CE - Sentencia 17001233300020170019201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y del Departamento de Caldas Tema: Intereses por mora en el pago del retroactivo de la homologación salarial.

Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección resolverá el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de fecha 1.° de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas , que declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación con fundamento en la ley e inaplicabilidad de los intereses moratorios y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Anular la Resolución 5418-6 del 11 de julio de 2016 ,1 que negó los intereses moratorios reclamados por el pago tardío del retroactivo dimanado del proceso de homologación y nivelación salarial.

2. Pretensiones. Anular la Resolución 5418-6 del 11 de julio de 2016 ,1 que negó los intereses moratorios reclamados por el pago tardío del retroactivo dimanado del proceso de homologación y nivelación salarial.

3. Como restablecimiento del derecho exigió condenar a la s accionadas a reconocer y pagar los señalados intereses «[…] a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación -10 de Febrero (sic) de 1997 al año 2002y en adelante hasta el día en que fue efectivo el pago total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, estos (sic) es, el día 15 de Abril de 2013.»

4. Así mismo, pidió el cumplimiento de la sentencia en los términos establecidos en el artículo 192 del C.P.A.C.A. y la condena en costas de las entidades demandadas.

5. Hechos. El señor Jorge Bermúdez prestó sus servicios a la Secretaría de

1 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado «4ED_EXPEDIENTE_17001233300020170019(.zip) NroActua 2 », documento « 002ED_001Cdno1pdf», folios 22-25.Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Educación Departamental de Caldas.

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación

www.consejodeestado.gov.co 2 Educación Departamental de Caldas.

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 3500 de 1996, certificando al departamento d e Caldas para administrar el servicio educativo en su jurisdicción territorial.

7. Por esa razón, la gobernación emitió el Decreto 0021 de 1997, acogiendo en la planta de cargos territorial y en las mismas condiciones laborales que traían de la Nación, al personal administrativo de educación, pasando por alto que sus pares a nivel seccional detentaban condiciones salariales superiores.

8. Sin embargo, desconoció que a través del Concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que, con ocasión al proceso de descentralización educativa, los entes territoriales debían nivelar y homologar salarialmente a todos los servidores públicos provenientes de la Nación frente a los ingresos de los empleados del nivel local.

9. Atendiendo la Directiva Ministerial 10 de 2005 y la Resolución 2171 de 17 de mayo de 2006, la Secretaría de Educación Departamental de Caldas elaboró y presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio técnico para adelantar la mencionada homologación y nivelación salarial. Dicho estudio fue aprobado a través del comunicado de 30 de marzo de 2007.

10. Agotado ese trámite, la gobernación de Caldas niveló y homologó los empleos en cita con la Resolución 0399 de 20 abril de 2007. No obstante, y previa solicitud de esa entidad, la cartera ministerial aprobó la modificación al estudio técnico

en cita con la Resolución 0399 de 20 abril de 2007. No obstante, y previa solicitud de esa entidad, la cartera ministerial aprobó la modificación al estudio técnico adoptado con ta l fin mediante oficio de 1.° de junio de 2009. Esto conllevó que a través del Decreto 337 de 2 de diciembre de 2010, se introdujeran variaciones a la resolución antes señalada.

11. El 15 de diciembre de ese año, con el Decreto 353, el ente territorial incorpo ró a la planta de cargos al personal homologado y nivelado, haciendo la salvedad de que sus costos serían financiados con recursos del Sistema General de

Participaciones.

12. En consecuencia, mediante la Resolución 1738-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 4028-8 de 19 de junio de ese mismo año y modificada por la Resolución 8 824-6 del 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Secretaría de Educación Departamental de Caldas, reconoció y pagó al demandante los dineros por concepto de retroactivo del proceso de homologación y nivelación salarial.

13. En general, la aludida deuda surgió el 10 de febrero de 1997 -con la primigenia incorporación a la planta de personal departamental ordenada en el Decreto 021 de 1997y feneció el 31 de diciembre de 2009. Esto, por cuanto desde el año 2010 la gobernación empezó a pagar los salarios homologados.Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

gobernación empezó a pagar los salarios homologados.Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

14. No obstante, en el caso del señor Jorge Bermúdez, tal deuda se dio entre el 10 de febrero de 1997 y el año 2002, según lo certificado por el ente accionado, mientras que su pago se produjo el 15 de abril de 2013. E sta mora activó los intereses moratorios regulados en el Código Civil.

15. El 10 de agosto de 2015, se solicitó el reconocimiento y pago de los intereses por mora en el pago tardío del retroactivo por concepto nivelación y homologación salarial del personal a dministrativo vinculado a la Secretaría de Educación Departamental de Caldas, petición que fue negada a través de l acto administrativo cuestionado.

16. Fundamentos de derecho. El accionante señaló como vulnerados los artículos 1.°, 2.°, 13, 25, 53, 58, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política; 1608, 1617 y 1649 del Código Civil y 12 del Convenio 94 de 1949 de la OIT.

17. Al desarrollar el concepto de violación, el abogado, luego de referenciar brevemente los alcances del proceso de nivelación y homologac ión salarial en el

sector educativo, arguyó en esencia que:

18. La Secretaría de Educación Departamental de Caldas, como receptora de los

brevemente los alcances del proceso de nivelación y homologac ión salarial en el sector educativo, arguyó en esencia que:

18. La Secretaría de Educación Departamental de Caldas, como receptora de los servidores nacionales del sector educativo, debió incluir en el estudio técnico los intereses moratorios por el pago tardío de las acreencias laborales provenientes de la nivelación y homologación salarial.

19. Ello, por cuanto funge como primer responsable de ese proceso y, por ende, antes de avalar las incorporaciones a su planta de personal, le correspondía nivelar a los empleados provenientes de la Nación con sus propios funcionarios.

20. El incumplimiento de las obligaciones por parte de los distintos órganos estatales que participaron en la concreción de este proceso no se erige en fundamento válido para negar los aludido s intereses moratorios, pues los trabajadores no pueden asumir las cargas estatales en este sentido y, además, el Estado no puede valerse de su propia incuria al respecto.

21. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en materia prestacional es viable el reconocimiento y pago de intereses moratorios. No obstante, y aunque frente a las acreencias laborales se ha pregonado la incompatibilidad entre la indexación y los intereses por mora, se debe aplicar el principio de favorabilidad en pro de los intereses del demandante.

Contestación de la demanda.

22. Nación – Ministerio de Educación Nacional. Dentro de la oportunidad de ley, la entidad accionada contestó la demanda ,2 oponiéndose a la prosperidad de las

2 Ejusdem, folios 120-138.Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

2 Ejusdem, folios 120-138.Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 pretensiones en ella contenidas. Con tales fines, alegó:

23. De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el Ministerio de Educación Nacional no es titular de la obligación que reclama el demandante, puesto que no expidió el acto administrativo demandado.

24. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 establecieron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones a las plantas de personal de las entidades del orden territorial y, en el caso bajo análisis, tal procedimiento se cumplió mediante la incorporación y homologación de cargos, lo que generó los costos derivados del estudio técnico.

25. En el caso de marras, no resulta razonable la exigencia de intereses moratorios, toda vez que no existe mora en el pago de las obligaciones laborales por parte del empleador sino una simple equiparación de cargos como consecuencia de una decisión administrativa del Estado.

26. Tal determinación se fundó en el Concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004 de Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el cual tiene un procedimiento legal establecido para determinar el monto a reconocer y para precisar las fuentes de financiación y la asignación de recursos para el pago. Por lo tanto, no podría hablarse de un retardo injustificado imputable al deudor que lleve la obligación

procedimiento legal establecido para determinar el monto a reconocer y para precisar las fuentes de financiación y la asignación de recursos para el pago. Por lo tanto, no podría hablarse de un retardo injustificado imputable al deudor que lleve la obligación a un estado que justifique el pago de los perjuicios traducidos en intereses moratorios.

27. Así mismo, las sumas canceladas por dicho concepto fueron indexadas a quienes expresamente la solicitaron. Dicho reconocimiento se realizó para garantizar los derechos económicos y sociales amparados en la Ley.

28. De otro lado, precisó que los bienes, recursos y rentas son inembargables, es decir, aquellos que no constituyen prenda de garantía frente a los acreedores y, por tanto, no pueden ser sometidos a medidas de embargo y secuestro cuando se surta el proceso de ejecución del Estado.

29. Por último, propuso las siguientes excepciones: «falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional», «prescripción» y «genérica».

30. El departamento de Caldas 3. También contestó la demanda dentro de los plazos previstos en la norma , oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como medios exceptivos formuló los siguientes:

30.1 Falta de legitimación en la causa por pasiva . Mediante concepto 1607 de 2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló que las entidades territoriales certificadas en educación debían adelantar el

3 Ejusdem, folios 96-103.Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

3 Ejusdem, folios 96-103.Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 procedimiento para la homologación y nivelación salarial de los empleados administrativos recibidos de la Nación, pero los costos económicos dimanados de él estarían a cargo del Ministerio de Educación Nacional.

30.2 Buena fe. El departamento de Caldas siempre ha actuado con diligencia en la elaboración de los actos administrativos, no obstante, la cancelación de los dineros reconocidos en los mismos es competencia del Ministerio de Educación Nacional.

30.3 Inexistencia de la obligación con fundamento en la ley. La parte demandante pretende obtener una doble sanción frente a una entidad pública que no es deudora de esa obligación, pues los recursos con los que se solventó la homologación pertenecen al Ministerio de Educación Nacional. En ese orden, cualquier pretensión derivada de dicho proceso es responsabilidad de esa cartera ministerial.

30.4 Inaplicabilidad de los intereses moratorios. Los dineros cancelados al señor Jorge Bermúdez producto del proceso de homologación salarial fueron debidamente indexados, de suerte que no puede pretender el pago concomitante de intereses moratorios.

30.5 Prescripción. Se solicitó la aplicación de este fenómeno jurídico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 19 69 y el Decreto 3115 de 1965.

30.5 Prescripción. Se solicitó la aplicación de este fenómeno jurídico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 19 69 y el Decreto 3115 de 1965.

31. Sentencia de primera instancia . El 1.° de julio de 2022 ,4 el Tribunal Administrativo d e Caldas dictó sentencia en la que declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación con fundamento en la ley e inaplicabilidad de los intereses moratorios . En consecuencia, negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar en costas al accionante. Con tales fines

concluyó:

31.1 A la parte actora le fue reconocida la indexación sobre las sumas pagadas por concepto de la homologación y nivelación salarial, por lo que la pretensión de intereses de mora por el pago tardío del retroactivo no prospera, dada la incompatibilidad entre ambos conceptos.

31.2 Aunque anteriormente el tribunal reconocía la actualización de esas sumas de dinero, en sentencia de 12 de septiembre de 2019 (expediente 1700123-33-000-2016-00993-01) la Sección Segunda del Consejo de Estado la revocó, al considerar que entre la fecha de ejecutoria de la resolución que reconoció el retroactivo salarial y la data de su pago no había transcurrido el tiempo suficiente para depreciar su valor.

4 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, archivo denominado

«4ED_EXPEDIENTE_17001233300020170019(.zip) NroActua 2», documento «008ED_007Sentenciapdf».Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

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32. Recurso de apelación. Inconforme con la decisión anterior, el apoderado del demandante la recurrió en apelación.5 En su intervención, cuestionó que el tribunal hubiere negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:

33. El a quo afirmó que la indexación y los intereses moratorios son incompatibles, pues ambos pretenden mitigar los efectos adversos derivados de la mora del deudor en el pago de sus obligaciones. Sin embargo, tal conclusión no está acompasada con las consideraciones plasmadas en esa decisión, según las cuales esas figuras, amén de ser conceptualmente distintas, tienen finalidades y objetivos disimiles.

34. Una de las sentencias citadas por el a quo para negar las súplicas de la demanda (la fechada 22 de abril de 2015, e xpediente 2506-2013), no es aplicable a la presente controversia, pues en ella se reprochó la condena impuesta a la demandada, consistente en indexar las sumas debidas desde el momento de su causación y hasta la fecha de su pago efectivo, reconociendo conc omitantemente los intereses moratorios previstos en la ley.

34.1 En este asunto, la obligación no surgió a partir de una sentencia judicial,

causación y hasta la fecha de su pago efectivo, reconociendo conc omitantemente los intereses moratorios previstos en la ley.

34.1 En este asunto, la obligación no surgió a partir de una sentencia judicial, sino por ministerio de la ley, la cual ordenó a la entidad demandada homologar y nivelar salarialmente a los servidores del sector educación recibidos de la Nación y aceptados en su planta de personal.

34.2 Por tanto, ante la tardanza en el desarrollo de ese procedimiento administrativo no debió indexarse el capital adeudado, pues tal acción deviene del cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales -artículo 178 del CCA, sino pagar sobre aquel los respectivos intereses de mora contenidos en los artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil.

35. El a quo replicando la tesis adoptada por el Consejo de Estado en la sentencia de 7 de diciembre de 2017 (expediente 0905 de 2015), negó los intereses solicitados al considerar que ni en las resoluciones de pago del retroactivo salarial y prestacional se hizo mención de ellos, ni en la ley existe alguna disposición que avale su reconocimiento.

35.1 Sin embargo, tal postura condicionó el pago de intereses moratorios a su regulación específica frente a cada obligación reclamada, desconociendo que, en virtud de los principios de analogía y equidad, el juez debía acudir a las reglas del Có digo Civil que expresamente consagra esta figura ante cualquier mora en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el deudor.

36. Así como el Estado cobra intereses por la mora del administrado en pagar sus obligaciones, de la misma manera debe asumir es e mismo compromiso cuando el incumplido sea él.

deudor.

36. Así como el Estado cobra intereses por la mora del administrado en pagar sus obligaciones, de la misma manera debe asumir es e mismo compromiso cuando el incumplido sea él.

5 Ejusdem, documento denominado «010ED_009ApelacionDemandan.»Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 36.1 Comoquiera que el retraso en el pago del retroactivo salarial y prestacional dimanado de la citada homologación y nivelación es atribuible a la administración accionada, debe responder por el pago de los intereses que ahora son reclamados.

36.2 No es aceptable que el tribunal haya pregonado que la existencia de múltiples trámites administrativos para culminar el aludido procedimiento justifica la tardanza reprochada, cuando lo cierto es que desde el año 1997 el Departamento de Caldas asumió al personal administrativo proveniente de la Nación y, junto con ello, el deber de nivelar y pagar los respectivos salarios.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

37. La admisión del recurso. Mediante auto del 27 de marzo de 2025,6 se admitió el recurso de apelación.

38. Dentro de los plazos previstos en los numerales 4 .° y 6.° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones de las partes ni del procurador delegado ante esta corporación.

38. Dentro de los plazos previstos en los numerales 4 .° y 6.° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones de las partes ni del procurador delegado ante esta corporación.

39. El control de legalidad.7 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

40. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,8 esta Sala de Subsección es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

41. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso ,9 la competencia del juez de segundo grado está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por la parte actora, en su condición de apelante único.

6 Índice 4 de la plataforma SAMAI. 7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes». 8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes». 8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 9 «Competencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]».Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8

42. Problema jurídico . De conformidad con los argumentos planteados por el recurrente, le corresponde a la Sala establecer si: ¿El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo económico dimanado del proceso de homologación y nivelación salarial?

43. Para la solución del problema jurídico planteado, la Subsección analizará lo siguiente: i) el proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo al servicio de la educación y ; ii) los intereses moratorios por el pago tardío de las obligaciones.

44. Homologación y nivelación salarial del personal administrativo al servicio de la educación.

45. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación,10 mediante concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, precisó las etapas que, en virtud de las Leyes 43

de la educación.

45. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación,10 mediante concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, precisó las etapas que, en virtud de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, debían agotar los entes territori ales para culminar el proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo nacional que sería incorporado a las plantas de personal de orden local, fruto de la descentralización de ese servicio.

46. Para ello, explicó que con la expedición de la Ley 43 de 1975, 11 se nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria que venían prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo entre el 1.º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.

47. Mas tarde, con la Ley 60 de 1993 se ordenó descentralizar ese servicio, desmontando así la nacionalización anteriormente referenciada. Se dispuso entonces que la Nación entregara a los entes locales los bienes, el personal y los establecimientos educativos necesarios para la prestación del servicio. En lo que compete al personal cedido por la Nación, serían incorporados a las plantas de cargos territoriales.

48. Sobre este particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil concl uyó que la transferencia por parte de la Nación a los entes locales del personal docente y administrativo ameritaba un proceso de incorporación «que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con los

administrativo ameritaba un proceso de incorporación «que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía características particulares, pues era el product o de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial».

10 Consejero ponente Flavio Augusto Rodríguez Arce 11 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»Radicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

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49. Posteriormente, a través de la Ley 715 de 2001 se ordenó municipalizar el servicio educativo, para lo cual los municipios debían obtener la respectiva certificación de la Nación y/o de los departamentos, para poder asumir la administración del sistema educativo.

50. La descentralización del servicio educativo implicó, en sentir de la Sala de

Consulta y Servicio Civil, que:

50.1 Las entidades territoriales debían incorporar a sus plantas de personal a los servidores públicos provenientes de la Nación, previa realización de un proceso de homologación, consistente en el ejercicio comparativo entre

Consulta y Servicio Civil, que:

50.1 Las entidades territoriales debían incorporar a sus plantas de personal a los servidores públicos provenientes de la Nación, previa realización de un proceso de homologación, consistente en el ejercicio comparativo entre los cargos nacionales y locales con base en los criterios de «clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc.», en orden a definir la nueva ocupación y el salario a devengar.

50.2 Lo anterior, sin detrimento de la autonomía de las instituciones seccionales para determinar su estructura administrativa, así como el régimen salarial y prestacional de sus empleados, y las escalas y límites de sueldos de los distintos empleos, estos últimos, en el marco de los decretos anuales emitidos por el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley 4 de 1992.

50.3 La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los cargos, como su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación.

50.4 Las condiciones de incorporación no estaban sometidas a la discrecionalidad de las autoridades departamentales, sino al resultado de un estudio técnico concertado que permitiera ubicar a los servidores en el grado de remuneración que correspondiera a las funciones del cargo , a los

discrecionalidad de las autoridades departamentales, sino al resultado de un estudio técnico concertado que permitiera ubicar a los servidores en el grado de remuneración que correspondiera a las funciones del cargo , a los requisitos exigidos para su ejercicio y a los demás elementos estructurales del mismo, dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los decretos reglamentarios de la Ley 4a de 1992.

50.5 Frente al personal administrativo se predicó una condición muy particular, relacionada con que sí, fruto de la homologación, sus salarios resultaban superiores a los devengados cuando servían a la Nación, los mayores costos serían cubiertos por ésta a través del situado fiscal -hoy Sistema General de Participaciones - y/o de transferenciasRadicado: 17 001 23 33 000 2017 00192 01 (0557-2025)

Demandante: Jorge Bermúdez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 complementarias, siempre y cuando tal procedimiento se hubiere ajustado a la ley. En caso contrario, debían ser asumidos por la respectiva entidad territorial.

51. De los intereses moratorios por el pago tardío de las obligaciones.

52. Los intereses por mora son, como lo indica su nombre, los que debe pagar el deudor, a título de indemnización, por el incumplimiento total o parcial de sus obligaciones.

53. Esta figura constituye una penalización que nace por la tardanza injustificada en la satisfacción de los compromisos asumidos, por lo que, al pertenecer a un

obligaciones.

53. Esta figura constituye una penalización que nace por la tardanza injustificada en la satisfacción de los compromisos asumidos, por lo que, al pertenecer a un régimen estrictamente sancionatorio, debe estar previamente consagrado en la ley.

54. Como ejemplo de ello encontramos el artículo 635 del Estatuto Tributari o, que determinó que, ante el incumplimiento de las obligaciones administradas por la DIAN, los deudores paguen un interés moratorio diario liquidado con base en la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en tanto concibió el surgimiento de estos ante el pago inoportuno de las mesadas pensionales.

55. Por el contrario, la indexación no responde a ese sistema sino a los efectos negativos del proceso inflacionario, garantizando que el capital adeudado no pierda poder adquisitivo, a través de la aplicación de una fórmula matemática que permite su actualización al tiempo presente. Para estos fines no se requiere acreditar que el pago se produjo por una mora injustificada del deudor.

56. En sentencia de 5 de agosto