CE - Sentencia 17001233300020160096002 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019)

Demandante: Valentina Sáenz Mejía

Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial1

Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 8 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Valentina Sáenz Mejía presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución DESAJMZR 15-320 del 9 de marzo de

nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución DESAJMZR 15-320 del 9 de marzo de 2015, por medio de la cual, la D EAJ de Manizales le negó la petición de reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre las sumas pagadas y las que legalmente correspond ían teniendo en cuenta la prima

1 En adelante DEAJ. 2 Folios 1 a 28. La demanda fue presentada el 16 de diciembre de 2016. 3 En lo que sigue CPACA.2

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019) Demandante: Valentina Sáenz Mejía especial de servicios del 30% como factor salarial; asimismo, la Resolución 4142 del 7 de junio de 2016 mediante la cual la DEAJ confirmó la anterior decisión.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago d e a) la prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como adicional al 100% del salario básico entendida como factor salarial; b) las prestacionales sociales teniendo en cuenta el 100% del salario básico mensual; y c) la s diferencias salariales y prestacionales entre las sumas pagadas y las que legalmente correspond ían teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial; desde el 8 de marzo del 2013 hasta la presentación de la demanda y en lo sucesivo e n el desempeño del cargo de juez de la república; ii) indexar las sumas adeudadas con

teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial; desde el 8 de marzo del 2013 hasta la presentación de la demanda y en lo sucesivo e n el desempeño del cargo de juez de la república; ii) indexar las sumas adeudadas con los respectivos intereses desde el momento de la causación hasta que se haga efectivo el pago; ii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y iii) la condena en costas y agencias en derecho.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Valentina Sáenz Mejía se desempeña como juez quinto promiscuo municipal de La Dorada (Caldas) desde el 8 de mayo de 2013 «hasta la fecha, en continuidad y en forma ininterrumpida ocupando el cargo [...] en la actualidad».

3.2. Durante el tiempo laborado la DEAJ le pagó el 30% del salario básico como prima especial de servicios con desconocimiento de los efectos salariales y prestacionales.

3.3. El 19 de febrero de 2015, solicitó ante la DEAJ el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre las sumas pagadas y las que legalmente correspondían teniendo en cuenta la prima especial de servicios del 30% como factor salarial, desde el 8 de mayo de 2013 «hasta la fecha»

3.4. Mediante la Resolución DESAJMZR 15-320 del 9 de marzo de 2015 , la DEAJ de Manizales le negó la petición . La decisión fue confirmada a través de la Resolución 4142 del 7 de junio de 2016.

de Manizales le negó la petición . La decisión fue confirmada a través de la Resolución 4142 del 7 de junio de 2016.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 53, 58 y 228 de la Constitución Política; 2, 12 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 152 de la Ley 270 de 1992; 127 del Código Sustantivo del Trabajo; 10, 102, 137, 148, 189 y 269 del CPACA; 12 del Decreto3

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019) Demandante: Valentina Sáenz Mejía 717 de 1978; y 42 del Decreto 1042 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que la prima especial de servicios creada mediante el artículo 14 d e la Ley 4ª de 1992 constituye factor salarial y es un adicional al salario básico; de tal manera que la forma en que la DEAJ liquidó su salario [70% como básico y 30% como prima especial] desmejoró sus derechos laborales por cuanto lo fraccionó y no pagó dicha prima como un adicional o un plus y liquidó las prestaciones sociales solo sobre el 70%; de tal manera que los actos demandados se expidieron con falsa motivación . Además, señaló que n o operó la caducidad sobre los actos que liquidaron anualmente las cesantías.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresan a continuación4:

caducidad sobre los actos que liquidaron anualmente las cesantías.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresan a continuación4:

6.1. El reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30% sin carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 podr ía efectuarse siempre que una sentencia judicial ejecutoriada lo orden ara porque las que anularon los decretos salariales anuales con efectos erga omnes no constituyen un «título constitutivo de gasto ». La administración realizó las liquidaciones y pagos de conformidad con la normatividad vigente en las que determinó que dicho emolumento no constituía factor salarial para liquidar las prestaciones sociales y la entidad no estaba facultada para inaplicarlas.

6.2. Proceden las excepciones de ausencia de casusa petendi , inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido al no haber sustento legal respecto del factor salarial de la prima especial de servicios; y cosa juzgada porque el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 fue declarado exequible por la Corte Constitucional.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces , profirió sentencia el 8 de mayo de 20195, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda. En

tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: ACEPTAR el IMPEDIMENTO presentado por el PROCURADOR 28

JUDICIAL II ADMINISTRATIVO de esta Manizales, Dr. ALEJANDRO CARVAJAL

tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: ACEPTAR el IMPEDIMENTO presentado por el PROCURADOR 28 JUDICIAL II ADMINISTRATIVO de esta Manizales, Dr. ALEJANDRO CARVAJAL RESTREPO. El conocimiento de este medio de control, (sic) pasa al PROCURADOR REGIONAL DE CALDAS, conforme lo planteado en autos.

4 Folios 64 a 69. 5 Folios 167 a 178 vuelto.4

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019)

Demandante: Valentina Sáenz Mejía

SEGUNDO: Inaplicar por inconstitucionales y sólo para este caso concreto, los preceptos legales que señalan que la prima de servicios del 30% regulada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tiene carácter salarial, atendiendo lo señalado en la parte considerativa.

TERCERO: Declárese como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de causa petendi, Inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido y cosa Juzgada constitucional propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de la resolución DESAJMZR15-320 de 9 de marzo de 2015 y la resolución nº 4142 de 7 de junio de 2016.

QUINTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACION-RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, proceda: a). Pagar el valor correspondiente a la prima especial de servicios equivalente

QUINTO: En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACION-RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, proceda: a). Pagar el valor correspondiente a la prima especial de servicios equivalente al 30% de su salario por el periodo comprendido entre el 8 de mayo de 2013 y hasta el momento en que deje de ocupar el cargo de Juez de la Republica u otro de los cargos mencionados en el artículo 14 de la Ley 4º de 1992 , b). Reliquidar las prestaciones sociales, incluyendo el 30% correspondiente a la especial de servicios (art. 14 de la Ley 4 de 1992), tomándola como factor salarial, a favor de la demandante VALENTINA SANZ MEJIA , y en consecuencia, pagarle o reintegrarle la diferencia salarial que resulte de lo pagado por concepto de salarios y demás emolumentos de carácter salarial, por el periodo transcurrido entre el 8 de mayo de 2013 y hasta el momento en que deje de ocupar el cargo de Juez de la Republica u otro de los cargos mencionados en el artículo 14 de la Ley 4º de 199 2, fecha en que ya estaba vigente la Ley 4ª de 1992, debiendo tener en cuenta como base la totalidad de la remuneración básica mensual de cada año, más el 30% equivalente a la prima especial de servicios, sumado a los demás factores salariales, y ordenar qu e en adelante sea tenida la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4º de 1992, como adicional al salario mensual de la demandante con carácter de factor salarial, para todos los efectos, sin deducir o descontar su porcentaje del 100% de la remuneración

como adicional al salario mensual de la demandante con carácter de factor salarial, para todos los efectos, sin deducir o descontar su porcentaje del 100% de la remuneración básica mensual de cada año y de los demás factores saláriales (sic) de él por derecho propio. Situación que debe seguir mientras la demandante ocupe el cargo de Juez de la Republica y; c). Ordenar a la demandada, que como consecuencia de la reliquidación de las prestaciones sociales, por la inclusión del de (sic) la prima de especial de servicios equivalente al 30% del salario devengado por la demandante ; realizar los aportes dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión (SGSSSP) por el tiempo comprendido entre el 8 de mayo de 2013 y hasta el momento en que deje de ocupar el cargo de Juez de la Republica u otro de los cargos mencionados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

SEXTO: ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

SÉPTIMO: CONDENAR a la demandada ya favor de la demandante al pago COSTAS; 1). GASTOS PROCESALES por valor DIEZ MIL TRECEINTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($10.368.00), y de II). AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al 10% del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir CUATRO MILLONES

NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON5

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019)

Demandante: Valentina Sáenz Mejía

NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON5

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019) Demandante: Valentina Sáenz Mejía OCHO CENTAVOS ($4.920.788.8), conforme se dijo en la parte considerativa causados al demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

OCTAVO: NEGAR el reconocimiento y pago de PERJUICIOS presuntamente sentencia.

NOVENO: Sin necesidad de auto que lo ordene, ejecutoriada esta sentencia y a petición de parte interesada, emitir COPIAS AUTÉNTICAS. Por SECRETARIA hacer las anotaciones en la base de datos SIGLO XXI.

NOVENO: Evacuadas todas las etapas procesales de este proceso y una vez este ejecutoriada la última providencia emitida, ARCHIVESE las diligencias»

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

8.1. La prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es un adicional al 100% del salario básico y constituye factor salarial, la cual se debe tener en cuenta para liquidar los derechos laborales y prestacionales.

8.2. La demandante tiene derecho a la prima referida al desempeñar el cargo de juez de la república desde el 8 de mayo de 2013 hasta «el 8 de mayo de 2013 [fecha de presentación de la demanda] y hasta el momento en que deje de ocupar el cargo de juez de la república u otro de los cargos mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992» . No operó la prescripción de los derechos porque la reclamación ante la entidad se

de la república u otro de los cargos mencionados en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992» . No operó la prescripción de los derechos porque la reclamación ante la entidad se presentó el 19 de febrero de 2015 y la sentencia del 29 de abril del 2014 que anuló algunos decretos salariales anuales quedó ejecutoriada el 22 de julio del 2014; y desde 1993 hasta el 2014 existía imposibilidad para reclamarla.

8.3. En virtud del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 [artículo 5° numeral 1°], se fijarán las agencias en derecho en $ 10.368.000 como gastos procesales, conforme con «la hoja de gastos procesales»; al tratarse de un proceso declarativo.

1.4. El recurso de apelación

9. La DEAJ solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Al respecto señaló6:

9.1. La prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no constituye factor salarial para la liquidación y pago de las prestaciones sociales; norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional , lo que implica que «operó la cosa juzgada constitucional».

9.2. De reconocerse la prima especial de servicios como un porcentaje adicional al

6 Folios 184 a 186.6

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019) Demandante: Valentina Sáenz Mejía salario, superaría el tope de la remuneración de lo que por todo concepto perciben

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019) Demandante: Valentina Sáenz Mejía salario, superaría el tope de la remuneración de lo que por todo concepto perciben los magistrados de altas cortes conforme con lo previsto en el Decreto 1251 de 2009 que impide incluir esos mayores valores por nómina.

9.3. Operó la prescripción sobre los derechos reclamados . Además, el Consejo de Estado decretó la nulidad algunos artículos de los decretos salariales anuales creados desde el año 1993 hasta el año 2007, pero no anuló los decretos posteriores, por lo tanto, son válidos y se presumen legales; así, la prima reclamada desde el año 2008 se liquidó de forma correcta como lo prevén los decretos salariales desde ese año en adelante.

9.4. No existió conducta temeraria de la entidad demandada porque actuó con base en un manual de defensa nacional y hubo justificación en argumentos de derecho que imponen desestimar la orden de la condena en costas.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

10. La demandante presentó alegatos de conclusión, en los que solicitó no revocar la sentencia de primera instancia7.

11. La DEAJ, pese a haber sido notificado en debida forma, no se pronunció en esta instancia8.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pr onunció en esta oportunidad9.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación , lo que

oportunidad9.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación , lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 10, se circunscribe n a

7 Folios 2013 a 215. 8 Folio 216. Según la constancia secretarial del 1° de marzo del 2022. 9 Ibidem. 10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.7

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019) Demandante: Valentina Sáenz Mejía establecer ¿si la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye factor salarial y por lo tanto se debe tener en cuenta para liquidar las prestaciones sociales por el periodo reclamado por Valentina Sáenz Mejía como juez quinto promiscuo municipal de La Dorada (Caldas) ?, ¿si el reconocimiento y pago de dicha prima especial de servicios como adicional al salario básico mensual de Valentina Sáenz Mejía podría desbordar el límite del 80% de lo que por todo concepto percibe un magistrado de alta corte, conforme con lo previsto en el Decreto 1251 de 2009 ?, ¿si la DEAJ, a partir del año 2008 en adelante, le pagó a la demandante la liquidación de la prima especial de servicios como correspondía? ¿si se encuentran prescritos los derechos causados por el tiempo laborado en ese

1251 de 2009 ?, ¿si la DEAJ, a partir del año 2008 en adelante, le pagó a la demandante la liquidación de la prima especial de servicios como correspondía? ¿si se encuentran prescritos los derechos causados por el tiempo laborado en ese empleo?, y ¿si existió conducta temeraria por parte de la DEAJ al negarle el derecho reclamado por la demandante?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 11 para los Magistrados de todo orden de los

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 11 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El8

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019) Demandante: Valentina Sáenz Mejía Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito

de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de l os Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los

Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la

mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes, Magistrados de los Cons ejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de

considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».9

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019)

Demandante: Valentina Sáenz Mejía

los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».9

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019) Demandante: Valentina Sáenz Mejía 2006, 618 de 200712, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar13».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno; directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los

directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abo gados, de unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los Tribunales Judiciales [abog ado asesor], el 30% de la remuneración mensual se consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30% del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos laborales de los servidores; es decir, des contaba del 100% el 30% denominado como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 2 de septiembre de 200914, fijó, entre otras, las siguientes

reglas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago

12 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados

12 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sen tencia del 29 de abril del 2014 de radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. 13 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001 -23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)10

Radicado: 17001-23-33-000-2016-00960-02 (4458-2019) Demandante: Valentina Sáenz Mejía de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2.Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del sa lario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3.Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el

básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3.Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % d e su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta corporación como un valor adicional al ingreso de los se