CE - Sentencia 17001233300020160065902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020)

Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: Prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la república. Reiteración jurisprudencial. Subtema: la prima especial no constituye factor salarial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 29 de octubre de 2019 por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual declaró no probadas las excepciones de ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y cosa juzgada constitucional y probada la de prescripción trienal , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandada.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Gerardo Alonso Toro Marín, en condición de juez de la República, solicitó la liquidación de la prima especial dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial, así como el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales

Gerardo Alonso Toro Marín, en condición de juez de la República, solicitó la liquidación de la prima especial dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como factor salarial, así como el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales existentes entre las sumas que le fueron canceladas y las que corresponden por ley, al tener en cuenta que la prima especial es factor salarial.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Gerardo Alonso Toro Marín, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial , Dirección Ejecutiva de Administración Judicial , el 5 de

septiembre de 2016, con las siguientes1:

1 C. Principal, folios 2 y 3.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020) Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad de la Resolución núm. DESAJMZR 15-258 del 25 de febrero de 2015, expedida por el director ejecutivo seccional de administración judicial de Neiva y notificada el 3 de marzo de 2015.

(ii) Igualmente, que se declare la nulidad de la Resolución núm. 3947 del 25 de mayo de 2016, expedida por la directora ejecutoria de administración judicial en

de Neiva y notificada el 3 de marzo de 2015.

(ii) Igualmente, que se declare la nulidad de la Resolución núm. 3947 del 25 de mayo de 2016, expedida por la directora ejecutoria de administración judicial en Bogotá D.C y notificada el 21 de julio de 2016.

(iii) Como consecuencia de estas declaraciones, que se ordene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial liquidar, desde el 26 de agosto de 2011 y en adelante la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como factor salarial equivalente al 30% del ingreso básico, la cual debe adicionarse al salario y no descontarse de este. De tal forma q ue la liquidación de sus prestaciones se haga con el 100% de la remuneración mensual y no con el 70% como ha ocurrido. Así lo planteó:

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se ordene a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-, desde el 26 de agosto de 2011, hasta la fecha de presentación de esta demanda, y en lo sucesivo, liquidar en debida f orma al doctor GERARDO ALONSO TORO MARÍN, la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, contabilizándola como factor salarial, equivalente al 30% del ingreso básico mensual, la cual debe adicionarse al salario básico y no deducirse, para que la liquidación de sus prestaciones se haga con el 100% de su remuneración mensual y no con el 70%, como ha ocurrido hasta ahora2.

salario básico y no deducirse, para que la liquidación de sus prestaciones se haga con el 100% de su remuneración mensual y no con el 70%, como ha ocurrido hasta ahora2.

(iv) Adicionalmente, ordenarle a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial reconocer y pagar al demandante desde el 26 de agosto de 2011 y, en adelante, las diferencias salariales y prestacionales generadas por los valores cancelados y los que legalmente corresponden, teniendo en cuenta que la prima especial del artículo 14 de l a Ley 4ª de 1992 es factor salarial. Así lo indicó:

Que se ordene a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL -, reconocer y pagar al doctor GERARDO ALONSO TORO MARÍN, a partir del día 26 de agosto de 2011, hasta la fecha de presentación de esta demanda y, en lo sucesivo, las diferencias salariales y prestacionales (primas de vacaciones, navidad, de servicios, extralegales, bonificación por servicios, cesantías e intereses de esta, etc), existentes entre las sumas que le fueron canceladas y las que legalmente le corresponden, contabilizando como factor salarial la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

(v) Que dineros pagados fueran indexados debidamente.

(vi) Cancelarle al demandante o a quienes representaran sus derechos los intereses generados desde la causación hasta que se haga efectivo el pago.

2 Transcrito textualmente con errores. C. Principal, folio 2.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020)

Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín

2 Transcrito textualmente con errores. C. Principal, folio 2.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020) Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 (vii) Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

(viii) Condenar a la entidad demandada a pagar las costas y agencias en derecho causadas.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, el demandante expuso, en

síntesis, lo siguiente3:

(i) Labora al servicio de la Nación, Rama Judicial en el departamento de Caldas desde el 26 de agosto de 2011 hasta la fecha, de forma ininterrumpida. El último cargo ocupado es el de juez primero promiscuo de familia de la Dorada (Caldas).

(ii) Como consecuencia de la sentencia proferida el 29 de abril de 2014 4, se determinó que la prima especial sí tiene carácter salarial y debe ser incluida en la liquidación de las prestaciones sociales de los funcionarios judiciales. Esta fue la razón por la que se declaró la nulidad de los decretos que había expedido el Gobierno nacional.

(iii) Así las cosas, el 30% que se descontó por concepto de prima especial hace parte de la remuneración mensual, en desconocimiento de los efectos salariales y prestacionales por la indebida interpretación generada.

nacional.

(iii) Así las cosas, el 30% que se descontó por concepto de prima especial hace parte de la remuneración mensual, en desconocimiento de los efectos salariales y prestacionales por la indebida interpretación generada.

(iv) El 6 de febrero de 2015 le pidió al director seccional de administración judicial de Manizales el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestaciones entre las sumas reconocidas y las que corresponden, al tener en cuenta la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como factor salarial, del 26 de agosto de 2011, hasta la fecha de interposición de la solicitud, y en lo sucesivo.

(v) Esta petición fue negada mediante la Resolución DESAJMZR 15-258 del 25 de febrero de 2015, contra la cual se interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 3947 del 25 de mayo de 2016, que la confirmó en todas sus partes.

(vi) Así, es claro que se presenta una diferencia salarial que no le ha sido cancelada desde el 26 de agosto de 2011, en adelante, porque aún labora como juez primero promiscuo de familia de la Dorada y el 30% equivalente a la prima debe ser agregado a su remuneración para realizar la liquidación de sus prestaciones sociales.

(vii) El 9 de agosto de 2016 se realizó audiencia de conciliación extrajudicial que se declaró fallida ante la falta de ánimo conciliatorio de la demandada5.

2.1.3. Normas violadas y Concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes6:

3 C. Principal, folios 3 a 6.

2.1.3. Normas violadas y Concepto de violación

3. El actor citó como normas violadas las siguientes6:

3 C. Principal, folios 3 a 6. 4 Dentro del radicado núm. 11001-03-25-000-2007-000087-00. 5 C. Principal, folios 66 a 68. 6 C. Principal, folio 6.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020) Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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4

• Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228. • Ley 4ª de 1992, artículo 2, parágrafo del artículo 12 y artículo 14. • Código Sustantivo del Trabajo: artículo 127. • Decreto 1042 de 1978, artículo 42. • Decreto 717 de 1978; artículo 12. • CPACA, artículos 10, 102, 137, 148, 148, 198 y 269. • Ley 270 de 1996, artículo 152, numeral 7.

4. En el concepto de violación, el actor expuso que la actuación de la demandada desconoció lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política porque desconocía el derecho que le asiste a percibir la prima especial de la Ley 4ª de 1992, desde el 26 de agosto de 2011, la cual fue liquidada irregularme nte, en contravía de principios

derecho que le asiste a percibir la prima especial de la Ley 4ª de 1992, desde el 26 de agosto de 2011, la cual fue liquidada irregularme nte, en contravía de principios constitucionales que no son compatibles con la forma de liquidación de los salarios y prestaciones sociales causadas.

5. Adicionalmente, expresó que la prima especial del 30% es un derecho cierto que se le desconoce desde la citada fecha comoquiera que se le han liquidado sus prestaciones con exclusión de este porcentaje al considerar que esta no tiene carácter salarial. No obstante, la normativa y la jurisprudencia le otorgan a esta esa naturaleza por tratarse de una suma que habitualmente percibe derivada de la retribución de su servicio. Así, la demandada desde 2011, en adelante, ha violado las disposiciones e inobservado pronunciamientos al liquidar sus prestaciones sin tener en cuenta la prima como parte del salario. En este orden debe ordenarle a la accionada que cumpla con la obligación legal de cancelar lo debido.

6. También expresó que se violó el artículo 13 de la Constitución Política por que se aplicaron de manera diferente las disposiciones y la jurisprudencia a quienes están en la misma situación. De ahí que se le haya descontado el 30% por concepto de prima especial, pese a que esto es un componente de su remuneración, lo que ha conllevado a un desconocimiento de sus efectos salariales y prestaciones.

7. En estos términos, se desconocieron sus derechos laborales a partir de la inobservancia de los criterios fijados para el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, pese a que tiene un derecho adquirido en los términos del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

inobservancia de los criterios fijados para el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, pese a que tiene un derecho adquirido en los términos del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

8. Agregó que el Gobierno nacional interpretó indebidamente la expresión «sin carácter salarial » en contravía de los derechos ciertos, indiscutibles y exigibles al disminuir el monto de las prestaciones sociales . Al respecto, expresó que goza de la protección de los artículos de la Ley 4ª de 1992 y de la declaratoria de nulidad ordenada mediante la sentencia del 29 de abril de 2014 , de modo que se han quebrantado normas constitucionales y legales que hacen viables las pretensiones de la demanda.

9. Precisó que uno de los vicios en que incurrió el acto demandado es la falsa motivación, porque existe un allanamiento a la interpretación de los decretos expedidos por el Gobierno nacional, pese a que estos ya fueron anulados, sumado al hecho de que ya existen pronunciamientos jurisprudenciales según los cuales la interpretación no se ajusta al ordenamiento legal que ordena la integración de esta prima al salario para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales sobre laRadicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020) Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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5 base del 100%.

10. Determinó que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado en

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5 base del 100%.

10. Determinó que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con el carácter salarial de la prestación reclamada, razón por la cual acceder a las pretensiones de pagar las diferencias salariales de agosto de 2011, en adelante, implica dar cumplimiento a la normativa y a la jurisprudencia que rige la materia.

11. Se pronunció en lo relativo a que no se configuró la caducidad frente a los actos que anualmente liquidaron las cesantías, aspecto que no corresponde con el objeto del proceso.

12. Finalmente, abordó el control por vía de la excepción de ilegalidad y, en relación con los decretos expedidos de 2008 al 2016, pidió inaplicar el texto que incluye dentro del salario básico mensual la prima del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 , por ser su contenido idéntico al de las disposiciones anuladas. Así lo expuso:

[…] se solicita se inaplique el texto que decide incluir dentro del salario básico mensual de los funcionarios que enlista la norma, la prima de que trata del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, advirtiendo que no se refiere su inaplicación a la prestación como tal que corresponde al 30% del salario básico mensual devengado; la inaplicación del texto citado se pide en virtud de que su contenido es idéntico al de las disposiciones anuladas por inconstitucionales e ilegales[…]

Por resultar evidentemente contradictorios al ordenamiento constitucional y legal citado, solicito al H. Juez, se sirva inaplicar los artículos contenidos en los siguientes

es idéntico al de las disposiciones anuladas por inconstitucionales e ilegales[…]

Por resultar evidentemente contradictorios al ordenamiento constitucional y legal citado, solicito al H. Juez, se sirva inaplicar los artículos contenidos en los siguientes decretos, y demás normas concordantes que en algunos casos ya han sido derogados, pero se solicita su inaplicación por cuanto el acto administrativo no obstante estar derogado, sigue amparado por la presunción de legalidad y solo es pasible de desvirtuarse por decisión judicial para que se logre sus efectos “ex tunc”.

1.- Decreto 658 de 2008 […]

2.-Decreto 723 de 2009. […]

3.-Decreto 1388 de 2010. […]

4.-Decreto 1039 de 2011. […]

5. Decreto 874 de 2012. […]

6. Decreto 1024 de 2013. […]

7. Decreto 194 de 2014. […].

8. Decreto 1105 de 2015. […]

9. Decreto 234 de 2016. […]7.

2.2. Contestación de la demanda

13. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda porque los decretos expedidos a partir del

7 C. Principal, folios 25 a 27.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020) Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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6 2008 gozan de presunción de legalidad y, por tanto, su actuación se ha ajustado a la normatividad vigente lo que impide acceder a las pretensiones de la demanda pues de hacerlo se estaría controvirtiendo lo allí dispuesto.

14. Igualmente indicó que, respecto de los efectos vinculantes del fallo de nulidad del 29 de abril de 2014, cualquier suma que fuera susceptible de reconocimiento debía cancelarse en concertación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En estos términos le ha pedido a esta entidad la apropiación de los dineros correspondientes sin obtener respuesta favorable.

15. En este contexto, la prima especial del 30% solo puede ser ordenada mediante un fallo judicial ya que tiene que sustentarse en un título constitutivo de gasto que no puede ser la sentencia de simple nulidad, al no revestir de las características de título ejecutivo, pese a haber anulado los decretos proferidos entre 1993 y 2007 . Por tanto, si se realizara el pago de las diferencias reclamadas , retroactivamente, se interferiría en ámbitos que no son propios de su competencia y esto daría lugar a un detrimento patrimonial en los términos del Decreto 111 de 1996 , y a las sanciones disciplinarias del caso.

16. Agregó que como la sentencia de nulidad no se refirió al carácter de la prima especial esta mantenía incólume su naturaleza no constitutiva de salario para efectos

del caso.

16. Agregó que como la sentencia de nulidad no se refirió al carácter de la prima especial esta mantenía incólume su naturaleza no constitutiva de salario para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales, que emana del contenido de la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, no era viable acceder a las pretensiones de la demanda ya que su comportamiento se ajustó a la legalidad.

17. Planteó, como excepciones, la ausencia de causa petendi, la inexistencia del derecho reclamado y el cobro de lo no debido al no existir un sustento normativo que disponga que la prima especial tiene carácter salarial y que con esta pueden liquidarse las prestaciones sociales según la Ley 4ª de 1992. Igualmente formuló como excepción la cosa juzgada constitucional, en la medida en que el carácter no salarial de la prima fue abordado por la Corte Constitucional y, la prescripción, como consecuencia de que los derechos se reclamaron tardíamente8.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia dictada el 29 de octubre de 2019, resolvió:

PRIMERO. Declárese como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y cosa juzgada constitucional y; PROBADA la excepción de prescripción trienal laboral propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Acceder parcialmente las pretensiones.

TERCERO: Declárese la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta

proveído.

SEGUNDO: Acceder parcialmente las pretensiones.

TERCERO: Declárese la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los actos administrativos; resolución DESAJMZR15 -258 de 25 de febrero de 2015 y de la resolución n° 3947 de 25 de mayo de 2016.

8 C. Principal, folios 121 a 124.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020) Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

QUINTO: Declárese que la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es una prestación social, equivalente al 30% del salario básico del demandante y adicional a este y, además, que la prima constituye factor salarial.

SEXTO: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho se ORDENA a la

NACIÓN-RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL y a favor del Dr. TORO MARIN, proceda:

a) PAGAR la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 por el periodo comprendido entre el 6 de febrero de 2012 y hasta que se haga el pago, siempre y cuando se haya desempeñado en el cargo de Juez de la República u otro beneficiado por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 acorde con la jurisprudencia vigente;

haga el pago, siempre y cuando se haya desempeñado en el cargo de Juez de la República u otro beneficiado por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 acorde con la jurisprudencia vigente;

b) RELIQUIDAR las prestaciones sociales percibidas por el Dr. GERARDO ALONSO TORO MARIN y por el período comprendido entre el 6 de febrero de 2012 y hasta que se haga el pago, siempre y cuando se haya desempeñado en el cargo de Juez de la República u otro beneficiado por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 acorde con la jurisprudencia vigente con base en el salario real a l que tenía derecho y pagar los dineros que resulten entre lo ya liquidado y la nueva reliquidación teniendo en cuenta esta prestación social es factor salarial, y,

c) Ordenar a la demandada, que, como consecuencia de la nueva reliquidación de las prestaciones sociales, debe REALIZAR los aportes dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión (SGSSSP) por el período comprendido entre el 6 de febrero de 2012 y hasta que se haga el pago, siempre y cuando se haya desempeñado en el cargo de Juez de la República u otro beneficiado por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 acorde con la jurisprudencia vigente.

SÉPTIMO. DECLARAR la prescripción parcial del período reclamado por el demandante, esto es por el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2011 y el 5 de febrero de 2012, conforme a las razones anunciadas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO. ORDENAR a la demandada que a futuro y mientras el demandante se

el 5 de febrero de 2012, conforme a las razones anunciadas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO. ORDENAR a la demandada que a futuro y mientras el demandante se desempeñe en algún cargo beneficiado con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, debe reconocerla y pagarla, conforme se plantea en la parte motiva de esta sentencia al pa so que deberá reconocer su carácter de factor salarial, de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia vigente.

NOVENO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 198 y 192 del CPACA.

DÉCIMO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

DÉCIMO PRIMERO. CONDENAR a la demandada y a favor del demandante el pago COSTAS; i) GASTOS PROCESALES por valor DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($10.368.oo) y; NO emitir condena alguna por concepto de ii). AGENCIAS EN DERECHO , conforme se dijo en la parte considerativa de la demanda.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020) Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 DÉCIMO SEGUNDO. Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición de parte interesada, emitir COPIAS AUTÉNTICAS . Por SECRETARIA hacer las anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.

DÉCIMO TERCERO. Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez este ejecutoriada la última providencia emitida, ARCHÍVESE las diligencias9.

19. Para sustentar su decisión, puso de presente que la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2018 por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado no expresó las razones por las cuales la prima especial no es factor salarial. De modo que se apartó de lo dispuesto en esta decisión y se valió de la línea jurisprudencial según la cual esta prima sí es factor salarial.

20. Determinó que la prima especial la creó el legislador como una contraprestación que debía pagarse adicional al sueldo de los beneficiarios, y no como lo efectúa la demandada, al extraer el 30% de este para denominarlo prima.

21. En estos términos, consideró que de las pruebas allegadas al expediente está demostrado que el demandante se vinculó a la Nación, Rama Judicial como juez de la República por el período comprendido entre el 26 de agosto de 2011 en adelante , y que del salario se extrajo el valor de esta «prestación social» porque se le aplicó el régimen previsto para los servidores públicos con exclusión del pago del 30% del

República por el período comprendido entre el 26 de agosto de 2011 en adelante , y que del salario se extrajo el valor de esta «prestación social» porque se le aplicó el régimen previsto para los servidores públicos con exclusión del pago del 30% del salario. Por tanto, el actor tiene derecho al reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en la medida en que: (i) un saldo del salario se pagó en un 70%; y (ii) se liquidaron indebidamente las prestaciones sociales, al tomar como base el 70% del salario y no el 100% de este.

22. Bajo este entendido, el porcentaje del 30% debía pagarse independientemente al salario previsto en cada uno de los decretos anuales y la reliquidación de todas las prestaciones sociales tenía que hacerse con el 100% del salario. Así las cosas, el Tribunal declaró impróspera la excepción de ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido , porque existió una desmejora en el salario del demandante y en sus prestaciones sociales por el tiempo en que ejerció como juez de la República.

23. Seguidamente, como el 30% equivalente a la prima especial sí tiene carácter salarial el Tribunal declaró no probada la excepción de cosa juzgada constitucional, en la medida en que la expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, implica una vulneración de la Constitución Política y de la ley, al quitarle el carácter salarial a una «prestación» que lleva implícita esa naturaleza, al remunerar permanentemente la labor.

24. Ahora bien, en cuanto a la prescripción trienal determinó que se acogía a lo

el carácter salarial a una «prestación» que lleva implícita esa naturaleza, al remunerar permanentemente la labor.

24. Ahora bien, en cuanto a la prescripción trienal determinó que se acogía a lo dispuesto por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado en la sentencia de «unificación» SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. En este orden, como el demandante radicó reclamación el 6 de febrero de 2015 , en la que pidió la prima especial, la prescripción opera desde el 6 de febrero de 2012 hacia atrás, por tanto, al haberse reclamado por el período del 26 de agosto de 2011 en adelante, se declarará la prescripción trienal entre el 26 de agosto de 2011 y el 5 de febrero de 2012.

9 Transcrito textualmente con errores. C. Principal, folios 189 a 190.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00659-02 (2259-2020) Demandante: Gerardo Alonso Toro Marín Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9

25. En consecuencia, ordenó el pago y la reliquidación al tener en cuenta que la prima es factor salarial por el período comprendido entre el 6 de febrero de 2012 y hasta que se haga el pago, siempre que se entienda que el actor se desempeña en el cargo de juez de la República o en otro beneficiado por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, según la jurisprudencia vigente.

hasta que se haga el pago, siempre que se entienda que el actor se desempeña en el cargo de juez de la República o en otro beneficiado por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, según la jurisprudencia vigente.

26. Puntualmente, dispuso el pago de: (i) la prima especial del 30% del valor del salario básico asignado por el período del 6 de febrero de 2012 y hasta que se haga el pago, siempre que ocupe un cargo que lo haga beneficiario; (ii) la reliquidación de las prestaciones sociales por el mismo período; y (iii) los aportes dejados de pagar al Sistema de General de Seguridad Social en Salud y Pensión (SGSSSP) también por el mismo período.

27. Ordenó que estas sumas se debían liquidar al ajustar los valores en los términos del artículo 178 del CPACA , según la fórmula allí establecida, la cual debía aplicarse separadamente para cada mes por tratarse de reliquidaciones de prestaciones de tracto sucesivo.

28. Reconoció como gastos procesales la suma de diez mil trescientos sesenta y ocho pesos ($10.368.oo), pero se abstuvo de imponer agencias en derecho porque la parte demandada no incurrió en maniobras dilatorias o de mala fe10.

2.3.1. Recurso de apelación

29. El apoderado de la demandada solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, declarar los medios exceptivos propuestos y absolver a la entidad de todos los cargos. Expresó los siguientes motivos de inconformidad:

30. Según el artículo 150 , numeral 19, literales e y f de la Constitución Política, al Congreso de la República le corresponde fijar el régimen salarial y prestacional de los

los cargos. Expresó los siguientes motivos de inconformidad:

30. Según el artículo 150 , numeral 19, literales e y f de la Constitución Política, al Congreso de la República le corresponde fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del