CE - Sentencia 17001233300020170030001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2017-00300-01 (3418-2024)

Demandante: María Nery Orozco de Vargas y otro1

Demandada: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Tema: Pensión de sobrevivientes. Soldado regular.

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del 15 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda2

1.1.1. Las pretensiones

1. María Nery Orozco de Vargas y Ramón Elías Vargas Largo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo3 acudieron a esta jurisdicción en orden a que se declarara la

nulidad del:

1.1. Acto ficto o presunto negativo configurado por la petición presentada el 16 de

Administrativo3 acudieron a esta jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad del:

1.1. Acto ficto o presunto negativo configurado por la petición presentada el 16 de febrero de 2015 ante la entidad demandada, en la que solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, causada por su hijo, Luis Carlos Vargas Orozco, quien se desempeñó como soldado regular.

1 Ramón Elías Vargas Largo 2 Samai, índice 28, archivo «9ED_005DEMANDAPDF(.pdf)». 3 En adelante CPACA.2

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Demandante: María Nery Orozco de Vargas y otro

1.2. Acto ficto o presunto negativo producto de los recursos de reposición y en subsidio de apelación presentados el 29 de mayo de 2015 contra el acto antes mencionado.

2. A título de restablecimiento del derecho pidieron (i) la declaratoria de que la muerte de Luis Carlos Vargas Orozco ocurrida el 2 de septiembre de 1985 fue en actos meritorios del servicio por razón de l combate con el grupo guerrillero M-19;

(ii) el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 3 de septiembre de 1985; y (iii) el pago de las mesadas adicionales , del retroactivo e indexación correspondiente.

1.1.2. Fundamentos fácticos

septiembre de 1985; y (iii) el pago de las mesadas adicionales , del retroactivo e indexación correspondiente.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

4. Luis Carlos Vargas Orozco nació el 25 de septiembre de 1965 y e ra hijo de

Ramón Elías Vargas Largo y María Nery Orozco de Vargas.

5. Fue da do de alta como soldado regular el 9 de noviembre de 1984 en el Batallón de Infantería 22 de Ayacucho ubicado en el municipio de Manizales

(Caldas).

6. El 2 de septiembre de 1985 el exsoldado regular falleció en combate con el M19, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

7. Mediante el Decreto 3719 del 17 de diciembre de 1985 l a muerte fue calificada como en servicio activo por acción directa del enemigo.

8. Mediante la Resolución 2302 del 5 de mayo de 1986 el Ministerio de Defensa reconoció en favor de Ramón Elías Vargas Largo y María Nery Orozco de Vargas la indemnización por muerte y el auxilio de cesantías.

9. Luis Carlos Vargas Orozco no estuvo casado, no tuvo compañera sentimental, «o hijos extramatrimoniales».

10. Ramón Elías Vargas Largo y María Nery Orozco de Vargas dependían económicamente de su hijo fallecido, pues no eran beneficiarios de pensión, rentas o dineros provenientes del tesoro público.

11. El 18 de febrero de 2015, a través de apoderado, solicitaron el reconocimiento y

económicamente de su hijo fallecido, pues no eran beneficiarios de pensión, rentas o dineros provenientes del tesoro público.

11. El 18 de febrero de 2015, a través de apoderado, solicitaron el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 3 de septiembre de 1985.3

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Demandante: María Nery Orozco de Vargas y otro

12. Ante el silencio de la entidad, e l 29 de mayo de 2015 presentaron 4 recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el acto administrativo ficto que negó el reconocimiento de la prestación ; sin embargo , la entidad no expidió decisión alguna.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

13. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48, 53, 122 y 123 de la Constitución Política; 1, 2 y 8 de la Ley 153 de 1887 ; 1 a 8, 10 a 13, 15, 18, 46, 271, 273, 279, 288 de la Ley 100 de 1993; 16 del Código Sustantivo del Trabajo ;

en su concepto, por:

→ Infracción de las normas vigentes

14. El artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 estableció que el soldado o grumete en

en su concepto, por:

→ Infracción de las normas vigentes

14. El artículo 8 del Decreto 2728 de 1968 estableció que el soldado o grumete en servicio activo que falleciera por causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público sería ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo o marinero y tendría derecho al pago de 48 meses de los haberes correspondientes a dicho grado y al doble de las cesantías.

15. Luego, se expidió la Ley 447 de 1998 que estableció en su artículo 1º que los beneficiarios de las personas vinculadas a las Fuerzas Armadas por razón del servicio militar obligatorio, fallecidas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, tendrían derecho a una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio mínimo mensual vigente.

16. La norma mencionada fue objeto de control en las sentencias C-152 de 2002 y 434 de 2003 dictadas por la Corte Constitucional. En esta última, se cuestionó que las disposiciones se aplicaran a partir de su entrada en vigor; sin embargo, se declaró su exequibilidad con sustento en que era válido que el legislador definiera , con base en sus propias consideraciones, la entrada en vigencia de la ley.

17. A través de la Ley 74 de 1968 se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos , el cual estableció en su artículo 9 que «[l]os Estados Partes en el presente Pacto

Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos , el cual estableció en su artículo 9 que «[l]os Estados Partes en el presente Pacto reconoce[rían] el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.»

18. Cuando Luis Carlos Vargas Orozco ingresó como servidor público, uno de sus derechos irrenunciables era el de la seguridad social, no porque lo estableciera la Constitución de 1991, sino por lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 74 de 1968.

4 Igualmente, a través de su apoderado.4

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Demandante: María Nery Orozco de Vargas y otro

El Decreto Ley 89 de 1984 fue expedido por el presidente de la República , sin embargo, «[n]o se entiend [ía] por qué no se dijo nada al respecto de los suboficiales que fallecieran en combate, por actos meritorios del servicio, pero sin cumplir con el periodo de dice (12) años.» [Sic] , de ahí que debiera inaplicarse porque era contrario al preámbulo y a los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política.

→ Falsa motivación

19. Aunque era cierto que el Decreto 2728 de 1968 no establec ió la pensión por muerte o pensión de sobrevivientes, el «panorama jurídico colombiano» cambió con

→ Falsa motivación

19. Aunque era cierto que el Decreto 2728 de 1968 no establec ió la pensión por muerte o pensión de sobrevivientes, el «panorama jurídico colombiano» cambió con el artículo 48 de la Constitución Política de 19915, según el cual la seguridad social era un derecho irrenunciable, por lo tanto, Luis Carlos Vargas Orozco ─ascendido en forma póstuma al grado de cabo segundo─ también era beneficiario de ese canon.

1.2. Contestación de la demanda6

20. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, se opuso a las pretensiones de la

demanda con los siguientes argumentos:

21. La parte demandante no cumplió con los requisitos exigidos para iniciar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues no acreditaron que la entidad hubiese obtenido conocimiento de la solicitud de la pensión de sobrevivientes. Si bien se aportó una guía del envió de un documento no se pu do establecer que ─en efecto─ se tratara de dicha petición.

Las declaraciones extraproceso aportadas a la entidad no probaron que los padres de Luis Carlos Vargas Orozco dependían económicamente de él, por el contrario, el exsoldado devengaba una bonificación por la presta ción del servicio militar obligatorio que era insuficiente para la manutención de una familia . Esto, sumado a que no acredit ó tener alguna otra actividad económica y los demandantes esperaron casi 30 años para presentar la «presunta» reclamación.

22. La entidad ordenó el pago de las cesantías dobles y la compensación por muerte del cabo segundo póstumo a favor de sus padres, de conformidad con lo

esperaron casi 30 años para presentar la «presunta» reclamación.

22. La entidad ordenó el pago de las cesantías dobles y la compensación por muerte del cabo segundo póstumo a favor de sus padres, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2728 de 1968 y 89 de 1984 . Frente a dicho reconocimiento no presentaron reproche alguno, por lo tanto, no podía pretenderse la aplicación de un régimen «para algunas cosas y para otras no».

5 Desarrollado con las leyes 100 de 1993, 447 de 1998, 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, entre otras disposiciones. 6 Samai, índice 28, archivo «37ED_033CONTESTACIONDEMAN(.pdf)»5

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23. No era procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la parte demandante, toda vez que los decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990 no establecieron dicho beneficio ; y la Ley 447 de 1998 no podía aplicarse de forma «retroactiva» al caso concreto y menos aún la Ley 100 de 1993.

24. Debía aplicarse el principio de legalidad, pues el Decreto 2728 de 1968 era la norma vigente al momento del fallecimiento del exmilitar y no p odía pretenderse

24. Debía aplicarse el principio de legalidad, pues el Decreto 2728 de 1968 era la norma vigente al momento del fallecimiento del exmilitar y no p odía pretenderse «que la aplicación normativa [fuera] aplicada a la voluntad de las personas sin respetar las normas preexistentes y el principio de inescindibilidad o conglobamiento, con ello generaría una inestabilidad jurídica, a la espera de la expedición de una norma más benéfica, para sin demostrar mayores condiciones les sea aplicable este régimen más favorable» [sic].

25. Igualmente, era procedente que se declarara probada la excepción denominada «carencia del derecho del demandante e inexistencia de la obligación de la demanda», por cuanto el régimen especial aplicable en el presente caso no contenía el beneficio de la pensión de sobrevivientes.

1.3. La sentencia apelada7

26. En sentencia proferida el 15 de marzo de 2024 , el Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción «carencia del derecho del demandante e inexistencia de la obligación de la demandada » propuesta por el Ejército Nacional ; negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

27. Para tal efecto, se detuvo en los hechos probados y el marco normativo y jurisprudencial del régimen de prestaciones por muerte para quienes prestaban el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Militares, la pensión de sobrevivientes en favor de los beneficiarios de los soldados regulares , la improcedencia de aplicar la ley retrospectivamente y el régimen aplicable. A continuación, procedió a resolver el caso concreto con los siguientes razonamientos:

favor de los beneficiarios de los soldados regulares , la improcedencia de aplicar la ley retrospectivamente y el régimen aplicable. A continuación, procedió a resolver el caso concreto con los siguientes razonamientos:

28. Se acreditó que Luis Carlos Vargas Orozco murió el 2 de septiembre de 1985 en hechos que fueron calificados por la entidad demandada como en el servicio, por causa y razón del mismo y en combate contra subversivos del M -19 en el corregimiento La Mesa del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

29. Al tratarse de la muerte de un soldado regular en misión del servicio y en combate o como consecuencia de la acción del enemigo ─ocurrida el 2 de septiembre de 1985 ─ le resultaría aplicable únicamente el régimen especial previsto en los decretos 2728 de 1968 y 89 de 1984, como consecuencia del ascenso póstumo.

7 Samai, índice 23, archivo «2SENTENCIA1AI_SENTENCIA_17001233300020170030(.pdf)»6

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30. No se podía acudir a las leyes 447 de 1998 y 100 de 1993 ni a los decretos 95 de 1989 y 1211 de 1990 porque eran normas que no se encontraban vigentes para la fecha de fallecimiento del causante y, por lo tanto, no e ra procedente su

de 1989 y 1211 de 1990 porque eran normas que no se encontraban vigentes para la fecha de fallecimiento del causante y, por lo tanto, no e ra procedente su aplicación retrospectiva.

31. El Decreto 2728 de 1968 no estableció el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, sino que dispuso beneficios prestacionales para los soldados regulares fallecidos en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, los cuales consistían en el pago de 48 meses de los haberes correspondientes al grado de cabo segundo póstumo más el doble de las cesantías.

32. Era improcedente aplicar la sentencia de unificación del 4 de octubre de 20188, pues las reglas establecida s en dicha providencia se referían expresamente a los beneficiarios de los soldados voluntarios y no de los soldados regulares, como en el presente asunto.

33. Se acreditó que los beneficiarios de Luis Carlos Vargas Orozco les fue reconocida dicha compensación por muerte, así como las cesantías dobles, según la Resolución 2302 del 5 de mayo de 1986.

34. Luis Carlos Vargas Orozco fue ascendido póstumamente al grado de cabo segundo y, en tal sentido, haría parte de los suboficiales de las Fuerzas Militares, por lo que e ra procedente acudir al Decreto 89 de 1984 [vigente al momento del fallecimiento] que en sus artículos 181 y 182 previó la pensión mensual para aquellos oficiales o suboficiales que h ubieran cumplido 12 años o más en el servicio; sin embargo, no se cumplía con este requisito.

1.4. El recurso de apelación9

aquellos oficiales o suboficiales que h ubieran cumplido 12 años o más en el servicio; sin embargo, no se cumplía con este requisito.

1.4. El recurso de apelación9

35. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de

primera instancia y lo sustentó así:

36. Luis Carlos Vargas Orozco ingresó como servidor público y soldado regular el 9 de noviembre de 1 984, por lo tanto, era beneficiario del derecho a la seguridad social «no porque lo [dijera] la Constitución de 1991 », sino por lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 74 de 1968.

37. El Ejército Nacional y el Tribunal Administrativo de Caldas acreditaron que el

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 4 de octubre de 2018. Radicación número: 05001 -23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-01318.

9 Samai, índice 2, archivo «18. RecursoDeApelaciónDemandante»7

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fallecimiento del exsoldado ocurrió el 2 de septiembre de 1985 en desarrollo de un enfrentamiento con el grupo guerrillero M -19, en el corregimiento La Mesa del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

fallecimiento del exsoldado ocurrió el 2 de septiembre de 1985 en desarrollo de un enfrentamiento con el grupo guerrillero M -19, en el corregimiento La Mesa del municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

38. El a quo no consideró que en el presente caso se p odía fallar a favor de la parte demandante si «tan solo se utiliza [ra] la equidad como criterio auxiliar de la actividad judicial (Artículo 230 de la C.P.)».

39. Más allá de la no aplicación de l principio de irretroactividad de la ley, Luis Carlos Vargas Orozco falleció como «servidor público » en combate y en cumplimiento de un deber, fue ascendido de forma póstuma, pero «lamentablemente el fallecido no pudo escoger el año de su deceso , porque si fuera antes de 1.991 no tendría ningún derecho pero si fue[ra] después de esa fecha si» [sic].

40. La sentencia de unificación CE -SUJ-SII-009-2018 del 1 de marzo de 2018 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado ─frente a otras fuentes formales del derecho ─ acudió a los artículos 910 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales , 16 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y al preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo [OIT], así como a los Convenios 102 y 128 de la OIT sobre la seguridad social y las pensiones de invalidez y muerte.

41. Aunque dichos convenios no han sido ratificados, cobijaban a la parte demandante en cuanto a la pensión de sobrevivientes porque hacían parte del denominado soft law o derecho blando internacional y tenían utilidad interpretativa

41. Aunque dichos convenios no han sido ratificados, cobijaban a la parte demandante en cuanto a la pensión de sobrevivientes porque hacían parte del denominado soft law o derecho blando internacional y tenían utilidad interpretativa al armonizarlos con la Constitución y las normas que establecieron el carácter esencial de la seguridad social y del derecho pensional.

1.5. Trámite en segunda instancia12

42. En auto del 30 de julio de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia del 15 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.13

43. En concepto del 31 de octubre de 2024 14 el Ministerio Público consideró que debía confirmarse la decisión, comoquiera que Luis Carlos Vargas Orozco falleció en misión del servicio y en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, razón por la cual era aplicable el Decreto 89 de 1984, según el cual la

10 «[E]l derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social» . 11 «Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia». 12 Samai, expediente 54001-23-33-000-2018-00152-01. 13 Samai, índice 6. 14 Samai, índice 11.8

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14 Samai, índice 11.8

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pensión de sobrevivientes se reconocía siempre que los oficiales y suboficiales hubiesen cumplido 12 años o más de servicio al momento de su muerte . S in embargo, por la vinculación temporal, el soldado conscripto no cumplía con dicho requisito.

II. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

44. Revisado el expediente se advierte que la entidad demandada aportó en 2 oportunidades los antecedentes administrativos que contienen los siguientes

documentos15:

44.1. Petición de la pensión de sobrevivien tes suscrita por Alexander García Hernández ─apoderado─, la cual fue recibida el 16 de febrero de 2015 por la entidad demandada16. En esta se consignó que la dirección de notificaciones de dicho abogado y de los actores era «carrera 23 No 20 – 59 Oficina 30 1 del Edificio Estrada en la ciudad de Manizales [...]».

44.2. Oficio 20155330205391: MDN-CGFM-CE-DIPSO-JUR-221 del 6 de marzo de 2015 que remitió por competencia la solicitud antes mencionada al Grupo de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional17.

44.3. Resolución 2161 del 11 de mayo de 2015, mediante la cual la entidad

2015 que remitió por competencia la solicitud antes mencionada al Grupo de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional17.

44.3. Resolución 2161 del 11 de mayo de 2015, mediante la cual la entidad demandada dio respuesta a la solicitud de la pensión de sobrevivientes, así:

«ARTÍCULO 1º: Declarar que no hay lugar al reconocimiento y pago de suma alguna por concepto de pensión de sobrevivientes, con ocasión del deceso del Cabo Segundo (Póstumo) del Ejército Nacional , LUIS CARLOS

VARGAS OROZCO […]

ARTÍCULO 2º: Declara que no es procedente reconocer personería jurídica al señor ALEXANDER GARCIA HERNANDEZ , Cédu la de Ciudadanía No 75 .083.473, (folio 5) , de conformidad con lo expuesto en el presente acto administrativo. […]» [sic] [se destaca]

44.4. Oficio 4797 MDSGDAPS 1.10 del 19 de mayo de 2015 que contiene la citación para la notificación personal del anterior acto y que se dirigió a Ramón Alias Vargas Largo y María Nelly Orozco de Vargas con la dirección «CRA 23 No 20-59 OF 301 EDIF ESTRADA MANIZALES-CALDAS»18.

15 Samai, índice 28, «Archivo 56ED_052RESPUESTAREQUERIM(.pdf)». 16 Ibidem, páginas 7 a 11. 17 Ibidem, página 6. 18 Ibidem, página 18.9

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18 Ibidem, página 18.9

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44.5. Notificación por aviso del 27 de mayo de 2015 de la Resolución 2161 del 11 de mayo de 2015 dirigida a la dirección señalada en el párrafo anterior19.

44.6. Constancia expedida por el notificador del grupo de prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional en la que se anotó20:

«Que mediante aviso de fecha de 27 de mayo de 2015, se procedió a notificar al señor (a) RAMON ALIAS VARGAS LARGO -MARIA NELLY OROZCO DE VARGAS del contenido de la resolución 2161, de fecha de 11 DE MAYO DE 2015 . Que vencido el término legal, el presente acto administrativo, queda debidamente ejecutoriado y agotada la vía administrativa, ante esta entidad. […]» [sic]

45. Como se observa, la entidad expidió un acto administrativo que resolvió negar la pensión de sobrevivientes solicitada el 16 de febrero de 2015 por los demandantes a través de su apoderado. Ello, en principio, llevaría a considerar que no podía solicitarse la anulación del acto ficto en tanto dicha respuesta devino de esa misma solicitud y se expidió antes de que se radicara la demanda [ 3 de agosto de 2015]; sin embargo, es menester precisar lo siguiente:

que no podía solicitarse la anulación del acto ficto en tanto dicha respuesta devino de esa misma solicitud y se expidió antes de que se radicara la demanda [ 3 de agosto de 2015]; sin embargo, es menester precisar lo siguiente:

46. En ambos archivos se evidencia que, s i bien la entidad demandada expidió la Resolución 2161 del 11 de mayo de 2015 y se dejó constancia de los oficios de citación a efectos de surtir la notificación personal y por aviso, no se adjuntó constancia alguna de su envío ni de que se hubiera recibido.

47. Asimismo, a pesar de que en dicho acto se resolvió que no se le reconocería personería para actuar al abogado Alexander García Hernández, en dichos oficios se anotó su dirección, no la de los demandantes, lo cual resulta contradictorio.

48. Del mismo modo, se extrae que el 28 de mayo de 2015 los demandantes ─por conducto del mismo abogado─ presentaron recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra el acto ficto presunto derivado de la petición radicada el 16 de mayo de 2015. Así se verifica con la guía de la empresa Servientrega, según la cual el envío del documento se hizo el 28 de mayo , es decir, un día después de la presunta notificación surtida por aviso de la Resolución 2161 de 2015.

49. Para la Sala, la inexistencia de las constancias de envío y entrega de los oficios de notificación , así como la contradicción en la actuación de la entidad al negar la personería para actuar , pero dirigirlos a la dirección del profesional del derecho permiten deducir que los actores y su apoderado [quien también radicó la

oficios de notificación , así como la contradicción en la actuación de la entidad al negar la personería para actuar , pero dirigirlos a la dirección del profesional del derecho permiten deducir que los actores y su apoderado [quien también radicó la demanda] no tuvieron conocimiento del acto administrativo expreso y, por lo tanto, no les era oponible.

19 Ibidem, página 19. 20 Ibidem, página 20.10

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50. Tan es así que entre el oficio que contenía la notificación por aviso y el recurso presentado contra el acto ficto solo existe una diferencia de 1 día, en tanto ─como se anotó─ se remitió el 28 de mayo de 2015 ; de ahí que los demandantes radicaran la demanda el 3 de agosto del mismo año por el silencio de la entidad.

51. Por lo anterior, como el a quo no expuso consideración alguna al respecto, como medida de saneamiento la Sala integrará a l a proposición jurídica la Resolución 2161 de 2015 a efectos de ejercer el control de legalidad de dicho acto, en razón a que contiene la respuesta expresa a la petición radicada el 16 de febrero de 2015.

2.2. Competencia

52. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de

febrero de 2015.

2.2. Competencia

52. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.3. Problema jurídico

53. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver el siguiente interrogante: ¿Ramón Elías Vargas Largo y María Nery Orozco de Vargas tienen derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo, el soldado regular Luis Carlos Vargas Orozco , el cual ocurrió el 2 de septiembre de 1985 con ocasión de un enfrentamiento con el grupo guerrillero M19?

54. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes , así como de las prestaciones destinadas a los soldados regulares ; segundo, se expondrán los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. La pensión de sobrevivientes

55. El artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la coordinación, dirección y

2.4.1. La pensión de sobrevivientes

55. El artículo 48 de la Constitución Política prevé que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la coordinación, dirección y control del Estado y, asimismo, es considerado un derecho irrenunciable.

56. La pensión de sobreviviente y la sustitución pensional tienen como objeto11

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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00300-01 (3418-2024)

Demandante: María Nery Orozco de Vargas y otro

fundamental solventar la contingencia de muerte del trabajador, en el sentido de suplir el apoyo económico que en vida brindaba a su núcleo familiar, es decir, impedir el cambio de las condiciones de subsistencia de sus beneficiarios.

57. En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que la prestación mencionada «constituye uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social»; igualmente, que su finalidad se contrae a «la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que se vea alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido»21.

58. De otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la norma aplicable en cada caso deberá ser la que esté vigente al momento en que se causa

que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido»21.

58. De otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la norma aplicable en cada caso deberá ser la que esté v