CE - Sentencia 17001233300020160017002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

Demandante: Uriel Zuluaga Zuluaga

Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional de Manizales Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Reiteración jurisprudencial.

Subtema: prescripción de obligaciones salariales, artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Uriel Zuluaga Zuluaga, en condición de juez de la república, solicitó el reconocimiento y pago del 30% de la remuneración mensual devengada, con todas las prestaciones sociales, en el periodo comprendido entre 1993 y 2003 . Sin embargo, la parte demandada negó la solicitud al considerar que los pagos efectuados, correspondientes a ese lapso , estuvieron ajustados a derecho, por cuanto atendieron lo previsto en la

sociales, en el periodo comprendido entre 1993 y 2003 . Sin embargo, la parte demandada negó la solicitud al considerar que los pagos efectuados, correspondientes a ese lapso , estuvieron ajustados a derecho, por cuanto atendieron lo previsto en la Ley 4 de 1992 y en los respectivos decretos reglamentarios.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Uriel Zuluaga Zuluaga, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo

(en adelante CPACA), presentó demanda 1 en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional de Manizales , radicada mediante apoderada judicial, el 4 de abril de 20162.

1 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, carpeta comprimida « ED_17001233300020160017(.rar) NroActua 2», archivo «2016.0170 Páginas 1 a 40.pdf», páginas 2 a 27. 2 Ibidem.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

Demandante: Uriel Zuluaga Zuluaga

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad de las resoluciones núm. DESAJ MZR14-884 del 4 de septiembre de 2014 y 4997 del 20 de agosto de 20 15, por medio de los cuales la

2. El demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad de las resoluciones núm. DESAJ MZR14-884 del 4 de septiembre de 2014 y 4997 del 20 de agosto de 20 15, por medio de los cuales la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , respectivamente , negaron el reconocimiento y pago del 30% de la remuneración mensual devengada , con todas las prestaciones sociales, en el periodo comprendido entre 1993 y 2003. (ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se le ordene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicia l, que reconozca y pague a su favor «la suma que resulte como diferencia de todos los conceptos salariales y prestacionales […], dejados de percibi r [entre 1993 y 2003], teniendo en cuenta lo devengado mensualmente sin deducir […] la prima especial de servicios»3. (iii) Que se actualicen los valores reclamados de conformidad con el IPC, y que se le ordene el pago de los intereses moratorios, de acuerdo con el artículo 188 del CPACA. (iv) Que se condene en costas a la parte demandada. (v) Que se ordene dar cumplimiento al fallo, de acuerdo con los artículos 189, 192 y 195 del CPACA. 2.1.2. Hechos

3. El señor Uriel Zuluaga Zuluaga hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Trabajó al servicio de la Rama Judicial, como juez y magistrado, desde el 16 de octubre de 1968 hasta el 3 0 de noviembre de 2003, cuando le fue reconocida su pensión de jubilación.

(i) Trabajó al servicio de la Rama Judicial, como juez y magistrado, desde el 16 de octubre de 1968 hasta el 3 0 de noviembre de 2003, cuando le fue reconocida su pensión de jubilación. (ii) En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de noviembre de 2003, además del sueldo básico, se le pagó la prima especial de servicios del 30%, sin factor salarial , y la liquidación de sus prestaciones soc iales «y [de] otros rubros como bonificaciones, vacaciones, y aportes a pensión» se realizó sobre el 70% de su salario. (iii) En virtud de lo anterior, mediante petición radicada el 19 de agosto de 2014, solicitó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, «el pago de las prestaciones sociales, cesantías, indemnizaciones […], intereses, bonificaciones, primas de navidad, de vacaciones, de servicios y demás rubros, sobre el 100% de su salario básico mensual »4. Sin embargo, la mencionada entidad negó la reclamación por medio de la Resolución núm. DESAJ MZR14-884 del 4 de septiembre del mismo año. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación, que fue resuelto mediante Resolución núm. 4997 del 20 de agosto de 2015, en el sentido de confirmar el acto recurrido.

3 Ibidem. 4 Ibidem.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

Demandante: Uriel Zuluaga Zuluaga

Demandado: Nación, Rama Judicial

3 Ibidem. 4 Ibidem.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

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3 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Uriel Zuluaga Zuluaga citó, como normas vulneradas, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 122, 123, y 150 —literal e) del numeral 19— de la Constitución Política de 1991; 12 (literal j), 8, 10 (inciso 3), y 14 de la Ley 4 de 1992; 54 y 64 del Decreto 2699 de 1991; 12 del Decreto 717 de 1978; 1, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; y los decretos 1042 y 1045 de 1978, 174 y 230 de 1975.

5. Expuso que los actos administrativos demandados desconocieron las sentencias dictadas por esta corporación en la materia . Al respecto, hizo especial énfasis en el fallo del 4 de agosto de 2010 5, en el que , según indicó, se reconoció la prima de servicios que recibían los servidores públicos, en el periodo comprendido entre 1993 y 2003, con ocasión de las providencias en las que se declaró la nulidad de los actos administrativos que establecieron la escala salarial de los servidores de la Rama

servicios que recibían los servidores públicos, en el periodo comprendido entre 1993 y 2003, con ocasión de las providencias en las que se declaró la nulidad de los actos administrativos que establecieron la escala salarial de los servidores de la Rama Judicial.

6. También hizo referencia a la sentencia proferida el 29 de abril de 2014 6 por esta Sección, que quedó ejecutoriada el 22 de julio del mismo año, en la que, según afirmó, se «reconoc[ió] la calidad de salarial a la prima especial», razón por la que adujo que desde esta decisión surgió la oportunidad para reclamar los pagos derivados de dicho concepto. Así, afirmó que los actos administrativos demandados no solo fueron expedidos de manera irregular, sino que también incurrieron en las causales de nulidad de falsa motivación y desviación de poder. 2.1.4. Contestación de la demanda

7. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, por medio de apoderado judicial, contestó la demanda7 mediante escrito en el que se opuso a las pretensiones, e invocó las excepciones de « ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido», «cosa juzgada», y «prescripción trienal».

8. En relación con los hechos relatados por la accionante, adujo que en la sentencia proferida por esta corporación el 29 de abril de 2014 8 se declaró la nulidad de los decretos anuales de salarios de la Rama Judicial comprendidos entre los años 1993 a 2007, y se dispuso que el 30% de la asignación básica de los jueces de la república que se canceló a título de prima , debía haber sido reconocida como una retribución

decretos anuales de salarios de la Rama Judicial comprendidos entre los años 1993 a 2007, y se dispuso que el 30% de la asignación básica de los jueces de la república que se canceló a título de prima , debía haber sido reconocida como una retribución adicional. Indicó que, con ocasión de esta decisión, «solicitó en varias ocasiones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la apropiación de los dineros correspondientes, sin obtener una respuesta favorable»9.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, rad. núm. 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0230-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07), M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. 7 Contestación de la demanda, visible en: Samai, índice 2, carpeta comprimida «ED_17001233300020160017(.rar) NroActua 2», archivo «2016.0170 Páginas 161 a 200.pdf», páginas 15 a 21. 8 La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, hizo referencia a la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1606-07).

sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1606-07). 9 Contestación de la demanda, visible en: Samai, índice 2, carpeta comprimida «ED_17001233300020160017(.rar) NroActua 2», archivo «2016.0170 Páginas 161 a 200.pdf», páginas 15 a 21.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

Demandante: Uriel Zuluaga Zuluaga

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9. En ese orden, afirmó que el reconocimiento y pago de la prima reclamada procedía «solo [en] virtud de un fallo judicial, toda vez que tal erogación [debía] sustentarse en un título constitutivo de gasto, es decir, una sentencia judicial debidamente ejecutoriada que recono[ciera] un derecho carácter particular [al] demandante , y no una sentencia de simple nulidad, que es de carácter general y por tanto no reviste las características de un título ejecutivo, como lo es [una] sentencia del Consejo de

Estado»10.

10. De acuerdo con lo anterior, concluyó que no era posible autorizar el reconocimiento y pago de las sumas reclamadas por el demandante, y que su actuación en el trámite administrativo estuvo ajustada a derecho. 2.2. Sentencia de primera instancia

10. De acuerdo con lo anterior, concluyó que no era posible autorizar el reconocimiento y pago de las sumas reclamadas por el demandante, y que su actuación en el trámite administrativo estuvo ajustada a derecho. 2.2. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, en sentencia del 28 de septiembre de 202111, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda , en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y de negar el restablecimiento del derecho, al encontrar probada la excepción de prescripción sobre todos los periodos reclamados.

12. Al analizar el caso concreto y las pruebas aportadas, la referida autoridad judicial indicó que estaba demostrado que, por un lado, el demandante laboró al servicio de la Rama Judicial, como juez de la República, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 30 de noviembre de 2003. Por otro, que el pago de la prima prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 fue excluida de su salario , razón por la que existía un saldo que no había sido cancelado, y en virtud del cual se debía declarar la nulidad de los actos administrativos demandados.

13. Sin embargo, explicó que, en la medida en que el demandante solicitó el 19 de agosto de 2014 el pago de lo causado entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de noviembre de 2003, «transcurrieron más de 3 años desde el momento en que dejó de trabajar como juez de la República y la fecha de la reclamación administrativa». Por esta razón, concluyó que debía declarar la prescripción de todos los periodos re clamados y, en

como juez de la República y la fecha de la reclamación administrativa». Por esta razón, concluyó que debía declarar la prescripción de todos los periodos re clamados y, en consecuencia, negar el reconocimiento y pago del 30% del salario por concepto de la prima especial, y la reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión del referido porcentaje. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas. 2.3. Recurso de apelación

14. El señor Uriel Zuluaga Zuluaga, a través de su apoderada judicial, apeló el fallo de primera instancia, porque consideró que no había lugar a declarar la prescripción de lo causado en todos los periodos reclamados 12. Según afirmó, la configuración del fenómeno prescriptivo se debía analizar desde «el hecho nuevo generador de derechos y constitutiv[o] del inició del término de prescripción», que según explicó, fue

10 Ibidem. 11 Sentencia de primera instancia, visible en: Samai, índice 2, carpeta comprimida «ED_17001233300020160017(.rar) NroActua 2», archivos «2016.0170 Páginas 201 a 240.pdf», páginas 20 a 41, y «2016.0170 Páginas 241 a 256.pdf», páginas 1 a 6. 12 Recurso de apelación de la demandante, visible en: Samai, índice 10, archivo «RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 10» , páginas 3 a 5.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

Demandante: Uriel Zuluaga Zuluaga

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páginas 3 a 5.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

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5 la sentencia del 29 de abril de 2014, en la que se declaró la nulidad de los decretos reglamentarios de la Ley 4 de 1992 , relacionados con la prima especial, por cuanto a partir de este momento, se hizo exigible el derecho reclamad o. En esa medida, y teniendo en cuenta que solicitó el pago de la prima dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que se dictó la referida sentencia, indicó que no operó la prescripción.

15. Frente a lo anterior, el demandante adujo que en el fallo cuestionado se le dio prevalencia al criterio establecido en la «sentencia de unificación» SUJ-016-CE-S22019 del 2 de septiembre de 2019 para analizar la configuración de la prescripción en casos como el presente. A su juicio, la interpretación realizada por el Tribunal fue errada, porque en la mencionada sentencia no se estable ció que el término de prescripción debía contarse «desde el momento [en] que [el] demandante dejó de trabajar», sino desde que el derecho reclamado se hizo exigible; situación que, en su criterio, sucedió a partir de la sentencia del 29 de abril de 2014.

16. De acuerdo con lo anterior, pidió que se revocaran los numerales tercero y sexto de

criterio, sucedió a partir de la sentencia del 29 de abril de 2014.

16. De acuerdo con lo anterior, pidió que se revocaran los numerales tercero y sexto de la sentencia apelada, y que su lugar, se concedieran todas las pretensiones de la demanda. 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

17. Esta corporación dictó auto el 28 de agosto de 202413, en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público, que guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA. 3.2. Problema jurídico

19. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si: ¿Operó la prescripción de la totalidad de las prestaciones reclamadas por el demandante?

20. Para resolver el interrogante planteado, a continuación, se realizan algunas consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la Rama Judicial. Luego, se destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de

y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la Rama Judicial. Luego, se destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverá el problema planteado.

13 Samai, índice 14, archivo «12Autoqueadmite_01332023Resuelveadmi(.pdf) NroActua 14».Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

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6 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

21. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

22. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199314 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional

a partir del 1 de enero de 1993.

22. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199314 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció: Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de

Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar. Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar […].

23. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las

determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones15, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

24. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)

14 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar». 15 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

Demandante: Uriel Zuluaga Zuluaga

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7 del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

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7 del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996. Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

25. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»16.

26. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala

para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»17.

27. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

28. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictado por el gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del

dictado por el gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, rad. núm. 11001-03-25-000-2003-00057-00 (121-03). 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).Radicación: 17001-23-33-000-2016-00170-02 (0133-2023)

Demandante: Uriel Zuluaga Zuluaga

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8 Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad» 18. La nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 200919.

29. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y

29. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima técnica, al considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el gobierno nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»20.

En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la ley 4 de 1992, en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado

de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % d e su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes Artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 d e 1995; 9 del Decreto 34 de 1996;

10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9