 80% de los ingresos de los magistrados de las altas cortes.

26. Por último, la sentencia precisó respecto a los aportes a pensión al Sistema de Seguridad Social, que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha consolidado la tesis de su imprescriptibilidad, razón por la cual la entidad también debía reliquidar y

26. Por último, la sentencia precisó respecto a los aportes a pensión al Sistema de Seguridad Social, que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha consolidado la tesis de su imprescriptibilidad, razón por la cual la entidad también debía reliquidar y consignar al fondo de pensiones del demandante las diferencias dinerarias adeudadas.

27. Respecto a la prescripción trienal laboral, el fallo explic ó que aunque el artículo 2535 del Código Civil dispone que la prescripción extingue acciones no ejercidas dentro de cierto tiempo, el Consejo de Estado precisó que, en este caso, no era aplicable retroactivamente. Esto debido a que la coexistencia de los decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998 generó confusión sobre cuál régimen resultaba aplicable, afectando la posibilidad de los funcionarios de solicitar oportunamente la protección de sus derechos. Por tanto, el término de prescripción solo empieza a contarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004.

28. Para el caso objeto de examen, el juez de primera instancia concluyó que habiéndose presentado la reclamación administrativa el 13 de septiembre de 2012, no resultaba aplicable el fenómeno de la prescripción frente a ninguna de las acreencias reclamadas, debido a que esta se radicó dentro de los t res años siguientes al 28 de enero de 2012, fecha de ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040 de 2004.

2.4. Recurso de apelación

29. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial interpuso recurso de apelación6 contra la sentencia de primera instancia, alegó principalmente la

2.4. Recurso de apelación

29. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial interpuso recurso de apelación6 contra la sentencia de primera instancia, alegó principalmente la prescripción del derecho reclamado, para lo cual argumentó que la solicitud del demandante fue presentada el 13 de septiembre de 2012, cuando ya había expirado el término legal para reclama r. Sostuvo que para los períodos anteriores al Decreto 4040 de 2004, la petición debió presentarse antes del 3 de diciembre de 2004, y para aquellos en que coexistieron los decretos 4040 de 2004 y 610 de 1998, antes del 27 de enero de 2015, es decir, tres años después de la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto 4040.

30. Además, solicitó negar el pago de los aportes pensionales, en consideración a que en virtud de lo devengado para el cargo de magistrado, los descuentos respectivos se efectuaban sobre el tope autorizado por la ley, por lo que no existía fundamento para ordenar un pago adicional. En conclusión, pidió absolver a la entidad demandada y negar todas las pretensiones formuladas.

6 Samai, índice 2 «Expediente Digital», documento «ED_ONEDRIVE_1_2710202(.zip)», folio «20RecursoApelSentDemandada».Radicación: 17001-23-33-000-2015-00514-02 (5790-2022)

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

7

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

7

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

31. A través del auto del 2 de marzo de 20237, los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se declararon impedidos para conocer el recurso de apelación. Posteriormente, a través de auto del 27 de julio de 20238, los magistrados de la Subsección A de la misma Sección, aceptaron el impedimento y a su vez, se declararon impedidos para conocer del asunto. En consecuencia, ordenaron a la secretaría de la Sección Segunda realizar el sorteo de conjueces para estudiar los recursos y tomar una decisión.

32. Luego, a través de decisión del 21 de marzo de 20259, el conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro remitió el proceso de la referencia al despacho que hoy preside la doctora Elizabeth Becerra Cornejo, con fundamento en el inciso tercero 10 del artículo 116 del CPACA, el cual fue recibido el 27 de marzo del mismo año.

33. Mediante auto del 25 de abril de 202 511, el despacho admitió el recurso de apelación interpuesto por las partes al reunir los requisitos del artículo 247 del CPACA.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

34. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

35. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:

36. ¿El reconocimiento ordenado por el Tribunal, que incluye la reliquidación de salarios, prestaciones sociales, cesantías, sus intereses y aportes a pensión con base en la bonifica ción por compensación del Decreto 610 de 1998, implicó un desconocimiento de los topes salariales y prestacionales fijados por el Gobierno nacional?

37. ¿Operó la prescripción del derecho de la parte actora al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación?

7 Samai, índice 04, « MANIFESTACIONDEIMPEDIMENTO(.docx)». 8 Samai, índice 15, «AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTOORECUSACIONYODISPONESORTEODE(.pdf)». 9 Samai, índice 31, «22Autoqueordena_Autoqueremito5790202(.pdf)». 10 Que señala: «Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistra dos desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos.».

de la sala, los nuevos Magistra dos desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos.». 11 Samai, índice 37, «26Autoqueadmite_57902022Autoadmiteap(.pdf)».Radicación: 17001-23-33-000-2015-00514-02 (5790-2022)

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

8

38. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:

(i) bonificaciones por compensación y por gestión judicial y (ii) prescripción.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Bonificación por compensación

39. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los magistrados 12 de segundo nivel —y otros cargos equivalentes— tomando como referencia cierto porcentaje de lo percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la Corte Constitucional, en la sentencia C -244 de 2013 13,

en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política

contexto fue explicado por la Corte Constitucional, en la sentencia C -244 de 2013 13, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4 a, el Decreto 610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de "nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46% de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo

una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el segundo y tercer a ño tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%. Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas. Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley 332/96.

12 Y autoridades equivalentes. 13 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4a de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00514-02 (5790-2022)

Demandante: Uriel Gómez Ceballos

Demandado: Nación, Rama Judicial

9

40. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 14, que creó la

bonificación por compensación, así:

9

40. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 14, que creó la

bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento (60%) de los ingresos l aborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de determin ar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los Magistrados de las Altas Cortes.

41. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretario