CE - Sentencia 17001233300020170067402 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001-23-33-000-2017-00674-02 (2472-2021)

Demandante: José Gilberto Gallo Badillo

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

Tema: Prima especial. Prescripción. MODIFICA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Procede la Sala1 a avocar conocimiento del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA y a d ecidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 25 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

2. El señor José Gilberto Gallo Badillo interpuso demanda en contra de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad de las Resoluciones DESAJMZR15-1348 del 27 de octubre de 2015 y 3680 del 30 de marzo de 2017 , a través de las cuales, la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, negó la reliquidación y pago de las diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

1 Si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de sep tiembre de 2025, decisión que se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Que se inapliquen los decretos que se expidieron con base en la Ley 4ª de 1992, a partir del año 1993 porque contradicen lo dispuesto en la sentencia del 29 de abril de 2014.

5. Que se condene a la demandada a pagar el 30% del salario básico mensual,

1992, a partir del año 1993 porque contradicen lo dispuesto en la sentencia del 29 de abril de 2014.

5. Que se condene a la demandada a pagar el 30% del salario básico mensual, que ha sido descontado a título de prima especial durante los períodos en los que se desempeñó como juez de la República o en cualquiera de los cargos de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 , así como a reliquidar, sobre el 100% de la remuneración, las prestaciones sociales devengadas. Particularmente, sobre las cesantías, pidió tener en cuenta todos los rubros a que haya lugar2.

6. Que se reajusten los aportes a la seguridad social en pensiones y salud con base en el 100% de la asignación básica.

7. Que se actualicen las sumas reconocidas, se paguen los intereses y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los artículos 18 7, 192 y 195 del CPACA.

HECHOS

8. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente

manera:

9. Que prestó sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez de la República, durante los siguientes períodos: del 2 de noviembre de 2004 al 31 de enero de 2006, del 29 de mayo de 2008 al 12 de enero de 2009, del 13 de enero de 2009 al 16 de marzo de 2011, y del 17 de marzo de 2011 al 31 de julio de 2012.

10. Que el 28 de octubre de 2014, solicitó a la demandada el pago del 30% que la entidad descontó del salario a título de prima especial; la reliquidación de las

10. Que el 28 de octubre de 2014, solicitó a la demandada el pago del 30% que la entidad descontó del salario a título de prima especial; la reliquidación de las prestaciones sociales que fueron canceladas con base en el 70% de la remuneración, y el reajuste de los aportes a seguridad social, teniendo en cuenta el referido emolumento. Petición que se negó a través de los actos demandados.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

11. Como normas violadas se citaron los artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53, 136 y 150 , numeral 19 de la Constitución Política ; 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley 4ª de 1992 ; 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996 ; 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo ; 9

2 Subsanación de la demanda. Archivo denominado «9ED_PrimeraIns_08InadmisionSubsanac(.pdf) NroActua 32» visible a índice 32 de SAMAI del tribunal.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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del Decreto 51 del 1993; y los Decretos 4171 de 2004, 935 de 2005, 388 de 2006, 657 de 2008, 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011 y 848 de 2012.

12. Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la

657 de 2008, 722 de 2009, 1405 de 2010, 1041 de 2011 y 848 de 2012.

12. Que los actos demandados fueron expedidos con desconocimiento de la Constitución, la ley y el precedente desarrollado sobre el particular por esta corporación porque la entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales, a través de los cuales se reguló el reconocimiento de la prima especial correspondiente al 30% del salario, pues la tuvo en cuenta como parte integrante de este y no como un aumento, con lo que generó una disminución en la asignación básica y las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó la s decisiones del 2 de abril de 20093, 29 de abril de 20144, 19 de mayo de 20105, y 2 de septiembre de 20156 proferidas por el Consejo de Estado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

13. La demanda fue admitida el 14 de agosto de 2018 y notificada a la entidad ,7 quien se opuso a las pretensiones bajo el argumento de que su actuación se ajustó a la normativa, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prima especial no tiene carácter salarial, es decir, no constituye factor para la liquidación de las prestaciones sociales. Disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-279 de 1996. Añadió que los decretos salariales expedidos a partir del 2008 gozan de presunción de legalidad, en tanto que la sentencia del 29 de abril de 2014 declaró la nulidad solo de aquellos emitidos entre 1993 y 2007.

14. Que para reconocer alguna suma en favor del demandante debe mediar una

en tanto que la sentencia del 29 de abril de 2014 declaró la nulidad solo de aquellos emitidos entre 1993 y 2007.

14. Que para reconocer alguna suma en favor del demandante debe mediar una decisión judicial, que, en un proceso de nulidad y restablecimiento, reconozca el derecho particular y concreto, ya que la respectiva erogación debe sustentarse en un título constitutivo de gasto . Precisó que, cancelar las sumas solicitadas, sin el respaldo presupuestal, desconocería las disposiciones contenidas en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996.

15. Propuso las siguientes excepciones: ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado, cobro de lo no debido, cosa juzgada y prescripción.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 2 de abril de 2009.

Expediente: 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07). C.P . Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de 2014.

Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P . María Carolina Rodríguez Ruiz. 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 19 de mayo de 2010. Expediente: 250002325000200501134-01 (0419-2007). C.P . Bertha Lucía Ramírez. 6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Expediente:

de mayo de 2010. Expediente: 250002325000200501134-01 (0419-2007). C.P . Bertha Lucía Ramírez. 6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 2 de septiembre de 2019. Expediente: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18). C.P . Carmen Anaya de Castellanos. 7 Documento denominado «12ED_PrimeraIns_11ContestacionRama(.pdf) NroActua 32». Ibid.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

16. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces8, mediante sentencia del 25 de junio de 20199, adicionada en providencia del 17 de julio del mismo año, accedió a las pretensiones porque la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe ser entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores beneficiarios de aquella.

17. Que, respecto del carácter salarial de este emolumento, se apart a de la postura expuesta por el Consejo de Estado en sentencia del 12 de septiembre de 201810, según la cual la prima no constituye factor salarial para liquidar las prestaciones sociales, y en su lugar acoge la tesis expuesta por la misma corporación en diferentes decisiones11, en la que se indica que sí tiene tal carácter «pues remunera su trabajo […] de manera permanente», lo cual guarda armonía con el

prestaciones sociales, y en su lugar acoge la tesis expuesta por la misma corporación en diferentes decisiones11, en la que se indica que sí tiene tal carácter «pues remunera su trabajo […] de manera permanente», lo cual guarda armonía con el artículo 127 del CST, que prevé que será salario «todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio». De ahí que, inaplicó por inconstitucionales los decretos salariales que despojaron a la prima de su carácter salarial.

18. Que la demandada tendrá que: «a). Pagar la prima especial de servicios equivalente al 30% del valor de su salario por los periodos comprendidos entre el 2 de noviembre de 2004 a 31 de enero de 2006, de 29 de mayo de 2008 a 12 de enero de 2009, de 13 de enero de 2009 a 16 de marzo de 2011 y de 17 de marzo de 2011 a 31 de julio de 2012; b). Reliquidar las prestaciones sociales, incluyendo el 30% correspondiente a la

[prima] especial de servicios […], tomándola como factor salarial […], debiendo tener en cuenta como base la totalidad de la remuneración básica mensual de cada año, más el 30% equivalente a la prima especial de servicios, sumado a los demás factores salariales […] y c). […] realizar los aportes dejados de cancelar al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión […] d). INSTAR a la demandada […] para que al momento de darle cumplimiento a las ordenes contenidas en esta sentencia, tenga en cuenta que el demandante […] pertenece al régimen de los no acogidos al Decreto 57 de 1993».

Salud y Pensión […] d). INSTAR a la demandada […] para que al momento de darle cumplimiento a las ordenes contenidas en esta sentencia, tenga en cuenta que el demandante […] pertenece al régimen de los no acogidos al Decreto 57 de 1993».

19. Que no se encontró probada ninguna de la s excepciones alegadas. Se

8 Documento denominado «23ED_PrimeraIns_22Sentencia1(.pdf) NroActua 32». Ibid. 9 Complementada mediante providencia del 17 de julio de 2019. Documento denominado « 27ED_PrimeraIns_26SentenciaComplemen(.pdf) NroActua 32». Ibid. 10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 12 de septiembre de 2018. Expediente: 73001 -23-33-000-2012-00183-02 (3546 -2015). C.P . Néstor Raúl Correa Henao. 11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencias del 19 de mayo de

2010. Expediente: 25000 -23-25-000-2005-01134-01 (0419 -2007). C.P . Bertha Lucía Ramírez de Páez; 4 de agosto de 2010. Expediente: 25000 -23-25-000-2005-05159-01 (0230-2008). C.P . Gerardo Arenas Monsalve;21

de abril de 2016. Expediente: 050012331000200301220 01 (0239-2014). C.P . William Hernández Gómez.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

20. La parte demandada 12 interpuso recurso de apelación, en el cual insistió en que por expresa disposición de la Ley 4ª de 1992, la prima especial prevista en el artículo no constituye factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales.

De igual manera, que los decretos salariales expedidos a partir del año 2008 gozan de legalidad, puesto que la sentencia del 29 de abril de 2014 únicamente declaró la nulidad de aquellos expedidos entre 1993 y 2007.

21. Que, en gracia de discusión, reconocer las diferencias pretendidas sobrepasaría el tope que prevé el 1251 de 2009. Igualmente, aseveró que operó la prescripción trienal del derecho. Para terminar, solicitó no condenar en costas a la entidad, pues no existió conducta que amerite su imposición , por el contrario, se ejecutaron actuaciones en cumplimiento de un manual de defensa.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

22. El 28 de febrero de 2023 se admitió el recurso de alzada y el 6 de junio de dicha anualidad se corrió traslado por 10 días para la presentación de los alegatos de conclusión, posteriormente se corrió el mismo término para que el Ministerio Público presentara concepto.

23. La parte demandada13 insistió en los argumentos expuestos en el recurso.

de conclusión, posteriormente se corrió el mismo término para que el Ministerio Público presentara concepto.

23. La parte demandada13 insistió en los argumentos expuestos en el recurso.

24. El demandante 14 sostuvo que le aplica la sentencia del 2 de septiembre de 2019 en lo relacionado con el reconocimiento del 30% descontado del salario por concepto de prima especial, así como la reliquidación de las prestaciones sociales calculadas sobre el 100% de la remuneración ; pero no en lo relativo a la prescripción, pues consideró que esta debe contabilizarse a partir del momento en que fue retirada del ordenamiento jurídico la norma que impedía reclamar el derecho.

25. El agente del Ministerio Público no emitió concepto.

12 Documento denominado «026ED_PrimeraIns_25RecursoApelacionRa.pdf». Ibid. 13 Índice 38 de SAMAI. 14 Índice 39 de SAMAI.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSIDERACIONES

Avoca conocimiento

26. De conformidad con lo previsto en el artículo 116 del CPACA cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de impedimento o recusación. En el p resente asunto, se cumple con el presupuesto normativo descrito, en razón a que se reconformó la Sala y a que actualmente 15 no

conjueces, siempre que respecto de aquellos no se predique la misma causal de impedimento o recusación. En el p resente asunto, se cumple con el presupuesto normativo descrito, en razón a que se reconformó la Sala y a que actualmente 15 no se configura la causal de impedimento que dio lugar a la designación de conjueces. En esa medida se avocará conocimiento del proceso.

Asunto a resolver

27. Los problemas jurídicos según el recurso de apelación interpuesto se contraen a determinar si el demandante tiene derecho a que se reliquiden las prestaciones sociales con base en el 100% de su asignación, si la prima especial tiene carácter salarial y de ser el caso, si operó la prescripción.

28. De igual manera, si se supera el tope de que trata el Decreto 1251 de 2009 y si hay lugar a revocar la condena en costas.

De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

29. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno Nacional establecerá una prima especial no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instruc ción Penal Militar, así como los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del

Estado Civil.

Auditores de Guerra y Jueces de Instruc ción Penal Militar, así como los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

15 En relación con la prima especial se advierte que tanto algunos conjueces como la Sección Segunda, actualmente, declaran infundados los impedimentos manifestados por los integrantes de la Sala, en los casos en que no se demuestre un interés actual directo o indirecto. En efecto, así lo han expresado en las siguientes decisiones: Auto del 05 de diciembre de 2023. C.P . Clara Elisa Cifuentes Ortiz. Radicado: 7600123000201800326 02 (05022023). Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 050012333000201601007 02 (1587-2023) Consejo de Estado. Auto del 29 de noviembre de 2024. M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar. Radicado: 05001-2333-000-2016-00857-02 (4942-2023)Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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30. El Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato descrito, desde 1993 ha expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos

30. El Gobierno Nacional, en cumplimiento del mandato descrito, desde 1993 ha expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, S ala de Conjueces, el 29 de abril de 2014 16 bajo el argumento de que tener el 30% del salario a título de prima despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica, y, en consecuencia, disminuye el monto de las prestaciones, en tanto que las reconoce con base en un 70%. Con lo que se inobserva la prohibición establecida en el artículo 2 literal a) de la Ley 4ª de 1992, esto es, que « En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales». Además de desconocer que la prima « debe entenderse como un fenómeno retributivo de carácter adicional»

31. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de septiembre de 2019, 11 de julio de 2023 17, 5 de septiembre de 2023 18, 5 de diciembre de 2023 19, 6 de agosto de 2024 20 y 18 de diciembre de 2024 21.

Particularmente, en estas ha precisado que:

• La prima especial es un incremento del salario básico. De manera que sus beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que por dicho concepto resulten a su favor.

• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión. Lo cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la

por dicho concepto resulten a su favor.

• La prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión. Lo cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996.

• El reconocimiento de las diferencias debidas no podrá, en ningún caso, superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada uno de los cargos que sean beneficiarios del referido emolumento.

• Los beneficiarios de la prima especial tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación: 25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez 18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación: 250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación: 25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales.

• Bajo esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9 de abril de 2024 22, declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos proferidos entre los años 2008 y 2018. Pues se insistió en que el 30% correspondiente a la prima especial « no puede ser deducido del salario»

Resolución del caso concreto

32. Se encuentra probado que el demandante ha laborado en la Rama Judicial, de manera ininterrumpida desde 1979 en diferentes cargos, entre ellos, el de juez de la República, en los siguientes períodos: del 2 de noviembre de 2004 al 31 de

32. Se encuentra probado que el demandante ha laborado en la Rama Judicial, de manera ininterrumpida desde 1979 en diferentes cargos, entre ellos, el de juez de la República, en los siguientes períodos: del 2 de noviembre de 2004 al 31 de enero de 2006 y del 29 de mayo de 2008 al 31 de julio de 201223.

33. Que su remuneración mensual y prestaciones sociales fueron percibidas en montos inferiores a los que tiene derecho, tal como se advierte en el expediente 24, porque la entidad demandada h a restado la prima especial de servicios del 100% del salario, en aplicación de una interpretación errónea de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional, a través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Con lo cual provocó que tanto el salario como las prestaciones a las que tiene derecho el demandante se liquidaran sobre un 70% de aquel.

34. Así pues, no sólo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado como adición o incremento al salario de los servidores públicos beneficiarios de la misma, sino que, al considerarla una parte de él, también ha significado una reducción de dicho salario y de las prestaciones sociales a que tiene derecho, desatendiendo la finalidad de l artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en tanto se desconocen los derechos laborales de los servidores judiciales al disminuirse su asignación básica mensual en un 30 %.

35. Al respecto, esta corporación, a través de la sentencia del 9 de abril de 2024, declaró la nulidad de los decretos salariales emitidos entre el 2008 y 2018

asignación básica mensual en un 30 %.

35. Al respecto, esta corporación, a través de la sentencia del 9 de abril de 2024, declaró la nulidad de los decretos salariales emitidos entre el 2008 y 2018

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación: 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz. 23 Ingresó al servicio desde el 24 de abril de 1979 y ha ocupado los cargos de citador, oficial mayor, escribiente, secretario, sustanciador, auxiliar judicial y juez . Específicamente, entre el 1 de febrero de 2006 y el 28 de mayo de 2008 ocupo los cargos de oficial mayor y auxiliar judicial, tal como se advierte en la constancia 1564, expedida el 2 de diciembre de 2014 por la coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal y Pagos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Manizales, obrante a fo lios 26 a 46 del archivo denominado «4ED_PrimeraIns_03Anexos1(.pdf) NroActua 32». Ibid. 24 ibidem.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00674-02 (2472-2021)

que «establecieron la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario», e indicó

que «establecieron la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del salario», e indicó que « la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992»

36. En estos términos, el demandante tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que ha sido reconocido a título de prima. Así como al reconocimiento, reliquidación y pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que, contrario a lo expuesto por el tribunal, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión. Monto que deberá atender el límite porcentual impuesto por el legislador a través de los decretos anualmente expedidos.

37. De conformidad con lo expuesto, se modificará el numeral cuarto, en el sentido de indicar que la demandada deberá reliquidar los ingresos mensuales de l accionante teniendo en cuenta el 100% de la asignación y el 30% de la prima especial, sin carácter salarial, y reliquidar y pagar las diferencias causadas en las

sentido de indicar que la demandada deberá reliquidar los ingresos mensuales de l accionante teniendo en cuenta el 100% de la asignación y el 30% de la prima especial, sin carácter salarial, y reliquidar y pagar las diferencias causadas en las prestaciones sociales con fundamento en el 100% del salario, sin restar ni sumar el 30% que se había tenido a título de prima especial.

38. También, se revocará el numeral primero de la decisión apelada en cuanto inaplicó los decretos salariales que previeron que la prima especial no tiene carácter salarial, para en su lugar, estarse a lo resuelto en la s sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril de 2024, cita das en párrafos anteriores, en el sentido de entender que la prima especial es una adición al salario.

De la prescripción

39. En lo que se refiere a la prescripción, se advierte que esta corporación ha sostenido, de forma pacífica 25, que el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que

25 Para el efecto pueden consultarse: Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 2500023-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación: 25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:

25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón. Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación: 170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta. Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre de 2025. Radicación: 05001233300020160254302 (1546-2024). MP Juan Enrique Bedoya Escobar.Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 17001-23-33-000-2017-00674-02 (2472-2021)

reglamentó primigeniamente la Ley 4ª de 1992, a saber, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto 5 1 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 el interesado podía haber interrumpido la prescripción trienal. Es decir, que no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su naturaleza declarativa.

40. Así las cosas, el actor tiene derecho a que se le pague la diferencia entre lo efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 28 de octubre de 2