CE - Sentencia 17001233300020150074902 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 17001233300020150074902 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

Demandante: Nelson Camelo Cubides

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Procurador judicial II en materia penal.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: carácter no salarial de la prima especial. Subtema 2: incidencia de la prima especial en la liquidación de las prestaciones sociales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces el 19 de marzo de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Nelson Camelo Cubides, quien se desempeñó como procurador Judicial II desde el 10 de julio de 2012 y el 1 de diciembre de 2015, solicita el reconocimiento y pago del 30% tomado del salario con carácter de prima especial, el pago de las diferencias salariales y prestaciones entre lo liquidado y pagado con el 70% de la remuneración mensual básica y lo que resulte de tener el 100% de esta con la inclusión de l 30% tenido en

y prestaciones entre lo liquidado y pagado con el 70% de la remuneración mensual básica y lo que resulte de tener el 100% de esta con la inclusión de l 30% tenido en cuenta como factor salarial , así como el pago de la prima como un adicional equivalente al 30% del salario básico, como fue creada mediante la Ley 4 de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Nelson Camelo Cubides , mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, el 1 de diciembre de 201 51, con las

siguientes:

1 Samai, índice 55, Cuaderno_Otrospdf(.pdf) NroActua 55.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

Demandante: Nelson Camelo Cubides

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

(i) Inaplicar por inconstitucionales e ilegales los artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008, el artículo 4 del Decreto 722 de 2009, el artículo 8 del Decreto 1388 de 2010, el artículo 8 del Decreto 1039 de 2011 , el artículo 8 del Decreto 0874 de 2012, el artículo 8 del Decreto 1024 de 2013 y el artículo 8 del Decreto 194 de 2014.

el artículo 8 del Decreto 1039 de 2011 , el artículo 8 del Decreto 0874 de 2012, el artículo 8 del Decreto 1024 de 2013 y el artículo 8 del Decreto 194 de 2014.

(ii) Declarar la nulidad del Oficio SG 001612 del 17 de abril de 2015 por medio del cual la Procuraduría General de la Nación negó el reconocimiento y pago desde el 1 de enero de 1993, hasta la fecha y, en adelante, del 30% del salario tomado como prima especial, del 30% adicional como fue creado en la Ley 4 de 1992, así como de la liquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales adeudadas por remuneración y prestaciones sociales derivadas de la prima especial.

(iii) Declarar la nulidad de la Resolución 503 del 16 de julio de 2015, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición contra el Oficio 001612 del 17 de abril de 2015.

(iv) A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Procuraduría

General de la Nación:

[…] el reconocimiento liquidación y pago de la prima especial regulada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en cuantía del 30% por el periodo en que se desempeñó como procurador regional (Sic). Además, se le cancele el salario básico completo, es decir en cuantía del 100%, sin descontar el porcentaje reconocido como prima especial.

(v) Además, solicitó ordenarle a la Nación, Procuraduría General de la Nación que, posterior a la sentencia:

[…] reliquidar y pagar al actor, la totalidad de las prestaciones a que hubiere lugar por

(v) Además, solicitó ordenarle a la Nación, Procuraduría General de la Nación que, posterior a la sentencia:

[…] reliquidar y pagar al actor, la totalidad de las prestaciones a que hubiere lugar por la época en que ocupó el cargo de procurador regional (Sic) de Caldas, entre ellas, la bonificación por actividad judicial, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, vacaciones, cesantías y sus intereses, con el 100% del salario básico, sin descontar el 30%.

[…] al pago de las sumas reclamadas debidamente indexadas.

[…] reconocer y pagar al demandante las costas y agencias en derecho

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente:

(i) Prestó los servicios en la Nación, Procuraduría General de la Nación como procurador judicial II desde el 1 0 de julio de 201 2 hasta el 1 de diciembre de 2015.

(ii) Radicó reclamación administrativa el 17 de octubre de 2014 en la que solicitó el reconocimiento del 30% tomado del salario como prima especial , el pago de laRadicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

Demandante: Nelson Camelo Cubides

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 prima equivalente al 30% adicional del salario básico, así como las diferencias

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 prima equivalente al 30% adicional del salario básico, así como las diferencias salariales y prestaciones adeudadas por conceptos de remuneración y de las prestaciones sociales por concepto de la prima especial del 30%.

(iii) La entidad demandada resolvió negativamente la solicitud mediante el Oficio SG 001612 del 17 de abril de 2015.

(iv) El 5 de mayo de 2015, interpuso recurso de reposición contra el Oficio el Oficio SG 001612 del 17 de abril de 2015, el cual fue resuelto desfavorablemente a través de la Resolución 503 del 16 de julio de 2015.

(i) La Procuraduría le paga al demandante, desde el 1 0 de julio de 201 2, sus prestaciones laborales y emolumentos con el 70% de la remuneración básica y no con el 100% de esta, por reglamentar en los decretos anuales el carácter no salarial de la prima especial. Tampoco le ha pagado la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de su remuneración básica durante los años 2013 a 2016, que se creó como una adición en los términos del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Así, la Procuraduría le fracciona su remuneración básica en dos partes, un 70% al cual le atribuye la connotación de sueldo básico; y un 30% con el carácter de prima especial sin carácter salarial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

dos partes, un 70% al cual le atribuye la connotación de sueldo básico; y un 30% con el carácter de prima especial sin carácter salarial.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 2, 13, 25, 48, 53, 150, 215.9 y 256.7 ; Ley 4ª de 1992, artículos 2 , y 14; Ley 270 de 1996, numeral 7 del artículo 152 ; Decreto Ley 546 de 1971, artículos 24, 32 y 35; Decreto 1726 de 1973, artículo 2; Decreto 603 de 1977, artículo 9; Decreto 1045 de 1978; Decreto Ley 244 de 1981, artículo 8; Decreto 658 de 2008, artículos 6 y 7; Decreto 722 de 2009; Decreto 1388 de 2010, artículo 8; Decreto 1039 de 2011, artículo 8; Decreto 0874 de 2012, artículo 8; Decreto 1024 de 2013, artículo 8; y Decreto 194 de 2014.

4. En el concepto de violación, expuso que el Gobierno nacional ha proferido los decretos salariales anuales en cumplimiento d e la política de fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores. Sin embargo, del 100% que debe recibir el servidor, el 30% corresponde a prima especial, sin carácter salarial, motivo por el cual el salario y la remuneración no deben entenderse como sinónimos.

5. Bajo este entendido, en aplicación de los criterios establecidos en la ley marco,

servidor, el 30% corresponde a prima especial, sin carácter salarial, motivo por el cual el salario y la remuneración no deben entenderse como sinónimos.

5. Bajo este entendido, en aplicación de los criterios establecidos en la ley marco, Ley 4 de 1992, el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador al proferir los decretos salariales, ya que de conformidad con el artículo 2, literal a) ibidem no se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales. No obstante, estos actos administrativos interpretaron indebidamente la Ley 4 de 1992 y mermaron el salario de un grupo de servidores, razón por la que contravienen la Constitución Política y la ley.

6. Así las cosas, se desconoció que la prima especial es un incremento del 30% de la remuneración con incidencia en las prestaciones sociales , por tanto, el demandante tiene derecho a que se le reliquiden los emolumentos sobre el 100% del salario y no sobre el 70% como se hizo desde el momento en que se hizo exigible dicho pago hasta que permanezca en la Rama Judicial.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

Demandante: Nelson Camelo Cubides

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4 2.2. Contestación de la demanda

7. El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda porque no tiene la facultad constitucional ni legal para definir el régimen

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4 2.2. Contestación de la demanda

7. El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda porque no tiene la facultad constitucional ni legal para definir el régimen salarial de los funcionarios vinculados a su planta de personal en los términos de la Ley 4 de 1992. De ahí que expidió el acto demandado en cumplimiento de las normas que rigen la materia.

8. Precisó que el 30% devengado por los procuradores como prima especial no es factor salarial y que la normativa vigente goza de plena validez, de ahí que a partir de esta ha procedido al reconocimiento de los salarios. Así las cosas, m ientras la jurisdicción no anule los decretos salariales anuales estos producirán efectos jurídicos.

9. Igualmente, afirmó que los procuradores judiciales tienen establecida una prima especial que se excluye con la del 30% y que no corresponde a este porcentaje, razón para considerar que el salario básico es solo una parte de la remuneración mensual.

En estos términos no es procedente afirmar que la entidad no tiene en cuenta el 30% del sueldo básico para liquidar las prestaciones sociales, porque el porcentaje excluido es aquel que corresponde a la prima especial. Particularmente, para liquidar las prestaciones sociales de los procuradores judiciales II se toma en consideración tanto la asignación básica como los gastos de representación percibidos mensualmente.

10. En igual sentido, expresó que el régimen de la Procuraduría era especial con relación a los demás por lo que no debían aplicarse las disposiciones de la Rama Judicial ni de la Fiscalía. También afirmó que la prima no tiene carácter salarial para la

10. En igual sentido, expresó que el régimen de la Procuraduría era especial con relación a los demás por lo que no debían aplicarse las disposiciones de la Rama Judicial ni de la Fiscalía. También afirmó que la prima no tiene carácter salarial para la liquidación de las prestaciones sociales y que esta corresponde a un valor fijo, que es adicional y diferente a la asignación básica y a los gastos de representación.

11. Indicó que al tratarse de un procurador judicial II sus ingresos se ajustaron al 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes, de modo que no cabe la posibilidad de otorgarle un monto superior. Por tanto, de accederse a la reliquidación de sus prestaciones sociales , tendría que ajustarse la bonificación de que trata del Decreto 1102 de 2012.

12. Planteó, como excepción, la caducidad de la reclamación de reliquidación de las cesantías, prescripción total y solicitó negar las pretensiones de la demanda2.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia 3

dictada el 19 de marzo de 2019, resolvió:

PRIMERO. Inaplicar por inconstitucionales y sólo para este caso concreto, los preceptos legales que señalan que la prima se servicios del 30% regulada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tiene carácter salarial atendiendo lo señalado en la parte considerativa.

2 Samai, folio 120 del cuaderno físico. 3 Samai, folio 217 del cuaderno físico.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

2 Samai, folio 120 del cuaderno físico. 3 Samai, folio 217 del cuaderno físico.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

Demandante: Nelson Camelo Cubides

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

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5 SEGUNDO. Declárese como NO PROBADAS las excepciones prescripción total y prescripción laboral, propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de la oficio (Sic) SG-001612 de 17 de abril de 2015 y la resolución n°503 de 16 de julio de 2015.

CUARTO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN , proceda: a). Pagar el valor correspondiente a la prima especial de servicios equivalente al 30%de su salario por el periodo comprendido entre el 10 de julio de 2012 y 01 de diciembre de 2015 , b). Reliquidar las prestaciones sociales, incluyendo el 30% correspondiente a la prima especial de servicios (art. 14 de la Ley 4 ª de 1992), tomándola como factor salarial, a favor del demandante NELSON CAMELO CUBIDES , y en consecuencia, pagarle o reintegrarle la diferencia salarial que resulte de lo pagado por conce pto de salarios y

favor del demandante NELSON CAMELO CUBIDES , y en consecuencia, pagarle o reintegrarle la diferencia salarial que resulte de lo pagado por conce pto de salarios y demás emolumentos de carácter salarial, por el periodo transcurrido entre el 10 de julio de 2012 y 01 de diciembre de 2015, fecha en que ya estaba vigente la Ley 4ª de 1992, debiendo tener en cuenta como base la totalidad de la remuneración básica mensual de cada año, más el 30%equivalente a la prima especial de servicios, sumado a los demás factores salariales, y ordenar que en adelante sea tenida la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, como adi cional al salario mensual de la demandante con carácter de factor salarial, para todos los efectos, sin deducir o descontar su porcentaje del 100% de la remuneración básica mensual de cada año y de los demás factores saláriales de ella por derecho propio. Situación que debe seguir mientras la demandante ocupe el cargo de Agente del Ministerio Publico.

QUINTO.ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SEXTO: NEGAR el reconocimiento y pago de PERJUICIOS presuntamente causados a la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEPTIMO: CONDENAR a la demandada y a favor de la demandante al pago COSTAS; i). GASTOS PROCESALES por valor OCHO MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($8.318.00), y de ii). AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al 10% del

i). GASTOS PROCESALES por valor OCHO MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($8.318.00), y de ii). AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al 10% del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($8.810.574), conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

[…]4.

14. El tribunal encontró demostrado que el señor Nelson Camelo Cubides se vinculó a la Nación, Procuraduría General de la Nación el 10 de julio de 201 2 hasta el 1 de diciembre de 2015, fecha de presentación de la demanda . Además, que le aplicaron el régimen previsto para los servidores públicos en su condición de procurador judicial II penal de Manizales y que se le excluyó de la liquidación , tanto de su salario, como de sus prestaciones sociales, el 30% de la prima especial.

15. De ahí que este 30% tiene carácter salarial y, por tanto, debió habe rse tenido en cuenta para liquidar los derechos laborales y prestacionales. En consecuencia, a al

4 Transcripción fiel, incluso con errores.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

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6 demandante le asiste el derecho a la reliquidación con la inclusión de este porcentaje

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 demandante le asiste el derecho a la reliquidación con la inclusión de este porcentaje desde el ingreso al sector oficial hasta la fecha en que permaneció vinculado a este.

16. Ahora bien, respecto de la inaplicación de las normas que solicitó el actor, indicó que se desvirtuó su presunción de legalidad como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los decretos salariales que preveían el carácter no salarial de la prima especial. Por tanto, la situación debía retrotraerse al estado anterior como si la norma no hubiera existido de acuerdo con los efectos ex tunc de las nulidades.

Adicionalmente, el tribunal expresó que algunas de las normas demandadas fueron derogadas posteriormente, de ahí que existía una sustracción de materia que hacía innecesario un estudio adicional de su aplicación.

17. En punto a la prescripción, esta se cuenta 3 años a partir de la exigibilidad del derecho reclamado y se interrumpe por un lapso igual con el simple reclamo escrito del trabajador. Sobre esta figura se pronunció la sentencia del 2 de septiembre de 2019, según la cual el término prescriptivo se contabiliza desde el 7 de enero de 1993 y se interrumpe por tres años contados a partir de la presentación de la reclamación administrativa.

18. Aplicado lo anterior al caso en particular, como el demandante se posesionó en calidad de procurador judicial II penal el 1 0 de julio de 2012, y presentó solicitud ante la Nación, Procuraduría General de la Nación , el 17 de abril de 201 5, no operó el

calidad de procurador judicial II penal el 1 0 de julio de 2012, y presentó solicitud ante la Nación, Procuraduría General de la Nación , el 17 de abril de 201 5, no operó el fenómeno de la prescripción.

19. Precisó que no se configuró la excepción de caducidad de la reclamación de la reliquidación de las cesantías propuesta por la entidad demandada , dado el carácter salarial y prestacional de la prima especial que se estableció a favor de determinados funcionarios.

20. Por estos motivos, derivado del carácter salarial y prestacional de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, no existen razones válidas para extraerla al momento de liquidar los derechos laborales. De manera que debe accederse a las pretensiones de la demanda y, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política, se inaplicarán por inconstitucionales las normas contrarias a la interpretación que se le deb ía dar a la citada disposición. Así las cosas, se anulará n los actos demandados y se dispondrá la reliquidación con la incidencia del 30% en los salarios y las prestaciones sociales, al incluirse la prima especial como factor salarial.

Igualmente, se le ordenará a la entidad demandada liquidar los salarios y prestaciones causadas a futuro, con la inclusión de la prima con carácter salarial.

21. Finalmente, condenó en costas por valor de $8.810.574, correspondientes a las agencias en derecho5.

2.4. Recurso de apelación

22. La entidad demandada solicitó revocar la sentencia proferida el 19 de marzo de 2019, con fundamento en los siguientes motivos de inconformidad:

agencias en derecho5.

2.4. Recurso de apelación

22. La entidad demandada solicitó revocar la sentencia proferida el 19 de marzo de 2019, con fundamento en los siguientes motivos de inconformidad:

5 Folio 217 del cuaderno físico.Radicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

Demandante: Nelson Camelo Cubides

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7

23. La Ley 4 de 1992 y los decretos salariales proferidos por el Gobierno nacional disponen que el 30% de prima especial percibido por los procuradores judiciales no es factor salarial. De ahí que como esta normativa está vigente y goza de plena validez, porque los actos administrativos no han sido anulados lo que les otorga plenos efectos jurídicos, la entidad debe cumplir el deber legal y reconocer, y pagar los salarios , de conformidad con los parámetros establecidos.

24. Advirtió que, aunque en los decretos salariales anuales se incluyó una norma que dispone que «los Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial tendrán derecho a una prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) del salario básico», como es el caso del artículo 11 del Decreto 1016 de 2013, esta disposición no resulta aplicable a los procuradores judiciales II, por ser incompatible con la prima especial. Así las cosas, estos servidores tienen prevista una prima especial sustentada

básico», como es el caso del artículo 11 del Decreto 1016 de 2013, esta disposición no resulta aplicable a los procuradores judiciales II, por ser incompatible con la prima especial. Así las cosas, estos servidores tienen prevista una prima especial sustentada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, excluyente con aquella equivalente al 30%; la cual, además, no corresponde a este porcentaje como se afirma equivocadamente.

25. En estos términos, la entidad precisó que el salario básico es solo una parte de la remuneración mensual por lo que no es acertado afirmar que dejó de tener en cuenta el 30% de este para liquidar las prestaciones sociales, ya que «lo que no se tiene en cuenta como factor de salario es exactamente lo correspondiente a la prima especial, dadas las razones que en adelante se exponen. Con todo, se aclara, en la base de la liquidación de las prestaciones sociales de los Procuradores Judiciales II se toma en cuenta la asignación básica y los gastos de representación percibidos mensualmente, más las correspondientes doceavas de ley».

26. Adicionalmente, manifestó que eran inaplicables para los servidores de la Procuraduría General de la Nación los regímenes salariales dispuestos para la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nació n, así como las consecuencias previstas en las sentencias relacionadas con estos, porque esto implicaría que se viera obligada a acoger las disposiciones que rigen estas entidades, en vez de sus propios decretos salariales.

27. De ahí que estos regímenes indicados difieren sustancialmente al estar establecidos en decretos distintos, lo que hace improcedente adoptar lo allí dispuesto

salariales.

27. De ahí que estos regímenes indicados difieren sustancialmente al estar establecidos en decretos distintos, lo que hace improcedente adoptar lo allí dispuesto indistintamente, máxime cuando en estos , como es el caso del artículo 1 de los decretos 1016, 1035 y 1024 de 2013, se estipuló expresamente que no se tendrán en cuenta para determinar la remuneración de otros funcionarios del sector público , ya que se trata de normas especiales. Por tanto, en este asunto se busca extender los efectos de las normas propias del régimen salarial de la Rama Judicial , a partir de situaciones particulares que no corresponden a la Procuraduría General de la Nación, lo cual las torna ilegales e inaplicables.

28. Seguidamente, la entidad expresó , en línea con lo manifestado en el acto demandado, «que la prima especial conced ida a los Procuradores Judiciales II cómo la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tiene carácter salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales». Así lo estableció en los distintos decretos salariales expedidos cada año, a partir de los cuales se evidencia que la remuneración mensual de los procuradores judiciales II está compuesta por la asignación básica, los gastos de representación y la prima especial, emolumentos que establece el Gobierno nacional «en valores fijos, en donde la primaRadicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

Demandante: Nelson Camelo Cubides

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Demandante: Nelson Camelo Cubides

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

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8 especial corresponde a un valor fijo, adicional y diferente a la asignación básica y gastos de representación».

29. En este contexto, refirió no puede desconocer la sentencia de constitucionalidad proferida por la Corte Constitucional en punto al carácter no salarial de la prima especial. Por tanto, la sentencia apelada no se ajusta al precedente de las altas cortes según el cual la prima solo es factor salarial en materia pensional6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

30. Mediante auto del 8 de agosto de 2023 7, se admitió el recurso de apelación interpuesto. A través de proveído del 7 de noviembre de 20238, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

31. El apoderado de la parta demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación. Además, adujo que en el caso que se decidiera confirmar el contenido de la sentencia, solicita que se verifique la aplicación de la prescripción trienal conforme a la sentencia de unificación 4100123-33-000-2016-00041-02 (2204-2018) del 2 de septiembre de 20199.

32. La parte demandante no presentó alegaciones finales.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018) del 2 de septiembre de 20199.

32. La parte demandante no presentó alegaciones finales.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

33. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

34. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse, únicamente, en relación con los reparos concretos presentados por la apelante 10, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

35. ¿La entidad debe reconocer y pagar los salarios de conformidad con la Ley 4 de 1992 y los decretos salariales proferidos por el Gobierno nacional, según los cuales el 30% de prima especial percibido por los procuradores judiciales no es factor salarial?

36. ¿Es acertado afirmar que se dejó de tener en cuenta el 30% del salario para

6 Folio 229 del cuaderno físico. 7 Índice 39 del Samai. 8 Índice 47 del Samai. 9 Índice 52 del Samai. 10 CGP, artículos 320 «fines de la apelación» y 328 «competencia del superior».Radicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

Demandante: Nelson Camelo Cubides

10 CGP, artículos 320 «fines de la apelación» y 328 «competencia del superior».Radicación: 17001-23-33-000-2015-00749-02 (4449-2019)

Demandante: Nelson Camelo Cubides

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 liquidar las prestaciones sociales de Nelson Camelo Cubides, cuando está establecido que los procuradores judiciales II tienen una prima especial que corresponde a un valor fijo, adicional y diferente a la asignación básica, que no equivale a este porcentaje?

37. ¿La prima especial concedida a los procuradores judiciales II, como Nelson Camelo Cubides, en los términos de la Ley 4 de 1992, no tiene carácter salarial para liquidar las prestaciones sociales, como lo establecieron los distintos decretos salariales que no han sido anulados, y lo ratificó el precedente de las altas cortes?

38. ¿Se extendieron indebidamente los efectos de los regímenes salariales dispuestos para la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, así como las consecuencias previstas en las sentencias relacionadas con estos?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

39. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales

públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

40. El Gobierno nacional, en cumplimie

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