CE - Sentencia 17001233300020170007002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la República.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reconocimiento prima especial de servicios como adicional a la remuneración mensual. Subtema 2: carácter no salarial de la prima especial. Subtema 3: disponibilidad presupuestal de las entidades y el cumplimiento de acreencias laborales. Subtema 4: topes del Decreto 1251 de 2009. Subtema 5: imprescriptibilidad de aportes para pensión de jubilación. Subtema 6: prescripción extintiva. Subtema 7: condena en costas y agencias en derecho.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida el 16 de agosto de 2019, por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, que concedió las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

proferida el 16 de agosto de 2019, por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, que concedió las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Fernán Montoya Ortiz, quien se desempeñó como juez municipal, solicitó la reliquidación y el pago de su remuneración mensual, así como de la prima especial como un adicional del salario y de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 30 % correspondiente a dicha prima, que —a su juicio— tiene carácter salarial, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 20 de julio de 1998. No obstante, la entidad demandada negó la solicitud con fundamento en que aplicó correctamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y observó lo dispuesto en los decretos salariales expedidos anualmente por el Gobierno nacional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. El señor Fernán Montoya Ortiz, en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (en adelante CPACA), presentó demanda en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, radicada mediante apoderadoRadicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 judicial, el 3 de febrero de 20171.

2.1.1. Pretensiones

www.consejodeestado.gov.co

2 judicial, el 3 de febrero de 20171.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad de las resoluciones núm. DESAJMZR15-547 del 17 de abril de 2015 y 5223 del 2 de agosto de 2015, por medio de las cuales la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, negó el reconocimiento del 30% de la remuneración mensual, la prima especial y la respectiva reliquidación de las prestaciones sociales.

(ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a su favor, lo siguiente:

• La reliquidación de los salarios y el pago efectivo de la prima especial de servicios, equivalente al 30 %, como un adicional del salario, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 20 de julio de 1998.

• La reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales, así como de las cesantías y de los intereses a las mismas, sobre el 100% de su remuneración básica mensual, con inclusión del 30% que no se había tenido en cuenta en la medida en que se había pagado a título de prima especial.

• Que en la reliquidación de las prestaciones sociales se incluya el 30 % correspondiente a la prima especial de servicios, reconociéndola con carácter salarial, desde la fecha de vinculación como funcionario judicial.

(iii) Que se ordene a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas de

correspondiente a la prima especial de servicios, reconociéndola con carácter salarial, desde la fecha de vinculación como funcionario judicial.

(iii) Que se ordene a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas de acuerdo con el IPC, en la forma señalada en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA); pague los intereses moratorios a que haya lugar; dé cumplimiento a la sentencia en los términos de lo dispuesto en el artículo 192 del mismo estatuto y condene en costas.

2.1.2. Hechos

3. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente:

(i) El señor Fernán Montoya Ortiz prestó servicios como juez de la República, del 7 de diciembre de 1984 hasta el 20 de julio de 1998.

(ii) Afirmó que, conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992, a partir del 1 de enero de 1993, debió percibir una prima especial de servicios equivalente al 30 % del salario básico, la cual no fue reconocida ni pagada por la Administración Judicial, ni tenida en cuenta como factor salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales.

1 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento « 6_ED_ACTUACIONE_001CNO12017000(.PDF) NroActua 2 », imagen 2.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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(iii) Sostuvo que los decretos reglamentarios expedidos a partir de 1993, mediante los cuales se reguló el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, redujeron de manera indebida la base salarial. Ello, por cuanto excluyeron el 30 % del salario bajo el rubro de prima especial de servicios, sin carácter salarial, lo que en la práctica disminuyó su asignación básica y afectó la liquidación de sus prestaciones sociales; no obstante, advirtió que los aludidos decretos fueron declarados nulos a través de la sentencia del 29 de abril de 2014.

(iv) Con fundamento en la sentencia en comento, mediante petición radicada el 10 de abril de 2015, solicitó la reliquidación y el pago de su remuneración mensual, así como de la prima especial como un adicional del salario y de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta el 30 % correspondiente a dicha prima, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1993 hasta el 20 de julio de 1998, incluyendo las cesantías e intereses a las mismas causadas o acumuladas a 31 de diciembre de 1992, por haberse acogido al nuevo régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, con su respectiva actualización o indexación.

(v) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, negó su

al nuevo régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 57 de 1993, con su respectiva actualización o indexación.

(v) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, negó su reclamación mediante la Resolución núm. DESAJMZR15-547 de 17 de abril de 2015.

(vi) Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación el 4 de mayo de 2015. En virtud de lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, a través de la Resolución Núm. 5223 del 2 de agosto de 2016, confirmó el acto administrativo impugnado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículo 53; Ley 4 de 1992, artículos 2, 14 y 15; Decreto 57 de 1993, artículos 2 y 12; Decreto 110 de 1993.

5. Expuso que los actos administrativos demandados vulneraron normas y principios constitucionales y legales superiores. Indicó que la Rama Judicial, mediante los actos acusados, efectuó una interpretación errónea de los artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992 y de los decretos salariales, al entender que el 30 % correspondía a la «prima misma» y lo descontó del salario básico, reduciendo la remuneración al 70 %. Esa interpretación afectó negativamente la asignación mensual, la prima especial, las prestaciones sociales y demás emolumentos, contrariando los principios de progresividad y favorabilidad.

lo descontó del salario básico, reduciendo la remuneración al 70 %. Esa interpretación afectó negativamente la asignación mensual, la prima especial, las prestaciones sociales y demás emolumentos, contrariando los principios de progresividad y favorabilidad. Señaló que la tesis correcta —acogida por el Consejo de Estado— sostiene que el 30 % únicamente sirve para cuantificar la prima especial, la cual se adiciona al salario básico y no lo disminuye; además, dicha prima tiene carácter salarial y, por tanto, incide en el cálculo de las prestaciones

6. Indicó que la no inclusión de la prima especial de servicios en su salario implicó: (i) una reducción indebida de la remuneración mensual; (ii) la exclusión de dicho emolumento en la liquidación de sus prestaciones sociales; y (iii) un desconocimiento de los principios de favorabilidad, progresividad e igualdad, previstos en los artículos 13 y 53 de la Constitución.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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7. Destacó que el Consejo de Estado, en sentencia del 29 de abril de 2014 (exp. 1100103-25-000-2007-00087-00), declaró la nulidad de varios decretos que regulaban el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, por contradecir la Constitución y la ley. En esa decisión precisó que la prima debía

régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, por contradecir la Constitución y la ley. En esa decisión precisó que la prima debía adicionarse al salario básico y no deducirse de este. Tal interpretación ha sido reiterada por la jurisprudencia de la corporación, al reconocer a la prima naturaleza salarial y retributiva, con incidencia directa en las prestaciones.

8. Señaló que, en el caso concreto, también se configuró violación de la ley por la forma en que se liquidaron las cesantías causadas a 31 de diciembre de 1992, bajo los decretos 57 y 110 de 1993, pues se utilizó un salario base inferior al fijado para 1993 y se omitió incluir la prima especial como factor salarial. Tal proceder redujo las doceavas correspondientes a los conceptos de primas servicios, de vacaciones y navidad, así como el salario base de liquidación. En consecuencia, solicitó la nulidad de los actos y la reliquidación integral de la remuneración, la prima especial, las prestaciones y las cesantías, conforme a la Ley 4 de 1992 y la jurisprudencia aplicable.

2.1.4. Contestación de la demanda

9. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, por medio de su apoderado judicial, contestó la demanda 2 mediante escrito en el que se opuso a las pretensiones. Indicó que los salarios y prestaciones sociales de la parte actora fueron liquidados y pagados conforme a los decretos que fijaron el régimen salarial y prestacional por parte del Gobierno nacional. De otro lado, precisó que el reconocimiento y pago de la prima reclamada únicamente podría tener lugar en virtud de

actora fueron liquidados y pagados conforme a los decretos que fijaron el régimen salarial y prestacional por parte del Gobierno nacional. De otro lado, precisó que el reconocimiento y pago de la prima reclamada únicamente podría tener lugar en virtud de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada que reconozca un derecho particular, constituyendo así un título de gasto válido, ya que no resulta posible ordenar pagos sin la correspondiente apropiación presupuestal.

10. Destacó que tanto la Ley 4 de 1992 como su reglamentación en el Decreto 57 de 1993 establecieron expresamente que la prima especial carece de carácter salarial, salvo para efectos pensionales

11. Propuso las siguientes excepciones: (i) ausencia de causa petendi, por inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido, al no existir disposición que otorgue carácter salarial a la prima del 30%; (ii) cosa juzgada constitucional, derivada de la exequibilidad del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 declarada por la Corte Constitucional; y la (iii) prescripción trienal de los derechos prestacionales, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

2.2. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia dictada

el 16 de agosto de 20193, resolvió lo siguiente:

2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «7_ED_ACTUACIONE_002CNO1A201700(.PDF) NroActua 2», imagen 54. 3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «9_ED_ACTUACIONE_004CNO1C201700(.PDF)

NroActua 2», imagen 54. 3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «9_ED_ACTUACIONE_004CNO1C201700(.PDF) NroActua 2», imagen 28.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 PRIMERO. Declárese como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, cosa juzgada constitucional y prescripción trienal laboral propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. Declárese la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los actos administrativos; resolución DESAJMZR15-547 de 17 de abril de 2015 y la resolución n.º 5223 de 2 de agosto de 2016.

TERCERO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA A

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL, proceda:

a). Pagar al demandante Fernán Montoya Ortiz la prima especial de servicios equivalente al 30% del valor del salario del demandante por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 20 de julio de 1998; b). Debe reliquidar las prestaciones sociales percibidas por el demandante durante el período reclamado con base en el 100% del

enero de 1993 y el 20 de julio de 1998; b). Debe reliquidar las prestaciones sociales percibidas por el demandante durante el período reclamado con base en el 100% del salario percibido por él y teniendo en cuenta para esta reliquidación que la prima especial de servicios tiene el carácter de factor salarial en un 30% del salario devengado, y pagar los dineros que resulten entre lo ya liquidado y la reliquidación teniendo en cuenta esta prestación social, y en consecuencia se dispondrá la nulidad de la resolución DESAJMZR15-547 de 17 de abril de 2015 y la resolución n.º 5223 de 2 de agosto de 2016; en tal virtud y al probarse que el demandante ocupó el cargo de Juez de la República desde el 7 de diciembre de 1984, y para efectos de esta sentencia, se tomará desde el 1 de enero de 1993 y hasta el 20 de julio de 1998, c). Ordenar a la demandada, que como consecuencia de la reliquidación de las prestaciones sociales, por la inclusión de la prima especial de servicios equivalente al 30% del salario devengado por el demandante; realizar los aportes dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión (SGSSSP) por los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 1992 y el 20 de julio de 1998 y; d). Deberá la demandante tener en cuenta el régimen laboral al que perteneció el demandante —acogidos— al momento de hacer las reliquidaciones, aquí ordenadas.

CUARTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

reliquidaciones, aquí ordenadas.

CUARTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

QUINTO. CONDENAR a la demandada y a favor del demandante al pago de COSTAS; i). GASTOS PROCESALES por valor OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($8.700.oo) y ii). AGENCIAS EN DERECHO por un monto equivalente al 10% del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir CINCO MILLONES ochocientos cincuenta y cinco mil cinco pesos con ochenta y tres centavos ($5.855.005.83). […]4(Sic para la cita).

13. Esa corporación precisó que el señor Fernán Montoya Ortiz ejerció el cargo de juez de la República bajo el régimen salarial y prestacional previsto en los decretos 57 y 110 de 1993. Se acreditó que, durante dicho período, su remuneración resultó afectada por la exclusión de la prima especial de servicios del 30 % regulada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la cual no fue reconocida como factor salarial ni incluida en la base para la liquidación de sus prestaciones sociales.

14. El Tribunal precisó que, de acuerdo con la normativa aplicable, el salario de los jueces debía comprender el 100 % de la asignación básica, más un 30 % adicional por concepto

4 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

4 Transcripción con posibles errores de ortografía y sintaxis propios del texto original.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 de prima especial de servicios, sin descuento alguno. En consecuencia, concluyó que al actor le asistía el derecho a la reliquidación de su salario y prestaciones con inclusión de dicho porcentaje, toda vez que su exclusión representó un desmejoramiento mensual del 30 % en la remuneración y afectó la liquidación de las prestaciones sociales. Por lo anterior, declaró improcedente la excepción de «ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido».

15. Sostuvo que la prima especial de servicios tiene carácter salarial, en tanto constituye una remuneración permanente e inherente al ejercicio del cargo. En consecuencia, desestimó la excepción de «cosa juzgada constitucional», al considerar que la expresión «sin carácter salarial» contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 vulnera la Constitución y la ley, al despojar de su naturaleza salarial una prestación que retribuye de manera continua la labor judicial. En relación con la prescripción, concluyó que la reclamación presentada el 10 de abril de 2015 interrumpió el término trienal, en atención a la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, la cual quedó ejecutoriada el 22 de julio del mismo año.

a la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, la cual quedó ejecutoriada el 22 de julio del mismo año.

16. Por estas razones, el Tribunal declaró la nulidad de las resoluciones núm. DESAJMZR15547 del 17 de abril de 2015 y 5223 del 2 de agosto de 2016. En consecuencia, ordenó reconocer al demandante la prima especial del 30 % sobre el salario devengado, con carácter salarial, por el período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 20 de julio de 1998; reliquidar las prestaciones sociales con base en el 100 % del salario, y efectuar los aportes omitidos al sistema de seguridad social. Finalmente, se condenó en costas a la entidad demandada.

2.3. Recurso de apelación

17. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, Caldas, presentó recurso de alzada 5, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia.

18. Sostuvo que, conforme con el artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política, y la Ley 4 de 1992, solo el Gobierno nacional tiene competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. En ese contexto, precisó que la prima especial de servicios no constituye factor salarial, salvo para efectos pensionales, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, invocó el Decreto 1251 de 2009, que establece límites a la remuneración de los jueces, y advirtió que una reliquidación con el 100 % del salario

Estado. Además, invocó el Decreto 1251 de 2009, que establece límites a la remuneración de los jueces, y advirtió que una reliquidación con el 100 % del salario desconocería dichos topes, y por ello, aduce aspectos de índole presupuestales para el reconocimiento de dichas acreencias.

19. Señaló, que las pretensiones de la demanda desconocen la cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-279 de 1996, mediante la cual la Corte Constitucional declaró exequible la expresión «sin carácter salarial» del artículo 14 de la Ley 4 de 1992; por tanto, resulta improcedente otorgar a la prima especial de servicios naturaleza salarial. Añadió que los eventuales derechos causados entre 1993 y 2007 se

5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «9_ED_ACTUACIONE_004CNO1C201700(.PDF) NroActua 2», imagen 59. Recurso complementado en escrito del 22 de noviembre de 2020, (imagen 127) tal y como se explica en el auto admisorio del 4 de julio de 2025, índice 40.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 encuentran afectados por la prescripción trienal, en los términos del fallo SUJ-016-CEwww.consejodeestado.gov.co

7 encuentran afectados por la prescripción trienal, en los términos del fallo SUJ-016-CES2-23019, y que los decretos salariales expedidos a partir de 2008 mantienen plena validez jurídica. Finalmente, solicitó no imponer condena en costas.

2.4. Adición de la sentencia

20. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, a través de la decisión del 4 de marzo de 20206, adicionó y corrigió la sentencia en cuanto a las prestaciones sociales que debían liquidarse y la cuantía de la condena en costas. En los siguientes términos

se destaca lo pertinente:

En consecuencia la parte resolutiva de la Sentencia 043 de 16 de agosto de 2019 quedará así:

PRIMERO. Declárense como NO PROBADAS las excepciones Ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, cosa juzgada constitucional y prescripción trienal laboral propuestas por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los actos administrativos: resolución DESAJMZR15-547 de 17 de abril de 2015 y la resolución n.º 5223 de 2 de agosto de 2016.

TERCERO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, proceda: a). Pagar al demandante Fernán Montoya Ortiz la prima especial de

TERCERO. En consecuencia y a título del restablecimiento del derecho se ORDENA a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, proceda: a). Pagar al demandante Fernán Montoya Ortiz la prima especial de servicios equivalente al 30 % del valor del salario del demandante por el período comprendido entre el 1.º de enero de 1993 y el 20 de julio de 1998; b). Debe reliquidar las prestaciones sociales percibidas, así como las vacaciones y demás emolumentos laborales devengados por el demandante durante el período reclamado con base en el 100 % del salario percibido por él, y teniendo en cuenta para esta reliquidación que la prima especial de servicios tiene el carácter de factor salarial en un 30 % del salario devengado, y pagar los dineros que resulten entre lo ya liquidado y la reliquidación teniendo en cuenta esta prestación social; y, en consecuencia, se dispondrá la nulidad de la resolución DESAJMZR15-547 de 17 de abril de 2015 y la resolución n.º 5223 de 2 de agosto de 2016; en tal virtud, y al probarse que el demandante ocupó el cargo de Juez de la República desde el 7 de diciembre de 1984, y para efectos de esta sentencia, se tomará desde el 1.º de enero de 1993 y hasta el 20 de julio de 1998; c). Ordenar a la demandada, que como consecuencia de la reliquidación de las prestaciones sociales, por la inclusión de la prima especial de servicios equivalente al 30 % del salario devengado por el demandante, realizar los aportes dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad

que como consecuencia de la reliquidación de las prestaciones sociales, por la inclusión de la prima especial de servicios equivalente al 30 % del salario devengado por el demandante, realizar los aportes dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión (SGSSSP) por los períodos comprendidos entre el 1.º de enero de 1992 y el 20 de julio de 1998; y, d). Deberá la demandante tener en cuenta el régimen laboral al que perteneció el demandante —acogidos— al momento de hacer las reliquidaciones aquí ordenadas.

CUARTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA.

QUINTO. CONDENAR a la demandada y a favor del demandante al pago de COSTAS:

6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «9_ED_ACTUACIONE_004CNO1C201700(.PDF) NroActua 2», imagen 97.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 i). Gastos procesales por valor de OCHO MIL SETECIENTOS PESOS ($8.700,00), y ii). Agencias en derecho por un monto equivalente al 3 % del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir, SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL

Agencias en derecho por un monto equivalente al 3 % del valor total de la cuantía de esta demanda, es decir, SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($6’659.038,85), conforme se dijo en la parte considerativa de esta decisión […] 7(sic para la cita y se destaca en negrillas lo modificado por la aclaración).

21. Luego, ese mismo Tribunal a través de providencia del 24 de agosto de 20208, decidió adicionar, nuevamente, la sentencia del 16 de agosto de 2019, en los siguientes términos:

i). ADICIONAR el numeral CUARTO de la sentencia el cual quedará así:

CUARTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA. Las sumas dinerarias que serán liquidadas en favor del demandante, deberán ser ajustadas en los términos del artículo 178 del CPACA y los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el numeral 4° del artículo 195 del CPACA, de conformidad como se explica en el acápite de CASO EN CONCRETO de la sentencia.

1. CORREGIR el período reclamado por el demandante y del que fue ordenado a la demandada su reconocimiento y pago, siendo correcto el comprendido entre el 1 de enero de 1993 al 20 de julio de 1998 y así debe entenderse, en los apartes de la sentencia donde diga algo diferente.

22. Finalmente, mediante decisión del 20 de noviembre de 20209, corrigió el numeral 4 de

la sentencia de primera instancia, así:

diga algo diferente.

22. Finalmente, mediante decisión del 20 de noviembre de 20209, corrigió el numeral 4 de

la sentencia de primera instancia, así:

Conforme lo anterior, se resuelve CORREGIR el numeral cuarto de la sentencia n° 043 de 16 de agosto de 2019, adicionada y corregida por los autos n° 16 de 4 de marzo de 2020 y n° 22 de 24 de agosto de 2020, que a su vez, también son corregidos respecto de este tópico y en los siguientes términos:

CUARTO. ORDENAR a la demandada que para el cumplimiento de la sentencia deberá efectuarse en los términos previstos en los artículos 189 y 192 del CPACA. Las Sumas dinerarias que serán liquidadas en favor del demandante, deberán ser ajustadas en los términos del artículo 187 del CPACA y los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el numeral 4° del artículo 195 del CPACA, de conformidad como se explica en el acápite de CASO EN CONCRETO de la sentencia.

En todo lo demás, la SENTENCIA n° 043 de 16 de agosto de 2019 conserva las modificaciones realizadas por las providencias n° 016 de 4 de marzo de 2020 y n° 22 de 24 de agosto de 2020, las cuales, se conservan intactas.

7 Transcripción con errores de ortografía y sintaxis propios del texto original. 8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «9_ED_ACTUACIONE_004CNO1C201700(.PDF) NroActua 2», imagen 117.

7 Transcripción con errores de ortografía y sintaxis propios del texto original. 8 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «9_ED_ACTUACIONE_004CNO1C201700(.PDF) NroActua 2», imagen 117. 9 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «9_ED_ACTUACIONE_004CNO1C201700(.PDF) NroActua 2», imagen 123.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00070-02 (2972-2021)

Demandante: Fernán Montoya Ortiz

Demandado: Nación, Rama Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 2.5. Trámite procesal en segunda instancia

23. Asignado por reparto el proceso de la referencia 10, mediante auto del 27 de abril de 202311, los entonces magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado declararon su impedimento para tramitar el presente asunto.

24. El 13 de