CE - Sentencia 17001233300020170067802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

Demandante: Lilia Pahola Puentes López

Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Subtema 1: reliquidación de prestaciones sobre el 100% de la remuneración mensual. Subtema 2: carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Subtema 3: prescripción trienal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO Lilia Pahola Puentes López, en condición de juez de instrucción penal militar , solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y la correspondiente reliquidación e indexación. Sin embargo, la parte demandada negó la solicitud, con fundamento en que aplicó correctamente los decretos expedidos por el Gobierno nacional para cada vigencia fiscal.

1992, y la correspondiente reliquidación e indexación. Sin embargo, la parte demandada negó la solicitud, con fundamento en que aplicó correctamente los decretos expedidos por el Gobierno nacional para cada vigencia fiscal.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. Lilia Pahola Puentes López , en ejercicio del medio de control establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (en adelante CPACA), presentó demanda 1 en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, radicada mediante apoderada judicial, el 25 de septiembre de 20172.

1 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, carpeta comprimida « ED_DDA_17001233300020170067(.zip) NroActua 2», carpeta «17001233300020170067800», archivo «1-17001233300020170067800C1(Fls. 1-150).pdf», páginas 5 a 49. 2 Acta individual de reparto, visible en: Samai, índice 2, carpeta comprimida «ED_DDA_17001233300020170067(.zip) NroActua 2 », carpeta « 17001233300020170067800», archivo « 117001233300020170067800C1(Fls. 1-150).pdf», página 1.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

Demandante: Lilia Pahola Puentes López

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad del oficio con número de radicado 20173170243601 del 16 de febrero de 2017, por medio del cual, el Ejército Nacional negó el reconocimiento y pago la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y la correspondiente reliquidación e indexación, bajo el argumento de que aplicó correctamente los decretos expedidos por el Gobierno nacional para cada vigencia fiscal. (ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se le ordene a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, que reconozca, liquide y pague a su favor, lo siguiente: ✓ Las sumas por concepto de prima especial de servicios, que dejó de percibir desde el momento de su vinculación —31 de diciembre de 2004 —, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso y mientras ejerza el cargo de juez. ✓ El valor de las diferencias salariales y prestacionales entre lo liquidado y pagado por la administración con el 70% de la remuneración mensual básica y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos laborares sobre el 100% de la remuneración bás ica mensual, con inclusión d el 30% del sueldo básico que fue tenido como prima sin carácter salarial.

de todas sus prestaciones y emolumentos laborares sobre el 100% de la remuneración bás ica mensual, con inclusión d el 30% del sueldo básico que fue tenido como prima sin carácter salarial. (iii) Que se actualicen los valores reclamados de conformidad con el IPC, y que se le ordene a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia de conformidad con los artículos 187,195, 192 y siguientes del CPACA. 2.1.2. Hechos

3. La señora Lilia Pahola Puentes López hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Se vinculó como juez de instrucción penal militar desde el 31 de diciembre de 2004, en los siguientes cargos y periodos: ✓ Juez 30 de instrucción penal militar, en Carepa, Antioquia, desde el 31 de diciembre de 2004. ✓ Juez 58 de instrucción penal militar, en Mocoa, Putumayo, desde el 6 de febrero de 2006. ✓ Juez 57 de instrucción penal militar, en Manizales, Caldas, desde e l 2 de enero de

2008. Según afirmó, este cargo se mantenía vigente para la época en la que presentó la demanda —25 de septiembre de 2017—.

(ii) A partir de una exposición de los decretos salariales expedidos por el Gobierno nacional, entre 2005 y 2016 , para los empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar, indicó que no recibió pago alguno por concepto de prima especial.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

Demandante: Lilia Pahola Puentes López

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

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3 (iii) En virtud de lo anterior, mediante petición radicada ante la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional , solicitó el reconocimiento y pago la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y la correspondiente reliquidación e indexación, desde su nombramiento como juez de instrucción penal militar, hasta que ocupara un cargo que diera lugar a la prestación. Sin embargo, la mencionada entidad negó su reclamación en oficio con número de radicado 20173170243601 del 16 de febrero de 2017. 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Lilia Pahola Puentes López citó, como normas vulneradas, los artículos 1, 2, 3, 6, 13, 25, 29, 53, 83, 89, 121, 122, 123, 209, 217, 220, 228, 229 y 239 de la Constitución Política de 1991; 1, 2, 3 y 14 de la Ley 4 de 1992; 1 de la Ley 332 de 1996; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 36, 88, 103, 104, 106, 138 y 206 del CPACA; y 13, 14, 21, 132, 306 y 340

del Código Sustantivo del Trabajo.

5. Explicó que el acto administrativo demandado vulneró las referidas normas, en la

del Código Sustantivo del Trabajo.

5. Explicó que el acto administrativo demandado vulneró las referidas normas, en la medida en que, desde su vinculación como juez de instrucción penal militar, no recibió retribución alguna por concepto de la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Según afirmó, tenía derecho a percibir dicho concepto, por su condición de juez de la República, desde su vinculación, hasta que ocupara un cargo que diera lugar a prestación reclamada, como un concepto adicional al salario básico, y no como un porcentaje de este. 2.1.4. Contestación de la demanda

6. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional , por medio de apoderado judicial, contestó la demanda 3 mediante escrito en el que se opuso a las pretensiones, y propuso las excepciones de « ausencia de causa petendi » y

«prescripción».

7. En relación con los hechos y las pretensiones planteados por la demandante, adujo que la Justicia Penal Militar ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus servidores con «estricta sujeción a lo previsto en los Decretos expedidos por el Gobierno nacional para cada vigencia fiscal». Según indicó, tales actos precisaron que ninguna autoridad podía establecer o modificar las normas allí previstas, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 4 de 1992.

8. Por otro lado, afirmó que el acto administrativo cuestionado no contenía una falsa motivación, en la medida en que las pruebas demostraban que a la accionante se le reconoció la prima especial de servicios sin carácter salarial , y se le pagó desde su

motivación, en la medida en que las pruebas demostraban que a la accionante se le reconoció la prima especial de servicios sin carácter salarial , y se le pagó desde su vinculación. Por esta razón, indicó que no había lugar a reconocer un 30% adicional como pretendía la demandante, por cuanto ello implicaría una doble erogación por la misma causa.

3 Contestación de la demanda, visible en: Samai, índice 2, carpeta comprimida «ED_DDA_17001233300020170067(.zip) NroActua 2 », carpeta « 17001233300020170067800», archivo « 117001233300020170067800C1(Fls. 1-150).pdf», páginas 213 a 226.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

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9. También adujo que la prima especial no tenía carácter salarial, por disposición expresa del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, motivo por el que no constituía factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones sociales. Agregó que dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, y que en esa medida había cosa juzgada constitucional. En ese orden, afirmó que no había lugar a conceder las pretensiones de la demanda, y que en caso de que se considerara lo contrario, se debía aplicar la prescripción frente a lo causado con antelación al 14 de febrero de 2014, en

pretensiones de la demanda, y que en caso de que se considerara lo contrario, se debía aplicar la prescripción frente a lo causado con antelación al 14 de febrero de 2014, en razón a que la reclamación fue presentada el 14 de febrero de 2017. 2.2. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, en sentencia del 7 de diciembre de 202 14, concedió las pretensiones de la demanda. En consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, a lo siguiente: ✓ Reconocer y pagar la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y el valor no pagado, por concepto de prima especial, equivalente al 30% del total del sueldo básico, devengado por la señora Lilia Pahola Puentes López en el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2014 y hasta que dejara de ocupar el cargo de juez de la Justicia Penal Militar , o hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia. ✓ Hacer nuevamente los cálculos para el aporte a pensión de la demandante, con inclusión de la prima de servicios, y consignar al fondo de pensiones en el que esté afiliada, la diferencia no pagada , por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2004 y hasta la fecha en que deje de ocupar el cargo de juez de la Justicia Penal Militar, o hasta la ejecutoria de la sentencia . Lo anterior, bajo el entendido de que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley

diciembre de 2004 y hasta la fecha en que deje de ocupar el cargo de juez de la Justicia Penal Militar, o hasta la ejecutoria de la sentencia . Lo anterior, bajo el entendido de que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 solo constituye factor salarial para efectos pensionales. ✓ Continuar con el reconocimiento a la prima especial de servicios, «en adelante a la ejecutoria de [la] sentencia, mientras ocupe el cargo de juez de Justicia Penal Militar y hasta la fecha de su retiro»5. ✓ Efectuar la reliquidación de las prestaciones soc iales a que tiene derecho la demandante, respecto de su cargo de juez de la Justicia Penal Militar, sobre el 100% de su salario básico, «con las prestaciones sociales que por ley tenga derecho y devolver la diferencia no pagada, por el periodo comprendido entre el 24 de febrero de 2014 y hasta que deje de ocupar el cargo de juez de la Justicia Penal Militar o hasta la fecha de ejecutoria de [la] sentencia»6.

4 Sentencia de primera instancia, visible en: Samai, índice 2, carpeta comprimida «ED_DDA_17001233300020170067(.zip) NroActua 2 », carpeta « 17001233300020170067800», archivo «28Sentencia1°Instancia.pdf». 5 Ibidem. 6 Ibidem.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

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11. En relación con las excepciones propuestas por la parte demandada , la autoridad judicial dispuso, por un lado, declarar probada la cosa juzgada constitucional, respecto de que la prima especial de servicios reclamada por la demandante no tiene carácter salarial, de acuerdo con la sentencia C -279 de 1996 proferida por la Corte Constitucional. Por otro, declaró parcialmente probada la de prescripción trienal del periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2004 y el 23 de febrero de 20 14, y no probadas las demás.

12. Al analizar el caso concreto y las pruebas aportadas, la referida autoridad judicial indicó que estaba demostrado que a la señora Lilia Pahola Puentes López se le excluyó el pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en un porcentaje del 30%, puesto que fue descontado de salario base ; y que las prestaciones sociales fueron liquidadas sobre el 70% del salario básico . Por estas razones concluyó que existía un saldo impago por concepto de la prima especial, razón por la que había lugar a declarar la nulidad del acto administrativo demandando, y ordenar el restablecimiento en los términos indicados.

13. Finalmente, ordenó el cumplimiento de la sentencia de conformidad con los artículos 189 y 192 del CPACA, y condenó en costas a la parte demanda da por la suma de $33.600 a favor de la demandante. 2.3. Recurso de apelación

189 y 192 del CPACA, y condenó en costas a la parte demanda da por la suma de $33.600 a favor de la demandante. 2.3. Recurso de apelación

14. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional , por medio de su apoderado judicial, presentó recurso de alzada 7, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia. La referida entidad adujo el acto administrativo demandado gozaba de total legalidad y validez, y que la demandante no tenía derecho a que la prima especial de servicios le fuera reconocida, ni a que dicho concepto fuera tenido en cuenta en la liquidación de las prestaciones causadas a futuro, en la medida en que no ten ía carácter salarial . También manifestó su inconformidad frente a la reliquidación, reconocimiento y pago del valor de la diferencia entre el valor a liquidar y lo pagado.

15. Al respecto, afirmó que la Justicia Penal Militar ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de la demandante con estricta sujeción a los decretos expedidos por el Gobierno nacional para cada vigencia fiscal. También adujo que, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tenía carácter salarial, y que por esa razón no se debía computar para la liquidación de prestaciones sociales. En ese orden, indicó que el acto administrativo demandado había sido expedido conforme a derecho, en la medida en que la demandante recibió su pago de manera correcta, con el 30% de la prima.

16. Al margen de lo expuesto, argumentó que si se consideraba que se debían conceder las pretensiones de la demanda, se debía aplicar la prescripción de conformidad con

con el 30% de la prima.

16. Al margen de lo expuesto, argumentó que si se consideraba que se debían conceder las pretensiones de la demanda, se debía aplicar la prescripción de conformidad con los artículos 41 y 102 de los decretos 3135 de 1958 y 1848 de 1969, respectivamente.

7 Recurso de apelación de la parte demandada, visible en: Samai, índice 2, carpeta comprimida «ED_DDA_17001233300020170067(.zip) NroActua 2 », carpeta « 17001233300020170067800», archivo «31ConstRecApelSent1°Demandada.pdf».Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

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6 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

17. La Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación, integrada por los magistrados Carmelo Perdomo Cuéter, César Palomino Cortés y Sandra Lisset Ibarra Vélez, manifestó su impedimento de forma conjunta para conocer el asunto, mediante auto del 6 de octubre de 20228. La Subsección A de la misma Sección, en proveído del 2 de febrero de 20239, la declaró fundada, separó a los mencionados magistrados del conocimiento del asunto, y también manifestó su impedimento para emitir pronunciamiento de fondo. Por lo anterior, se procedió a realizar el sorteo de conjueces10.

del conocimiento del asunto, y también manifestó su impedimento para emitir pronunciamiento de fondo. Por lo anterior, se procedió a realizar el sorteo de conjueces10.

18. Posteriormente, el conjuez ponente designado, mediante auto del 5 de septiembre de 202311, admitió el recurso de apelación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 , y ordenó notificar a las partes y al Ministerio Público , que guardaron silencio.

19. Luego, mediante proveído del 5 de marzo de 2025 12, el conjuez ponente resolvió devolver el expediente al despacho de origen, en los términos del artículo 116 del CPACA13, según el cual «los nuevos [m]agistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos». Al respecto, indicó que se modificó la integración de la Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado por vencimiento del período de los titulares de los despachos. También adujo, que «frente a los impedimentos manifestados por los consejeros con fundamento en la causal 1 del artículo 141 del

[CGP], en asuntos sobre la bonificación judicial, relacionada de forma directa con el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en virtud de la cual se creó la prima especial del 30%, la Sección Segunda rectificó el criterio que sostenía en el sentido de declarar [fundadas] dichas manifestaciones, por considerar que no se está ante un interés actual ni directo14»15.

20. En este escenario, es oportuno precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundados los impedimentos

actual ni directo14»15.

20. En este escenario, es oportuno precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda, en providencias recientes, han declarado infundados los impedimentos manifestados por magistrados de distintos tribunales del país, en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

8 Samai, índice 6, archivo «MANIFESTACIONDEIMPEDIMENTO(.docx) NroActua 6» 9 Samai, índice 13, archivo «AUTOQUERESUELVEIMPEDIMENTO(.pdf) NroActua 13». 10 Samai, índice 18, archivo «SORTEODECONJUEZ_35972022(.docx) NroActua 18». 11 Samai, índice 33, archivo «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.docx) NroActua 33». 12 Samai, índice 46, archivo «35Autoqueordena_RemiteDes_2017006780235972022O(.pdf) NroActua 46». 13 CPACA, artículo 116. «Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. // Cuando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o

el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos». 14 «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. auto del 5 de diciembre de 2023. radicación 7600123000201800326 02 (0502-2023). Conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz». 15 Samai, índice 46, archivo «35Autoqueordena_RemiteDes_2017006780235972022O(.pdf) NroActua 46».Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

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21. La mayoría de los integrantes de esta Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024, decidieron en igual sentido los impedimentos manifestados por los integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el presente

asunto, por tres razones, a saber16: (i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el

la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses de quien manifiesta el impedimento.

22. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos».

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer inciso del artículo 150 del CPACA. 3.2. Problema jurídico

24. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y teniendo en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si: ¿Lilia Pahola Puentes López tiene derecho (i) al reconocimiento y pago de la prima especial de servicio s prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y (ii) a la reliquidación de las prestaciones sociales devengadas sobre el 100% de la remuneración del salario?

25. Para resolver el interrogante planteado, a continuación, se realizan algunas consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992

reliquidación de las prestaciones sociales devengadas sobre el 100% de la remuneración del salario?

25. Para resolver el interrogante planteado, a continuación, se realizan algunas consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar. Luego, se destacarán los hechos probados más relevantes y en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverá el problema

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774 -2024, 5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 40792023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

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8 formulado. 3.4. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

26. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior

Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de los tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal mili tar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

27. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199317 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció: Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de

Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar. Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar. Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar […].

28. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones18, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

29. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%)

17 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar». 18 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

judicial y de la justicia penal militar». 18 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.Radicación: 17001-23-33-000-2017-00678-02 (3597-2022)

Demandante: Lilia Pahola Puentes López

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996. Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

30. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, negó la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en «quitarle» a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que