CE - Sentencia 17001233300020170019001 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 17001233300020170019001 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2017-00190-01 (4509-2019)
Demandante: Bertha Lucía Bedoya de Rincón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG
Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas: Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Subtema: prescripción extintiva de la sanción por mora en el pago tardío de cesantías definitivas.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el procurador 28 judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales, contra la sentencia proferida el 25 de junio de 2019 por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual declaró probada de oficio la excepción de prescripción parcial, anuló los actos demandados y ordenó el reconocimiento y pag o de la sanción moratoria de que trata el parágrafo 5 de la Ley 1071 de 2006.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Bertha Lucía Bedoya de Rincón solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, en nombre
de la Ley 1071 de 2006.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Bertha Lucía Bedoya de Rincón solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG negó su solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas.
Afirmó que tiene derecho al reconocimiento y pago de esta, equivalente a un día de salario por cada día de retardo en la cancelación de las cesantías definitivas reconocidas a su favor, desde el 12 (sic) de febrero de 2013, y hasta cuando se hizo efectivo el pago de las cesantías el 19 de junio de 2014.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00190-01 (4509-2019)
Demandante: Bertha Lucía Bedoya de Rincón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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II. ANTECEDENTES
2.1 La demanda
1. La señora Bertha Lucía Bedoya de Rincón, por conducto de apoderado y a través de escrito presentado el 13 de diciembre de 2016 1, formuló demanda 2 en ejercicio el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional , FOMAG, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
ejercicio el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional , FOMAG, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. La parte actora solicitó declarar la nulidad de la Resolución núm. 4728-6 del 14 de junio de 2016 mediante la cual la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, negó su solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de sus cesantías definitivas.
3. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG a que le reconozca y pague la indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas, valor indexado al momento en que se haga el pago.
4. Además, solicitó que se diera cumplimiento a la sentencia de conformidad con el artículo 192 del CPACA y que, en el evento en que ello no ocurriera, se le cancelaran a la actora los intereses moratorios desde la ejecutoria de la decisión como lo prevé el artículo 195 ibidem. También solicitó que se condenara a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho en los términos del artículo 188 del CPACA.
2.1.2. Hechos
5. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda así:
6. La señora Bertha Lucía Bedoya de Rincón prestó sus servicios en la Secretaría de Educación del departamento de Caldas desde el 4 de febrero de 1974 al 14 de julio
5. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda así:
6. La señora Bertha Lucía Bedoya de Rincón prestó sus servicios en la Secretaría de Educación del departamento de Caldas desde el 4 de febrero de 1974 al 14 de julio de 2012, para un total de 38 años, 5 meses y 11 días.
7. El 9 de noviembre de 2012 radicó solicitud de reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas por los servicios prestados en calidad de docente nacionalizada, por el tiempo completo en que laboró en la institución educativa Gómez Fernández en el municipio de Anserma (Caldas).
8. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG ordenó reconocerle y pagarle a la señora Bertha Lucía Bedoya de Rincón una suma por
1 Samai, índice 8, 03Demanda.pdf, sello de recibido que obra en la página 8 del archivo digital. Esta fecha quedó consignada, igualmente, en el acta de reparto que obra en Samai, índice 8, 01ActaReparto.pdf. 2 Samai, índice 8, 03Demanda.pdf.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00190-01 (4509-2019)
Demandante: Bertha Lucía Bedoya de Rincón
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3 concepto de liquidación definitiva de sus cesantías. Este valor se le canceló hasta el 19 de junio de 2014.
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3 concepto de liquidación definitiva de sus cesantías. Este valor se le canceló hasta el 19 de junio de 2014.
9. Radicó reclamación administrativa el 3 de junio de 2016 ante la Secretaría de Educación de Caldas, con destino a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, en la que pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de las cesantías definitivas.
10. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, mediante la Resolución núm. 4728-6 del 14 de junio de 2016, negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
- Ley 6 de 1945, artículo 17 y Ley 1071 de 2006, artículos 4 y 5.
11. Al explicar el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
12. Las entidades públicas cuentan con el plazo previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, que adicionó y modificó el contenido de la Ley 244 de 1995, para dar respuesta a la solicitud de cesantías definitivas. No obstante, en su caso la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, en nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG ordenó el reconocimiento y pago de la cesantía definitiva hasta el 23 de abril de 2014, cuando expidió la Resolución núm. 2497-6. Lo anterior implica que transcurrió más de un año desde que se presentó la
cesantía definitiva hasta el 23 de abril de 2014, cuando expidió la Resolución núm. 2497-6. Lo anterior implica que transcurrió más de un año desde que se presentó la solicitud lo que evidencia un incumplimiento del término.
13. En igual sentido, destacó que el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 señala que el pago de las cesantías debe realizarse en un plazo máximo de 45 días hábiles desde el momento en que quede firme el acto administrativo de reconocimiento, lo que implica que como la solicitud la interpuso el 9 de noviembre de 2012, la entidad tenía hasta el 12 de febrero de 2013 para pagar las cesantías. De este modo, como ello solo ocurrió hasta el 19 de junio de 2014, le asistía derecho a reclamar la sanción moratoria.
14. Desde esta perspectiva , consideró que el acto administrativo demandado era nulo en tanto se limitó a negar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en contravía de los derechos que emanan de la normativa, y fue producto de una desviación de poder. Por consiguiente, debía restablecerse el derecho con la orden de pagar la referida sanción.
2.2. Contestación de la demanda
15. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG no contestó la demanda3.
3 Así se consideró en la audiencia inicial. Samai, índice 8, 12ActaAudienciaInicial.pdf.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00190-01 (4509-2019)
Demandante: Bertha Lucía Bedoya de Rincón
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG
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4 2.3. Sentencia de primera instancia
16. La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia el 25 de junio de 2019 en la que precisó que la solicitud de reconocimiento de las cesantías se presentó el 9 de noviembre de 2012 cuando ya había entrado en vigor la Ley 1437 de 2011. En este orden, los 70 días hábiles posteriores a la fecha en que se radicó la petición, previstos para el reconocimiento y pago de la citada prestación, se cumplieron el 21 de febrero de 2013, como se observa en el siguiente cuadro:
TÉRMINO FECHA LÍMITE Fecha de la reclamación de las cesantías 9/11/2012 Vencimiento del término para el reconocimiento15 días (artículo 4 de la Ley 1071 de 2006) 3/12/2012 Vencimiento del término de ejecutoria – 10 días (artículos 76 y 87 del CPACA) 17/12/2012 Vencimiento del término para el pago – 45 días (artículo 5 de la Ley 1071 de 2006) 21/02/2013
17. De este modo, a pesar de que la entidad demandada tenía hasta el 21 de febrero de 2013 para reconocer y pagar las cesantías definitivas reclamadas, el acto solo fue expedido hasta el 23 de abril de 2014. En particular, aunque la parte actora
17. De este modo, a pesar de que la entidad demandada tenía hasta el 21 de febrero de 2013 para reconocer y pagar las cesantías definitivas reclamadas, el acto solo fue expedido hasta el 23 de abril de 2014. En particular, aunque la parte actora no probó la fe cha de pago de las cesantías, la sanción moratoria reclamada corrió, como mínimo, desde el 22 de febrero de 2013, día siguiente al del vencimiento del plazo de pago de la prestación, y hasta el 28 de abril de 2014, día anterior a cuando se le notificó la Resolución núm. 2497 -6 del 23 de abril de 2014 que ordenó el reconocimiento y pago de esta.
18. También indicó que en punto al salario base para liquidar la sanción acudiría a lo establecido por el Consejo de Estado en sentencia de unificación que, para el caso de cesantías definitivas, dispuso que se tendría en cuenta la asignación básica vigente a la fecha en que se produjo el retiro del servidor público, lo que en el caso puntual ocurrió desde el 15 de julio de 2012.
19. Ahora bien, en lo que respecta a la prescripción , dio aplicación a las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, a partir de la cual determinó que era posible aplicar la figura respecto de las porciones de sanción que no se reclamaron oportunamente, por ser la tesis más favo rable. En concreto, en la medida en que no se genera la extinción total del derecho y no se le impone a la administración una carga excesiva respecto de un período que podría exceder el de prescripción.
20. Precisó que, para el caso concreto , la obligación de pago de la sanción
administración una carga excesiva respecto de un período que podría exceder el de prescripción.
20. Precisó que, para el caso concreto , la obligación de pago de la sanción moratoria se hizo exigible el 22 de febrero de 2013, cuando se generó el incumplimiento. Ello implicó que, a partir del día siguiente, el 23 de febrero de esa anualidad, la señora Bertha Lucía Bedoya de Rincón contaba con tres años para reclamar esta penalidad. Comoquiera que radicó reclamación administrativa el 3 de junio de 2016, operó la prescripción parcial respecto de las porciones de sanción no reclamadas antes de ese día y mes del año 2013.
21. En consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución núm. 4728 -6 del 14 de junio de 2016 a través de la cual la Secretaría de Educación del departamento de Caldas negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, declaró probada de oficio la prescripción de forma parcial y ordenó que,Radicación: 17001-23-33-000-2017-00190-01 (4509-2019)
Demandante: Bertha Lucía Bedoya de Rincón
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5 a título de restablecimiento del derecho, se condenara a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG a reconocerle a la actora un día de salario por cada día de retardo en el período comprendido del 3 de junio de 2013, inclusive, al 28 de abril de
Educación Nacional, FOMAG a reconocerle a la actora un día de salario por cada día de retardo en el período comprendido del 3 de junio de 2013, inclusive, al 28 de abril de 2014, inclusive.
22. Condenó en costas a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG ya que resultó vencida en el proceso y la parte demandante se vio en la necesidad de asumir su defensa judicial, en los términos del artículo 188 del CPACA. En este orden, fijó en un 0,5% las agencias en derecho. Por último, compulsó copias con destino a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República con el fin de que adelantaran las diligencias requeridas respecto de las pre suntas faltas en que pudieron incurrir los funcionarios de la entidad demandada y, además, exhortó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al departamento de Caldas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que evitaran incurrir en este tipo de conductas4.
2.4. Recurso de apelación
23. El procurador 28 judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia con el objeto de que esta se revocara y, en su lugar, se declarara probada la prescripción extintiva con la consecuente negativa de las pretensiones. Manifestó los siguientes motivos de
inconformidad:
24. Ocurrió la prescripción total porque transcurrieron más de 3 años entre el plazo con el que contaba la administración para pagar las cesantías definitivas y el momento en que se realizó este pago. De este modo, el Tribunal debió declarar probada de oficio esta excepción respecto de la sanción moratoria.
con el que contaba la administración para pagar las cesantías definitivas y el momento en que se realizó este pago. De este modo, el Tribunal debió declarar probada de oficio esta excepción respecto de la sanción moratoria.
25. Aunque en aplicación de la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016, se ha declarado de forma parcial la excepción de prescripción, el criterio que debe regir en este asunto es el dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 dictada por esta misma corporación. En este orden, como el término de la sanción moratoria inicia a contabilizar desde el vencimiento del plazo con el que contaba la administración para pagar las cesantías, ello implica que la interesada debió radicar la petición dentro de los 3 años como lo prevé el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral ( CPT). Esto, bajo el entendido de que las cesantías no son una prestación periódica.
26. De las pruebas que obran en el expediente está acreditado que la señora Bertha Lucía Bedoya de Rincón radicó reclamación administrativa tendiente a obtener el pago de sus cesantías definitivas el 9 de noviembre de 2012, las cuales se ordenaron mediante la Resolución núm. 2497-6 del 23 de abril de 2014. Si bien no se allegó el comprobante de pago, la demandante alegó que esto ocurrió h asta el 19 de junio de
2014. Igualmente, está probado que la actora radicó la petición de pago de la sanción moratoria el 3 de junio de 2016.
comprobante de pago, la demandante alegó que esto ocurrió h asta el 19 de junio de
2014. Igualmente, está probado que la actora radicó la petición de pago de la sanción moratoria el 3 de junio de 2016.
4 Samai, índice 8, 16SentenciaPrimeraInstancia.pdf.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00190-01 (4509-2019)
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27. En este contexto, como la sanción moratoria se hizo exigible desde el 22 de febrero de 2013, la demandante tenía hasta ese día y mes del 2016 para interponer la reclamación administrativa. No obstante, lo hizo hasta el 3 de junio de ese año cuando ya se había superado el término de 3 años que prevé la norma5.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
28. Mediante auto del 5 de febrero de 2025 6 se admitió el recurso de apelación interpuesto por el procurador 28 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales y se dispuso que, sin necesidad de otra providencia , se correría traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión. Posteriormente, se le surtiría el traslado al Ministerio Público. En consecuencia, se dejó la anotación de que se realizó lo ordenado en esta providencia7.
2.6. Ministerio Público
Ministerio Público. En consecuencia, se dejó la anotación de que se realizó lo ordenado en esta providencia7.
2.6. Ministerio Público
29. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que expuso que en el caso particular se configuró la sanción moratoria a partir del 23 de febrero de 2013 , porque la Secretaría de Educación del departamento de Caldas no efectuó el pago de las cesantías definitivas dentro del término legal. En particular, consideró que operó la prescripción trienal en aplicación de lo dispuesto en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, porque el plazo para reclamar era de tres años contados a partir de su exigibilidad.
30. De ahí que la solicitud debió presentarse entre el 23 de febrero de 2013 y ese mismo día y mes de 2016, pero en cambio se radicó hasta el 3 de junio de 2016 . En estos términos, dispuso que el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada (sic) no tenía vocación de prosperar. En este orden, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia8.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
31. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
32. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
33. ¿Operó la prescripción extintiva del derecho a la sanción por mora reclamada?
5 Samai, índice 8, 17RecursoApelación.pdf. 6 Samai, índice 15. 7 Samai, índice 20. 8 Samai, índice 21, Memorial_CHL_14Concepto(.pdf) NroActua 21.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00190-01 (4509-2019)
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34. Para resolver este problema jurídico, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 ; (ii) las reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación CE -SUJ2-012-18 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018 ; y (iii) la prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.
35. A partir de las anteriores consideraciones (iii) se destacarán los hechos probados relevantes y (iv) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico planteado.
35. A partir de las anteriores consideraciones (iii) se destacarán los hechos probados relevantes y (iv) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico planteado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
36. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones» , prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías definitivas de todos los servidores públicos . En el parágrafo del artículo 2 ° se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de estas9.
37. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de manera parcial para educación o vivienda, buscando con ello que la administración expida las resoluciones en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y perjuicios a los trabajadores.
38. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 200610, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
38. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 200610, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en los artículos
4° y 5°, así:
ARTÍCULO 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reco nocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
9 «PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste». 10 «por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste». 10 «por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación».Radicación: 17001-23-33-000-2017-00190-01 (4509-2019)
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8 al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, pa ra cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.
39. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento. En el evento en que la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario para que la subsane.
A su vez, tendrá como plazo máximo 45 días hábiles, a partir de la fecha en que cobre firmeza el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías, para cancelarlas. En caso de mora, la entidad obligada debe reconocer y pagar al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las cesantías.
3.3.2. Reglas jurisprudenciales . S entencia de unificación CE -SUJ2-012-18 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018
40. La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia en mención definió que a los docentes oficiales les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que establecen la sanción por mora en el reconocimiento y pago tardío de las
que a los docentes oficiales les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que establecen la sanción por mora en el reconocimiento y pago tardío de las cesantías, toda vez que integran la categoría de servidores públicos, «en atención a la naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y a su ubicación dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado, y la implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio».
41. Así, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la sanción por mora, desarrolló las siguientes reglas jurisprudenciales:
3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías.
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud deRadicación: 17001-23-33-000-2017-00190-01 (4509-2019)
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9 reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la
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9 reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 11 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio . De igual modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contr a del empleador como computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.
3.3.3. Prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías
42. En la sentencia de unific
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