CE - Sentencia 17001233300020150068802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2015-00688-02 (4056-2023)

Demandante: Fabio Holguín Zuluaga

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones por reducción del salario base de liquidación. Procedencia.

Sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Subtema 2: imposibilidad presupuestal. Subtema 3: superación de topes de los decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012. Subtema 4: condena en costas y agencias en derecho. Subtema 5: prescripción extintiva.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el 13 de febrero de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el 13 de febrero de 2020, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Fabio Holguín Zuluaga , en condición de magistrado de tribunal , presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial , con el objetivo de obtener el pago de la prima especial y la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100 % de la remuneración mensual . La Dirección Seccional de Administración Judicial negó la solicitud al considerar que la prima especial no tiene carácter salarial. El demandante afirmó que los acto s demandados desconocen la normatividad superior y las decisiones judiciales que establecen el carácter salarial de la prima especial y su inclusión en la base de liquidación de las prestaciones sociales.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Fabio Holguín Zuluaga , mediante apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 11 de noviembre de 2015, con las siguientes:Radicación: 17001-23-33-000-2015-00688-02 (4056-2023) Demandante: Fabio Holguín Zuluaga Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMZR14-4146 de l 27 de octubre de 2014, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, mediante la cual le negó al actor la reliquidación de sus prestaciones sociales y las diferencias salariales existentes entre lo liquidado con el 70% del salario básico y la liquidación que resulte teniendo como base el 100% de la remuneración mensual y el 30% de la prima especial, sin carácter salarial.

(ii) Declarar la nulidad de la Resolución 4673 del 3 de agosto de 201 5, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, a través de la cual se confirmó la resolución inicial.

(iii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial , a reconocer y pagar al señor Fabio Holguín Zuluaga, desde el 2 de noviembre de 1993 y hasta el 18 de junio de 2014, la diferencia salarial existente entre lo que se le ha liquidado y pagado en salario y prestaciones sociales hasta ahora y lo que legalmente le corresponde, teniendo como base para la liquidación el 100 % de su sueldo básico mensual, además de la prima especial del 30%.

(iii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial, a pagar al demandante, todas las

básico mensual, además de la prima especial del 30%.

(iii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial, a pagar al demandante, todas las sumas que resulten probadas en este proceso como NO pagadas o desconocidas por la accionada en relación con la prima especial con carácter salarial correspondiente al 30% del salario básico.

(iv) Ordenar el cumplimiento del fallo en los términos establecidos en los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)1.

(v) Condenar al pago de intereses comerciales y moratorios en la forma como lo dispone el artículo 195 del CPACA.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente2:

(i) Laboró al servicio de la rama judicial, en condición de magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura , desde el 2 de noviembre de 1993 hasta el 14 de junio de 2014.

(ii) El 9 de octubre de 2014, solicitó el reconocimiento y pago de las sumas adeudadas por concepto de prima especial y la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales.

1 Índice 2 del expediente digital de Samai, archivo ED_EXPEDIENTE_17001233300020150068(.zip) NroActua 2.

2 Índice 2 del expediente digital de Samai, archivo ED_EXPEDIENTE_17001233300020150068(.zip) NroActua 2.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00688-02 (4056-2023) Demandante: Fabio Holguín Zuluaga Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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3 (iii) La Dirección Ejecutiva de Administración Seccional negó la petición mediante la Resolución DESAJMZ14-4146 del 27 de octubre de 2014.

(iv) Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido a través de la Resolución DESAJMZR14-1194 del 25 de noviembre de 2014.

(v) Mediante la Resolución 4673 del 3 de agosto de 201 5, la Dirección Ejecutiva de Administraci ón Judicial resolvió desfavorablemente el recurso de apelación y confirmó la Resolución DESAJMZ14-4146 del 27 de octubre de 2014.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228; la Ley 4 de 1992, artículos 2, 12, parágrafo y 14;

la Ley 270 de 1996, artículo 152 -7; el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127; el Decreto 1042 de 1978, artículo 42; el Decreto 717 de 1978, artículo 12, y la Ley 1437 de 2011, artículos 10, 102, 137, 148, 189 y 269.

4. En el concepto de violación afirmó que el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 creó la prima especial de servicios, equivalente al 30% de los ingresos laborales, para jueces, magistrados y afines, lo que constituye un derecho cierto, real y efectivo, sin embargo, el Gobierno nacional dio una interpretación errada a la norma, pues en vez de pagar una prima equivalente al 30% del salario básico mensual, extrajo del salario el 30% y lo denomino prima especial de servicios y el restante 70% lo entrego a título de salario básico mensual, es decir, pago un 100% como salario y lo que debía hacer, era pagar el 130%, aunado a eso, al realizar el cálculo de las prestaciones sociales, desconoció el carácter de factor salarial de esta prima, por lo que desmejoro ostensiblemente la remuneración básica mensual a que tiene derecho el demandante.

5. Finalmente, señaló que la demandada desconoce estos postulados, al liquidar las prestaciones sociales del demandante, sin realizar correctamente el cálculo que le corresponde a la prima especial de servicios, equivalente al 30% de todos los ingresos devengados por este.

2.2. Contestación de la demanda

6. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Caldas, en representación de la Nación, Rama Judicial, presentó escrito de contestación mediante

devengados por este.

2.2. Contestación de la demanda

6. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Caldas, en representación de la Nación, Rama Judicial, presentó escrito de contestación mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de abril de 2014 emitida por la Sala de Conjueces, Sección Segunda, anuló los decretos salariales comprendidos entre los años 1997 a 2007, dejó por fuera lo decretos salariales emitidos por el Gobierno nacional en los años posteriores al 2008 y dado que se trata de un medio de control de simple nulidad, sus efectos vinculantes son del orden general, por lo que es imposible aplicarlos al caso particular, en consecuencia; las decisiones tomadas por la demandada frente al demandante, se han ajustado a derecho y por ende, solicita se nieguen las pretensiones de la demanda.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00688-02 (4056-2023) Demandante: Fabio Holguín Zuluaga Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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4 2.3. Sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces , mediante sentencia

dictada el 13 de febrero de 2020, resolvió3:

PRIMERO. Declárese PARCIALMENTE PROBADAS las excepciones Ausencia de causa

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces , mediante sentencia

dictada el 13 de febrero de 2020, resolvió3:

PRIMERO. Declárese PARCIALMENTE PROBADAS las excepciones Ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobra de lo no debido, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. Declarase la NULIDAD parcial, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, nulidad de la resolución DESAJMZRJ4-4146 de 27 de octubre de 2014 y la resolución n° 4673 de 3 de agosto de 2015.

TERCERO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACION– RAMA JUDICIAL, proceda: a) reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas tomando como base de liquidación el 100% del salario básico mensual por el periodo comprendido entre el 9 de octubre de 2011 al 14 de junio de 2014 fecha de su retiro, en tanto las mismas fueron liquidadas sobre el 70% del salario básico y no sobre el 100% del la (sic) asignación básica.

CUARTO: Negar las pretensiones tendientes al reconocimiento adicional de la prima especial de servicios en un 30%, en tanto dicha orden excede el tope legal al que tiene derecho el demandante.

QUINTO: DECLARASE parcialmente probada la excepción de prescripción por el periodo comprendido entre el 2 de noviembre de 1993 al 8 de octubre de 2011.

SEXTO: CONDENAR a la demandada y a favor del demandante al pago COSTAS; i).

comprendido entre el 2 de noviembre de 1993 al 8 de octubre de 2011.

SEXTO: CONDENAR a la demandada y a favor del demandante al pago COSTAS; i).

GASTOS PROCESALES para un total de TRECE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($13.918.oo M/C) y; NO CONDENAR a la demandada al pago de ii). AGENCIAS EN DERECHO, conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

SEPTIMO: ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

[…]

8. Para resolver el asunto, el tribunal consideró que es claro que los magistrados y/o cargos homólogos solo tienen derecho al 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte, y que por ello no hay lugar a ordenar la reliquidación del salario básico en un 30 % por concepto de prima especial de servicios pues desbordaría el marco legal.

9. A partir de lo anterior afirmó que ello no implica que no exista una disminución en la liquidación de prestaciones sociales, pues es claro que las mismas se liquidaron con el 70% del salario básico y no sobre el 100% del salario, pues se descontó el porcentaje equivalente al 30% de la prima especial de servicios del salario básico, razón por la cual si debe prosperar dicha pretensión. En este orden de ideas debe reliquidarse las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y no sobre el

70%.

porcentaje equivalente al 30% de la prima especial de servicios del salario básico, razón por la cual si debe prosperar dicha pretensión. En este orden de ideas debe reliquidarse las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y no sobre el 70%.

3 Índice 2 del expediente digital de Samai, archivo ED_EXPEDIENTE_17001233300020150068(.zip) NroActua 2, fl. 235.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00688-02 (4056-2023) Demandante: Fabio Holguín Zuluaga Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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10. Frente al término de prescripción de los derechos laborales, precisó que la reclamación administrativa se realizó el 9 de octubre de 2014, por ende, tiene derecho al pago de la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir por concepto de reliquidación de prestaciones sociales, desde el 9 de octubre de 2011 al 14 de junio de 2014, fecha de su retiro.

11. Con relación a las costas , señaló que , al no avizorarse mala fe o maniobras dilatorias por la parte demandada, considera que no hay lugar a emitir condena en costas, pero condenó al pago de gastos procesales.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. La parte demandada4

12. La entidad demandada solicitó revocar la sentencia apelada y en su lugar negar

costas, pero condenó al pago de gastos procesales.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. La parte demandada4

12. La entidad demandada solicitó revocar la sentencia apelada y en su lugar negar las pretensiones de la demanda , porque si bien reconoce la prescripción, se debe manifestar que el demandante no tiene derecho, ya que el mismo no es juez, sino magistrado. Por tanto, no sería beneficiario de la citada reliquidación.

13. Señaló que en cuanto a los reconocimientos adicionales y reajustes deprecados por concepto de la prima especial de servicios (30%), correspondientes a los años 2008 en adelante, resulta claro que las disposiciones no han sido anuladas por la Jurisdicción de lo Contencioso –Administrativo, y por lo tanto, su presunción de legalidad continua incólume y por ende, siguen vigentes en el ordenamiento jurídico, de manera que la entidad ha liquidado correctamente la prima especial, en consonancia con la reglamentación que sobre el tema ha dictado el Gobierno nacional.

14. Precisó que, en razón a la interpretación y alcance dado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en relación con los efectos vinculantes de la sentencia de nulidad proferida por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, existe una imposibilidad material y presupuestal para incluir en nómina el pago adicional de la prima especial del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, conforme a las pretensiones de la demanda.

15. Indicó que acceder a un pago adicional del 30% de la retribución prevista en los decretos salariales por concepto de prima especial, implicaría que mensualmente se

pretensiones de la demanda.

15. Indicó que acceder a un pago adicional del 30% de la retribución prevista en los decretos salariales por concepto de prima especial, implicaría que mensualmente se le pague al servidor una remuneración que excede el techo establecido por los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012, toda vez que sobrepasaría el 80% de lo que por todo concepto recibe anualmente como remuneración un magistrado de alta corte, pues al incrementar el valor del salario básico y el valor pagado por concepto de prestaciones, se aumenta la remuneración anual, trae como consecuencia que el pago correspondiente a la bonificación por compensación que se ha efectuado, haya sido superior al autorizado por el legislador.

16. Frente a la reliquidación de las prestaciones sociales, sostuvo que la aludida prima, no tiene carácter salarial, por expresa disposición legal consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que significa que dicho porcentaje no constituye

4 Índice 2 del expediente digital de Samai, archivo ED_EXPEDIENTE_17001233300020150068(.zip) NroActua 2, fl. 264.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00688-02 (4056-2023) Demandante: Fabio Holguín Zuluaga Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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6 factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad,

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6 factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados. etc. además, esta norma fue objeto de revisión de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, quien la declaró exequible, por ende, tal pronunciamiento se constituye como cosa juzgada constitucional.

17. Por último, en relación con las costas, precisó que no deben ser estimadas en el presente proceso , como quiera que no existe conducta temeraria de la entidad, además de que se obra en atención a un manual de defensa nacional y se tienen los argumentos en derecho para justificar tal defensa.

2.4.2 La parte demandante5

18. La demandante, pidió revocar parcialmente la sentencia con el fin de que no se declare la prescripción extintiva. Argumentó que el Consejo de Estado durante más de veinte años marcó el hito a partir de cuando se hace exigible el derecho, es decir, a partir de la ejecutoria de la sentencia que declar ó la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos anuales que consagraron la prima especial del 30% en los a ños de 1993 a 2007, sentencia ejecutoriada el 22 de julio de 2014, as í las cosas, como la presentación de la reclamación administrativa ocurrió el 9 de octubre de 2014, es decir, dentro de los tres años siguientes, no hubo ocurrencia del fenómeno prescriptivo.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

presentación de la reclamación administrativa ocurrió el 9 de octubre de 2014, es decir, dentro de los tres años siguientes, no hubo ocurrencia del fenómeno prescriptivo.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

19. Los recursos de apelación fue ron admitidos por el despacho sustanciador a través de auto del 3 de junio de 20256 y conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20217, no se dio traslado a las partes para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

21. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por las partes, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos concretos presentados por el apelante8, la Sala procede a

resolver los siguientes problemas jurídicos:

5 Índice 2 del expediente digital de Samai, archivo ED_EXPEDIENTE_17001233300020150068(.zip) NroActua 2, fl. 282. 6 Índice 26 del expediente electrónico de Samai. 7 Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -Ley 1437 de 20116 Índice 26 del expediente electrónico de Samai. 7 Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 8 CGP, artículos 320 «Fines de la apelación» y 328 «Competencia del superior».Radicación: 17001-23-33-000-2015-00688-02 (4056-2023) Demandante: Fabio Holguín Zuluaga Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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7 22. ¿Procede la reliquidación de las prestaciones sociales del actor con la inclusión de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, a pesar de que la normativa establece que no tiene carácter salarial?

23. ¿La ausencia de apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público impide acceder al reconocimiento pretendido en el presente asunto?

24. ¿Se superaron los topes previstos en el Decreto 1251 de 2009 respecto de la remuneración percibida por los magistrados de alta corte?

25. ¿Era improcedente aplicar la prescripción extintiva de carácter trienal en el presente caso?

26. ¿El Tribunal debió condenar a la entidad demandada a pagar costas procesales en primera instancia?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

presente caso?

26. ¿El Tribunal debió condenar a la entidad demandada a pagar costas procesales en primera instancia?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

27. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

28. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 19939 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la

del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

9 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 17001-23-33-000-2015-00688-02 (4056-2023) Demandante: Fabio Holguín Zuluaga Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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29. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones10, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas

de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones10, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

30. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

31. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad solicitada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y

de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»11.

32. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»12.

33. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin cará cter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4ª de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se

de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales

10 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-00(121-03). 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00(1831-07).Radicación: 17001-23-33-000-2015-00688-02 (4056-2023) Demandante: Fabio Holguín Zuluaga Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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9 servidores».

34. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno

especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores d el Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad» 13. La nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 200914.

35. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró