CE - Sentencia 17001233300020160056802 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 17001233300020160056802 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024)

Demandante: Manuel de Jesús Franco Hernández

Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1: prescripción trienal. Subtema 2: carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes

al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida el 22 de marzo de 202 4 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Manuel de Jesús Franco Hernández , en condición de juez de la República , solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de la prima especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario básico , sin descontar el 30% por todo el periodo en el que se ha desempeñado en tal calidad. Sin embargo, la parte demandada negó la petición, con fundamento en que aplicó correctamente el artículo 14 de la Ley 4

el periodo en el que se ha desempeñado en tal calidad. Sin embargo, la parte demandada negó la petición, con fundamento en que aplicó correctamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y atendió lo previsto en los decretos salariales emitidos anualmente por el Gobierno nacional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Manuel de Jesús Franco Hernández, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (en adelante CPACA), presentó demanda 1 en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, radicada mediante apoderad o judicial, el 11 de agosto de 20162, acumulada con la demanda 17001 -23-33-000-20161 Escrito de demanda, visible en el SAMAI de Tribunal , índice 43, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo

1EDC01Principal_01CUADERNO1FLS1107PDF(.pdf) NroActua 43, folio 3. 2 Acta Individual de Reparto , visible en el SAMAI de Tribunal, índice 4 3, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 1EDC01Principal_01CUADERNO1FLS1107PDF(.pdf) NroActua 43, folio 1.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024)

Demandante: Manuel de Jesús Franco Hernández

Demandado: Nación, Rama Judicial

2 00200-003. 2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

3. En el proceso 17001-23-33-000-2016-00568-00

2 00200-003. 2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

3. En el proceso 17001-23-33-000-2016-00568-00

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMZR15-549 del 17 de abril de 2015 , por medio de la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, negó el reconocimiento de los efectos salariales y prestacionales del 30% de la remuneración mensual que a título de prima especial de servicios se le venía descontando de su remuneración mensual. (ii) Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMZR 15-590 del 28 de abril de 2015, a través de la cual la referida entidad concedió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión. (iii) Que se declare la nulidad de la Resolución 4352 del 15 de junio del 2016, mediante la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, confirmó la decisión inicial. (iv) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a lo siguiente: ✓ Reliquidar y pagar a favor del demandante el mayor valor de la diferencia entre el valor a reliquidar y lo pagado por bonificación por servicios, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, auxilio de cesantías y demás prestaciones sociales legales y extralegales desde el año 1993 y hasta el 30 de abril de 2003, para lo cual se debe tener en cuenta como base de liquidación la totalidad de la remuneración básica mensual de cada año y los demás factores salariales, esto

prestaciones sociales legales y extralegales desde el año 1993 y hasta el 30 de abril de 2003, para lo cual se debe tener en cuenta como base de liquidación la totalidad de la remuneración básica mensual de cada año y los demás factores salariales, esto es, sin deducir el 30% o más, por la indicada prima especial de servicios.

✓ Seguir pagando la pensión de jubilación con los ajustes del salario y de las prestaciones que se efectúen, tales como la prima de navidad, la prima semestral o la mesada 14 que viene disfrutando. (v) Que se indexen los valores reclamados desde 1993 hasta que el pago se haga efectivo. (vi) Ajustar dichas sumas de conformidad con el CPACA y normas concordantes. (vii) Que se condene en costas a la parte demandada.

4. En el proceso 17001-23-33-000-2018-00200-00

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMAR 17-374 del 20 de abril de 2017, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, negó el reconocimiento de los efectos salariales y prestacionales del

3 visible en SAMAI de Tribunal, índice 43, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 33EDC01Principal_33REMISIONEXPDIGITAL20180020000PDF(.pdf) NroActua 43.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024)

Demandante: Manuel de Jesús Franco Hernández

Demandado: Nación, Rama Judicial

3 30% de la remuneración mensual que a título de prima especial de servicios se le venía descontando de su remuneración mensual.

Demandado: Nación, Rama Judicial

3 30% de la remuneración mensual que a título de prima especial de servicios se le venía descontando de su remuneración mensual. (ii) Que se declare la ocurrencia del silencio administrativo negativo, producto de la falta de respuesta al recurso de apelación. (iii) Que se declare la nulidad de l acto ficto presunto negativo que confirmó la decisión inicial. (iv) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a lo siguiente: ✓ Reliquidar la remuneración mensual percibida entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de abril de 2003, inclusive, en razón a que la administración entendió que el 30% del salario básico correspondía a la prima especial, reduciendo dicho salario en un 30%. Por lo tanto, únicamente se pagó el 70% del salario básico, quedando pendiente el pago del 30% restante por concepto de remuneración básica mensual. En consecuencia, para la reliquidación mencionada, se debe considerar la prima especial (30%) como una adición o incremento al salario básico, y no como una disminución en igual porcentaje.

✓ Reliquidar la prima especial mensual recibida entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de abril de 2003, inclusive, debido a que fue liquidada de manera incorrecta. Para la reliquidación, se debe tomar la remuneración mensual o el salario básico establecido en el respectivo decreto salarial y multiplicarlo por el 30 %, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

reliquidación, se debe tomar la remuneración mensual o el salario básico establecido en el respectivo decreto salarial y multiplicarlo por el 30 %, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

✓ Reliquidar las cesantías y sus intereses, acumuladas a 31 de diciembre de 1992.

✓ Reliquidar las cesantías y los intereses correspondientes, causados y pagados durante los periodos comprendidos entre los años 1993 y 2003, inclusive, considerando para ello la reliquidación de la remuneración mensual y la prima especial, que constituye factor salarial.

✓ Reliquidar las vacaciones, las primas de vacaciones, de navidad, de nivelación y de servicios, las bonificaciones por descongestión y los demás derechos laborales prestacionales, teniendo en cuenta la reliquidación de la remuneración mensual y de la prima especial, que también constituye factor salarial, desde el 1.º de enero de 1993 hasta el 30 de abril de 2003. Además, incluir los pagos laborales efectuados en los meses de mayo y diciembre de 2003.

✓ Pagar las diferencias laborales que resulten a favor del demandante, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 30 de abril de 2003, por concepto de remuneración mensual, prima especial mensual, cesantías e intereses sobre las mismas acumuladas al 31 de diciembre de 1992; cesantías e intereses sobre ellas causadas y pagadas durante los años 1993 a 2003 inclusive; vacaciones, primas de vacaciones, de navidad, de nivelación y de servicios, bonificaciones por descongestión y demás prestaciones laborales.

ellas causadas y pagadas durante los años 1993 a 2003 inclusive; vacaciones, primas de vacaciones, de navidad, de nivelación y de servicios, bonificaciones por descongestión y demás prestaciones laborales. (v) Que se indexen los valores reclamados de conformidad con el artículo 187 del CPACA.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024)

Demandante: Manuel de Jesús Franco Hernández

Demandado: Nación, Rama Judicial

4 (vi) Liquidar y pagar los intereses moratorios que se causen según el artículo 192 del CPACA. (vii) Que se condene en costas a la parte demandada. 2.1.2. Hechos

5. El señor Manuel de Jesús Franco Hernández hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Laboró en la Rama Judicial desempeñando el cargo de juez de la República desde el 31 de agosto de 1979 hasta el 30 de abril de 2003. (ii) El demandante pertenece al régimen salarial y prestacional de acogidos conforme al Decreto 57 de 1993. (iii) Mediante petición radicada el 7 de abril de 2015, solicitó el reconocimiento y pago de los efectos salariales y prestacionales del 30% que a título de prima especial de servicios se le venía descontando de su remuneración mensual y la correspondiente reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales desde 1993 hasta el 30 de abril de 2003. (iv) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, negó su reclamación mediante Resolución DESAJMR 15-549 del 17 de abril de 201 5. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto a través

negó su reclamación mediante Resolución DESAJMR 15-549 del 17 de abril de 201 5. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución 4352 del 15 de junio de 2016. (v) Por medio de petición radicada el 5 de abril de 2017, pidió el reconocimiento y pago de los efectos salariales y prestacionales del 30% que a título de prima especial de servicios que se le venía descontando de su remuneración mensual desde 1993 hasta el 30 de abril de 2003 y la correspondiente reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales desde 1993 hasta el 30 de abril de 2003. Asimismo, la reliquidación de las cesantías causadas por el mismo periodo de tiempo. (vi) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, negó su reclamación mediante Resolución DESAJMAR 17-374 del 20 de abril de 2017 . Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto desfavorablemente a través del acto ficto presunto acusado. 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

6. Manuel de Jesús Franco Hernández citó, como normas vulneradas, los siguientes artículos: 2, 13, 25, 48, 53, 150, 215 (numeral 9) y 256 (numeral 7) de la Constitución Política; 24, 32 y 35 del Decreto Ley 546 de 1971; 2 del Decreto 1726 de 1973; 9 del

Decreto 603 de 1977; 32 del Decreto Ley 1045 de 1978; 8 del Decreto Ley 244 de 1981; 2 (literal a) y 14 de la Ley 4 de 1992; el Decreto 57 de 1993; 2 del Decreto 110 de 1993; y 152 (numeral 7) de la Ley 270 de 1996.

7. Asimismo, estimó transgredidos los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Colombiano, particularmente los convenios 87, 95, 98, 100 y 111 de la OIT.

8. Citó las sentencias del 2 de abril de 2009, rad. 11001-0325-000-2007-00098-00 (183107; del 19 de marzo de 2010, rad. 25000-2325-000-2005-01134-01 (0419-07); y del 29 de abril de 2014, rad. 11001-0325-000-2007-00087-00 (1686-07), proferidas por elRadicación: 17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024)

Demandante: Manuel de Jesús Franco Hernández

Demandado: Nación, Rama Judicial

5 Consejo de Estado.

9. Expuso que la Ley 4 de 1992 creó la prima especial de servicios, equivalente al 30% de los ingresos laborales para los jueces, magistrados y afines, sin embargo, la Rama Judicial al pagó su salario y las prestaciones sociales fraccionó la remuneración básica en dos partes, a saber: en un 70% como sueldo básico mensual y el 30% restante a título de la prima especial sin carácter salarial. Afirmó, que de esa manera sus ingresos

en dos partes, a saber: en un 70% como sueldo básico mensual y el 30% restante a título de la prima especial sin carácter salarial. Afirmó, que de esa manera sus ingresos laborales y prestacionales fueron reducidos en este último porcentaje, por lo que tiene derecho a la reliquidación pretendida, contrario a lo indicado en los actos acusados. En consecuencia, estos infringieron las normas citadas, en las cuales debían fundarse. 2.1.4. Contestaciones de las demandas

10. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, por medio de su apoderado judicial, contestó las demandas con radicados 17001-23-33-0002016-00568-00 y 17001 -23-33-000-2018-00200-00, mediante escrito s del 1 de noviembre de 20174 y 3 de diciembre de 20205, respectivamente, en los que se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de «ausencia de causa petendi », «inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido », «cosa juzgada constitucional» y «prescripción trienal».

11. Señaló que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de abril de 2014, emitida por la Sala de Conjueces, Sección Segunda, declaró la nulidad de los artículos contenidos en los decretos anuales de salarios de la Rama Judicial para los años 1996 (sic) a 2007, los cuales ordenaron que el 30% de la asignación básica para el cargo de magistrado de tribunal, entre otros servidores públicos, se consideraba como prima sin carácter salarial.

Esto implica que los decretos emitidos por el Gobierno nacional a partir del año 2008 aún

los cuales ordenaron que el 30% de la asignación básica para el cargo de magistrado de tribunal, entre otros servidores públicos, se consideraba como prima sin carácter salarial. Esto implica que los decretos emitidos por el Gobierno nacional a partir del año 2008 aún gozan de presunción de legalidad, motivo por el cual con fundamento en estos no puede accederse a las pretensiones de la demanda.

12. Indicó que la actuación de la Dirección Seccional ha sido ajustada a los lineamientos jurídicos expresados, por cuanto el principio de legalidad al que se encuentran sometidos los agentes del Estado, no le permite a la entidad realizar la liquidación, reconocimiento y pago en condiciones diferentes a las autorizadas por el Gobierno Nacional como única autoridad competente para ello.

13. Finalmente, precisó que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial según el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por servicios prestados, etc.

4 Contestación de la demanda, Rad. 17001-23-33-000-2016-00568-00, visible en SAMAI de Tribunal, índice 43, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 3EDC01Principal_03CUADERNO1BFLS185252PDF(.pdf) NroActua 43, folio 1. 5 Contestación de la demanda, Rad. 17001-23-33-000-2018-00200-00, visible en SAMAI de Tribunal, índice 43, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 33EDC01Principal_33REMISIONEXPDIGITAL20180020000PDF(.pdf) NroActua

«EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 33EDC01Principal_33REMISIONEXPDIGITAL20180020000PDF(.pdf) NroActua 43.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024)

Demandante: Manuel de Jesús Franco Hernández

Demandado: Nación, Rama Judicial

6 2.2. Sentencia de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces , dictó sentencia el 22 de marzo de 20246, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , en

los siguientes términos:

[…] PRIMERO: ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de unificación -SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Declárense IMPROSPERTAS (sic) las excepciones de (i). integración de litis consorcio necesario, (ii). ausencia de causa petendi e (iii). Innominada , y en consecuencia declárese la nulidad de los siguientes actos administrativos:

  • Resolución DESAJMAR17-374 de 20 de abril de 2017. • Acto administrativo ficto presunto negativo. • Resolución DESAJMZR15-549 de 17 de abril de 2015. • Resolución 4352 de 15 de junio de 2016.

TERCERO: Se declara la PROSPERIDAD de la excepción “prescripción extintiva del derecho laboral” y en consecuencia la ocurrencia de este fenómeno sobre todo el periodo reclamado -1 de enero de 1993 y hasta el 30 de abril de 2003-.

CUARTO: DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama, solo constituye

derecho laboral” y en consecuencia la ocurrencia de este fenómeno sobre todo el periodo reclamado -1 de enero de 1993 y hasta el 30 de abril de 2003-.

CUARTO: DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama, solo constituye FACTOR SALARIAL respecto a la pensión de jubilación y, en consecuencia; se ORDENA a la demandada reliquidar los aportes a pensión realizados para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 al 30 de abril de 2003 , teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial y tomando como base el 100% del salario base devengado y no el 70% como se hizo, advirtiendo a la demanda, que debe tener en cuenta y aplicar lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 100 de 1993. De igual manera, se niega la pretensión 4° del expediente n° 17001233300020160056800, relacionada con la pensión de jubilación y con miras a ordenar el reajuste pensional por improcedente, conforme se dijo en la parte considerativa.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones.

SEXTO: ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 187, 189 y 192 del CPACA.

[…]7

15. El Tribunal expuso que se encuentra demostrado que el demandante estuvo vinculado a la Rama Judicial en el cargo de juez de la República desde el 1 de septiembre de 1979 hasta el 30 de abril de 2003 y que está reclamando el pago de la prima especial de servicios por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 hasta el 30 de abril de

2003.

hasta el 30 de abril de 2003 y que está reclamando el pago de la prima especial de servicios por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 hasta el 30 de abril de 2003.

16. Indicó que la entidad demandada excluyó el pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , en un porcentaje del 30%, pues esta se descontó del salario, por lo que existe un saldo impago . En ese sentido, acced ió a la declaración de nulidad de los actos administrativos acusados . No obstante, ser procedente el pago, por el periodo reclamado, toda vez que los periodos reclamados se

6 Sentencia de primera instancia, visible en SAMAI de Tribunal , índice 44, archivo 35SENTENCIA1AI_SENTENCIAP_35SENTENCIAPRIMERAPD(.pdf) NroActua 44. 7 Transcripción fiel, incluso con errores.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024)

Demandante: Manuel de Jesús Franco Hernández

Demandado: Nación, Rama Judicial

7 encuentran prescritos.

17. Señaló que no procede la pretensión consistente en que la pensión de jubilación continúe pagándose con los ajustes derivados del salario y de las prestaciones, tales como la prima de navidad, la prima semestral o la mesada 14 que actualmente disfruta, toda vez que la única entidad competente para realizar el reajuste de una pensión es la administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliada la parte demandante.

18. Sostuvo que al no avizorarse mala fe o maniobras dilatorias por la parte demandada,

toda vez que la única entidad competente para realizar el reajuste de una pensión es la administradora de pensiones a la cual se encuentra afiliada la parte demandante.

18. Sostuvo que al no avizorarse mala fe o maniobras dilatorias por la parte demandada, no hay lugar a emitir condena en costas.

19. Finalmente, declaró la prescripción de lo causado en el expediente 17001-23-33-0002016-00568-00 con anterioridad al 7 de abril de 2012, en la medida en que la reclamación administrativa fue presentada el 7 de abril de 2015; y en el expediente 17001-23-33-0002018-00200-00, con anterioridad al 5 de abril de 2014, en tanto que la reclamación administrativa fue presentada el 5 de abril de 2017. Por lo tanto, en ambos casos frente a las acreencias reclamadas operó el fenómeno prescriptivo.

20. No obstante lo anterior, ordenó reajustar los aportes a la pensión de jubilación, por su carácter imprescriptible, teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial y sobre el 100% del salario básico y no del 70% como lo hizo la parte demandada.

Advirtió que teniendo en cuenta el artículo 23 de la Ley 100 de 19938, se deben consignar las diferencias causadas por el demandante durante todo el periodo reclamado, es decir, del 1 de enero de 1993 al 30 de abril de 2003. 2.3. Recurso de apelación

21. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, presentó recurso de alzada 9, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera

2.3. Recurso de apelación

21. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, presentó recurso de alzada 9, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia. Señaló que según la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno nacional, en ese sentido, la DEAJ actuó de conformidad con los decretos salariales anuales por él expedidos.

22. Indicó que la administración judicial ha venido liquidando las prestaciones de los jueces con el 70% del salario, pues, de acuerdo con los decretos anuales , el 30% del salario de los jueces es la prima especial de servicios regulada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin carácter salarial. Es por ello que las demandas reclaman el pago del 30% adicional al salario (prima de servicios artículo 14) y la reliquidación de prestaciones con el 100% del salario.

23. Argumentó que no contaba con la respectiva apropiación presupuestal por parte del

8 «ARTÍCULO 23. SANCIÓN MORATORIA. Los aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto, generarán un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses se abonarán en el fondo de reparto co rrespondiente o en las cuentas individuales de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso. Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación

de ahorro pensional de los respectivos afiliados, según sea el caso. Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan la consignación oportuna de los aportes, incurrirán en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago del aporte patronal a la Seguridad Social, como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente». 9Recurso de apelación de la parte demandada, visible en SAMAI de Tribunal , índice 49, archivo 37_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 49.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024)

Demandante: Manuel de Jesús Franco Hernández

Demandado: Nación, Rama Judicial

8 Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para asumir el reconocimiento y pago de esas acreencias laborales y que carece del presupuesto necesario para reconocer las por nómina.

24. Adujo que acceder a reliquidar las prestaciones sociales con el 100% del salario y un pago adicional del 30% de la retribución consagrada anualmente a favor de los jueces de la República por concepto de prima especial, implicaría que mensualmente se le pague al servidor una remuneración que excede el techo establecido por el Decreto 1251 de 2009, esto es, el 47.7 %, 43 % y 34.7%, del 70% del total de los ingresos de los magistrados de las altas cortes, según el caso.

de 2009, esto es, el 47.7 %, 43 % y 34.7%, del 70% del total de los ingresos de los magistrados de las altas cortes, según el caso.

25. Argumentó que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye factor salarial únicamente para efectos de los aportes a pensión de jubilación. En consecuencia, se deben negar las pretensiones orientadas a ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales, incluidas las cesantías y sus intereses, tomando como factor salarial la prima especial de servicios, porque no tiene tal carácter.

26. Finalmente, precisó que el ordenamiento jurídico que reglamenta las actuaciones concernientes a los empleados públicos no señala los elementos constitutivos de salario, pero no es válido aplicar el principio de analogía en cuanto a este concepto, porque los servidores no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo , sino por los estatutos que los regule. En ese orden de ideas, la prima solicitada se ajusta a lo estipulado en el artículo 123 constitucional, y no podría aplicarse tampoco el principio de favorabilidad, porque no hay dudas respecto a la aplicación de las normas. 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

27. Esta corporación dictó auto el 27 de agosto de 202410 en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar a aquellas y al Ministerio Público, que guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –Administrativo, le corresponde el

y al Ministerio Público, que guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

28. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos. 3.2. Problemas jurídicos

29. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si: ¿El demandante tiene derecho a la reliquidación de l salario y las prestaciones sociales devengadas durante el ejercicio del cargo de juez con la inclusión del 30% que

10 Samai, expediente digital de segunda instancia, índice 5, archivo «4Autoqueadmite_5131942024Admiteapel(.docx) NroActua 5».Radicación: 17001-23-33-000-2016-00568-02 (3194-2024)

Demandante: Manuel de Jesús Franco Hernández

Demandado: Nación, Rama Judicial

9 presuntamente se descontaba de la asignación básica por concepto de prima especial de servicios, a pesar de que la Rama Judicial adujo que actuó de conformidad con los decretos salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional? ¿Procede el restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia, pese a que la Rama Judicial argumentó la imposibilidad presupuestal para darle cumplimiento?

¿El hecho de acceder a las pretensiones de la demanda implicaría superar el tope

¿Procede el restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia, pese a que la Rama Judicial argumentó la imposibilidad presupuestal para darle cumplimiento?

¿El hecho de acceder a las pretensiones de la demanda implicaría superar el tope previsto en el Decreto 1251 de 2009? 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

30. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

31. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199311 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció: Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del

dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció: Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de

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