CE - Sentencia 17001233300020150077802 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019)

Demandante: Aydee Martínez Barrios

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 , Prescripción, Aportes a pensión

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 19 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Aydee Martínez Barrios presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio SG 1674 del 21 de abril de 2015 y de la Resolución

nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo2, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio SG 1674 del 21 de abril de 2015 y de la Resolución 430 del 25 de junio de 2015, proferidos por la Procuraduría General de la Nación en

1 Folios 1 al 18. La demanda fue presentada el 9 de diciembre de 2015. 2 En adelante CPACA.2

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019) Demandante: Aydee Martínez Barrios el que negó el reconocimiento del 30% del salario básico pagado a título de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la reliquidación de todas las prestaciones sociales a las que tiene derecho por haberse desempeñado como procuradora judicial I.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago, desde el 5 de mayo de 1997 hasta el 1 de febrero de 2004, de los siguientes emolumentos: a) el 30% del salario básico que no se le ha pagado por haber sido catalogado como la prima especial de servicios consignada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; b) las primas de servicios, de vacaciones, y de navidad, bonificación por servicios, auxilio de cesantías y demás emolumentos de origen salarial de acuerdo con el 100% de la asignación básica mensual; ii) la actualización del valor de la condena de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 del CPACA ; y iii) los intereses moratorios causados desde la fecha

emolumentos de origen salarial de acuerdo con el 100% de la asignación básica mensual; ii) la actualización del valor de la condena de acuerdo con lo previsto en el artículo 187 del CPACA ; y iii) los intereses moratorios causados desde la fecha de reconocimiento del derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. Aydee Martínez Barrios laboró en la Procuraduría General de la Nación del 5 de mayo de 1997 al 4 de enero de 1998 y del 3 de febrero de 1998 al 1 de febrero de

2004. En el último periodo citado se desempeñó como procuradora judicial I.

3.2. El 15 de abril de 2015 solicitó ante la Procuraduría General de la Nación el pago del 30% del salario que le ha sido pagado a título de prima especial de servicios y la reliquidación de las cesantías, las vacaciones, las primas de servicios, de navidad, de vacaciones, la bonificación po r servicios prestados y demás prestaciones de acuerdo con el 100% de su salario básico «entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2007» [sic].

3.3. La Procuraduría General de la Nación profirió el Oficio SG 1674 del 21 de abril de 2015 en el que negó la anterior solicitud. Contra esa decisión solo se dispuso la procedencia del recurso de reposición el cual fue agotado y resuelto por medio de la Resolución 430 del 25 de junio de ese año, en la que se confirmó la negativa.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

procedencia del recurso de reposición el cual fue agotado y resuelto por medio de la Resolución 430 del 25 de junio de ese año, en la que se confirmó la negativa.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992; y 152, ordinal 7, de la Ley 270 de 1996.

3 Folios 2 al 4.3

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019)

Demandante: Aydee Martínez Barrios

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. La Procuraduría General de la Nación le liquidó todas sus prestaciones sociales a partir del 70% de la asignación básica , pues la prima especial de servicio consignada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no fue reconocida como un emolumento adicional, sino que fue deducida de su salario en atención a una interpretación errónea que realizó el gobierno nacional sobre la norma por medio de la cual se creó.

5.2. La anterior interpretación resultó ser desfavorable a los derechos de los servidores públicos, pues le restó el carácter salarial al 30% del salario básico, lo cual disminuyó de manera automática el valor de las prestaciones sociales que se calculan a partir de la base salarial.

5.3. Los derechos salariales reclamados no se encontraban prescritos en atención a que los decretos salariales anuales por medio de los cuales se dispuso el pago del

calculan a partir de la base salarial.

5.3. Los derechos salariales reclamados no se encontraban prescritos en atención a que los decretos salariales anuales por medio de los cuales se dispuso el pago del 30% del salario como si se tratara de la prima especial estaban vigentes. Además, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Estado 4, el citado fenómeno solo puede computarse a partir de la sentencia que anula o retira del ordenamiento jurídico las normas o expresiones que impiden el pleno disfrute de los derechos laborales.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda,

por las razones que se expresan a continuación5:

6.1. La Procuraduría no tenía la potestad legal para fijar los salarios de sus funcionarios y había cumplido a cabalidad con el pago de lo s emolumentos fijados anualmente por el gobierno nacional y en el monto máximo autorizado por las normas vigentes, de tal modo que acceder a lo pedido en la demanda implicaría superar el tope establecido en el Decreto 1251 de 2009.

6.2. La asignación mensual de los magistrados de las altas cortes es fijada a través de un régimen distinto al de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación y la reliquidación de sus primas especiales de servicios ha sido concedida

4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2006, radicado 23001-23-31-000-2002-00244-01 (2152-2006). 5 Folios 69 al 73 reverso.4

23001-23-31-000-2002-00244-01 (2152-2006). 5 Folios 69 al 73 reverso.4

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019) Demandante: Aydee Martínez Barrios en procesos judiciales particulares y con efectos inter partes.

6.3. Las pretensiones de la demanda de la referencia se fundamentan en lo decidido por el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 2014 6 la cual no es constitutiva de los derechos reclamados en el presente medio de control, por cuanto no decidió el caso particular de la demandante.

6.4. Finalmente, propuso las excepciones de prescripción de las sumas causadas antes del 15 de abril de 2012 de conformidad con la fecha de radicación de la reclamación administrativa que tuvo lugar el 15 de abril de 2015.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, en sentencia proferida el 19 de marzo de 20197, accedió a las pretensiones de la demanda. En tal sentido,

ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Inaplicar por inconstitucionales y sólo para este caso concreto, los preceptos legales que señalan que la prima de servicios del 30% regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial, atendiendo lo señalado en la parte considerativa.

SEGUNDO. Declárese como NO PROBADAS las excepciones prescripción total y prescripción laboral, propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

considerativa.

SEGUNDO. Declárese como NO PROBADAS las excepciones prescripción total y prescripción laboral, propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de la SG-001674 de 21 de abril de 2015 y la resolución n° 430 de 25 de junio de 2015.

CUARTO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, proceda: a). Pagar el valor correspondiente a la prima especial de servicios equivalente al 30% de su salario por el periodo comprendido entre el 05 de mayo de 1997 y el 31 de diciembre de 2007, b). Reliquidar las prestaciones sociales, incluyendo el 30% correspondiente a l a [prima] especial de servicios (art. 14 de la Ley 4ª de 1992), tomándola como factor salarial , a favor de la demandante AYDEE MARTÍNEZ BARRIOS, y en consecuencia, pagarle o reintegrarle la diferencia salarial que resulte de lo pagado por concepto de salarios y demás emolumentos de carácter salarial, por el periodo transcurrido entre el 05 de mayo de 1997 y el 31 de diciembre de 2007, fecha en que ya estaba vigente la Ley 4ª de 1992, debiendo tener en cuenta como base la totalidad de la remuneración básica mensual de cada año, más el 30% equivalente a la prima especial de servicios, sumado a los demás factores salariales, y ordenar que en adelante sea tenida la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como adicional al salario

a los demás factores salariales, y ordenar que en adelante sea tenida la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como adicional al salario

6 Sentencia del 29 de abril de 2014, radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. 7 Folios 178 al 190.5

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019) Demandante: Aydee Martínez Barrios mensual de la demandante con carácter de factor salarial, para todos los efectos, de cada año y de los demás factores salariales de ella por derecho propio. Situación que debe seguir mientras la demandante ocupe el cargo de Agente del Ministerio Público.

QUINTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SEXTO. CONDENAR a la demandada y a favor de la demandante al pago [de] COSTAS; i). GASTOS PROCESALES por valor [de] TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($13.632,00), y de ii). AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al 10% del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.926.411,59), conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

SEPTIMO. Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición

CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8.926.411,59), conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

SEPTIMO. Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición de parte interesada, emitir COPIAS AUTÉNTICAS. Por SECRETARÍA hacer las anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.

OCTAVO. Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez este ejecutoriada la última providencia emitida, [ARCHÍVENSE] las diligencias» [sic].

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. El 30% del salario básico « que corresponde a la prima especial de servicio sí tiene carácter salarial» y debió ser tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales de la demandante. Adicionalmente, se le debía «reconocer la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 y su carácter como factor salarial […] además de incluirla en la liquidación que haga de las prestaciones sociales a que tenga derecho».

8.2. No se configuró la prescripción alegada por la Procuraduría General de la Nación debido a que el derecho reclamado solo fue exigible a partir de la ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 en atención a que hasta ese momento coexistieron dos regímenes, uno que « reconocía la prima especial del 30% sin carácter salarial y el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 » lo que le impedía a la demandante acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

8.3. Para adelantar el presente proceso fue necesario incurrir en el gasto de $13.632

demandante acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

8.3. Para adelantar el presente proceso fue necesario incurrir en el gasto de $13.632 por concepto de notificaciones que debía ser asumido por la Procuraduría General de la Nación a título de gastos procesales. Además, ha bía lugar a ordenar el pago a favor de la demandante de $8.926.411 a título de agencias en derecho, cifra que correspondía a 10% del valor de las pretensiones, de acuerdo con lo previsto en el literal i del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.

9. Posteriormente, p or medio de auto de 10 de mayo de 2019, el Tribunal6

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019) Demandante: Aydee Martínez Barrios Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces corrigió la sentencia de primera instancia en el sentido de indicar que el periodo sobre el cual se reconoció la reliquidación salarial y prestacional ordenada es el comprendido entre el 5 de mayo de 1997 y el 1 de febrero de 2004 y no como se indicó en el ordinal cuarto de la providencia.

1.4. El recurso de apelación

10. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Lo

anterior, con base en los siguientes argumentos8:

11. La prima especial de servicios era una prestación dirigida a los servidores públicos de la Rama Judicial y prevista en normas que no podían extenderse a los miembros del Ministerio Público, quienes tenían establecido un régimen propio que

11. La prima especial de servicios era una prestación dirigida a los servidores públicos de la Rama Judicial y prevista en normas que no podían extenderse a los miembros del Ministerio Público, quienes tenían establecido un régimen propio que prevé una prima especial, pero en cuantía diferente al 30% consignado en la Ley 4ª de 1992.

12. De acuerdo con la sentencia «C-294 de 1996» [sic], la prima especial de servicio no tenía carácter salarial, por lo que no era correcto afirmar que la liquidación de los derechos prestacionales se efectuó sobre el 70% de la asignación básica, pues para ello se tomó tanto el 100% del salario mensual como el 100% de los gastos de representación.

13. La demandante mientras estuvo vinculada a la Procuraduría General de la Nación percibió la remuneración mensual en el monto máximo permitido por la norma por lo que pagarle un valor adicional implicaría superar los topes establecidos en el Decreto 1251 de 2009. Otorgarle caráct er salarial a la citada prima implicaría tener que disminuir el valor de la bonificación para no superar lo pagado a los magistrados de alta corte.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

14. La demandante alegó de conclusión a través de memorial en el que reiteró los argumentos propuestos en el trámite de la primera instancia9.

15. La parte demandada alegó de conclusión y reiteró los argumentos propuestos en

8 Folios 162 al 168. 9 Índice 55 de Samai.7

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019)

8 Folios 162 al 168. 9 Índice 55 de Samai.7

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019) Demandante: Aydee Martínez Barrios el recurso de apelación10.

1.6. El Ministerio Público

16. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia11.

2. Consideraciones 2.1. Problema jurídico

17. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia12, se circunscribe a establecer si ¿Aydee Martínez Barrios tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un emolumento adicional a la asignación básica mensual?; ¿los eventuales rubros causados a favor de Aydee Martínez Barrios se encuentran afectados por el fenómeno de la prescripción? y ¿la prima especial de servicios tiene carácter salarial de modo que deba ser tenida en cuenta en la base de liquidación de las prestaciones sociales? Y en caso de que el segundo problema ajurídico sea negativo se establecerá, si ¿la reliquidación impuesta en la sentencia de primera instancia desconocería los topes fijados en el Decreto 1251 de 2009?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

18. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

18. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre

10Índice 53 de Samai. 11 Constancia en el folio 216. 12 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».8

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019) Demandante: Aydee Martínez Barrios otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

Demandante: Aydee Martínez Barrios otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

19. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 13 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad».

20. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas

20. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

21. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

22. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la

13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los

desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».9

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019) Demandante: Aydee Martínez Barrios opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

23. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de

2006, 618 de 200714, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar15».

24. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

25. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima

Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

25. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado

14 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. 15 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.10

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019) Demandante: Aydee Martínez Barrios como prima.

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.10

Radicado: 17001-23-33-000-2015-00778-02 (4456-2019) Demandante: Aydee Martínez Barrios como prima.

26. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201916, fijó, entre otras, las siguientes

reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % d e su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos

salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

27. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)11

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)11

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