CE - Sentencia 17001233300020160044302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00443-02 (0375-2021)

Demandante: Alfonso López Torres

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: prescripción de obligaciones salariales, artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Transitoria, el 2 de julio de 2019 , que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Alfonso López Torres, en condición de juez, presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de obtener el pago de la prima especial y la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de la remuneración mensual. El tribunal reconoció el derecho del demandante y consideró que la prima especial se debe pagar como un emolumento adicional a la

pago de la prima especial y la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de la remuneración mensual. El tribunal reconoció el derecho del demandante y consideró que la prima especial se debe pagar como un emolumento adicional a la remuneración mensual , no como un componente de esta. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, con fundamento en que el tribunal no tuvo en cuenta que la prima especial no constituye factor salarial para la reliquidación de las prestaciones, no declaró el fenómeno de la prescripción y desconoció que la orden de pago excedería el tope salarial dispuesto en el Decreto 1251 de 2009 y que no aplicó la prescripción.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Alfonso López Torres , mediante apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 1 de julio de 2016, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMZR15 -499 del 9 de abril de 2015, mediante la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó el reconocimiento y pago de las diferenciasRadicación: 17001-23-33-000-2016-00443-02 (0375-2021) Demandante: Alfonso López Torres Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Alfonso López Torres Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 salariales y prestacionales generadas con motivo del reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. (ii) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMZR15 -589 del 28 de abril de 2015, que concedió el recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo anterior. (iii) Declarar la nulidad de la Resolución 4479 del 22 de junio de 2016, por la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución DESAJMZR-15-499 del 9 de abril de 2015. (iv) Inaplicar por inconstitucionales los artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008 y el 4 del Decreto 723 de 2009. (v) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar al demandante la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100 % del salario mensual, desde 1993 hasta el 24 de septiembre de 2009, fecha en que se retiró del servicio. (vi) Ordenar que los ajustes del salario y las prestaciones tengan incidencia salarial en la liquidación de la pensión de jubilación. (vii) Ordenar a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y que reconozca intereses de conformidad con el artículo 192 de esa codificación.

salarial en la liquidación de la pensión de jubilación. (vii) Ordenar a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y que reconozca intereses de conformidad con el artículo 192 de esa codificación. (viii) Condenar en costas a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente1:

(i) Estuvo vinculado a la rama judicial desde el 1984 hasta el 24 de septiembre de 2009. En el periodo comprendido entre 1993 y 2009, se desempeñó como juez civil municipal de Manizales.

(ii) Durante el tiempo en que laboró como juez, la entidad demandada fraccionó el salario básico, pues pagó el 70 % como sueldo básico y el 30 % restante como prima especial, fraccionamiento que afectó la base de liquidación de las prestaciones, dado que no se calcularon sobre el 100 % del salario.

(iii) Solicitó el pago de las sumas adeudadas por los conceptos mencionados, con inclusión de la prima especial como un emolumento adicional, mediante petición presentad a el 19 de marzo de 2015 ante la Direcció n Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales.

(iv) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó la petición mediante Resolución DESAJMR15-499 del 9 de abril de 2015.

(v) El actor interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue concedido mediante Resolución DESAJMZR15 -589 del 28 de

negó la petición mediante Resolución DESAJMR15-499 del 9 de abril de 2015.

(v) El actor interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, el cual fue concedido mediante Resolución DESAJMZR15 -589 del 28 de abril de 2015 y resuelto por Resolución 4479 del 22 de junio de 2016, en el sentido de confirmar la decisión denegatoria del derecho.

1 Samai, índice 1 «2_ED(…).rar» «2016-00443-00 CON PRINCIPAL 1 PARTE» págs. 5 a 15.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00443-02 (0375-2021) Demandante: Alfonso López Torres Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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3 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, preámbulo y artículos 2, 4, 13, 25, 48, 53, 150-19, 215-7 y 256; Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; Decreto 1160 de 1947, artículo 6; Decreto 717 de 1978, artículo 12; Ley 270 de 1996, artículo 152-7; Decreto Ley 546 de 1971 , artículo 24, 32 y 35 ; Decreto 603 de 1977, artículo 9; Decreto Ley 244 de 1981 , artículo 8; Decreto 1726 de 1973, artículo

1996, artículo 152-7; Decreto Ley 546 de 1971 , artículo 24, 32 y 35 ; Decreto 603 de 1977, artículo 9; Decreto Ley 244 de 1981 , artículo 8; Decreto 1726 de 1973, artículo 2; Decreto Ley 1045 de 1978, artículo 32; Ley 1437 de 2011, artículos 10 y 189; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127; Decreto 658 de 2008, artículos 6 y 7, y Decreto 723 de 2009, artículo 8.

4. Afirmó que los actos administrativos demandados desconocieron las normas en que debían fundarse al no liquidar las prestaciones sociales con base en el 100 % del salario básico sino con el 70 %, en el entendido de que el 30 % restante se pagaba a título de prima especial, fórmula esta que disminuyó la base salarial con menoscabo de los derechos laborales del actor2.

2.2. Contestación de la demanda

5. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de « ausencia de causa petendi» , «cosa juzgada» y prescripción trienal. Expuso que la sentencia del 29 de abril de 2014 declaró la nulidad de los artículos de los decretos salariales de los años 1993 a 2007 que previeron la prima especial, pero que los decretos expedidos desde el año 2008 no han sido objeto de nulidad, por lo que resultan aplicables.

6. Adicionalmente, afirmó que no es viable autorizar el reconocimiento y pago de las sumas reclamadas por el demandante, porque la entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal que expide el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6. Adicionalmente, afirmó que no es viable autorizar el reconocimiento y pago de las sumas reclamadas por el demandante, porque la entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal que expide el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7. Finalmente, manifestó que en el caso bajo estudio se configura el fenómeno de la prescripción trienal, dado que la reclamación de los derechos caudados en los años 1993 a 2009 fue presentada de manera tardía3.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia dictada el 2 de julio de 2019, accedió a las pretensiones en el siguiente sentido4:

PRIMERO: Inaplicar por inconstitucionales y sólo para este caso concreto, los preceptos legales que señalan que la prima de servicios del 30 % regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial, atendiendo lo señalado en la parte considerativa.

SEGUNDO: Declárase como NO PROBADAS las excepciones ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y cosa juzgada constitucional propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los actos administrativos; resolución DESAJMZR15 -499 de 9 de abril de 2015 y de la resolución nº 4479 de 22 de junio de 2016.

CUARTO: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se ORDENA a LA

2015 y de la resolución nº 4479 de 22 de junio de 2016.

CUARTO: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se ORDENA a LA

2 Samai, índice 1 «2_ED(…).rar» «2016-00443-00 CON PRINCIPAL 1 PARTE» págs. 15 a 49. 3 Samai, índice 1 «2_ED(…).rar» «2016-00443-00 CON PRINCIPAL 3 PARTE» págs. 47 a 53. 4 Samai, índice 1 «2_ED(…).rar» «2016-00443-00 CON PRINCIPAL 3 PARTE» págs. 125 a 150.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00443-02 (0375-2021) Demandante: Alfonso López Torres Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, proceda a: a). Pagar la prima especial de servicios equivalente al 30% del valor del salario del demandante por el periodo comprendido desde el mes de enero de 1993 hasta el 24 de septiembre de 2009 y; b). Debe reliquidar las prestaciones sociales percibidas por el demandante durante el periodo reclamado con base en el 100% del salario percibido por ella y teniendo en cuenta para esta reliquidación que la prima especial de servicios tiene el carácter de factor salarial en un 30% del salario devengado, y pagar los dineros que resulten entre lo ya liquidado y la reliquidación teniendo en

salario percibido por ella y teniendo en cuenta para esta reliquidación que la prima especial de servicios tiene el carácter de factor salarial en un 30% del salario devengado, y pagar los dineros que resulten entre lo ya liquidado y la reliquidación teniendo en cuenta esta prestación social, y en consecuencia se dispondrá la nulidad de la resolución DESAJMZR15-499 de 9 de abril de 2015 y la resolución n° 4479 de 22 de junio de 2016; en tal virtud y al probarse que el demandante ocup ó el cargo de Juez de la República, de manera continua en la Rama Judicial por el periodo transcurrido desde el mes de enero de 1993 hasta el 24 de septiembre de 2009; y; c). Como consecuencia de la reliquidación de las prestaciones sociales, por la inclusión de la prima especial de servicios equivalente al 30% del salario devengado por el demandante; realizar los aportes dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión (SGSSSP) por el tiempo comprendido desde el mes de enero de 1993 hasta el 24 de septiembre de 2009.

QUINTO: ORDENAR a la demandada que el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SEXTO: CONDENAR a la demandada y a favor del demandante al pago COSTAS; i) GASTOS PROCESALES por valor DIEZ MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($10.368.oo), y de ii). AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al 10 % del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir SIETE MILLONES NOVECIENTOS

($10.368.oo), y de ii). AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al 10 % del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVO ($7’960.264.1), conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

SÉPTIMO: NEGAR el reconocimiento y pago de PERJUICIOS presuntamente causados al demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

9. Al sustentar la decisión, el tribunal citó la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014, mediante la cual s e declaró la nulidad de los artículos que regulaban la prima especial en los decretos salariales expedidos desde 1993 hasta 2007, por considerar que el Gobierno nacional contravino los criterios de la Ley 4 de 1992 al interpretar erradamente dicha norma, por cuanto no adicionó la prima especial del 30 % a la asignación básica ni liquidó las prestaciones con base en el 100 % el salario.

10. Del análisis probatorio concluyó que el demandante ejerció funciones como juez desde el 16 de enero de 1984 hasta el 24 de septiembre de 2009, periodo durante el cual se le excluyó el reconocimiento de la prima especial equivalente al 30 % adicional a la asignación básica, debido a que dicha proporción fue considerada como un componente de la remuneración. Lo anterior, implicó que el sueldo se pagara sobre el 70 % y que las prestaciones sociales se liquidaran sobre esa base no con el 100 % del salario básico.

11. Adicionalmente, consideró que el porcentaje pagado por concepto de prima

70 % y que las prestaciones sociales se liquidaran sobre esa base no con el 100 % del salario básico.

11. Adicionalmente, consideró que el porcentaje pagado por concepto de prima especial forma parte del salario, por lo que el 30 % debe ser tenido en cuenta como un factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales.

12. En relación con la excepción de prescripción trienal, el tribunal estimó que el término debía contarse desde la fecha de ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014, ocurrida el 22 de julio del mismo año, bajo la consideración de que fue a partir de esa decisión judicial que declaró la nulidad de los decretos salariales anuales, se consolidó el derecho . En este orden, concluyó que debido a que la reclamación administrativa fue presentada el 19 de marzo de 2015, no se configuró la prescripción.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00443-02 (0375-2021) Demandante: Alfonso López Torres Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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2.4. Recurso de apelación

13. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y pidió que se negaran las pretensiones de la demanda. Expuso que, de acuerdo con los lineamientos de la sentencia del Consejo de Estado, la prima especial no tiene carácter salarial y pidió que «se tenga en cuenta la prescripción, así como la eliminación de costas» 5. Además, afirmó que reconocimiento de la

de acuerdo con los lineamientos de la sentencia del Consejo de Estado, la prima especial no tiene carácter salarial y pidió que «se tenga en cuenta la prescripción, así como la eliminación de costas» 5. Además, afirmó que reconocimiento de la reliquidación de las prestaciones y el pago de la prima especial excede el tope salarial previsto en el Decreto 1251 de 2009.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

14. Mediante auto del 12 de mayo de 2022, la Subsección A declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de esta Subsección en aquella época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido beneficiarios de la prima especial en condición de magistrados de tribunal y secretario general del Consejo de Estado, circunstancia que generaba interés directo en el proceso6.

15. Los magistrados integrantes de la Subsección A presentaron manifestación de impedimento, con sustento en el artículo 141-1 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, porque fueron beneficiarios de la prima especial en condición de magistrados d e tribunal. La Sala de Conjueces declaró fundado el impedimento mediante auto del 28 de marzo de 20237.

16. El conjuez designado por sorteo, en los términos del artículo 115 del CPACA8, admitió el recurso de apelación mediante auto del 28 de febrero de 20239 y mediante providencia del 11 de julio de 202310, corrió traslado a las partes por el término común de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión

17. La Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio

providencia del 11 de julio de 202310, corrió traslado a las partes por el término común de 10 días para que presentaran sus alegatos de conclusión

17. La Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado) , realizó la designación de conjueces e integró la lista correspondiente en sesión del 23 de enero de 202511.

18. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como consta en el índice 29 del sistema de gestión judicial SAMAI.

19. Mediante auto del 13 de marzo de 202512, el conjuez designado por sorteo para tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en

5 Samai, índice 1 «2_ED(…).rar» «2016-00443-00 CON PRINCIPAL 3 PARTE» págs. 155 a 240. 6 SAMAI, índice 9. 7 SAMAI, índice 17 8 CPACA, artículo 115. Conjueces. (…) Le elección y sorteo de los conjueces se harán por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, en sus diferentes secciones y por la Sala de Consulta y Servicio Civil, según el caso. 9 SAMAI, índice 23. 10 SAMAI, índice 29. 11 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría

10 SAMAI, índice 29. 11 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría necesaria. PARÁGRAFO. (Adicionado Acuerdo No. 088 de 2019) INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces, que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional. 12 SAMAI, índice 43.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00443-02 (0375-2021) Demandante: Alfonso López Torres Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 los términos del artículo 116 del CPACA 13, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

6 los términos del artículo 116 del CPACA 13, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

20. En este escenario, es oportuno precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundado el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país, en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

21. Así, la mayoría de los integrantes de esta Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el

presente asunto, por tres razones, a saber14:

(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses de quien manifiesta el impedimento.

22. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que dé lugar al

supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

2.6. Alegatos de conclusión

23. La parte actora solicitó que se confirme la sentencia apelada, con sustento en la providencia del 29 de abril de 2014, pues se encuentra demostrado que la prima especial no le fue pagada como una adición de la remuneración sino como una fracción de esta , de ahí que se deba conformar el 100 % de la base de liquidación de las prestaciones y de las cotizaciones para la pensión de vejez15.

24. La entidad demandada solicitó tener en cuenta las consideraciones expuestas en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, que ordenó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales causadas por concepto de reliquidación de las prestaciones sociales y laborales con base en el 100 % de la asignación básica, así como el reconocimiento del 30 % adicional sobre el sueldo básico por conce pto de prima especial. Precisó que en el caso bajo estudio operó el fenómeno de prescripción trienal sobre todas las diferencias reclamadas16.

13 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. // Cu ando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren

comunicación para que asuma sus funciones. // Cu ando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos. 14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774 -2024, 5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 40792023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año. 15 Índice 36 de Samai. 16 Índice 37 de Samai.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00443-02 (0375-2021) Demandante: Alfonso López Torres Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto en

3.1. Competencia

25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto en el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

26. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos concretos presentados por el apelante 17, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

27. ¿La sentencia de primera instancia ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pese a que no tiene carácter salarial?

28. ¿El reconocimiento del 30 % adicional por concepto de prima especial vulnera los topes máximos de remuneración establecidos por el Gobierno Nacional para los jueces de la República?

29. ¿Operó la prescripción extintiva de los derechos reclamados por el actor, causados durante los años 1993 -2009, en los que ejerció el cargo de juez de la

República?

30. Por último, la Sala se ocupará de establecer la procedibilidad de la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia.

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

31. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

31. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativo, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

32. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199318 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30 %) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso -Administrativo, de los Jueces de la

17 CGP, artículos 320 «fines de la apelación» y 328 «competencia del superior».

del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso -Administrativo, de los Jueces de la

17 CGP, artículos 320 «fines de la apelación» y 328 «competencia del superior». 18 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 17001-23-33-000-2016-00443-02 (0375-2021) Demandante: Alfonso López Torres Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30 %) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

33. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones