CE - Sentencia 17001233300020160067202 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

Demandante: Mercedes Rodríguez Higuera

Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1: disponibilidad presupuestal de las entidades y el cumplimiento de acreencias laborales .

Subtema 2: carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida el 13 de febrero de 2020, por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Mercedes Rodríguez Higuera , en condición de juez de la República , solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de la prima especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario básico , sin descontar el 30% por todo

Mercedes Rodríguez Higuera , en condición de juez de la República , solicitó el reconocimiento, liquidación y pago de la prima especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario básico , sin descontar el 30% por todo el periodo en el que se ha desempeñado en tal calidad. Sin embargo, la parte demandada negó la petición, con fundamento en que aplicó correctamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y atendió lo previsto en los decretos salariales emitidos anualmente por el Gobierno nacional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Mercedes Rodríguez Higuera , en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (en adelante CPACA), presentó demanda 1 en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, radicada mediante apoderada judicial, el 7 de septiembre de 20162.

1 Escrito de demanda, visible en el SAMAI, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 01Cuaderno1, folios 5 a 22. 2 Acta Individual de Reparto, visible en el SAMAI, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 01Cuaderno1, folio 1.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

Demandante: Mercedes Rodríguez Higuera

Demandado: Nación, Rama Judicial

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2 2.1.1. Pretensiones

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2 2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se inapliquen los decretos reglamentarios 658 de 2008 , 722 de 2009 , 1388 de 2010, 1039 de 2011 , 0874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014 , comoquiera que reducen en un 30% las asignaciones salariales, las prestaciones sociales y no suman el 30% como prima especial de servicios. (ii) Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMR 16-119 del 1 de febrero de 2016, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, negó el reconocimiento de los efectos salariales y prestacionales del 30% de la remuneración mensual que a título de prima especial de servicios se le venía descontando de su remuneración mensual. (iii) Que se declare la nulidad de la Resolución DESAJMZR 16-215 del 19 de febrero de 2016, a través de la cual la referida entidad concedió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión. (iv) Que se declare la nulidad del acto ficto o presunto configurado ante la falta de respuesta al recurso de apelación que presentó en contra del acto que negó su reclamación. (v) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a lo siguiente:

respuesta al recurso de apelación que presentó en contra del acto que negó su reclamación. (v) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a lo siguiente: ✓ Reintegrar y seguir pagando la diferencia entre el valor a reliquidar y lo pagado a título de salario, bonificación por servicios, primas de vacaciones, de servicios y de navidad, auxilio de cesantías, intereses a estas, y demás emolumentos prestacionales desde el momento en que es juez de la República, hasta que esté vinculada a la Rama Judicial en dicho cargo; por tal motivo, deberá reliquidar teniendo en cuenta como base la totalidad de la remuneración básica mensual de cada año y los demás factores salariales, esto es, sin deducir o descontar de esta remuneración el 30% que se había cancelado a título de prima especial de servicios.

✓ Liquidar la bonificación por servicios, las primas de vacaciones , de servicios y de navidad, el auxilio de cesantías, los intereses a estas y demás emolumentos prestacionales teniendo como base el 100% de la remuneración básica mensual de cada año y los demás factores salariales, sin deducir el 30% que se había cancelado a título de prima especial de servicios. (vi) Que se indexen los valores reclamados de conformidad con el IPC. (vii) Ajustar dichas sumas de conformidad con las normas adjetivas y sustanciales del CPACA y demás preceptos jurídicos que tratan la materia. (viii) Que se condene en costas a la parte demandada. 2.1.2. Hechos

(vii) Ajustar dichas sumas de conformidad con las normas adjetivas y sustanciales del CPACA y demás preceptos jurídicos que tratan la materia. (viii) Que se condene en costas a la parte demandada. 2.1.2. Hechos

3. La señora Mercedes Rodríguez Higuera hizo referencia a los siguientes hechos:Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

Demandante: Mercedes Rodríguez Higuera

Demandado: Nación, Rama Judicial

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3 (i) Se vinculó a la Rama Judicial desde el 1 de noviembre de 1996. Para la época en la que presentó la demanda, se encontraba en ejercicio del cargo de juez 7 civil municipal de Manizales. (ii) Afirmó que, con ocasión de la prima especial de servicios, establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la parte demandada liquidó las primas de navidad, servicios y vacaciones; las cesantías; la bonificación por servicios prestados; los aportes a seguridad social; y demás prestaciones laborales, sobre el 70% de su remuneración básica, en lugar del 100% como correspondía. Asimismo, manifestó que no recibió pago alguno por concepto de la prima especial de servicios, como un emolumento adicional al salario. (iii) Con fundamento en lo anterior, mediante petición radicada el 12 de enero de 2016, solicitó el reconocimiento y pago de los efectos salariales y prestacionales del 30% que a título de prima especial de servicios se le venía descontando de su remuneración

(iii) Con fundamento en lo anterior, mediante petición radicada el 12 de enero de 2016, solicitó el reconocimiento y pago de los efectos salariales y prestacionales del 30% que a título de prima especial de servicios se le venía descontando de su remuneración mensual y la correspondiente reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales. (iv) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, negó su reclamación mediante Resolución DESAJMR 16-119 del 1 de febrero de 2016. Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación. Sin embargo, indicó que no fue resuelto, motivo por el cual se configuró el silencio administrativo negativo. 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Mercedes Rodríguez Higuera citó, como normas vulneradas, los siguientes artículos: 2, 13, 25, 48, 53, 150, 215, numeral 9 y 256, numeral 7 de la Constitución Política; 127 del Código Sustantivo del Trabajo; Decreto Ley 546 de 1971; 2 del Decreto 1726 de 1973; 9 del Decreto 603 de 1977; el Decreto Ley 1045 de 1978; 8 del Decreto Ley 244 de 1981; 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; 152, numeral 7 de la Ley 270 de 1996; 6 y 7 del Decreto 658 de 2008; 4 del Decreto 722 de 2009; 8 del Decreto 1388 de 2010; 8 del Decreto 1039 de 2011; 8 del Decreto 0874 de 2012; 8 del Decreto 1024 de 2013; y 8 del Decreto 194 de

2014.

2011; 8 del Decreto 0874 de 2012; 8 del Decreto 1024 de 2013; y 8 del Decreto 194 de 2014.

5. Expuso que la Ley 4 de 1992 creó la prima especial de servicios, equivalente al 30% de los ingresos laborales para los jueces, magistrados y afines, sin embargo, la Rama Judicial al cancelar su salario y las prestaciones sociales fraccionó la remuneración básica en dos partes, a saber, en un 70% como sueldo básico mensual y el 30% restante a título de la prima especial sin carácter salarial. Afirmó, que de esa manera sus ingresos laborales fueron reducidos en este último porcentaje, y a su vez, no recibió pago alguno por concepto de la prima especial. Aunado a eso, al realizar el cálculo de las prestaciones sociales, desconoció el carácter de factor salarial de esta prima, por lo que desmejoró ostensiblemente la remuneración básica mensual a que tiene derecho. 2.1.4. Contestación de la demanda

6. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, por medio de su apoderado judicial, contestó la demanda 3 mediante escrito en el que se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de «ausencia de causa petendi», «cobro de no lo debido» , « inexistencia del derecho reclamado », «cosa juzgada», y

3 Contestación de la demanda, visible en SAMAI, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 01Cuaderno1, folios 143 a 150.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

Demandante: Mercedes Rodríguez Higuera

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a 150.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

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4 «prescripción trienal laboral».

7. Señaló que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de abril de 2014 emitida por la Sala de Conjueces, Sección Segunda, declaró la nulidad de los artículos contenidos en los decretos anuales de salarios de la Rama Judicial comprendidos entre los años 1996

(sic) a 2007, los cuales ordenaron que el 30% de la asignación básica para el cargo de magistrado de tribunal, entre otros servidores públicos, se consideraba como prima sin carácter salarial, lo que indica que los decretos emitidos por el Gobierno nacional a partir del año 2008 aún gozan de presunción de legalidad, motivo por el cual con fundamento en estos no puede accederse a las pretensiones de la demanda. 2.2. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces , dictó sentencia el 13 de febrero de 20204, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en

los siguientes términos:

[…] TERCERO: Declárese NO PROBADA las excepciones Ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido y; PROBADA parcialmente la excepción de prescripción trienal laboral y cosa juzgada constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido y; PROBADA parcialmente la excepción de prescripción trienal laboral y cosa juzgada constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACION-RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, proceda: a) pagar de la totalidad del salario, es decir en un 100%, sin descontar el 30% por concepto de prima (equivalente el 30%) por el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2013 y hasta la fecha de radicación de la cuenta de cobro de la sentencia, siempre que por dichos periodos cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, b) La prima especial de servicios es un beneficio adicional al salario, que equivale al 30% del mismo, y que debe ser sumado al salario, no restado, para liquidar el ingreso mensual del trabajador, por ende se debe pagar en debida forma el salari o y la prima especial de servicios por el comprendido entre el 12 de enero de 2013 y hasta la fecha de radicación de la cuenta de cobro de la sentencia , siempre que por dichos periodos cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. C) Atendiendo a, que las prestaciones sociales fueron liquidadas sobre el 70% del salario básico, se deben reliquidar las prestaciones, tomando como base de liquidación el 100% del salario básico mensual por el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2013 y hasta la fe cha de radicación de la cuenta de cobro de la sentencia, siempre que por dichos

del salario básico mensual por el periodo comprendido entre el 12 de enero de 2013 y hasta la fe cha de radicación de la cuenta de cobro de la sentencia, siempre que por dichos periodos cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. QUINTO. DECLARAR que la prima especial de servicios que se reclama, no constituye factor salarial y en consecuencia se NIEGA las pretensiones que reclamaban su reconocimiento. SEXTO. CONDENAR a la demandada y a favor de la demandante al pago COSTAS; i).

GASTOS PROCESALES para un total de TRECE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

4 Sentencia de primera instancia, visible en SAMAI, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 01Cuaderno1, folios 237 a 262.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

Demandante: Mercedes Rodríguez Higuera

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5 PESOS ($13.918.oo M/C) y; NO CONDENAR a la demandada al pago de ii). AGENCIAS EN DERECHO, conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda. […]5

9. El Tribunal expuso que se encuentra demostrado que la demandante está vinculada a la Rama Judicial desde el 11 de noviembre de 1996 como juez de la República y que la entidad demandada excluyó el pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 en un porcentaje del 30%, pues esta se descontó del

entidad demandada excluyó el pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 en un porcentaje del 30%, pues esta se descontó del salario, por lo que existe un saldo impago . En ese sentido, acced ió a la declaración de nulidad de los actos administrativos acusados y orden ó el reconocimiento y pago de la totalidad del salario, es decir en un 100%, sin descontar el 30% por concepto de prima, así como a reliquidar las prestaciones sociales con inclusión del porcentaje que fue descontado del salario, por el periodo reclamado.

10. Finalmente, ordenó el ajuste de los valores obtenidos de las liquidaciones ordenadas, declaró la prescripción de lo causado con anterioridad al 12 de enero de 2013, en la medida en que la reclamación administrativa fue presentada el 12 de enero de 2016, y condenó en costas. 2.3. Recurso de apelación

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, presentó recurso de alzada 6, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia. Señaló que según la Ley 4 de 1992, la potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno nacional, en ese sentido, la DEAJ actuó de conformidad con los decretos salariales anuales por él expedidos.

12. Argumentó que no contaba con la respectiva apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para asumir el reconocimiento y pago de esas acreencias laborales y que carece del presupuesto necesario para reconocer las por

12. Argumentó que no contaba con la respectiva apropiación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para asumir el reconocimiento y pago de esas acreencias laborales y que carece del presupuesto necesario para reconocer las por nómina. Al respecto, explicó que con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, adelantará las gestiones ante la cartera anteriormente citada para la asignación de los recursos correspondientes. 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

13. Esta corporación dictó auto el 18 de marzo 20257 en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Así mismo, ordenó notificar a aquellas y al Ministerio Público, que guardaron silencio.

5 Transcripción fiel, incluso con errores. 6Recurso de apelación de la parte demandada, visible en SAMAI, índice 2, «EXPEDIENTE DIGITAL», archivo 03RecursoApelaciónSentencia. 7 Samai, expediente digital de segunda instancia, índice 33, archivo «26Autoqueadmite_31452023pdf(.pdf) NroActua 33».Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14. El Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso —Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA. 3.2. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si: ¿La demandante tiene derecho a la reliquidación de l salario y las prestaciones sociales devengadas durante el ejercicio del cargo de juez con la inclusión del 30% que presuntamente se descontaba de la asignación básica por concepto de prima especial de servicios, a pesar de que la Rama Judicial adujo que actuó de conformidad con los decretos salariales anuales expedidos por el Gobierno nacional? ¿Procede el restablecimiento del derecho ordenado en primera instancia, pese a que la Rama Judicial argumentó la imposibilidad presupuestal para darle cumplimiento? 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

16. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y

previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

17. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 1993 8 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció: Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la Repú blica, de los

8 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

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y de la justicia penal militar».Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

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7 Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar. Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar […].

18. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones 9, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

19. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y

Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

19. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996. Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretari o general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

20. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad solicitada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en «quitarle» a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»10.

21. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, efectuó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control

confusiones generadoras de controversias jurídicas»10.

21. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, efectuó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo

9 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, rad. núm. 11001-03-25-000-2003-00057-00 (121-03).Radicación: 17001-23-33-000-2016-00672-02 (3145-2023)

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8 sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»11.

22. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la

22. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

23. En una tercera ocasión, la Sala de Conjueces, por medio de sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores del Estado. «Sin embargo, los decreto s demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»12. La nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo

públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»12. La nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 200913.

24. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima técnica, al considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno nacional ha

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00098-00(1831-07). 12Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001 -03-25-000-2007-0008700(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes

artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 d e 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decret o 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del

Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; y los arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007». 13 «[…] es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias

vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí