CE - Sentencia 17001233300020170037002 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2017-00370-02 (6952-20231)

Demandante: Irma Lucía Londoño Patiño

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992 ; procuradora judicial II. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: sentencia de primera instancia. No reconoció prima especial de servicios. Subtema 2: reliquidación de las prestaciones sociales. Tope del 80% de lo percibido por los magistrados de altas cortes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Caldas el 15 de noviembre de 2022, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Irma Lucía Londoño Patiño, en su condición de procuradora judicial II, solicit ó el reconocimiento de la prima especial del 30 %, su naturaleza salarial, sus consecuencias prestacionales y de seguridad social , así como las demás implicaciones e incidencias que esta representa por el período que va del 2 de julio de

reconocimiento de la prima especial del 30 %, su naturaleza salarial, sus consecuencias prestacionales y de seguridad social , así como las demás implicaciones e incidencias que esta representa por el período que va del 2 de julio de 2012 al 1 de septiembre de 2016. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal negó el reconocimiento de la prima especial porque como la demandante laboró en un cargo equivalente al de magist rado de la misma categoría, era improcedente la reliquidación del salario básico.

Sin embargo, accedió a la reliquidación de sus prestaciones sociales con el 100 % del sueldo y no con el 70 % como se hizo erróneamente. La entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia bajo el argumento de que carece de competencia para fijar los salarios de sus funcionarios, pues esto es una potestad exclusiva del Gobierno nacional. Además, puso de presente que, como la actora recibió la bonificación por compensación durante su vinculación, reconocer la prima especial y la reliquidación de sus prestaciones sociales, desconoce el tope del 80 %.

1 Expediente digital.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00370-02 (6952-2023)

Demandante: Irma Lucía Londoño Patiño

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Irma Lucía Londoño Patiño, mediante apoderado judicial, presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

2

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Irma Lucía Londoño Patiño, mediante apoderado judicial, presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, el 25 de mayo de 2017 3, con las

siguientes:

2.1.1. Pretensiones:

(i) Declarar la nulidad del Oficio núm. SG 007470 del 14 de diciembre de 2016, que negó sus peticiones.

(ii) A título de restablecimiento del derecho, solicitó:

le sea reconocida la prima especial del 30 %, su naturaleza salarial y sus consecuencias prestacionales y de la seguridad social, establecida por el artículo 14 de ley 4 de 1992, su pago retroactivo y demás implicaciones e incidencias (salariales, prestacionales y de seguridad social), debidamente indexadas, por todo el periodo que ostentó la dignidad de procuradora judicial grado II (02 de julio de 2012 - 01 de septiembre de 2016), acorde con fallo de 29 de abril de 2014 del Consejo de Estado Sala Contencioso -Administrativa Sección Segunda, exp. 11 001-03-25-000-200700087-00 número interno 1686-07. C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

(iii) Finalmente, reclamó que se diera cumplimiento a la sentencia en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y que se condenara en costas y agencias en derecho a la demandada.

2.1.2. Hechos

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y que se condenara en costas y agencias en derecho a la demandada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente:

(i) Se desempeñó en el cargo de procuradora judicial II en el distrito de Manizales (Caldas) del 2 de julio de 2012 al 1 de septiembre de 2016.

(ii) El Consejo de Estado profirió sentencia el 29 de abril de 2014 en la que anuló los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, los cuales fueron además interpretados indebidamente por este último, al no considerar que el 30% era adicional a la asignación básica.

(iii) Pese a que radicó reclamación administrativa ante la entidad demandada, esta la negó mediante el Oficio núm. 007470 del 14 de diciembre de 2016, con sustento en que, si se accediera a la reliquidación con ocasión de lo dispuesto en los decretos salariales anuales, habría que reajustar la bonificación creada mediante el Decreto 2668 de 1998, ya que los ingresos no podrían superar el tope del 80 % de lo

2 Samai, exp. 17001233300020170037002, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2, 01Cuaderno1(fl. 1-96).pdf, páginas 5 a 46 del archivo digital.

3 Samai, exp. 17001233300020170037002, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2, 01Cuaderno1(fl. 1-96).pdf, páginas 2 y 46 del archivo digital.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00370-02 (6952-2023)

Demandante: Irma Lucía Londoño Patiño

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3 establecido para los magistrados de alta corte. De este modo, según la entidad demandada, lo que procedería en este caso es la aplicación de la compensación como un modo de extinción de las obligaciones.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Decreto 717 de 1978, Ley 4ª de 1992, artículos 2 y 14, Constitución política, preámbulo y artículos 1, 2, 4, 23, 53, 93, 122, 123 y 150.19, literal e), Código Sustantivo del Trabajo, artículos 1, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 127, 128, y 132, Pacto Int ernacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 5, numeral 5, Decreto 2699 de 1991, artículos 54 y 64, Ley 938 de 2004, Decreto 717 de 1978, artículo 12, Decreto 1042 y

Económicos, Sociales y Culturales, artículo 5, numeral 5, Decreto 2699 de 1991, artículos 54 y 64, Ley 938 de 2004, Decreto 717 de 1978, artículo 12, Decreto 1042 y 1045 de 1978, decretos 174 y 230 de 1975 y Decreto Extraordinario 3135 de 1968.

4. Además, consideró que se desconocieron las sentencias del 29 de abril de 2014, del 27 de junio de 2012, la sentencia SU -1185 de 2001, SU del 18 de mayo de 2016, la normativa internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el

CPACA.

5. También refirió como jurisprudencia aplicable al caso las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado: i) del 29 de abril de 2014; ii) del 2 de abril de 2009; y iii) del 18 de mayo de 2016.

6. En el concepto de violación, la demandante expresó que, aunque la prima especial se estableció en la Ley 4ª de 1992 con un carácter retributivo, a esta se le desconoció su carácter salarial , porque se inobservaron principios superiores que prohíben la desmejora. En particular, como los agentes del Ministerio Público estaban en igualdad de condiciones con los jueces y los magistrados, estos no podían verse afectados por una norma inferior a la Constitución política.

7. Así, consideró que lo reconoció el Consejo de Estado en la sentencia del 29 de abril de 2014 , en la que dispuso que las primas son un adicional al obedecer a principios constitucionales como la progresividad y la favorabilidad. En punto a ello,

abril de 2014 , en la que dispuso que las primas son un adicional al obedecer a principios constitucionales como la progresividad y la favorabilidad. En punto a ello, existen otras decisiones judiciales relacionadas con similares situaciones de hecho y de derecho que legitiman lo pedido. De esta manera, como en su condición de procuradora judicial II para asuntos penales de Manizales (Caldas) está en la misma situación de hecho y de derecho que los jueces de la República, es posible reconocer la prima especial por aplicación del precedente y disposiciones superiores.

8. Además, agregó que como la sentencia del 29 de abril de 2014 anuló las normas que preveían erróneamente que la prima carecía de factor salarial y que, por tanto, esta no podía considerarse para liquidar las prestaciones sociales , se tiene que la referida sí goza de factor salarial y debe adicionarse como un agregado del ingreso laboral percibido con efectos computables en materia prestacional. Dispuso que, en igual sentido, tenían que interpretarse los reglamentos proferidos con posterioridad al 2007, en ta nto estos reprodujeron el contenido de los actos anulados, algo que no resultaba apropiado.

9. Con todo, expresó que en los términos del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 la prima no podía ser inferior al 30% del salario básico mensual y esta debía adicionarseRadicación: 17001-23-33-000-2017-00370-02 (6952-2023)

Demandante: Irma Lucía Londoño Patiño

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

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4 a este, al no ser parte de la remuneración. En consecuencia, consideró que la prima especial que reclama, creada no solo para la Rama Judicial , sino para el Ministerio Público, representa un incremento del salario, tiene naturaleza salarial y, por ende, es factor de salario. En este contexto , así debía considerarse para todos los efectos salariales, prestacionales y de seguridad social.

10. Invocó que al establecer en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 una prima sin carácter salarial se desconoce la Constitución política, lo que hace a esta expresión inconstitucional e ilegal , y la ausencia de reconocimiento de esta, a favor de los agentes del Ministerio Público, como lo dispone la sentencia del 29 de abril de 2009, transgrede de forma directa la igualdad.

2.2. Contestación de la demanda

11. La Nación, Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que su actuación se ajustó al ordenamiento jurídico, ya que en calidad de nominadora no tiene la facultad constitucional ni legal para definir el régimen salarial de los funcionarios vinculados a la planta de personal, en los términos en que lo ordena la Constitución política y la Ley 4ª de 1992 , toda vez que esto le corresponde al Gobierno nacional. Así las cosas, el acto demandado se expidió en cumplimiento de la normativa legal y constitucional y los encargados de fijar los

en que lo ordena la Constitución política y la Ley 4ª de 1992 , toda vez que esto le corresponde al Gobierno nacional. Así las cosas, el acto demandado se expidió en cumplimiento de la normativa legal y constitucional y los encargados de fijar los salarios de los funcionarios de la entidad son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

12. Precisó que de conformidad con el acta de posesión la actora ingresó a laborar el 3 de julio de 2012 y agregó que la prima especial de que tratan los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial. En punto a ello, el pronunciamiento emitido por la Corte Constitucional constit uye cosa juzgada constitucional y resulta improcedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Igualmente, relató que el régimen salarial de la entidad difería del de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

13. En este contexto, planteó como excepción la prescripción respecto de las sumas reclamadas antes del 11 de octubre de 2013, toda vez que la petición se presentó ese día y mes del 2016. Por consiguiente, solicitó negar las pretensiones de la demanda y, subsidiariamente, en caso de que resultara condenada, que esta se hiciera en concreto y no en abstracto4.

2.3. Sentencia anticipada de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia anticipada dictada el 15 de noviembre de 2022, resolvió lo siguiente:

PRIMERO. ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de Unificación

14. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia anticipada dictada el 15 de noviembre de 2022, resolvió lo siguiente:

PRIMERO. ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de Unificación -SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado , y en consecuencia;

4 Samai, exp. 17001233300020170037002, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2, 02RespuestaDemanda.pdf.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00370-02 (6952-2023)

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SEGUNDO: Declárase PROBADA parcialmente la excepción de prescripción trienal laboral, sobre parte del periodo reclamado -3 de julio de 2012 y el 10 de octubre de

2013-.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del Oficio SG 007470 de 14 de diciembre de 2016 solo en lo que tiene relación con la reliquidación de las prestaciones sociales y solo frente a lo que tiene derecho.

CUARTO: ORDENAR a la demandada PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION a reliquidar las prestaciones sociales de la demandante, tomando como base el 100% del salario base y no el 70% como se hizo y pagar las diferencias adeudadas, por el

CUARTO: ORDENAR a la demandada PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION a reliquidar las prestaciones sociales de la demandante, tomando como base el 100% del salario base y no el 70% como se hizo y pagar las diferencias adeudadas, por el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2013 y el 1 de septiembre de 2016.

QUINTO: ORDENAR a la demandada reliquidar las cesantías causadas con el 100% del sueldo y consignar al fondo de cesantías las diferencias adeudadas y devolver a la demandante lo correspondiente a los intereses adeudados por el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2013 y el 1 de septiembre de 2016. Lo mismo debe hacer respecto de los aportes a pensión los cuales deberá consignar las diferencias al fondo de pensiones al cual este adscrita la demandante y por todo el periodo en que la demandante ocupó el cargo de Procuradora Judicial II -3 de julio de 2012 y el 1 de septiembre de 2016-.

SEXTO: NO emitir condena en costas de ninguna clase. […]

15. En sustento, indicó que se acogía a lo establecido en audiencia inicial y a lo dispuesto en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 . Además, afirmó que el Gobierno nacional ha expedido anualmente los decretos mediante los cuales ha reproducido la previsión relativa a que el 30% del salario de los funcionarios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 tiene el carácter de prima especial. De ahí que se redujo una parte del salario para darle esta denominación en contravía de la ley , lo que hace procedente que se ordene el pago íntegro de la asig nación básica , así como la

parte del salario para darle esta denominación en contravía de la ley , lo que hace procedente que se ordene el pago íntegro de la asig nación básica , así como la reliquidación de los derechos laborales y prestacionales, en atención al desarrollo y evolución jurisprudencial que han tenido los derechos reclamados.

16. El Tribunal precisó que el legislador creó una bonificación por compensación mediante los decretos 610 y 1239 de 1998 para los magistrados de tribunal o cargos homólogos. A partir de allí consideró que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 está incluida en la bonificación por compensación, por lo cual no podía sumarse este porcentaje al sueldo de los magistrados de tribunal y cargos homólogos, porque de hacerlo se superaría el tope máximo del 80 % ordenado por la ley. De este mod o, no ha bía lugar a ordenar la reliquidación del salario básico y/o asignación básica de los magistrados y/o cargos homólogos porque al hacerlo se desbordaría el marco legal.

17. Destacó que la demandante laboró al servicio de la Nación, Procuraduría General de la Nación en el cargo de procuradora judicial II del 3 de julio de 2012 al 1 de septiembre de 2016 y que su cargo, por tanto, equivalía al de los magistrados de la misma categoría, de modo que era improcedente la reliquidación del salario básico y/o asignación básica en tanto no era beneficiaria de la prima especial reclamada.

18. Por su parte, trató el tema de la reliquidación de las prestaciones sociales, frente

misma categoría, de modo que era improcedente la reliquidación del salario básico y/o asignación básica en tanto no era beneficiaria de la prima especial reclamada.

18. Por su parte, trató el tema de la reliquidación de las prestaciones sociales, frente a lo cual expresó que la actora ya recibe la nivelación salarial dispuesta en el DecretoRadicación: 17001-23-33-000-2017-00370-02 (6952-2023)

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6 610 de 1998 reconocida como bonificación por compensación. Por ende, no tiene derecho a reclamar la prima especial al controvertirse el principio de “a trabajo igual, salario igual”.

19. No obstante, a esta se le extrajo , del 100% de su sueldo , el 30 % que se hizo pasar por prima especial, por lo que se incurrió en el error de fijar solo el 70 % del salario básico. Por tanto, al momento de liquidar las prestaciones sociales lo hizo sobre este último porcentaje, lo que impone el deber de ordenarle a la demandada reliquidar las prestaciones sobre el 100 % para que reconozca las diferencias adeudadas.

20. Indicó que, aunque las cesantías son una prestación social anual, y no periódica, lo que implica que la administración debe reconocerlas y pagarlas mediante un acto administrativo, aunado a que el beneficiario debe oponerse a través de la reclamación administrativa, así como acudir en sede judicial dentro de los 4 meses

periódica, lo que implica que la administración debe reconocerlas y pagarlas mediante un acto administrativo, aunado a que el beneficiario debe oponerse a través de la reclamación administrativa, así como acudir en sede judicial dentro de los 4 meses siguientes, se genera una expectativa que solo se conoce al momento de obtener el pronunciamiento. Por tanto, como esta surgió a partir de las decisiones del Consejo de Estado que reconocieron la prima especial como un adicional al sueldo, era procedente ordenar la reliquidación de las cesantías con la respectiva consignación al fondo de las diferencias adeudadas, por el período en el cual no operó la prescripción.

21. En igual sentido, el Tribunal dispuso que pasaba lo mismo con los aportes a pensión que debía la demandada, después de realizadas las operaciones aritméticas, ya que debían consignarse las diferencias adeudadas en el fondo de pensión al que estuviera adscrita la demandante, por el período reclamado que va del 3 de julio de 2012 al 1 de septiembre de 2016, en atención a que estos aportes son imprescriptibles.

22. En punto a la prescripción trienal, indicó que acogía la tesis dispuesta en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, de manera que como la demandante presentó la reclamación administrativa el 11 de octubre de 2016, está prescrito de ese día y mes del 2013 hacia atrás. De ahí que el reconocimiento procedía respecto de la franja que va del 11 de octubre de 2013 al 1 de septiembre de 2016, en atención al período que fue objeto de reclamación.

23. Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal declaró probada parcialmente la

va del 11 de octubre de 2013 al 1 de septiembre de 2016, en atención al período que fue objeto de reclamación.

23. Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal declaró probada parcialmente la excepción de prescripción trienal laboral y aunque no accedió al pago de la prima especial, sí ordenó la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100 % del sueldo base y no el 70 % que erróneamente se tomó. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas ya que no existían pruebas en el expediente de los gastos en que incurrió la parte demandante. Tampoco avizoró maniobras dilatorias o de mala fe por parte de la entidad demandada5.

2.4. Recurso de apelación

24. La apoderada de la Nación, Procuraduría General de la Nación radicó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los

siguientes argumentos:

25. La entidad c arece de competencia para fijar los salarios de sus funcionarios,

5 Samai, exp. 17001233300020170037002, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2,. 19Sentencia.pdf.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00370-02 (6952-2023)

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7 pues esto es una potestad exclusiva del Gobierno nacional, en cabeza del presidente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 pues esto es una potestad exclusiva del Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, del ministro de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Administrativo de la Función Pública.

26. De este modo, manifestó que la norma que se refiere al tema ha sido reproducida en los distintos decretos anuales que fijaron el régimen salarial y prestacional de los servidores de la entidad, como es el caso, por ejemplo, del artículo 27 del Decreto 841 de 2012. Así las cosas, no resulta posible efectuar reconocimientos distintos o por fuera de los montos establecidos en los reglamentos correspondientes.

27. De igual manera, puso de presente que el Consejo de Estado unificó jurisprudencia en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 y que la demandante, por ostentar el cargo de procuradora judicial II, recibe junto con la prima especial la bonificación por compensación dispuesta en el Decreto 1102 de 2012.

28. Por consiguiente, como la actora recibió la bonificación por compensación durante su vinculación, reconocerle la prima especial en los términos de la sentencia de primera instancia desconocería lo dispuesto en el fallo del 2 de septiembre de 2019 ya que se desborda el 80 % definido por la ley y la jurisprudencia. En razón a ello, el fallo apelado constituye una situación abiertamente ilegal. Al respecto, trajo a colación que esa situación ya había sido objeto de pronunc iamiento por el Consejo de Estado en providencia del 2 de noviembre de 20216.

fallo apelado constituye una situación abiertamente ilegal. Al respecto, trajo a colación que esa situación ya había sido objeto de pronunc iamiento por el Consejo de Estado en providencia del 2 de noviembre de 20216.

29. Asimismo, la apelante alegó que, al reconocer la prima especial , y ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante, se desconoce el 80% aludido, lo que implica una vulneración de lo previsto por el Consejo de Estado y convierte la actuación en abiertamente ilegal.

30. En este contexto, pidió revocar la sentencia apelada, para, en su lugar, negar todas las pretensiones de la demanda al ordenar que el acto fue proferido en ejercicio de las atribuciones de la entidad y con apego a las disposiciones legales y constitucionales aplicables7.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

31. El 29 de febrero de 2024 8, los magistrados integrantes de la Subsección B de esta Sección del Consejo de Estado, los doctores Cesar Palomino Cortés, Juan Enrique Bedoya Escobar y Jorge Edison Portocarrero Banguera manifestaron impedimento para conocer del presente asunto. No obstante, a través de providencia del 19 de septiembre siguiente9 los magistrados integrantes de la Subsección A de esta Sección de la corporación declararon infundada esta manifestación y ordenaron que, en firme dicha providencia, se devolviera el expediente al despacho de origen para lo de su cargo.

6 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de noviembre de 2021, exp. 08001 -23-33-000-201300575-02 (4501-2018).

para lo de su cargo.

6 Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de noviembre de 2021, exp. 08001 -23-33-000-201300575-02 (4501-2018). 7 Samai, exp. 17001233300020170037002, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_9112023(.zip) NroActua 2,. 21RecApelacionDda-SustitucionPoder.pdf. 8 Samai, índice 4. 9 Samai, índice 10.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00370-02 (6952-2023)

Demandante: Irma Lucía Londoño Patiño

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

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8

32. En consecuencia, la suscrita magistrada profirió auto el 8 de julio de 2025 10 en el que admitió el recurso de apelación interpuesto por la Nación, Procuraduría General de la Nación en los términos del artículo 247 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Dispuso que no había lugar a correr traslado para alegar de conclusión, salvo si las partes solicitaban la práctica de pruebas en el término de ejecutoria de esa providencia.

2.6. Concepto del Ministerio Público

33. Solicitó revocar la sentencia apelada, ya que la demandante percibió ingresos equivalentes al 80 % de lo devengado por un magistrado de alta corte, en la medida

2.6. Concepto del Ministerio Público

33. Solicitó revocar la sentencia apelada, ya que la demandante percibió ingresos equivalentes al 80 % de lo devengado por un magistrado de alta corte, en la medida en que se le incluyó la bonificación por compensación de que trata el Decreto 610 de

1998. Al respecto, expuso que se acogía al precedente fijado en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 en punto a la liquidación de la asignación básica, prestaciones sociales y la prima especial que perciben los procuradores judiciales II.

34. De ahí que no resultaba relevante, en el caso concreto, determinar si la prima especial del 30 % es o no adicional al sueldo y si procede o no su reliquidación, porque de todos modos los ingresos se estos funcionarios no deben superar el citado tope.

Bajo este entendido, la demandante no tenía derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales ni al reconocimiento de la prima especial del 30 % como una adición respecto del sueldo básico11.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

35. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

36. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Nación, Procuraduría General de la Nación 12, la

administrativos.

3.2. Problema jurídico

36. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Nación, Procuraduría General de la Nación 12, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

37. ¿Resulta improcedente el reconocimiento ordenado en primera instancia, en la medida en que la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional radica exclusivamente en el Gobierno nacional y no en la entidad demandada?

38. ¿Debe revocarse el restablecimiento ordenado a favor de la parte demandante, para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales, porque se supera el tope del 80% devengado por los magistrados de altas cortes?

10 Samai, índice 16. 11 Samai, índice 20. 12 CGP , artículo 320.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00370-02 (6952-2023)

Demandante: Irma Lucía Londoño Patiño

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

39. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior

Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación», con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

40. El gobierno nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 51 de 199313, por medio del cual se fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores de la rama judicial, del Ministerio Público, de la justicia penal milita r, vinculados a partir de su vigencia