CE - Sentencia 17001233300020160042502 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022)

Demandante: Roberto Chaves Echeverry

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial1

Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia proferida el 20 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se declararon probadas las excepciones de cosa juzgada, ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado y en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Roberto Chaves Echeverry presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que

1. Roberto Chaves Echeverry presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1 En adelante DEAJ. 2 La demanda fue presentada el 21 de junio de 2016. 3 En adelante CPACA.2

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022)

Demandante: Roberto Chaves Echeverry

Resolución Resuelve 1 DESAJMZR14-1385 del 31 de diciembre de 2014, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales4 Por medio de las cuales le negó el reajuste prestacional y el reconocimiento de la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la asignación básica mensual , desde el i) 16 de junio de 1998 hasta el 16 de agosto de 1999, lapso en el que se desempeñó como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas ; y ii) el 3 de julio de 2001 hasta «la fecha» periodo en el que ocupa ba el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales 2 721 del 31 de diciembre de 2015, proferida por la DEAJ 3 DESAJP15-883 del 16 de octubre de 2015, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Pereira5 Por medio de las cuales le negó el reajuste

la DEAJ 3 DESAJP15-883 del 16 de octubre de 2015, expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Pereira5 Por medio de las cuales le negó el reajuste prestacional y el reconocimiento de la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la asignación básica mensual, desde el 17 de agosto de 1999 hasta el 2 de julio de 2001, lapso en el que se desempeñó como magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda 4 Silencio administrativo por falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución y el cual fue concedido por medio de la Resolución DESAJPR15 -174 del 3 de noviembre de 2015

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pago indexado de la diferencia salarial y prestacional existente entre lo liquidado y lo que realmente corresponde «teniendo en cuenta como base para la liquidación la prima especial de servicios correspondiente al 30% de los ingresos, la que debe adicionarse al salario básico y no deducirse, para la liquidación que de prestaciones se haga con el 100% de su remuneración mensual no con el 70% , desde el 16 de junio de 1998, hasta la fecha, periodo en que ha ocupado el cargo de magistrado, sin solución de continuidad» (sic); ii) la reliquidación de todas las prestaciones sociales devengadas, sobre el 100% del salario básico sin excluir el 30%; iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA; iv) el pago

devengadas, sobre el 100% del salario básico sin excluir el 30%; iii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA; iv) el pago de los intereses moratorios, en la forma dispuesta en el artículo 195 ibidem; y v) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes6:

3.1. Sin solución de continuidad, Roberto Chaves Echeverry se ha desempeñado como magistrado desde el 16 de junio de 1998, así:

Cargo Desde Hasta Magistrado de l a Sala Administrativa del Consejo 16 de junio de 1998 16 de agosto de 1999

4 En adelante DESAJ Manizales. 5 En adelante DESAJ Pereira. 6 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_20160425PAGINAS1(.pdf) NroActua 2, folios 6 al 36.3

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022) Demandante: Roberto Chaves Echeverry Seccional de la Judicatura de Caldas Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda 17 de agosto de 1999 2 de julio de 2001

Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de la Judicatura de Manizales 3 de julio de 2001 «a la fecha [de presentación de la demanda]»

3.2. El 11 de diciembre de 2014 y el 5 de octubre de 2015 , solicitó a la DESAJ

«a la fecha [de presentación de la demanda]»

3.2. El 11 de diciembre de 2014 y el 5 de octubre de 2015 , solicitó a la DESAJ Manizales y DESAJ Pereira, respectivamente, el reconocimiento y pago con las consecuencias prestaciones de la prima especial sin carácter salarial como un valor adicional al salario básico. Dichas peticiones fueron negadas a través de los actos demandados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 23, 25, 53 , 209 y 215 de la Constitución Política; 2, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 7 de la Ley 74 de 1968; 42 del Decreto 1042 de 1978; 12 del Decreto 74 de 1968; y 127 y 143 del Código

Sustantivo del Trabajo; 84 del Código Contencioso Administrativo.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:

5.1. Por desconocimiento de los fines de la Ley 4ª de 1992, l a entidad demandada vulneró los principios de igualdad en las oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, la irrenunciabilidad de los beneficios establecidos en normas laborales, la favorabilidad y la equidad, toda vez que se realizó una indebida interpretación que despojó el 30% de remuneración el lapso en que sirvió como magistrado.

5.2. El Consejo de Estado7 declaró la nulidad de los decretos que regularon la prima especial de servicios durante los años 1993 al 2007 al considerar irregular que se

5.2. El Consejo de Estado7 declaró la nulidad de los decretos que regularon la prima especial de servicios durante los años 1993 al 2007 al considerar irregular que se tomara el 30% del salario básico como si se tratara de la prima especial de servicios del artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Lo anterior obedeció a que la citada prima debía ser reconocida de manera adicional al salario mensual y no como parte de él.

5.3. En la mencionada decisión judicial se indicó que la interpretación efectuada por el gobierno nacional generó que la liquidación de las prestaciones sociales se realizara sobre el 70% del salario, en atención a que la prima especial de servicios no tenía carácter salarial. En ese sentido, los derechos laborales habían sido calculados sobre una base inferior a la que correspondía, por lo que debía ordenarse la reliquidación del salario básico y con ello el reajuste de todas las prestaciones sociales que se calculan a partir de ese valor.

7 Sentencia del 29 de abril de 2014, radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.4

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022)

Demandante: Roberto Chaves Echeverry

5.4. El modo en el que la administración entendió que debía pagarse la prima especial de servicios resultó ser contraproducente para los derechos laborales de los servidores judiciales, pues dedujo de la asignación básica el 30% y lo catalogó como prima especia l de servicios, por lo que solo pagó el equivalente al 70% del salario.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

como prima especia l de servicios, por lo que solo pagó el equivalente al 70% del salario.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresan a continuación8:

6.1. Los ingresos de los magistrados de tribunal y cargos equivalentes no podían sobrepasar el tope del 80% de los ingresos de los magistrados de alta corte, por tanto no era posible tener en cuenta el porcentaje del 30% adicional de la prima especial pues hacerlo conllevaría a «modificar un régimen salarial claramente definido y establecido en la Ley , y la segunda, que el porcentaje máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo ejercido por el peticionario, en la relación a la remuneración de los magistrados de alt as cortes, sería notoriamente sobrepasando y, como consecuencia, dejaría de ser legalmente previsto en los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012» (sic).

6.2. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tenía efectos salariales, salvo para calcular el ingreso base de cotización al sistema de pensiones. Lo anterior fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional que en sentencia C-279 de 1996 declaró exequible la expresión «sin carácter salarial» contenida en el citado precedente normativo. En tal sentido dicho porcentaje no podía hacer parte de la base a partir de la cual se calculaban las primas de navidad y vacaciones, las cesantías y la bonificación por servicios prestados.

6.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tenía la potestad de adoptar

podía hacer parte de la base a partir de la cual se calculaban las primas de navidad y vacaciones, las cesantías y la bonificación por servicios prestados.

6.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tenía la potestad de adoptar decisiones sobre el régimen salarial de los servidores judiciales y se limitó a aplicar en debida forma los decretos salariales anuales expedidos por el gobierno nacional.

6.4. El artículo 7 del Decreto 618 de 2007 dispuso que el 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos señalados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se consideraba prima especial de servicios sin carácter salarial. A pesar de que el citado artíc ulo fue declarado nulo por el Consejo de Estado 9, los efectos de tal decisión solo tenían efectos hacia el futuro, toda vez que esa norma causó plenos efectos durante el tiempo de su vigencia.

8 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_20160425PAGINAS20(.pdf) NroActua 2, folios 32 al 38. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, radicado 11001 -03-25000-2007-00098-00 (1831-07).5

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022)

Demandante: Roberto Chaves Echeverry

6.5. Por último, propuso las excepciones de i) ausencia de causa petendi; ii) cosa juzgada constitucional , toda vez que «la citada prima según la ley 4 es sin carácter salarial, situación que fue revisada por la corte constitucional declarando dicho artículo

juzgada constitucional , toda vez que «la citada prima según la ley 4 es sin carácter salarial, situación que fue revisada por la corte constitucional declarando dicho artículo (art.14) exequible» (sic); y iii) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces en sentencia proferida el 20 de agosto de 2021 negó las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó

lo siguiente10:

«PRIMERO: Declárense PROBADAS las excepciones denominadas cosa juzgada constitucional, ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido e inexistencia del derecho reclamado, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NIEGA pretensiones de la demanda» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en los siguientes términos:

8.1. Se configuró la excepción cosa juzgada, de acuerdo con las sentencias C-279 de 1996 proferida por la Corte constitucional, del 12 de septiembre de 2018 11 y del 2 de septiembre de 201912 del Consejo de Estado según las cuales la prima especial no reviste el carácter de factor salarial.

8.2. De conformidad con lo anterior y en atención a dispuesto en la sentencia SUJ016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, es clara la prosperidad de las excepciones de «ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado». Lo anterior, comoquiera que el derecho a la prima especial de

excepciones de «ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido, inexistencia del derecho reclamado». Lo anterior, comoquiera que el derecho a la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1994, para los magistrados de los tribunales y consejos seccionales se encontraba incluida en «la bonificación por compensación creada por los decretos 610 y 1239 de 1998, en tanto el techo salarial de los Magistrados de Tribunal y Procuradores Judiciales II, quedaron fijado en el 80% de lo que por todo concepto devengan los Magistrados de Altas Cortes, quienes a su vez tienen una asignación salarial máxima del 100% de lo qu e por todo concepto reciben como contraprestación salarial los miembros del Congreso de la República, a la luz del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, siendo así, no podría sumarse el porcentaje equivalente a la prima

10 Samai, índice 28, 1RECIBEMEMORIAL_45072022PDF(.pdf) NroActua 28. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre de 2018, radicado 7300123-33-000-2012-00183-02 (3546-2015). 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-0002016-00041-02(2204-2018).6

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022) Demandante: Roberto Chaves Echeverry especial de servicios al sueldo de los Magistrados de Tribunal y Procuradores Judiciales II, pues superaría el tope máximo de 80% ordenado por la ley» (sic).

Demandante: Roberto Chaves Echeverry especial de servicios al sueldo de los Magistrados de Tribunal y Procuradores Judiciales II, pues superaría el tope máximo de 80% ordenado por la ley» (sic).

8.3. Así, según la constancia de tiempos de servicio y emolumentos pagados a Roberto Chaves Echeverry, se tiene que desde el mes de enero de 2005 le fue reconocida y pagada la bonificación por gestión judicial prevista en el Decreto 4040 de 2004; posteriormente, y hasta la fecha de la certificación, se le reconoció y pagó la bonificación por compensación de los decretos 610 y 1239 de 1998 «de ahí que habrá que negársele el reconocimiento, pago y la reliquidación de la prima especial de servicios que reclama, pues no tiene derecho a ella» (sic).

8.4. No procede la condena en costas, en tanto que no se advierten actos de mala fe o maniobras dilatorias de la parte demandante.

1.4. El recurso de apelación

9. Roberto Chaves Echeverry 13 presentó recurso d e apelación en cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia, porque, a su juicio, le era aplicable la sentencia del 6 de octubre de 202014, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado que confirmó la del 19 de abril de 2017, emitida por el Tribunal Administrativo de Caldas a través de la cual se declaró la nulidad de los actos contentivos de la negativa de la reliquidación de las prestaciones sociales y laborales sobre el 100% de la remuneración básica mensual y el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª

contentivos de la negativa de la reliquidación de las prestaciones sociales y laborales sobre el 100% de la remuneración básica mensual y el reconocimiento y pago de la prima especial sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

10. Asimismo, luego de transcribir la referida providencia indicó lo siguiente:

«1. De la lectura de los fundamentos fácticos de la jurisprudencia que se acota, se deduce palmariamente que guardan similitud con la ahora se impugna, con la sola diferencia (insustancial) que se trata en aquel de la relación laboral de una magistrada del H. Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas y aquí de un Magistrado del H. Tribunal Superior, en su Sala Civil del mismo Departamento.

2. Resulta indudable que no se encuentra ceñido a derecho que se pregone de manera anticipada y sin realizar u ordenar realizar a la Administración Judicial el cálculo correspondiente (a lo que obliga una tan delicada conclusión), que tener en cuenta la prima de servicios conduce a desbordar el techo del 80% de los ingresos de los Congresistas y por tanto los H. Magistrados de la Altas Cortes. Así las cosas, el fallo adolece de una falacia o erro lógico que denomina los expertos como petición de

13 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_20160425PAGINAS24(.pdf) NroActua 2, folios 18 al 34. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 6 de octubre de 2020, radicado 17001-23-33-000-2015-00710-02 (2986-2017)7

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 6 de octubre de 2020, radicado 17001-23-33-000-2015-00710-02 (2986-2017)7

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022) Demandante: Roberto Chaves Echeverry principio y que hace decaer su fundamento.

Con fundamento entonces en lo expuesto le presento las siguientes solicitudes

SOLICITUDES

1. Que se revoque la sentencia de primer grado para acceder en su remplazo a las pretensiones de la demanda.

2. Que se ordene a la Administración Judicial que, previo al pago correspondiente, se sirva efectuar de manera completa y ajustada a derecho, el cálculo que conduzca a determinar, allí si con fundamento matemático, si el acogimiento de las pretensiones conduce o no a desbordar el 805 que constituye el techo de ingreso de los magistrados de tribunales superiores y demás funcionarios asimilados a los mismos en la normativa»

(sic).

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

12. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.

2. Consideraciones 2.1. Problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que

12. El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia.

2. Consideraciones 2.1. Problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 15, se circunscriben a

15 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.8

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022) Demandante: Roberto Chaves Echeverry establecer ¿si respecto de las solicitudes de reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional entre lo liquidado y lo que realmente corresponde teniendo como base para la liquidación la prima especial de servicios correspondiente al 30% de los ingresos la que debe adicionarse al salario básico y no deducirse, para la liquidación, se configuró la cosa juzgada, de acuerdo con las sentencias C -279 de

como base para la liquidación la prima especial de servicios correspondiente al 30% de los ingresos la que debe adicionarse al salario básico y no deducirse, para la liquidación, se configuró la cosa juzgada, de acuerdo con las sentencias C -279 de 1996 proferida por la Corte constitucional, del 12 de septiembre de 2018 16 y del 2 de septiembre de 201917 del Consejo de Estado según las cuales la prima especial no reviste el carácter de factor salarial? en caso negativo ¿si Roberto Chaves Echeverry por el tiempo laborado como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y de la Sala Civil del tribunal Superior de Manizales, entre el 16 de junio de 1998 y el 3 de julio de 2001, tiene derecho i) al reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, equivalente a un 30% del salario básico ; y ii) al reajuste de sus prestaciones sociales, por cuanto fueron liquidadas solo sobre el 70% de su asignación básica?, y ¿ si el derecho que le asiste a percibir la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como adicional al salario básico está afectado por el fenómeno jurídico de la prescripción?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Cosa juzgada

14. La cosa juzgada es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio planteado se ha proferido previamente una decisión judicial, la cual, además tiene como

14. La cosa juzgada es una institución jurídica que le impide al juez pronunciarse sobre el fondo de un asunto cuando advierte que frente al objeto del litigio planteado se ha proferido previamente una decisión judicial, la cual, además tiene como efectos proc esales la «inmutabilidad y definitividad de la decisión» y como efectos sustanciales la de dar «certeza a la relación jurídica objeto de litigio»18.

15. Esto es, se trata de una institución jurídico-procesal «mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre de 2018, radicado 7300123-33-000-2012-00182-02 (3546-01). 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-0002016-00041-02(2204-2018). 18 Sentencia C-100 de 2019.9

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-0002016-00041-02(2204-2018). 18 Sentencia C-100 de 2019.9

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022) Demandante: Roberto Chaves Echeverry determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio19».

16. En el ordenamiento jurídico colombiano actual, esta figura jurídica se encuentra prevista en el artículo 303 del Código General del Proceso, según el cual «la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes».

17. De acuerdo con la disposición del referido estatuto procesal, para que se configure, el juez debe verificar necesariamente la existencia de tres elementos, estos son: i) identidad de objeto; ii) identidad de causa; e iii) identidad jurídica de partes. Estos e lementos han sido definidos por la jurisprudencia constitucional en

los siguientes términos20:

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una

«- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente.

• Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, sol amente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada».

18. Asimismo, es pertinente resaltar que el referido artículo 303, de manera expresa, solo establece como excepción a la cosa juzgada el recurso extraordinario de revisión. En ese sentido señala que « [l]a cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión».

19. Ahora bien, el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le impone al juez contencioso el deber de dictar

19 Sentencia C-774 de 2001. 20 Sentencia C-774 de 2001.10

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022)

19 Sentencia C-774 de 2001. 20 Sentencia C-774 de 2001.10

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00425-02 (4507-2022) Demandante: Roberto Chaves Echeverry sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso cuando encuentre probada la cosa juzgada.

20. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución jurídico procesal de la cosa juzgada conlleva para el funcionario judicial la prohibición de emitir pronunciamiento sobre aquellos asuntos que previamente han sido objeto de una decisión judicial de fondo.

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

21. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

22. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 21 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,

salario básico, sin carácter salarial 21 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

23. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen

21 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber

desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que