CE - Sentencia 17001233300020160006602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00066-02 (0878-2020)

Demandante: Clara Inés Naranjo Toro

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Manizales

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal , promiscuo y circuito.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones por reducción del salario base de liquidación. Procedencia. Sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Subtema 2: imprescriptibilidad de aportes para pensión de jubilación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el 30 de agosto de 2019, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Clara Inés Naranjo Toro , en condición de juez, presentó demanda contra la Nación , Consejo Superior de la Judicatura , Rama Judicial , Dirección Seccional de Administración Judicial, con el propósito de obtener el pago de la prima especial y la

Clara Inés Naranjo Toro , en condición de juez, presentó demanda contra la Nación , Consejo Superior de la Judicatura , Rama Judicial , Dirección Seccional de Administración Judicial, con el propósito de obtener el pago de la prima especial y la reliquidación de las prestaciones sociales y la diferencia de los aportes a s eguridad social con base en el 100 % de la remuneración mensual. La Dirección Seccional de Administración Judicial negó la solicitud al considerar que la prima especial no t iene carácter salarial y que la sentencia de unificación jurisprudencial no es un título constitutivo de gast o cuando no existe disponibilidad presupuestal. La demandante afirmó que los actos administrativos que negaron la petición son nulos porque desconocieron la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado sobre la naturaleza de la prima especial como una adición de la remuneración y los princi pios constitucionales de igualdad, progresividad y favorabilidad.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Clara Inés Naranjo Toro , mediante apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra laRadicación: 17001-23-33-000-2016-00066-02 (0878-2020)

Demandante: Clara Inés Naranjo Toro

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 18 de febrero de 2016, con las siguientes:

www.consejodeestado.gov.co

2 Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 18 de febrero de 2016, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Que se inapliquen los decretos 658 de 2008, artículos 6 y 7; 722 de 2009, artículo 4; 1388 de 2010, artículo 8; 1039 de 2011, artículo 8; 874 de 2012, artículo 8; 1024 de 2013, artículo 8; 194 de 2014, artículo 8; y 1105 de 2015, artículo 4; que fijaron la remuneración mensual fraccionada en el 30 % que se pagó a título de prima especial sin carácter salarial.

(i) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMZR15-632 del 7 de mayo de 2015, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, mediante la cual se negó la inclusión del 30 % de la remuneración mensual devengada por la demandante como base para la liquidación de las prestaciones sociales , desde que desempeña el cargo de juez de la República y hasta tanto permanezca en su ejercicio.

(ii) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMZR15 -663 del 14 de mayo de 2015, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales , mediante la cual la entidad negó el recurso de reposición y concedió el de apelación; así como de la Resolución 4137 del 7 de junio de 2016, por medio de la cual confirmó la decisión apelada.

Judicial de Manizales , mediante la cual la entidad negó el recurso de reposición y concedió el de apelación; así como de la Resolución 4137 del 7 de junio de 2016, por medio de la cual confirmó la decisión apelada.

(iii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura , Dirección Seccional de Administración Judicial a reconocer y pagar a la señora Clara Inés Naranjo Toro la prima especial del 30 % prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición a la remuneración básica mensual devengada desde que desempeña el cargo de juez.

(iv) Condenar a la Nación , Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial a reliquidar y pagar las prestaciones sociales como la prima de navidad, prima de servicio s, prima de vacaciones, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, bonificación por servicios y aportes a seguridad social en salud , pensión y riesgos laborales con base en el 100 % de la remuneración básica mensual, además del 30% que corresponde a la prima especial.

(v) Ordenar a la entidad demandada ajustar las sumas de condena conforme con las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

(vi) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente1:

(vi) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente1:

1 SAMAI, índice 54, ED_C01_CD02Folio85ReformaDeLaDemanda(.zip) NroActua 54.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00066-02 (0878-2020)

Demandante: Clara Inés Naranjo Toro

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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(i) Laboró al servicio de la rama judicial en c ondición de juez, desde el año

1996. Al momento de presentación de la demanda, se encontraba ejerciendo el cargo de juez.

(ii) Ha recibido la asignación básica y la prima especial no como una adición de la remuneración sino como una fracción que no constituye factor salarial.

(iii) Mediante solicitud radicada el 16 de abril de 2015 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, solicitó el pago de las sumas adeudadas por los conceptos mencionados, con inclusión de la prima especial.

(iv) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó la petición mediante la Resolución DESAJMZR15-632 del 7 de mayo de 2015.

(v) Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, este último resuelto mediante la Resolución

de 2015.

(v) Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, este último resuelto mediante la Resolución 4137 del 7 de junio de 2016, por la cual se confirmó la decisión denegatoria.

(vi) El 25 de agosto de 2015 fue realizada la audiencia de conciliación que se declaró fallida debido a la falta de ánimo conciliatorio de las partes.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, preámbulo y artículos 2, 13, 25, 48, 53, 150, 215 y 256; Ley 4 de 1992 , artículos 2 y 14; Ley 270 de 1996, artículo 152-7; Decreto Ley 546 de 1971, artículos 24, 32 y 35 ; Decreto 603 de 1977, artículo 9; Decreto Ley 244 de 1981, artículo 8; Decreto 1726 de 1973, artículo 2; Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 32; Código Sustantivo de Trabajo, artículo 127; Decreto 658 de 2008 , artículos 6 y 7 ; Decreto 722 de 2009 , artículo 4 ; Decreto 1388 de 2010, artículo 8; Decreto 1039 de 2011, artículo 8; Decreto 0874 de 2012, artículo 8; Decreto 1024 de 2013, artículo 8; Decreto 194 de 2014, artículo 8, y convenios de la OIT 87, 95, 98, 100 y 111.

4. En el concepto de violación, la demandante afirmó que los actos administrativos

convenios de la OIT 87, 95, 98, 100 y 111.

4. En el concepto de violación, la demandante afirmó que los actos administrativos demandados desconocen la normatividad superior y las decisiones judiciales vigentes, en particular las sentencias del Consejo de Estado que reconocen la prima especial.

Afirmó que dicho beneficio representa un porcentaje adicional de la remuneración mensual y, por tanto, el pago realizado como una fracción del sueldo debe incluirse obligatoriamente en la base de liquidación de las prestaciones sociales, de modo que su exclusión vulnera los principios constitucionales de igualdad y respeto por los derechos adquiridos.

2.2. Contestación de la demanda

5. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido», porque el pago de las acreencias solicitadas debe sustentarse en un título constitutivo de gasto no en una sentencia de simple nulidad.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00066-02 (0878-2020)

Demandante: Clara Inés Naranjo Toro

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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6. Adujo que no es procedente acceder a las pretensiones de la parte actora, en tanto la prima especial del treinta por ciento (30 %) fue establecida legalmente sin carácter salarial, razón por la cual no puede ser incluida en la liquidación de las

tanto la prima especial del treinta por ciento (30 %) fue establecida legalmente sin carácter salarial, razón por la cual no puede ser incluida en la liquidación de las prestaciones sociales, así como tampoco en la base de liquidación de los aportes a seguridad social. Lo anterior, con fundamento en la sentencia C-279 de 1996 del 13 de junio de 1996, proferida por la Corte Constitucional, según la cual el legislador tiene la libertad de no atribuir carácter salarial a la prima especial.

7. Asimismo, planteó la excepción de «cosa juzgada constitucional» al considerar que, si bien los decretos expedidos por el Gobierno nacional que fijaron el régimen salarial en los años 1993 a 2007 fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que establece el carácter no salarial de la prima especial, fue declarado exequible por la Corte Constitucional , razón por la que se entiende que los actos administrativos demandados se ajustan a derecho.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia dictada el 30 de agosto de 2019, accedió a las pretensiones en los siguientes términos2:

PRIMERO. Inaplicar los artículos 6 y 7 del decreto 658 de 2008, 4 del decreto 722 de 2009, 8 del decreto 1388 de 2010, 8 del decreto 1039 de 2011, 8 del decreto 874 de 2012, 8 del decreto 1024 de 2013, 8 del decreto 194 de 2014 y 4 del decreto 1105 de 2015.

2012, 8 del decreto 1024 de 2013, 8 del decreto 194 de 2014 y 4 del decreto 1105 de 2015.

SEGUNDO. Declárense como NO PROBADAS las excepciones de ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, cosa juzgada constitucional y prescripción trienal laboral propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. Declárese la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de la resolución DESAJMZR15 -632 de 7 de mayo de 2015, la resolución DESAJMZR15-663 de 14 de mayo de 2015 y la resolución n.° 4137 de 7 de junio de 2016.

CUARTO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho SE ORDENA A LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, proceda: a). Pagar la prima especial de servicios equivalente al 30% del valor del salario de la demandante desde el 1 de noviembre de 1996 y mientras ocupe el cargo de Juez de la República u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; b). Debe reliquidar las prestaciones sociales percibidas por la demandante durante el periodo reclamado con base en el 100% del salario percibido por ella y teniendo en cuenta para esta reliquidación que la prima especial de servicios tiene el carácter de factor salarial en un 30% del salario devengado, y pagar los dineros que resulten entre lo ya liquid ado y la reliquidación teniendo en cuenta esta prestación social, y en

cuenta para esta reliquidación que la prima especial de servicios tiene el carácter de factor salarial en un 30% del salario devengado, y pagar los dineros que resulten entre lo ya liquid ado y la reliquidación teniendo en cuenta esta prestación social, y en consecuencia se dispondrá la nulidad de los actos administrativos: resolución DESAJMZR15-632 de 7 de mayo de 2015, resolución DESAJMZR15-663 de 14 de mayo de 2015 y la resolución n.º 4137 de 7 de junio de 2016; en tal virtud y al probarse que la demandante viene ocupando el cargo de Juez de la República, de manera continua en la Rama Judicial desde el 1 de noviembre de 1996 y mientras ocupe el cargo de Juez de la República u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; c). Ordenar

2 SAMAI, índice 54, ED_C01_57Fallo_AccedeParcialmente(.pdf) NroActua 54.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00066-02 (0878-2020)

Demandante: Clara Inés Naranjo Toro

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 a la demandada, que como consecuencia de la reliquidación de las prestaciones sociales, por la inclusión de la prima de especial de servicios equivalente al 30% del salario devengado por la demandante; realizar los aportes dejados de cancelar al Sistema Ge neral de Seguridad Social en Salud y Pensión (SGSSS) desde el 1 de

sociales, por la inclusión de la prima de especial de servicios equivalente al 30% del salario devengado por la demandante; realizar los aportes dejados de cancelar al Sistema Ge neral de Seguridad Social en Salud y Pensión (SGSSS) desde el 1 de noviembre de 1996 y mientras ocupe el cargo de Juez de la República u otro de los mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

QUINTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SEXTO. CONDENAR a la demandada y a favor de la demandante al pago de COSTAS: i). GASTOS PROCESALES, por valor DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($10.368,00); y de ii). AGENCIAS EN DERECHO, por un monto equivalente al 10% del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTO S UN PESOS CON CINCO CENTAVOS ($5.308.301,5) conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda (sic).

SÉPTIMO. Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición de parte interesada, emitir COPIAS AUTÉNTICAS. Por SECRETARÍA, hacer las anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.

OCTAVO: Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez est é ejecutoriada la última providencia emitida, ARCHIVESE las diligencias.

9. Para resolver el asunto, el tribunal acogió la tesis señalada en las sentencias

OCTAVO: Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez est é ejecutoriada la última providencia emitida, ARCHIVESE las diligencias.

9. Para resolver el asunto, el tribunal acogió la tesis señalada en las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 2 de septiembre de 2019, mediante las cuales el Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos que establecían la prima especial sin carácter salarial. En dichas providencias, la corporación precisó que el 30 % correspondiente a la prima especial constituye un valor adicional al salario básico mensual y no un componente integrado a este.

10. Afirmó que el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados anualmente, pues la Ley 4 de 1992 establece que no se pueden desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los empleados de stinatarios de la prima especial. El Gobierno , a partir de una interpretación incorrecta de la Ley 4 de 1992, disminuyó el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que los actos administrativos demandados son contrarios a la Constitución Política y a la Ley, pues desconocen los derechos laborales y prestacionales que genera el pago íntegro del salario y la reliquidación de los derechos laborales y prestacionales.

11. En cuanto a la prescripción trienal, precisó que si bien l a parte demandada no formuló expresamente esta excepción en la contestación de la demanda, resultaba procedente la aplicación de la tesis expuesta la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de abril de 2016 3, según la cual

formuló expresamente esta excepción en la contestación de la demanda, resultaba procedente la aplicación de la tesis expuesta la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de abril de 2016 3, según la cual dicho término debe contarse a partir de la ejecutoria de la primera sentencia que declaró la nulidad de las normas que desconocieron el carácter salarial de la prima especial. En este caso, se tomó como referencia la sentencia del 29 de abril de 2014 que cobró ejecutoria el 22 de julio del mismo año y como la reclamación administrativa fue presentada el 16 de abril de 2015, concluy o que no operó el fenómeno de la

3 Sección Segunda, Sala de Conjueces , sentencia del 12 de septiembre de 2018 , exp. 730012333000201200183 02, número interno 3546-201.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00066-02 (0878-2020)

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6 prescripción.

12. Por último, condenó en costas a la parte demandada a partir del criterio objetivo valorativo.

2.4. Recurso de apelación

13. La entidad demandada interpuso recurso de apelación al considerar que operó el fenómeno de la «prescripción trienal », porque la reclamación administrativa fue radicada el 16 de abril de 2015, fecha posterior al vencimiento del término legal de tres

13. La entidad demandada interpuso recurso de apelación al considerar que operó el fenómeno de la «prescripción trienal », porque la reclamación administrativa fue radicada el 16 de abril de 2015, fecha posterior al vencimiento del término legal de tres (3) años previsto para reclamar las obligaciones derivadas del derecho.

14. Precisó que la sentencia del Consejo de Estado proferida el 29 de abril de 2014 declaró la nulidad de algunos artículos contenidos en los decretos salariales expedidos en los años 1993 a 2007. No obstante, afirmó que dicho fallo no reconoció derechos de manera individual ni anuló disposiciones posteriores al año 2007, razón por la cual los decretos expedidos a partir del año 2008 conservan plena validez.

15. Además, afirmó que se configuró la cosa juzgada constitucional, toda vez que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que establece la prima especial como un emolumento sin carácter salarial, razón por la cual no puede ser incluido en la base para la liquidación de las prestaciones sociales.

16. Asimismo, adujo que el reconocimiento de la prima como una adición de la remuneración y la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100 % del salario desconoce el tope salarial fijado en el Decreto 1251 del 14 de abril de 2009, que toma como base los ingresos de los magistrados de las altas cortes.

17. Finalmente, solicitó revocar la condena en costas por no encontrarse acreditada una conducta temeraria de la entidad, además de que se está obrando en atención al manual de defensa4.

17. Finalmente, solicitó revocar la condena en costas por no encontrarse acreditada una conducta temeraria de la entidad, además de que se está obrando en atención al manual de defensa4.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

18. Mediante auto del 3 de junio de 2021 , la Subsección A declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de la Subsección B en aquella época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido y ser beneficiarios de la prima especial en condición de funcionarios de la Rama Judicial, circunstancia que generaba interés directo en el proceso5.

19. Los magistrados integrantes de la Subsección A manifestaron su impedimento con sustento en el artículo 141-1 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, por tener en curso procesos con miras a lograr el carácter salarial de los emolumentos percibidos a los que al igual que ocurre con la prima discutida en este proceso, se omitió otorgarles tal connotación.

4 Samai, índice 54, ED C01 59 RecursoApelación pdf. Nro.Actua 54. 5 Samai, índice 11.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00066-02 (0878-2020)

Demandante: Clara Inés Naranjo Toro

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20. Con posterioridad, la Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019

(Reglamento Interno del Consejo de Estado) , realizó la designación de conjueces e integró la lista correspondiente en sesión del 23 de enero de 20256.

21. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como consta en el índice 55 del sistema de gestión judicial SAMAI.

22. Mediante auto del 7 de marzo de 2025 7, el conjuez designado por sorteo para tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA8, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

23. Frente a la configuración del supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA sobre la «posesión y duración del cargo de Conjuez», es del caso precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda han declarado infundado el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de

1992.

Subsecciones A y B de la Sección Segunda han declarado infundado el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

24. Asimismo, la mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024, decidieron declarar infundado el impedimento manifestado por los integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el

presente asunto, por tres razones, a saber9:

(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los

6 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría necesaria. PARÁGRAFO. (Adicionado Acuerdo No. 088 de 2019) INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces, que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los

que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional. 7 Samai, índice 21. 8 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. // Cu ando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774 -2024,

5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 40792023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00066-02 (0878-2020)

Demandante: Clara Inés Naranjo Toro

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 intereses de quien manifiesta el impedimento.

25. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, conforme con el cual l os nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que d é lugar al nombramiento de estos».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

27. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos concretos presentados por el apelante 10, la

27. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos concretos presentados por el apelante 10, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

28. ¿Procede la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, a pesar de que la misma no constituye factor salarial?

29. ¿El reconocimiento del 30 % adicional por concepto de prima especial vulnera el tope salarial establecido por el Gobierno nacional para los jueces de la República?

30. ¿Operó la prescripción extintiva de los derechos reclamados por la demandante, causados desde 1996, en ejercicio del cargo de juez de la República?

31. Por último, la Sala se ocupará de establecer la procedibilidad de la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia.

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

32. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativo, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribuna l Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribuna l Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

10 CGP, artículos 320 y 328.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00066-02 (0878-2020)

Demandante: Clara Inés Naranjo Toro

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

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