CE - Sentencia 17001233300020160026302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022)

Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, Seccional Manizales

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal, promiscuo y circuito. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones por reducción del salario base de liquidación. Procedencia. Sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Subtema 2: imprescriptibilidad de aportes para pensión de jubilación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces , el 14 de junio de 2022, que declaró la prescripción trienal de todo el periodo reclamado por concepto de prima especial con las consecuencias prestacionales y ordenó la reliquidación de los aportes a pensión de jubilación.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Bertha Gutiérrez Vallejo, en condición de juez, presentó demanda contra la Nación ,

a pensión de jubilación.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Bertha Gutiérrez Vallejo, en condición de juez, presentó demanda contra la Nación , Rama Judicial , Dirección Seccional de la Administración Judicial con el objetivo de obtener la reliquidación y pago de la prima especial y prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario. La Dirección Seccional de la Administración Judicial negó la solicitud al considerar que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y la sentencia de nulidad de los decretos no es un título constitutivo de gasto. La demandante afirmó que los actos administrativos que negaron su petición son nulos, porque desconocieron la naturaleza salarial de la prima especial de servicios, la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Bertha Gutiérrez Vallejo , mediante apoderad a judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra laRadicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022) Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

Seccional Manizales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 29 de abril de 2016, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

www.consejodeestado.gov.co

2 Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 29 de abril de 2016, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución No. DESAJMZR14 -874 del 3 de septiembre de 2014, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales y la Resolución No. 5001 del 20 de agosto de 2015, expedida por la directora ejecutiva de administración judicial de Bogotá, mediante las cuales se negó la inclusión del 30 % de la remuneración mensual devengada por la demandante como base para la liquidación de las prestaciones sociales de las vigencias 1993 a 2007.

(ii) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de la Administración Judicial a reconocer y pagar a la señora Bertha Gutiérrez Vallejo la suma que resulte de la diferencia de todos los conceptos salariales y prestacionales dejados de percibir en los años 1993 a 2007, teniendo en cuenta lo devengado mensualmente , sin deducir la denominada prima especial de servicios.

(iii) Ordenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial a reajustar o actualizar al momento de la ejecutoria del fallo de primera o segunda instancia, las sumas a pagar, conforme con el índice de precios al consumidor (IPC).

(iv) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada a favor de la parte demandante, conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

precios al consumidor (IPC).

(iv) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada a favor de la parte demandante, conforme al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

(v) Ordenar el cumplimiento del fallo en los términos establecidos en los artículos 189, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)1.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la demandante expuso, en

síntesis, lo siguiente2:

(i) Laboró al servicio de la rama judicial , en condición de juez, desde el 1 de febrero de 1981 hasta el 31 de agosto de 2007, por un periodo superior a veinte (20) años, lo que le permitió obtener la pensión de vejez.

(ii) Desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de agosto de 2007, recibió mensualmente la prima especial de servicios como un porcentaje de la remuneración mensual, la cual no fue tenida en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales por considerar que no tenía carácter salarial , liquidación que también afectó las cesantías.

1 Samai, índice 2, archivo 01Cuaderno1, folios 175 a 202. 2 Samai, índice 2, archivo 01Cuaderno1, folio 176.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022) Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Manizales

Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

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(iii) Solicitó el pago de las sumas adeudadas por los conceptos mencionados, incluyendo la prima especial de servicios, mediante derecho de petición presentado el 15 de agosto de 2014 ante la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Caldas.

(iv) La Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales negó la petición mediante Resolución No. DESAJMZR14 -874 del 3 de septiembre de 2014.

(v) Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación que fue resuelto en forma negativa por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial de Bogotá, mediante Resolución No. 5001 del 20 de agosto de 2015.

(vi) El 18 de febrero de 2016 fue realizada la audiencia de conciliación que se declaró fallida.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: la Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 83, 86, 93, 117, 121, 122, 123, 124, 125,

128, 150 numeral 19, literal e), 209, 228, 229 y 230; la Ley 4 de 1992, artículos 1, 2, 8 y 12, incisos 3 y 14; el Decreto 2699 de 1991, artículos 54 y 64; el Decreto 717 de 1978, artículo 12; el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 1, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19 y 21; los decretos 1042 y 1045 de 1978; los decretos 174 y 230 de 1975 , y la Ley 1437 de 2011, artículos 102, 137, 138, 152, 162, 164 y 192.

4. En el concepto de violación, la demandante afirmó que los actos administrativos demandados desconocen la normatividad superior y las decisiones judiciales del Consejo de Estado que establecen el carácter salarial de la prima especial de servicios (30 % del salario) y su inclusión en la base de liquidación de las prestaciones sociales.

Afirmó que los actos incurrieron en falsa motivación al no atender el fundamento principal de la pretensión que se soportaba en la sentencia del 29 de abril de 2014 , solo afirmó que la providencia no es un título constitutivo de gasto. Además, alegó que los actos se expidieron de manera irregular y con desviación de poder.

2.2. Contestación de la demanda

5. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido», por cuanto no existe ningún sustento normativo que le confiera carácter salarial a la prima especial y , por tanto, q ue la base de liquidación de las

las excepciones de «ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido», por cuanto no existe ningún sustento normativo que le confiera carácter salarial a la prima especial y , por tanto, q ue la base de liquidación de las prestaciones deba incluir ese emolumento. Además, se configura la «cosa juzgada constitucional», como quiera que la Corte Constitucional , al declarar la exequibilidad de la norma dejó incólume la determinación de que la citada prima no tiene carácter salarial.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022) Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Manizales

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6. Además, afirmó que operó la «prescripción trienal» por la reclamación tardía de los derechos, comoquiera que la solicitud corresponde a acreencias presuntamente generadas desde 1993 hasta el 2007.

7. Adujo que no es procedente acceder a las pretensiones teniendo en cuenta que la prima del 30 % se estableció sin carácter salarial por mandato legal, la cual fue declarada conforme a la Constitución en sentencia C -279 de 1996, motivo por el que el Gobierno nacional está expresamente facultado para expedir los decretos salariales teniendo la potestad de determinar que ese 30 % de la remuneración mensual se considera prima especial3.

2.3. Sentencia de primera instancia

el Gobierno nacional está expresamente facultado para expedir los decretos salariales teniendo la potestad de determinar que ese 30 % de la remuneración mensual se considera prima especial3.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces , mediante sentencia dictada el 14 de junio de 2022, dispuso lo siguiente4:

PRIMERO: ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de UnificaciónSUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Declárase la NULIDAD, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los actos administrativos; resolución DESAJMAR14 -874 de 3 de septiembre de 2014 y de la resolución n° 5001 de 20 de agosto de 2015.

TERCERO: Declárese NO PROBADA las excepciones I). ausencia de causa petendi, ii).

Inexistencia del derecho reclamado, iii) Cobro de lo no debido, y PROBADA las excepciones de iv). Cosa juzgada constitucional y v). Prescripción trienal laboral, en consecuencia,

a) DECLARAR que la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 solo constituye FACTOR SALARIAL para efectos de los aportes a la pensión de jubilación y dado que estos aportes no prescriben, en consecuencia, debe la demandada reliquidar los aportes de pensión, sobre el 100% del sueldo básico y por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de agosto de 2007 y devolver las diferencias adeudadas al fondo de pensiones al cual este afiliado la Dra.

periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de agosto de 2007 y devolver las diferencias adeudadas al fondo de pensiones al cual este afiliado la Dra. Gutiérrez Vallejo.

b) DECLARAR la prescripción trienal laboral de todo el periodo reclamado se declara la prescripción de parte del periodo reclamado, -1 de enero de 1993 y hasta el 31 de agosto de 2007-.

CUARTO: CONDENAR a la demandada y a favor de la demandante al pago COSTAS; i). GASTOS PROCESALES para un total de CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS ($14.200.oo M/C) y; NO CONDENAR a la demandada al pago de ii). AGENCIAS EN DERECHO, conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

QUINTO: ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones solicitadas en la demanda.

SEPTIMO: Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición

3 Samai, índice 2, archivo 01Cuaderno1, folios 231 a 236. 4 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 10Sentencia1°.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022) Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Manizales

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5 de parte interesada, emitir COPIAS AUTÉNTICAS. Por SECRETARIA hacer las anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.

OCTAVO: Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez est e ejecutoriada la última providencia emitida, LIQU ÍDESE los gastos del proceso, DEVUELVASE los remanentes si los hubiere, y ARCHÍVESE las diligencias.

9. Para resolver el asunto , el tribunal advirtió que acogería en su integridad lo dispuesto en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 102, 269 y 271 del CPACA, de los cuales se concluye la obligatoriedad de las sentencias.

10. Afirmó que el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados anualmente, pues la Ley 4 de 1992 establece que no se p ueden desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los empleados destinatarios de la prima . E n una incorrecta interpretación e indebida aplicación de la Ley 4ª de 1992 , el Gobierno disminuyó el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que los actos administrativos demandados son contrarios a la Constitución y la Ley, pues desconocen los derechos laborales y prestacionales que genera el pago íntegro del salario y la reliquidación de

servidores públicos, razón suficiente para determinar que los actos administrativos demandados son contrarios a la Constitución y la Ley, pues desconocen los derechos laborales y prestacionales que genera el pago íntegro del salario y la reliquidación de los derechos laborales y prestacionales.

11. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia que sobre la materia ha expedido el Consejo de Estado, la cual ha reconocido que la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es una prestación adicional al sueldo básico y no parte de él, la cual, por mandato legal, solo reviste carácter de factor salarial para efectos de la liquidación de los aportes para pensión de jubilación.

12. En punto a la prescripción , consideró que operó frente a las obligaciones causadas antes del 15 de agosto de 2011, por cuanto la demandante realizó la reclamación de la prima especial de servicios el día 15 de agosto de 2014 . Así las cosas, declaró prescritos todos los periodos reclamados, comprendidos entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de agosto de 2007, excepto los aportes para pensión de jubilación.

13. En lo referente a la prescripción de las diferencias causados en la liquidación de las cesantías advirtió que, a pesar de que constituyen una prestación social que no es periódica sino anual y se reconocen mediante un acto administrativo susceptible de control administrativo y judicial, la jurisprudencia ha señalado que ante una expectativa que no se conocía o no se esperaba se puede reclamar su reliquidación a partir del conocimiento de los múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado que reconocieron la prima reclamada como un adicional al sueldo. Diferente es que en este

que no se conocía o no se esperaba se puede reclamar su reliquidación a partir del conocimiento de los múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado que reconocieron la prima reclamada como un adicional al sueldo. Diferente es que en este caso operó el fenómeno prescriptivo.

2.4. Recurso de apelación

14. La entidad demandada interpuso recurso de apelación para que se revoque la sentencia, al considerar que la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno nacional, por lo que es este quien determina dichas asignaciones con fundamento en la Constitución y la Ley. Con base en los dispuesto en los decretos anuales expedidosRadicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022) Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,

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6 por el Gobierno nacional, la administración judicial ha venido liquidando las prestaciones de los jueces con el 70% del salario, pues de acuerdo con estos, el 30% del salario de los jueces constituye prima especial sin carácter salarial.

15. Además, puso de presente que existen razones presupuestales que impiden asumir las obligaciones derivadas de la sentencia de nulidad de los decretos, que, vale decir, superan el tope de la remuneración mensual fijada por el Gobierno nacional.

15. Además, puso de presente que existen razones presupuestales que impiden asumir las obligaciones derivadas de la sentencia de nulidad de los decretos, que, vale decir, superan el tope de la remuneración mensual fijada por el Gobierno nacional.

Acceder a la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario y un pago adicional del 30% desconocería los principios presupuestales y la prescripción de aportes.

16. A partir de la declaración de nulidad de los decretos salariales de los años 1993 a 2007, no es procedente proponer fórmula conciliatoria por el tiempo laborado por el actor hasta el 31 de diciembre de 2007, dado que operó la prescripción trienal, aspecto que la sentencia apelada no analizó frente a la fecha de la reclamación del derecho .

Los aportes para pensión también prescribieron y, en todo caso, no fueron solicitados ni en la reclamación administrativa ni en la demanda.

17. Adujo que la sentencia del 29 de abril de 2014 solo decretó la nulidad de algunos artículos de los decretos de salarios de los años 1993 a 2007, motivo por el cual l os decretos posteriores mantienen la presunción de legalidad, por lo que, frente a dichos años, no es posible efectuar reconocimiento y pago alguno.

18. Por último, solicitó revocar la condena en costas por no encontrarse acreditada una conducta temeraria de la entidad, además de que se está obrando en atención al manual de defensa5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

19. Mediante auto del 7 de septiembre de 2023, la Subsección A declaró fundado

una conducta temeraria de la entidad, además de que se está obrando en atención al manual de defensa5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

19. Mediante auto del 7 de septiembre de 2023, la Subsección A declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de esta Subsección en esa época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido y ser beneficiarios de la prima especial en condición de funcionaros de la Rama Judicial, circunstancia que generaba interés directo en el proceso6.

20. Los magistrados integrantes de la Subsección A manifestaron su impedimento con sustento en el artículo 141-1 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, por tener en curso procesos con miras a lograr el carácter salarial de los emolumentos percibidos a los que al igual que ocurre con la prima discutida en este proceso, se omitió otorgarles tal connotación.

21. Con posterioridad, la Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019

(Reglamento Interno del Consejo de Estado) , realizó la designación de conjueces e integró la lista correspondiente en sesión del 23 de enero de 20257.

5 Samai, índice 2, expediente digital, archivo 11_Recepcionrecur_RecursoApelaci9_4_20240621155630911. 6 Samai, índice 11. 7 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría

6 Samai, índice 11. 7 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría necesaria. PARÁGRAFO. (Adicionado Acuerdo No. 088 de 2019) INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DERadicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022) Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Manizales

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22. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como consta en el índice 19 del sistema de gestión judicial SAMAI.

23. Mediante auto del 7 de marzo de 2025 8, la conjuez designada por sorteo para tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA9, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

24. Frente a la configuración del supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA sobre la «posesión y duración del cargo de Conjuez», es del caso precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda han declarado infundado el impedimento

24. Frente a la configuración del supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA sobre la «posesión y duración del cargo de Conjuez», es del caso precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda han declarado infundado el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

25. Asimismo, la mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024, decidieron declarar infundado el impedimento manifestado por los integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el

presente asunto, por tres razones, a saber10:

(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses de quien manifiesta el impedimento.

26. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, conforme con el cual l os nuevos magistrados desplazan a los

CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces, que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten

CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces, que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno nacional. 8 Samai, índice 21. 9 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. // Cu ando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774 -2024,

5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 40792023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022) Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Manizales

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8 conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que d é lugar al nombramiento de estos».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

28. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse, únicamente, en relación con los reparos concretos presentados por el apelante 11, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

29. ¿El reconocimiento de la prima especial como un porcentaje adicional a la remuneración mensual devengada por el demandante en condición de juez, involucra

Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

29. ¿El reconocimiento de la prima especial como un porcentaje adicional a la remuneración mensual devengada por el demandante en condición de juez, involucra la reliquidación de las prestaciones con la inclusión de esta, aun cuando el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 establece que constituye factor salarial únicamente para efectos de la liquidación de la pensión?

30. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la entidad apelante constituye un argumento válido para negar el reconocimiento de la prima especial y las diferencias salariales y prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual al 70 %, declaradas prescritas en el fallo apelado sin indicar la fecha de reclamación?

31. ¿El pago de la diferencia en los aportes para pensión de jubilación ordenado por el tribunal, está sometido a la prescripción extintiva declara en la sentencia apelada?

32. ¿Hay lugar a revocar la condena en costas impuesta a la entidad demandada en primera instancia?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

33. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al

superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

11 CGP, artículos 320 y 328.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00263-02 (5061-2022) Demandante: Bertha Gutiérrez Vallejo Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Manizales

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34. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199312 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de

del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distr