CE - Sentencia 17001233300020150057801 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001-23-33-000-2015-00578-01 (4011-2021)

Demandante: Oscar Humberto Daza Osorio y Edilson Cadena Mafla

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Control judicial integral de los actos administrativos sancionatorios. Nulidad de los actos administrativos por violación al debido proceso. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en contra de la sentencia proferida el doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

Los señores Oscar Humberto Daza Osorio y Edilson Cadena Mafla instauraron demanda en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

demanda en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de la d ecisión disciplinaria del 8 de agosto de 2014 , expedida por la oficina de control interno disciplinario de la Policía Metropolitana de Manizales, mediante la cual fueron sancionados con destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) (el señor Daza Osorio) y diez (10) años (el señor Cadena Mafla) ; de la decisión expedida el 1 de junio de 2015 por la Inspección Delegada Región Tres, que confirmó la sanción y de la Resolución 02884 del 1 de julio de 2015, que la ejecutó.

Como restablecimiento del derecho, solicit aron ser reintegrados a los cargos que venían desempeñando o a uno superior , sin solución de continuidad, el

1 Según el texto de la demanda (folios 1 a 28 y 60 a 80 del cuaderno 1) y de su reforma (folios 330 a 379 del cuaderno 2).Radicado: 17001-23-33-000-2015-00578-01 (4011-2021) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir y los aportes al sistema general de seguridad social , debidamente indexados y la supresión del registro de la sanción disciplinaria de los sistemas SIRI, SIJUR y SIATH de la Procuraduría General de la Nación y de la Policía Nacional, respectivamente.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Relataron que la demandada los investigó por hechos presuntamente ocurridos en la Escuela de Carabineros «Alejando Gutiérrez» de Manizales, el 24 de noviembre de 2013, cuando, según lo informado por unos estudiantes, les exigieron la suma de $20.000 a quienes debían realizar la prueba de polígono con la pistola «Sig Sauer» para asegurar su aprobación.

Que se abrió una indagación preliminar el 4 de diciembre de 2013 y, mientras esta se encontraba en trámite, el 13 de enero de 2014 fueron trasladados.

Agregaron que el 1 de julio de 2014, se adoptó el procedimiento verbal y fueron citados a audiencia, para lo cual se les formularon cargos en el siguiente sentido: (i) al señor Daza Osorio: solicitar directamente dádivas para sí, con el din de omitir el ejercicio de sus funciones y recibir indirectamente dádivas para sí, con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones; (ii) al señor Cadena Mafla: recibir directamente

al señor Daza Osorio: solicitar directamente dádivas para sí, con el din de omitir el ejercicio de sus funciones y recibir indirectamente dádivas para sí, con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones; (ii) al señor Cadena Mafla: recibir directamente dádivas para un tercero, con el fin de omitir el ejercicio de sus funciones . Se calificaron las faltas disciplinarias como gravísimas con fundamento en el numeral 4 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, ejecutadas a título de dolo.

Que agotadas las distintas etapas de la actuación, el 8 de agosto de 2014 fueron sancionados, en los términos ya relatados; decisión que, una vez se apeló, fue confirmada el 1 de junio de 2015 y ejecutada el 1 de julio del mismo año.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Convención Americana de Derechos Humanos (aprobada mediante la Ley 16 de 1972); Declaración Universal de Derechos Humanos: artículos 10 y 11; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículo 14, numeral 1; Constitución Política: preámbulo y artículos 1, 2, 3, 5, 13, 20, 25, 29, 33, 48, 53, 54 y 93; Ley 734 de 2002: artículos 4 a 9, 13, 16 a 22, 26, 33 numerales 6 y 10, 69, 90, 91, 92, 94,

95, 97, 98, 111 a 113, 116, 128 a 133, 137, 138, 140, 143, 144, 146, 150, 152 a 154, 161, 163, 175 a 178 y 181, Ley 1015 de 2006: artículos 3 a 5, 7, 11, 13, 15 a 21, 33, 34 y 54; Ley 361 de 1997; Ley 1437 de 2011: artículos 1 a 3, 5, 7, 47 a 51, 58 a 62 y 138; Ley 190 de 1995: artículo 8 1; Ley 600 de 2000: artículos 1, 2, 3, 5 a 10, 13, 14, 16, 17 y 20; Ley 599 de 2000: artículos 1 a 4 y 6 a 13.

Consideran que en la expedición de los actos demandados se desconoció el debido proceso, porque la autoridad dejó de ser imparcial, pues encauzó la investigación hacia los aspectos que acreditaban la responsabilidad disciplinaria, lo que se podíaRadicado: 17001-23-33-000-2015-00578-01 (4011-2021) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 advertir de la tendencia del procedimiento hacia la verificación de la autenticidad de los informes, dejando de lado la existencia del hecho investigado; informes que, en todo caso, se suscribieron por estudiantes que contaron con la asesoría de un docente de derecho penal.

Que la actuación debió adelantarse por el trámite ordinario, no mediante el procedimiento verbal , sumado a que no se les escuchó con todas las garantías

docente de derecho penal.

Que la actuación debió adelantarse por el trámite ordinario, no mediante el procedimiento verbal , sumado a que no se les escuchó con todas las garantías procesales y, por el contrario, fueron trasladados del municipio de Manizales al departamento de Caquetá , con lo que se les privó del acceso al expediente y se desconoció su derecho a la defensa.

Respecto del señor Daza Osorio, agregaron que su versión libre se recibió por un medio no autorizado por la ley, pues fue escuchado a través de WhatsApp ; pese a que el referido habría solicitado el traslado de Caquetá a Manizales para participar en la diligencia; y que al señor Cadena Mafla se le recibió su versión por un sistema poco confiable, sin que tuviera acceso al expediente.

Agregaron que en la etapa de indagación preliminar se recaudaron pruebas que no se habían ordenado; pues en la decisión respectiva se aludió a medios de manera genérica, sin establecer su pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad y que los testimonios practicados no fueron decretados , pues se recibieron más declaraciones de las señaladas en el auto y, de manera irregular, el funcionario que debía recaudarlas se desplazó hacia la Escuel a de Carabineros y permitió la presencia de uniformados que no eran sujetos procesales. Lo anterior, sumado a que las pruebas no se valoraron de manera conjunta y no hay ningún razonamiento de la autoridad que permita llegar a la certeza sobre la existencia de la falta; por el contrario, se relataron meras conjeturas.

Que se incurrió en falsa motivación en el caso del señor Daza Osorio porque fue

de la autoridad que permita llegar a la certeza sobre la existencia de la falta; por el contrario, se relataron meras conjeturas.

Que se incurrió en falsa motivación en el caso del señor Daza Osorio porque fue sancionado dos veces por la misma falta disciplinaria, con lo que se desconoció el non bis in idem , pues «solicitar» y «recibir» dádivas son descripciones que hacen parte del mismo tipo disciplinario y, por ende, se refieren a la misma conducta; esto, sin dejar de lado que no obra prueba de hubieren incurrido en los comportamientos que les reprocharon.

En el caso del señor Cadena Mafla, señalaron que se desconoció su situación de salud al momento de ejecutar la sanción disciplinaria , pues de forma apresurada y sin tener en cuenta que se encontraba en estado de debilidad manifiesta lo retiró del servicio.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 19 de octubre de 2015 2 y se notificó a la demandada, quien se opuso a las pretensiones por considerar que los actos se encuentran ajustados a derecho y que los demandantes fueron investigados y sancionados según la conducta con la cual lesionaron la normativa disciplinaria.

2 Véanse páginas 373 a 374 del cuaderno 1A, disponible en el enlace que obra en el archivo «ED_CORREOENV_RVENVIOPROCESODIG(.MSG)», visible en el índice 00002 de SAMAI.Radicado: 17001-23-33-000-2015-00578-01 (4011-2021) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Que la investigación disciplinaria se originó en un informe presentado por los estudiantes de la Escuela de Carabineros «Alejando Gutiérrez», quienes re lataron que el 24 de noviembre de 2013 el responsable de calificar la prueba de polígono con la pistola « Sig Sauer» les solicitó la suma de $20.000 a cambio de omitir la función de calificarlos conforme a los parámetros de dicha prueba. En ese contexto, los investigados, quienes eran los instructores de tiro de la institución, incurrieron en comportamientos contrarios a sus funciones.

Se refirió a las pruebas con fundamento en las que se expidieron los actos , para decir que se recaudaron y valoraron según los parámetros de la normativa aplicable y que se investigaron con igual rigor aquellas circunstancias que demostraban la falta disciplinaria como las que podrían llevar a la a usencia de responsabilidad o a su atenuación.

Agregó que los demandantes fueron notificados de todas las actuaciones y estuvieron representados por sus apoderados de confianza , quienes accedieron a las pruebas practicadas y ejercieron el derecho de contradicción ; y que el procedimiento verbal se adelantó según los parámetros del artículo 175 del Código Disciplinario Único.

Que en la formulación de cargos se describió con claridad la conducta reprochable y los tipos disciplinarios en los que se habría incurrido ; además, al recibir las versiones libres de los demandantes se contó con la presencia de sus apoderados, quienes no se opusieron a que las diligencias se llevaran a cabo por medio

y los tipos disciplinarios en los que se habría incurrido ; además, al recibir las versiones libres de los demandantes se contó con la presencia de sus apoderados, quienes no se opusieron a que las diligencias se llevaran a cabo por medio telefónico, en el caso del señor Daza Osorio, y a través de la plataforma de la Institución, respecto del señor Cadena Mafla.

Señaló que los informes que dieron origen a la actuación se ratificaron por quienes los suscribieron , sin que el desplazamiento a la Escuela de Carabineros para la recepción de declaraciones resultara irregular; y que no existió una doble formulación de cargos al señor D aza Osorio, pues con su comportamiento incurrió en la falta del artículo 34, numeral 4 de la Ley 1015 de 2006 por la configuración de sus dos verbos rectores «solicitar» y «recibir» dádivas3.

Se celebró audiencia inicial el 16 de noviembre de 2016, en la en la cual se fijó el litigio y se decretaron pruebas documentales y testimoniales4. Una vez incorporadas y practicadas5, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada el plazo oportuno por los demandantes.

3 Véanse páginas 412 a 441 del cuaderno 1A, disponible en el enlace que obra en el archivo «ED_CORREOENV_RVENVIOPROCESODIG(.MSG)», visible en el índice 00002 de SAMAI. 4 Véanse páginas 100 a 105 del cuaderno 1C, disponible en el enlace que obra en el archivo

«ED_CORREOENV_RVENVIOPROCESODIG(.MSG)», visible en el índice 00002 de SAMAI. 4 Véanse páginas 100 a 105 del cuaderno 1C, disponible en el enlace que obra en el archivo «ED_CORREOENV_RVENVIOPROCESODIG(.MSG)», visible en el índice 00002 de SAMAI; véase además la carpeta «MAGISTRADO AUGUSTO MORALES 16 -11-2016 (2015-00578)», disponible en el índice 00009 de SAMAI. 5 La audiencia de pruebas se celebró el 7 de febrero de 2017 (véanse páginas 123 a 129 del cuaderno 1C, disponible en el enlace que obra en el archivo «ED_CORREOENV_RVENVIOPROCESODIG(.MSG)», visible en el índice 00002 de SAMAI . Véase además la carpeta «MAGISTRADO AUGUSTO MORALES 07 -02-2017 (2015-00578)», disponible en el índice 00009 de SAMAI).Radicado: 17001-23-33-000-2015-00578-01 (4011-2021) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021)6 negó las pretensiones, tras concluir que ninguna de las situaciones reseñadas por los demandantes implicaba una lesión al debido proceso en el contexto disciplinario y que, por el contrario, el recaudo probatorio permitió validar y calificar como ajustada a derecho la actuación que culminó con los actos sancionatorios.

en el contexto disciplinario y que, por el contrario, el recaudo probatorio permitió validar y calificar como ajustada a derecho la actuación que culminó con los actos sancionatorios.

En relación con el procedimiento verbal, lo encontró ajustado a lo dispuesto por el artículo 175 de la ley 734 de 2002, aplicable por la remisión que realiza el artículo 58 de la ley 1015 de 1006, según el cual, si al momento de decidir sobre la apertura de la investigación disciplinaria se encuentran satisfechos los requisitos sustanciales para proferir el pliego de cargos, es posible citar a audiencia y que tal fue el fundamento de la demandada para decantarse por el trámite verbal.

Respecto de la doble incriminación por los mismos hechos, alegada en relación con el señor Daza Osorio, destacó que no se vulneró la prohibición de doble incriminación, pues lo cierto es que los dos cargos que se le formularon se concretaron en la ejecución de un comportamiento con el cual se incurrió en los dos verbos rectores del artículo 34 numeral 4 de la Ley 1015 de 2006.

Agregó que los medios de prueba fueron debidamente valorados y que los informes que originaron la actuación se ratificaron por quienes los elaboraron. Que si bien el señor Geovany Londoño Ramírez, en la audiencia de pruebas del 7 de febrero de 2017, indicó que recibió asesoría de uno de sus docentes, aclaró que esta se limitó a la revisión final del documento, sin ninguna incidencia en el contenido de lo relatado; y que el desplazamiento a la Escuela de Carabineros para la práctica de diligencias no resultaba irregular, pues era más eficiente que se movilizara una sola

a la revisión final del documento, sin ninguna incidencia en el contenido de lo relatado; y que el desplazamiento a la Escuela de Carabineros para la práctica de diligencias no resultaba irregular, pues era más eficiente que se movilizara una sola persona, el instructor de la actuación disciplinaria, que quienes debían declarar , sumado a que los demandantes tuvieron conocimiento de todas las pruebas decretadas.

Que la manera como se rindieron las versiones libres no desconoció los derechos de los investigados, asunto que también precisaron quienes actuaron como defensores de los demandantes en la referida audiencia de pruebas, sumado a que el artículo 98 de la Ley 734 de 2002 permite el uso de medios técnicos y, en ese sentido, el señor Cadena Mafla realizó su relato de los hechos a través del programa «Lync» de la Policía Nacional, mientras que la versión libre del señor Daza Osorio se recibió a través de una llamada (no mediante WhatsApp), dejando constancia de las dificultades para establecer comunicación y sin que su apoderado se opusiera a ello.

Que en la actuación se indicó de manera concreta la forma como ambos investigados habrían incurrido en la conducta disciplinable y advirtió que, más allá

6 Véanse páginas 185 a 224 del cuaderno 1C, disponible en el enlace que obra en el archivo «ED_CORREOENV_RVENVIOPROCESODIG(.MSG)», visible en el índice 00002 de SAMAI.Radicado: 17001-23-33-000-2015-00578-01 (4011-2021) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 de lo dicho en la demanda, no existe prueba de que el traslado de los uniformados hubiese constituido una «sanción anticipada» , máxime teniendo en cuenta que la Resolución 4581 de 2006, que reglamenta la materia, no guarda relación con el supuesto fáctico estudiado y señaló que los reproches relacionados con la ejecución de la sanción escapaban al análisis de la legalidad de los actos que impusieron la medida disciplinaria.

Finalmente, condenó en costas a los demandantes, por concepto de agencias en derecho.

RECURSO DE APELACIÓN

Los demandantes7 interpusieron recurso de apelación, en el cual manifestaron que existió una clara vulneración del debido proceso , pues el derecho de defensa del señor Daza Osorio se afectó en la medida en que no pudo rendir su versión libre a través de un medio idóneo. Además, en el auto de apertura de indagación preliminar se ordenó la recepción del testimonio de 3 estudiantes de los que suscribieron el informe y, pese a ello, fueron escuchados 6.

Que se expidieron actos administrativos sin que pudieran ejercer su defensa material, pues fueron trasladados de Manizales a Caquetá , circunstancia que impidió que rindieran de manera adecuada su versión libre y con lo cual se desconoció el artículo 98 de la Ley 734 de 2002 y, en ese sentido, los relatos realizados con ese propósito han de entenderse inexistentes.

Que el señor Osorio Daza fue sancionado dos veces por la misma falta, lo que

desconoció el artículo 98 de la Ley 734 de 2002 y, en ese sentido, los relatos realizados con ese propósito han de entenderse inexistentes.

Que el señor Osorio Daza fue sancionado dos veces por la misma falta, lo que implicó una indebida adecuación típica del comportamiento, pues era necesario tener en cuenta que la presunta solicitud de dádivas alcanzó su consumación con el recibo de las mismas, lo que impide hablar de dos conductas enjuiciables por separado.

Agregaron que no pudieron controvertir los medios de prueba y que su traslado fue un castigo que les impuso la institución, pues los envió a un territorio catalogado como «zona roja» , aun cuando el numeral 2.4. de la Resolución 4581 de 2006 lo prohíbe y que no fueron notificados del cambio de competencia de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de C aldas a la Oficina de la Policía Metropolitana de Manizales, actuación que, en todo caso, ocurrió cuando se habían vencido los 6 meses de la indagación preliminar.

Que no se informó a la Procuraduría General de la Nación sobre el procedimiento verbal y que se recaudaron testimonios de declarantes que no estaban plenamente identificados, a quienes se escuchó en presencia de funcionarios ajenos a la actuación, que indujeron las respuestas dadas por los entonces estudiantes.

7 Véanse páginas 229 a 325 del cuaderno 1C , disponible en el enlace que obra en el archivo

actuación, que indujeron las respuestas dadas por los entonces estudiantes.

7 Véanse páginas 229 a 325 del cuaderno 1C , disponible en el enlace que obra en el archivo «ED_CORREOENV_RVENVIOPROCESODIG(.MSG)», visible en el índice 00002 de SAMAI.Radicado: 17001-23-33-000-2015-00578-01 (4011-2021) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 10 de febrero de 2022 8 fue admitido el recurso de apelación, se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala determinar si se debe revocar la sentencia apelada, pues, según los demandantes, los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por violación al debido proceso , porque en el procedimiento previo a su expedición se incurrió en irregularidades que afectaron el derecho de defensas y contradicción. Con este fin, la providencia se referirá al marco normativo y jurisprudencial del control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a la causal de nulidad invocada y abordará el caso concreto.

y jurisprudencial del control judicial de los actos administrativos sancionatorios disciplinarios, a la causal de nulidad invocada y abordará el caso concreto.

Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad disciplinaria comprende una función especializada, con un componente preventivo y correctivo, que busca garantizar la efectividad de los principios de la función pública y el buen desempeño y gestión transparente de los servidores públicos. En ese sentido, se rige por disposiciones y procedimientos especiales, transversalizada por las garantías propias del debido proceso constitucional.

El resultado de tales actuaciones, representada en actos administrativos, es susceptible de examen a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación no ha sido pacífica en relación c on el alcance de la intervención del juez de lo contencioso administrativo, como a continuación se expone.

La primera tesis de la jurisprudencia se inclinó por sostener que el control del juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas disciplinarias9.

8 Véase índice 00004 de SAMAI. 9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes

disciplinarias9.

8 Véase índice 00004 de SAMAI. 9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes Moreno.Radicado: 17001-23-33-000-2015-00578-01 (4011-2021) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Luego, se adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación inmediata, oficiosamente, debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»10.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del «control judicial integral » por cuanto « (…) la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales»11, y se advirtió que:

1. La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a

1. La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. vi) El juez de lo contencioso administrativo no solo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva

Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del cumplimiento de unos r equisitos formales y materiales para su expedición, relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa, la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento de las reglas de procedimiento pertinen tes y el apego a las normas que regulen la materia de que trate.

la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento de las reglas de procedimiento pertinen tes y el apego a las normas que regulen la materia de que trate.

10 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 05001-23-31-000-1998-02823-01 ( 2060-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2009-00140-00 (2038-2009). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. 11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp. 11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E).Radicado: 17001-23-33-000-2015-00578-01 (4011-2021) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos 13712 y 138 13 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante

cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso, teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.

Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir un límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los agentes del Est ado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico14.

Atendiendo a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por su desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el

desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29 constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el comp