CE - Sentencia 17001233300020160072802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00728-02 (2201-2022)

Demandante: Héctor Fernando Alzate Vélez

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, Seccional Manizales

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal , promiscuo y circuito.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones por reducción del salario base de liquidación. Procedencia. Sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Subtema 2: imprescriptibilidad de aportes para pensión de jubilación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 12 de febrero de 2021 , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Héctor Fernando Alzate Vélez , en condición de juez, presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de obtener el pago de la prima especial y la

Héctor Fernando Alzate Vélez , en condición de juez, presentó demanda contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito de obtener el pago de la prima especial y la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de la remuneración mensual. La Dirección Seccional de Administración Judicial negó la solicitud, en tanto solo ejerce funciones de pagadora dentro del distrito judicial. El demandante afirmó que los actos administrativos demandados son nulos, porque desconocieron la naturaleza salarial de la prima especial, la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y los principios constitucionales de igualdad, progresividad y favorabilidad.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Héctor Fernando Alzate Vélez, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 26 de

septiembre de 2016, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMZR 15-120 del 5 de febrero del 2015, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, mediante la cual negó la inclusión del 30 % de la remuneración mensual devengada por el demandante como base para laRadicación: 17001-23-33-000-2016-00728-02 (2201-2022)

Demandante: Héctor Fernando Alzate Vélez

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 liquidación de las prestaciones sociales de sde el 1 de abril de 2003 y hasta tanto permanezca en el cargo. Asimismo, declarar la nulidad de la Resolución 4316 del 14 de junio del 2016, que resolvió e l recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo citado.

(ii) Ordenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial a reconocer, liquidar y pagar la prima especial del 30 % prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una adición a la remuneración básica mensual devengada desde que desempeña el cargo de juez.

(iii) Ordenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial a reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengada s tales como: primas de vacaciones, navidad, de servicios, extralegales, bonificación por servicios, cesantías e intereses, con base en el 100 % de la remuneración básica mensual, con adición del 30 % que corresponde a la prima especial.

(iv) Ordenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial a reconocer y pagar la suma que resulte de la diferencia de todos los conceptos salariales y prestacionales dejados de percibir en los años 2003 y 2016, teniendo en cuenta lo devengado mensualmente, sin deducir la prima especial.

Judicial a reconocer y pagar la suma que resulte de la diferencia de todos los conceptos salariales y prestacionales dejados de percibir en los años 2003 y 2016, teniendo en cuenta lo devengado mensualmente, sin deducir la prima especial.

(v) Ordenar la indexación de las sumas debidas y el pago de los intereses correspondientes hasta la fecha en que se efectúe el pago.

(vi) Ordenar el cumplimiento del fallo en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (CPACA).

(vii) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada1.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente2:

(i) Laboró al servicio de la rama judicial desde 2003, como juez en el distrito judicial de Caldas , cargo que ocupaba, inclusive, al m omento de presentación de la demanda.

(ii) Desde el año 2003 percibe la asignación básica y la prima especial, no como una adición de la remuneración sino como una fracción que no constituye factor salarial.

(iii) El 21 de enero de 2015 solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial el pago de las sumas adeudadas por el no pago de la prima especial.

(iv) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó la petición mediante Resolución DESAJMZR 15-120 del 5 de febrero del 2015.

(iv) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó la petición mediante Resolución DESAJMZR 15-120 del 5 de febrero del 2015.

1 SAMAI, índice 2, ED_DEMANDA_17001233300020160072(.zip) NroActua 2, 01. 2016.0728 Páginas 1 a 50 (1).pdf, folios 2 al 3. 2 SAMAI, índice 2, ED_DEMANDA_17001233300020160072(.zip) NroActua 2, , 01. 2016.0728 Páginas 1 a 50 (1).pdf, folios 3 al 6.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00728-02 (2201-2022)

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(v) Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación que fue resuelto en forma negativa por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial de Bogotá, mediante Resolución 4316 del 14 de junio del 2016.

(vi) El 25 de agosto de 2016 fue realizada la audiencia de conciliación que se declaró fallida debido a la falta de ánimo conciliatorio de las partes.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,

declaró fallida debido a la falta de ánimo conciliatorio de las partes.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228; Ley 4ª de 1992, artículos 2, 12 y 14; Decreto 1042 de 1978, artículo 42; Decreto 717 de 1978, artículo 12; Ley 1437 de 2011 (CPACA), artículos 10, 102, 137, 148, 189 y 269, y Ley 270 de 1996, el artículo 152, numeral 7.

4. En el concepto de violación, el demandante sostuvo que los actos administrativos demandados desconocen la normatividad superior y las decisiones judiciales vigentes, en particular las sentencias de rectificación y unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, mediante las cuales se ha reconocido el carácter salarial de la prima especial. Señaló que esta prima corresponde a un porcentaje adicional de la remuneración men sual y, en tal medida, su inclusión en la base de liquidación de las prestaciones sociales es obligatoria. Agregó que la exclusión de este factor en la liquidación de sus derechos vulnera principios constitucionales como la igualdad y el respeto por los derechos adquiridos.

2.2. Contestación de la demanda

5. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «ausencia de causa petendi», «inexistencia del derecho reclamado» y «cobro de lo no debido» , al considerar que el pago de las acreencias solicitadas requiere un título constitutivo de gasto y no una sentencia de simple nulidad

las excepciones de «ausencia de causa petendi», «inexistencia del derecho reclamado» y «cobro de lo no debido» , al considerar que el pago de las acreencias solicitadas requiere un título constitutivo de gasto y no una sentencia de simple nulidad que solo declaró la nulidad de los decretos expedidos entre 1993 y 200 7, sin afectar las disposiciones expedidas con posterioridad, las cuales reiteran expresamente su naturaleza no salarial, motivo por el cual continúan vigentes y con fuerza normativa.

6. Adujo que no es procedente acceder a las pretensiones de la parte actora, en tanto la prima especial del treinta por ciento (30 %) fue establecida legalmente sin carácter salarial, razón por la cual no puede ser incluida en la liquidación de las prestaciones sociales, así como tampoco en la base de liquidación de los aportes a seguridad social. Lo anterior, con fundamento en la sentencia C -279 de 1996 del 13 de junio de 1996, proferida por la Corte Constitucional, en donde se menciona la libertad del legislador de no atribuir el carácter salarial a la prima especial.

7. Asimismo, planteó la excepción de «cosa juzgada constitucional», al considerar que, si bien los decretos expedidos por el Gobierno nacional entre 1993 y 2007 fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, que establece el carácter no salarial de la prima especial, fue declarado exequible por la Corte Constitucional. En consecuencia, los actos administrativos demandados se ajustan a derecho.

8. Afirmó que operó la «prescripción trienal» toda vez que, según su interpretación,

Corte Constitucional. En consecuencia, los actos administrativos demandados se ajustan a derecho.

8. Afirmó que operó la «prescripción trienal» toda vez que, según su interpretación, el derecho reclamado era exigible desde 2007. En ese sentido, al haberse presentado la reclamación administrativa el 21 de enero de 2015, ya habría transcurrido el término legal de tres (3) años previsto para ejercer la acción correspondiente.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00728-02 (2201-2022)

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4 2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia dictada el 12 de febrero de 2021, dispuso lo siguiente3:

PRIMERO: Declárase la nulidad de los actos administrativos Resolución DESAJM15445 del 26 de marzo de 2015 y del acto ficto presunto negativo surgido del recurso de apelación formulado el día 13 de abril de 2015, emitidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial Seccional Manizales y por la Dirección

Ejecutiva de Administración Judicial Nivel Central.

SEGUNDO: Declárase NO PROBADA la excepción de ausencia de causa petendi, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declárase PROBADA la excepción de cosa juzgada constitucional y

SEGUNDO: Declárase NO PROBADA la excepción de ausencia de causa petendi, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declárase PROBADA la excepción de cosa juzgada constitucional y parcialmente probada la excepción de prescripción sobre los períodos comprendidos entre el 1 de abril de 2003 hasta el 20 de enero de 2012.

CUARTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho SE ORDENA A

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL, proceda:

a). Al reconocimiento y pago de la totalidad del salario, es decir en un 100%, sin descontar el 30% por concepto de prima (equivalente al 30%) en el período comprendido entre el 21 de enero de 2012 hasta la fecha de cumplimiento de esta sentencia y/o hasta cuando funja o haya fungido el demandante, señor HÉCTOR FERNANDO ALZATE VÉLEZ, como Juez según la categoría que desempeñe.

b). La prima especial de servicios es un beneficio adicional al salario, que equivale al 30% del mismo, y que debe ser sumado al salario, no restado, para igualar el ingreso mensual del trabajador, por ende se debe pagar en debida forma el salario en un ci en por ciento (100%) y la prima especial de servicios de forma adicional (30%) por el período comprendido entre el 21 de enero de 2012 hasta la fecha en que el demandante funja como Juez, según la categoría que desempeñe.

c). Atendiendo a que las prestaciones sociales fueron liquidadas sobre el 70% del salario básico, se debe reliquidar las prestaciones sociales y todos los emolumentos percibidos,

como Juez, según la categoría que desempeñe.

c). Atendiendo a que las prestaciones sociales fueron liquidadas sobre el 70% del salario básico, se debe reliquidar las prestaciones sociales y todos los emolumentos percibidos, tomando como base de liquidación el 100% del salario básico mensual, por el período comprendido entre el 21 de enero de 2012 hasta la fecha de cumplimiento de esta sentencia y/o hasta cuando funja o haya fungido el demandante como Juez.

d). Al ser factor salarial únicamente para los aportes a pensión, debe ordenarse la reliquidación con inclusión del valor de la prima especial de servicios y el cien por ciento del salario básico (100%), de los aportes a pensión por todo el tiempo en el que el demandante ha ocupado el cargo de Juez de la República y percibido la prima especial de servicios.

QUINTO: CONDENAR a la demandada y a favor del demandante al pago de costas así: gastos procesales por un total de SIETE MIL CIEN PESOS ($7.100,00 m/cte.). No condenar a la demandada al pago de agencias en derecho, conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

SEXTO: ORDENAR a la demandada que, para el cumplimiento de la sentencia, dé estricto cumplimiento a los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

Las sumas dinerarias que serán liquidadas en favor del actor deberán ser ajustadas en los términos del artículo 178 del CPACA, y los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el numeral 4º del artículo 195 del CPACA, de conformidad como se explica

los términos del artículo 178 del CPACA, y los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el numeral 4º del artículo 195 del CPACA, de conformidad como se explica

3 SAMAI, índice 2, ED_DEMANDA_17001233300020160072(.zip) NroActua 2, 04. 2016.0728 Páginas 150 a 200 (3) (003).pdf, folios 60 al 65; y SAMAI, índice 2, ED_DEMANDA_17001233300020160072(.zip) NroActua 2, folios 1 al 23.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00728-02 (2201-2022)

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5 en precedencia.

SÉPTIMO: Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición de parte interesada, emitir copias auténticas. Por Secretaría, hacer las anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.

OCTAVO: Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez este ejecutoriada la última providencia emitida, ARCHÍVESE las diligencias.

10. Para resolver el asunto, el tribunal acogió en su integridad la tesis fijada en la sentencia del 29 de abril de 201 4, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos que atribuían a la prima especial un carácter no salarial. En

sentencia del 29 de abril de 201 4, mediante la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos que atribuían a la prima especial un carácter no salarial. En dichas providencias, el Consejo de Estado precisó que el 30 % correspondiente a la prima especial constituye un valor adicional al salario básico mensual y no un componente integrado a este.

11. Afirmó que el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos demandados anualmente, pues la Ley 4 de 1992 establece que no se pueden desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los empleados de stinatarios de la prima. En una incorrecta interpretación e indebida aplicación de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno disminuyó el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que los actos administrativos demandados son contrarios a la Constitución y la Ley, pues desconocen los derechos laborales y prestacionales que genera el pago íntegro del salario y la reliquidación de los derechos laborales y prestacionales.

12. Declaró probada la excepción de «cosa juzgada constitucional», en tanto la Corte Constitucional en sentencia C -279 de 1996 al realizar análisis de constitucionalidad, se pronunció sobre los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, declaró la exequibilidad de la expresión «sin carácter salarial».

13. Declaró prescritos los periodos anteriores al 21 de enero de 2012, al considerar que las pretensiones salariales y prestacionales anteriores fueron formuladas después de vencido el término legal. No obstante, exceptuó los aportes al sistema de

que las pretensiones salariales y prestacionales anteriores fueron formuladas después de vencido el término legal. No obstante, exceptuó los aportes al sistema de pensiones, al tratarse de un derecho de naturaleza imprescriptible conforme con la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado y los principios que rigen la seguridad social.

14. Condenó en costas a la parte demandada.

2.4. Recurso de apelación

15. La entidad demandada interpuso recurso de apelación con el argumento de que liquidó bien la prima especial, pues lo hizo conforme con los decretos proferidos por el Gobierno nacional que consideraban el 30 % de la remuneración básica como una prima especial sin carácter salarial.

16. Sostuvo que en el presente asunto se configura la cosa juzgada constitucional, toda vez que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, norma que reconoce la prima especial como un emolumento sin carácter salarial, razón por la cual no puede ser incluido en la base para la liquidación de prestaciones sociales.

17. Advirtió la imposibilidad presupuestal para asumir las obligaciones derivadas de los derechos laborales reclamados por jueces en servicio activo, ya que no se han asignado recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00728-02 (2201-2022)

Demandante: Héctor Fernando Alzate Vélez

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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18. Por último, solicitó que en caso de prosperar la pretensión de reliquidación de prestaciones con inclusión de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, debe aplicarse la prescripción trienal. Asimismo, sostuvo que los aportes pensionales también están sujetos a prescripción4.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

19. Mediante auto del 3 de noviembre de 2022, la Subsección A declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de la Subsección B en esa época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido y ser beneficiarios de la prima especial en condición de funcionarios de la Rama Judicial, circunstancia que generaba interés directo en el proceso5.

20. Los magistrados integrantes de la Subsección A manifestaron su impedimento con sustento en el artículo 141-1 del CGP, esto es, tener interés directo en el proceso, por tener en curso procesos con miras a lograr el carácter salarial de los emolumentos percibidos a los que al igual que ocurre con la prima discutida en este proceso, se omitió otorgarles tal connotación.

21. Con posterioridad, la Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019

omitió otorgarles tal connotación.

21. Con posterioridad, la Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019

(Reglamento Interno del Consejo de Estado) , realizó la designación de conjueces e integró la lista correspondiente en sesión del 23 de enero de 20256.

22. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como consta en el índice 41 del sistema de gestión judicial SAMAI.

23. Mediante auto del 11 de marzo de 20257, la conjuez designada por sorteo para tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA8, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

24. Frente a la configuración del supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA sobre la «posesión y duración del cargo de Conjuez», es del caso precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda han declarado infundado el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos relacionados

4 SAMAI, Gestión en otros despachos, índice 32, 17Recepcionrecur_Recursoapelacion2018(.pdf) NroActua 32. 5 SAMAI, índice 11. 6 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en

5 SAMAI, índice 11. 6 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría necesaria. PARÁGRAFO. (Adicionado Acuerdo No. 088 de 2019) INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces, que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional. 7 Samai, índice 21. 8 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. // Cuando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de int egrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o

el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00728-02 (2201-2022)

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7 con el reconocimiento de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

25. Asimismo, la mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024, decidieron declarar infundado el impedimento manifestado por los integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el

presente asunto, por tres razones, a saber9:

(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses de quien manifiesta el impedimento.

26. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la

intereses de quien manifiesta el impedimento.

26. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, conforme con el cual l os nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

28. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos concretos presentados por el apelante 10, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

29. ¿Procede la reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a pesar de que la misma no tiene carácter salarial?

30. ¿Se configuró la prescripción de los derechos reclamados por el demandante, en relación con el reconocimiento de la prima especial causada durante los años que ejerció el cargo de juez?

31. ¿La declaratoria de exequibilidad del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 por parte de la Corte Constitucional configura cosa juzgada constitucional que impide la

ejerció el cargo de juez?

31. ¿La declaratoria de exequibilidad del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 por parte de la Corte Constitucional configura cosa juzgada constitucional que impide la inaplicación de los decretos que lo reglamentan?

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774 -2024, 5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 40792023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año. 10 CGP, artículos 320 y 328.Radicación: 17001-23-33-000-2016-00728-02 (2201-2022)

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8 32. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la entidad apelante constituye un argumento válido para negar el reconocimiento de la prima especial y las diferencias salariales y prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual al 70 %?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

33. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

33. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativo, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

34. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199311 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior M