CE - Sentencia 17001233300020180004601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 17001-23-33-000-2018-000-46-01 (6653-2024)1

Demandante: Daniela Morales Jaramillo Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

Protección Social (UGPP) Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho. Ley 1437 de 2011

Tema:

Reconocimiento pensión gracia Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

Asunto La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 25 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió a las pretensiones de la demanda, con condena en costas para la entidad accionada. Para el efecto, se tendrán en cuenta los siguientes:

Antecedentes

1.1 La Demanda

La señora Daniela Morales Jaramillo, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para solicitar la nulidad de los siguientes actos:

(I) Resolución No RDP. 028607 del 17 de julio de 2017, mediante la cual la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones

lo Contencioso Administrativo (CPACA) para solicitar la nulidad de los siguientes actos:

(I) Resolución No RDP. 028607 del 17 de julio de 2017, mediante la cual la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia; (II) Resolución No RDP.039516 del 18 de octubre de 2017, que desató de manera desfavorable el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. RDP 028607 de 17 de julio de 2017.

1 Expediente digital, puede ser consultado en el aplicativo Samai Consejo de Estado en el siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=170012333000201800046011100103Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

La demandante, a título de restablecimiento del derecho , solicitó que: (i) se condenara a la UGPP a reconocer y ordenar el pago de una pensión gracia de jubilación y a que esta se liquide con el promedio de todos los factores salariales devengados por la docente en el año inmediatamente anterior a la adquisició n del estatus jurídico de pensionada, efectiva a partir del 21 de enero de 2009 ; (ii) se actualice la condena en la forma prevista en el artículo 187 del CPACA, y se reconozcan intereses moratorios de acuerdo con lo estipulado en el artículo 192 Ibidem; y (iii); que se reconozca el pago de costas y agencias en derecho.

1.2 Los hechos

reconozcan intereses moratorios de acuerdo con lo estipulado en el artículo 192 Ibidem; y (iii); que se reconozca el pago de costas y agencias en derecho.

1.2 Los hechos

La señora Daniela Morales Jaramillo nació el 21 de enero de 1959, cumplió los 50 años de edad el mismo día de 2009, fecha para la cual ya había acumulado más de 20 años de servicios, los cuales completó el 1º de noviembre de 2002.

La demandante puso de presente que estuvo al servicio de la educación, desempeñó las funciones con honestidad, idoneidad, y buen crédito. Sobre sus vinculaciones y tiempo de servicios informó lo siguiente:

1. Interinidad: desde el 13 de mayo de 1980 hasta el 18 de junio de 1980 como seccional rural del municipio de Aranzazu (Caldas).

1. Propiedad, en el departamento de Caldas, designada por Decreto No.1305 del 22 de noviembre de 1982, expedido por el gobernador del departamento de Caldas.

La señora Morales relató que el 10 de abril de 2017 solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, pero dicha petición fue negada a través de los actos administrativos demandados.

1.3. Concepto de violación.

La demandante, en síntesis, expuso que la entidad accionada desconoció abiertamente la Ley 91 de 1989, porque negó el reconocimiento deprecado, a pesar de haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley, para obtener el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación.Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

de haber acreditado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley, para obtener el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación.Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

2. Contestación de la demanda2.

La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que los actos enjuiciados se expidieron de conformidad con la normatividad aplicable. La UGPP Afirmó que la demandante no tiene el derecho al reconocimiento de la pensión gracia porque no cumple con los requisitos exigidos por la ley para obtener esta prerrogativa.

La demandada propuso como excepciones las que denominó: inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la genérica.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia proferida el 25 de octubre de 2024 3, accedió a las pretensiones de la demanda (con condena en costas ).

Dispuso:

«Primero: Se declaran fundadas las excepciones de “prescripción y buena fe” propuestas por la UGPP.

Segundo: Se declara la nulidad de la resolución No. RDP 028607 del 17 de julio de 2017 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPmediante la cual se negó a la demandante el reconocimiento y pago de la Pensión Gracia de Jubilación.

De igual forma, se declara la nulidad de la Resolución RDP 039516 de 18 de octubre de 2017 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

negó a la demandante el reconocimiento y pago de la Pensión Gracia de Jubilación. De igual forma, se declara la nulidad de la Resolución RDP 039516 de 18 de octubre de 2017 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP -, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. RDP 028607 del 17 de julio de 2017, providencia que confirmó en todas sus partes el acto impugnado.

Tercero: A título de restablecimiento del derecho , se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP que reconozca y pague a la señora Daniela Morales Jaramillo una pensión gracia a partir del 21 de enero de 2009, en cuantía del 75% del promedio de los factores devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 21 de enero de 2008 y el 21 de enero de 2009, con inclusión de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de

2 Expediente digital, índice 2 aplicativo Samai Consejo de Estado 3ÍdemNº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

vacaciones docentes y de navidad; pero con efectos fiscales a partir del 10 de abril de 2014 , por prescripción trienal; sumas que se actualizarán con los Índices de Precios al Consumidor certificados por el DANE, mes a mes, con la utilización de la fórmula reseñada en la parte considerativa.

de 2014 , por prescripción trienal; sumas que se actualizarán con los Índices de Precios al Consumidor certificados por el DANE, mes a mes, con la utilización de la fórmula reseñada en la parte considerativa.

Cuarto: La entidad demandada deberá actualizar las sumas adeudadas en favor de la demandante conforme al inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A., y para tal efecto atenderá la pauta fijada por el Consejo de Estado, r eseñada en la parte considerativa de este proveído. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes.

Quinto: Se condena en costas a la parte demandada, en favor de la demandante a título de agencias en derecho, las cuales se fijan en el 3% de lo solicitado en la demanda, atendiendo lo dispuesto en el artículo 5° numeral 1 del Acuerdo PSAA1610554 de 5 de agosto de 2016.

Sexto: Notifíquese conforme lo dispone el artículo 203 del CPACA.

Séptimo: Ejecutoriada e sta providencia, liquídense los gastos del proceso, devuélvanse los remanentes si los hubiere. Archívense las diligencias, previas las anotaciones respectivas en el aplicativo SAMAI

(…)»

El Tribunal consideró acreditado que la demandante fue vinculada por el departamento de Caldas antes del 31 de diciembre de 1980, con el fin de cubrir una licencia generada desde el 13 de mayo hasta el 8 de junio de 1980; y que, luego fue designada desde el 9 de diciembre de 1982 hasta el 3 de abril de 2018, en plazas

licencia generada desde el 13 de mayo hasta el 8 de junio de 1980; y que, luego fue designada desde el 9 de diciembre de 1982 hasta el 3 de abril de 2018, en plazas nacionalizadas, con la anotación de retiro por fallecimiento de 3 de abril de 2018.

En consecuencia, el juzgador de instancia concluyó que la demandante cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, para acceder a la pensión gracia.

4. El recurso de apelación4

La parte demandada 5 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, al considerar que la demandante no cumple con los requisititos de ley para ser beneficiaria de la pensión gracia.

4 Índice 39 aplicativo Samai Tribunal Administrativo del Atlántico, en el siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000202200036011100103 5 Folios 235 a 241Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

Después de realizar la trascripción de las normas que regulan la prestación, la entidad, fundamentó su desacuerdo en que: « la señora Daniela Morales Jaramillo no se encontraba vinculada a la docencia oficial, teniendo en cuenta que la disposición regula una situación transitoria, cuyo propósito era colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada por cuanto la vinculación en su carácter de docente la acredita con fecha posterior a la contemplada en la Ley».

5. Trámite de segunda instancia

jubilación solicitada por cuanto la vinculación en su carácter de docente la acredita con fecha posterior a la contemplada en la Ley».

5. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 24 de febrero de 2025 6, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación y, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7, el juez de segunda instancia debe pro nunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado, el superior resolverá sin limitaciones.

2. Problemas jurídicos

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, le corresponde a la Sala determinar si ¿la señora Daniela Morales Jaramillo debió estar vinculada a 31 de diciembre de 1980 para obtener el reconocimiento de la pensión gracia? En caso de ser negativo el anterior interrogante, establecer ¿si la demandante acreditó la totalidad de los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia de jubilación?

6 Índice 9 aplicativo Samai Consejo de Estado 7 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

de la pensión gracia de jubilación?

6 Índice 9 aplicativo Samai Consejo de Estado 7 “ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.”Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial s obre la pensión gracia; 2.2 Hechos probados; y 2.3. Análisis sustancial.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19138 consagró por primera vez la pensión gracia:

«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q] ue no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que percibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque de acuerdo con lo previsto en la Ley 39 de 19039, la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192810 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 192810 amplió el beneficio de la pensión gracia a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de

8 «[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela». 9 «[S]obre Instrucción Pública». 10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

servicio se sumarán los prestados en div ersas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual11.

La Ley 37 de 1933 12 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C -479 de 9 de septiembre de 1998 13, con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de l a ley 114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igua ldad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que lo s recursos económicos del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución d e 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público,

constitucional vigente desde la Constitución d e 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca la ley».

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenad o por la Ley 43 de

11 «ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado , salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas». 12 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados». 13 M. P. Carlos Gaviria Díaz.Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

197514, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, puesto que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las pensiones, preceptuó:

«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren

las pensiones, preceptuó:

«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional».

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por l a sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la

de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

«(…) La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y

14 «[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

(…)»

que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional”.

(…)»

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la f echa a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la

“(…) pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15,

siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pu es habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley15.»

Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018 -2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con

15 Expediente S -699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU14 de 202016, esa disposición

establecidos para su reconocimiento».

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU14 de 202016, esa disposición

«solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después d el 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989»

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C -84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

«Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C -84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

«Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico -legislativa de la vinculación laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, c ontinuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.

16 M. P. José Fernando Reyes Cuartas.Nº Interno: 6653-2024

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

(…)

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación

Demandante: Daniela Morales Jaramillo

Demandada: UGPP

(…)

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nac ional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

Como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 198 0, pues la diversidad de empleados (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta