CE - Sentencia 17001233300020180011901 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00119-01 (2373-2024)

Demandante: Roberto Arias Aristizábal y otros1

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación2

Tema: Sanción disciplinaria.

Sentencia de segunda instancia

Asunto Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 22 de abril de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes 1.1. La demanda3

1.1.1. Pretensiones

1. Roberto Arias Aristizábal, Silvia Luz Díaz Jaramillo, Alejandro Arias Díaz y Ricardo Arias Díaz presentaron demanda e n ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo4, en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1. Acto sancionatorio de primera instancia del 31 de mayo de 2016 proferido por

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo4, en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1. Acto sancionatorio de primera instancia del 31 de mayo de 2016 proferido por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública mediante el cual lo declaró responsable disciplinariamente de la falta prevista en el artículo 48.27 de la Ley 734 de 2002 y lo sancionó con la destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

1.2. Acto sancionatorio de segunda instancia 1335 del 5 de septiembre de 2017 expedido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación que

1 Silvia Luz Díaz Jaramillo, Alejandro Arias Díaz y Ricardo Arias Díaz. 2 Dentro del proyecto será referenciada como PGN. 3 Índice 2, Samai archivo « 4ED_RVENVIOEXPEDIENTEDIG(.pdf) NroActua 2 » folios 6 a 63 del expediente C01principal [12 a 70 del archivo PDF]. 4 En adelante CPACA.2

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Demandante: Roberto Arias Aristizábal y otros

confirmó la decisión.

2. A título de restablecimiento del derecho se pidió ordenar a la entidad (i) pagar por concepto de lucro cesante la suma equivalente a $300.000.000 en favor de Roberto

confirmó la decisión.

2. A título de restablecimiento del derecho se pidió ordenar a la entidad (i) pagar por concepto de lucro cesante la suma equivalente a $300.000.000 en favor de Roberto Arias Aristizábal y de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por perjuicios morales para cada uno de los demandantes; (ii) pedir disculpas públicas en un medio de comunicación naciona l; (iii) cancelar los registros de la sanción; y

(iv) condenar a la demandada en costas procesales.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

3.1. Roberto Arias Aristizábal se desempeñó como secretario de planeación del municipio de Manizales por el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 2010 y el 31 de octubre de 2011.

3.2. Antes de su vinculación ya se había conformado la empresa Transporte Integrado de Manizales TIM S.A. como una empresa industrial y comercial del Estado, constituida como sociedad anónima con la participación exclusiva de l Instituto de Financiamiento , Promoción y Desarrollo de Manizales 5, los municipios de Manizales y de Villamaría, el Invama y la Caja de la Vivienda Popular. El objeto de la empresa era la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público integrado multimodal en Manizales.

3.3. Lo anterior porque se había determinado con un estudio de movilidad contratado por la Secretaría de Transporte de Manizales problemas de sobreoferta, en las rutas, baja rentabilidad, entre otros. Además, porque desde la expedición del

3.3. Lo anterior porque se había determinado con un estudio de movilidad contratado por la Secretaría de Transporte de Manizales problemas de sobreoferta, en las rutas, baja rentabilidad, entre otros. Además, porque desde la expedición del Acuerdo 617 de 2005 «Plan de Desarrollo Municipal 2005-2007» se previó la necesidad de la consolidación de un sistema integral de transporte para el mejoramiento de la movilidad. El p royecto continuó en el plan de desarrollo de la administración del alcalde Juan Manuel Llano para los años 2008 a 2011.

3.4. Mediante auto del 3 de marzo de 2010 , el Tribunal Administrativo de Caldas decretó dentro del trámite de una acción popular y como medida cautelar el restablecimiento de las rutas de transporte urbano de pasajeros en Manizales y en su área de influencia como funcionaban antes de la entrada en operación del sistema estratégico de transporte . También dispuso la suspensión de la venta de tarjetas.

3.5. El 10 de octubre de 2011, la junta directiva de INFIMANIZALES, de la que hacía parte Roberto Arias Aristizábal, decidió capitalizar la empresa de Transporte Integrado de Manizales TIM S.A. para salvar la operación futura y las inversiones realizadas con anterioridad por otras administraciones en el proyecto de transporte masivo y «así lograr mantener la tasa de retorno que se había planteado en el análisis que sirvió de base para dar inicio al proyecto ». La medida se impartió porque se tenía la certeza de que una vez superadas las exigencias hechas por el Tribunal Administrativo de Caldas continuaría la implementación del sistema integrado de transporte, puesto que existía el aval del gobierno nacional y los estudios técnicos

5 En adelante Infimanizales.3

Administrativo de Caldas continuaría la implementación del sistema integrado de transporte, puesto que existía el aval del gobierno nacional y los estudios técnicos

5 En adelante Infimanizales.3

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que soportaban su viabilidad.

3.6. Mediante sentencia del 1 de diciembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la nulidad del artículo 15 del Decreto 246 de 2006 «[ p]or medio del cual se establecieron los criterios para la reorganización del transporte público » específicamente la expresión « cuyos costos serán incorporados en la tarifa ». La decisión se emitió después de que la Junta Directiva de INFIMANIZALES decidiera capitalizar la empresa de Transporte Integrado de Manizales TIM S.A.

3.7. La administración municipal que comenzó el 1 de enero de 2012 resolvió no continuar con el proyecto de transporte integrado de Manizales , decisión de la que no hizo parte Roberto Arias Aristizábal . La nueva administración continuó con l a capitalización de la empresa de Transporte Integrado de Manizales TIM S.A. « sin que la Procuraduría llamara a responder disciplinariamente a ningún funcionario ni a ningún miembro de la Junta Directiva de ese periodo».

3.8. A través de oficio del 30 de octubre de 2012, la Contraloría General de Manizales

que la Procuraduría llamara a responder disciplinariamente a ningún funcionario ni a ningún miembro de la Junta Directiva de ese periodo».

3.8. A través de oficio del 30 de octubre de 2012, la Contraloría General de Manizales dio traslado a la Procuraduría Provincial de esa ciudad de un presunto hallazgo disciplinario por la capitalización autorizada por la junta directiva de INFIMANIZALES el 10 de octubre del 2011. Esta última lo remitió a la Personería Municipal con oficio del 20 de noviembre de 2012.

3.9. Por lo anterior, con auto del 27 de noviembre de 2012 la Personería Municipal de Manizales dispuso la apertura de una indagación preliminar y ordenó notificar a quienes se llegaren a identificar como presuntos responsables de una conducta disciplinaria.

3.10. La Personería Municipal de Manizales remitió el trámite disciplinario a la Procuraduría General de la Nación al encontrar que podía existir responsabilidad del alcalde de Manizales, Juan Manuel Llano Uribe. El proceso lo asumió la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública.

3.11. A través de auto del 24 de junio de 2014, la Procuraduría Delegada pa ra la Economía y Hacienda Pública abrió investigación en contra de varias personas por los hechos denunciados, incluido Roberto Arias Aristizábal.

3.12. Roberto Arias Aristizábal nunca fue notificado de la apertura de la investigación. Pese a ello, la autoridad disciplinaria profirió su cierre y el 12 de noviembre de 2014 dictó el pliego de cargos en el que se indicó que había incurrido en la falta

Pese a ello, la autoridad disciplinaria profirió su cierre y el 12 de noviembre de 2014 dictó el pliego de cargos en el que se indicó que había incurrido en la falta disciplinaria prevista en el artículo 48.27 de la Ley 734 de 2002 al autorizar la inversión de recursos de INFIMANIZALES en la empresa de Transporte Integrado de Manizales TIM S.A.

3.13. El demandante se enteró de la existencia del proceso porque así se lo manifestó el exalcalde de Manizales Juan Manuel Llano y tiempo después de vencido el término para presentar descargos. Por tal razón, designó abogado defensor, pero la entidad no le notificó de los presuntos errores identificados en el poder ni del auto que negó el reconocimiento de personería y continuó el proceso con abogados de oficio.

3.14. Durante el desarrollo del proceso el abogado de oficio presentó descargos,4

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solicitó pruebas y recurrió su denegación. Asimismo, la autoridad disciplinaria en auto del 27 de enero de 2015 ordenó notificar a Roberto Arias Aristizábal para que rindiera versión libre, pero nunca se le notificó de esta decisión. Tampoco del auto que dispuso el traslado para presentar alegatos de conclusión.

auto del 27 de enero de 2015 ordenó notificar a Roberto Arias Aristizábal para que rindiera versión libre, pero nunca se le notificó de esta decisión. Tampoco del auto que dispuso el traslado para presentar alegatos de conclusión.

3.15. El 31 de mayo de 2016 , la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública profirió el acto sancionatorio de primera instancia mediante el cual declaró responsable disciplinariamente a Roberto Arias Aristizábal y lo sancionó con la destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

3.16. El disciplinado presentó el recurso de apelación contra tal decisión, lo que pudo hacer porque Juan Manuel Llano Uribe le contó de la existencia del proceso.

3.17. La entidad demandada confirmó la decisión con acto sancionatorio de segunda instancia del 5 de septiembre de 2017 que se notificó a l demandante por edicto fijado el 29 de ese mes y año.

3.18. Debido la sanción impuesta, Roberto Arias Aristizábal sufrió perjuicios por la afectación de su prestigio y buen nombre, rechazó ofertas de importantes empleos públicos por la inhabilidad, disminuyó sus ingresos y los de su familia lo que repercutió en la estabilidad familiar y matrimonial y en su estado de ánimo, pues padeció permanentemente de estados de depresión. Sus hijos y esposa se vieron afectados con tal perturbación en la convivencia familiar.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Se citaron como tales los artículos 15 y 29 de la Constitución Política; 4, 5, 6, 8,

afectados con tal perturbación en la convivencia familiar.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Se citaron como tales los artículos 15 y 29 de la Constitución Política; 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 43, 48, 92, 94, 128, 129, 141 y 142 de la Ley 734 de 2002; 138, 155, 161, 162 y 163 del CPACA; 5 y 16 del Acuerdo 292 de 1997 y tercero del Acuerdo 08 de 2010 expedido por la junta directiva de INFIMANIZALES.

5. En cuanto al concepto de violación, el demandante expuso los siguientes

argumentos:

5.1. Con la expedición de los actos administrativos sancionatorios se le vulneró el debido proceso porque no se le «citó» y notificó en debida forma el inicio del proceso disciplinario, tampoco se le permitió ejercer su derecho de defensa ni rendir versión libre, se desconoció la ritualidad del proceso disciplinario , se le negó el derecho a contar con un defensor de confianza al no haberle notificado de los problemas que padecía el poder presentado ni del auto que negó el reconocimiento de personería.

5.2. De igual manera, tal garantía constitucional se vulneró porque no se hizo una valoración integral de las pruebas y se tuvieron como ciertos hechos que no fueron probados, como la liquidación de la empresa de Transporte Integrado de Manizales TIM S.A. Además, no se tuvo en cuenta el oficio que la gerente de esta remitió a la nueva administración municipal en enero de 2012 en la que indicó que el sistema de transporte estaba listo para reiniciar actividades.

TIM S.A. Además, no se tuvo en cuenta el oficio que la gerente de esta remitió a la nueva administración municipal en enero de 2012 en la que indicó que el sistema de transporte estaba listo para reiniciar actividades.

5.3. Asimismo, se desconoció el debido proceso , el principio de legalidad y la interpretación de la ley disciplinaria, por cuanto se aplicó de modo errado el numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 al darse una inadecuada subsunción del5

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tipo disciplinario, pues se interpretó de forma forzada que « autorizar» era igual a «efectuar inversión» lo que fue errado porque «la mera autorización para la capitalización no encuadraba dentro del tipo disciplinario del numeral 27 del artículo 48 de la ley 734 del 2002» [sic]. En los actos demandados no se consideró que esta norma se refería a «la inversión de excedentes de liquidez » que se hace en carteras colectivas, TES, CDTS y en general en el mercado financiero, pero que no aplicaba en un caso de capitalización.

5.4. En igual sentido, la autoridad disciplinaria dio un alcance diferente del que contenían los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo 08 de 2010, pues para la capitalización autorizada en octubre de ese año «no se aplica[ba] la exigencia de un

contenían los numerales 1, 2 y 3 del artículo 3 del Acuerdo 08 de 2010, pues para la capitalización autorizada en octubre de ese año «no se aplica[ba] la exigencia de un estudio como lo está exigiendo la Procuraduría, sino que bastaba el amplio debate que se dio en la sesión de la Junta Directiva de INFIMANIZALES».

5.5. En el trámite disciplinario no se probó la ilicitud sustancial , se vulneraron los principios de necesidad de la prueba e imparcialidad en su búsqueda, puesto que no se desplegó una adecuada actividad probatoria y no se practicaron las pruebas decretadas.

5.6. También se violó el principio de culpabilidad al sancionarlo bajo el régimen de responsabilidad objetiva, pues no se demostró la existencia del dolo o de la culpa y tampoco existieron elementos de prueba que acreditaran la culpabilidad. Además, se le impuso una sanción desproporcionada al no efectuarse el análisis para su dosificación prevista en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002.

1.2. Contestación de la demanda6

6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensione s, con

fundamento en lo siguiente:

6.1. Los actos administrativos disciplinarios en sede judicial debían someterse a un juicio de validez y no de corrección. Por lo tanto, la existencia de diferencias interpretativas entre lo que se decidió en sede administrativa y lo que podría definir el juez no era una razón suficiente para invalidar la sanción.

6.2. Asimismo, en la valoración de las pruebas el juez debía limitarse a examinar la configuración de alguna de las causales establecidas por la jurisprudencia como

el juez no era una razón suficiente para invalidar la sanción.

6.2. Asimismo, en la valoración de las pruebas el juez debía limitarse a examinar la configuración de alguna de las causales establecidas por la jurisprudencia como vías de hecho.

6.3. La entidad trató de notificar al demandante del auto de apertura de la investigación, de su cierre y del pliego de cargos; no obstante, no fue posible lograr su comparecencia. Por tal razón, se le notificó por edicto y se designó como defensor de oficio un estudiante de Derecho en los términos que permitía n los artículos 93 y 165 de la Ley 734 de 2002.

6.4. El demandante no podía alegar la propia culpa a su favor, puesto que no era aceptable que no se hubiese puesto en contacto con la autoridad disciplinaria luego de saber que a su apoderado no se le había reconocido personería.

6 Índice 2, Samai archivo «4ED_RVENVIOEXPEDIENTEDIG(.pdf) NroActua 2 » folios 614 a 624 del expediente C1Bprincipal [5 a 24 del archivo PDF].6

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6.5. Se estructuraron los elementos de la responsabilidad disciplinaria, ya que se probó que el disciplinado ejerció como secretario de planeación de Manizales, que

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6.5. Se estructuraron los elementos de la responsabilidad disciplinaria, ya que se probó que el disciplinado ejerció como secretario de planeación de Manizales, que en tal calidad participó en la reunión en la que la junta directiva de INFIMANIZALES decidió capitalizar la empresa de Transporte Integrado de Manizales TIM S.A., que tal orden se dio sin contar con los estudios de viabilidad de la inversión, por lo que incurrió en la falta disciplinaria descrita en el artículo 43.28 de la Ley 734 de 2002 al disponer de la inversión sin que se garantizara la liquidez, seguridad, rentabilidad del mercado y beneficio social. Tal actuación vulneró los principios de economía y eficacia de la función pública.

6.6. La sanción que se impuso fue proporcional , por cuanto atendió el criterio de gravedad de la falta cometida y, además, correspondía a la menor que permitía el artículo 46 de la Ley 734 de 2002.

6.7. Dentro del proceso disciplinario el demandante pudo ejercer su derecho de defensa, puesto que desde que se le notificó el pliego de cargos pudo pedir y aportar pruebas las cuales fueron tenidas en cuenta al momento de proferirse los actos administrativos sancionatorios. De igual manera, en el pliego de cargos se identificó con claridad la conducta reprochada disciplinariamente, las normas infringidas y las razones de la imputación y las pruebas que la sustentaron.

6.8. El demandante no acreditó los perjuicios morales, toda vez que no probó haber sufrido aflicción por culpa de la decisión. Tampoco demostró la afectación a su patrimonio.

6.8. El demandante no acreditó los perjuicios morales, toda vez que no probó haber sufrido aflicción por culpa de la decisión. Tampoco demostró la afectación a su patrimonio.

1.3. La sentencia apelada7

7. Mediante sentencia proferida el 22 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la nulidad de los actos administrativos demandados , accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la PGN.

8. A título de restablecimiento del derecho condenó a la PGN a pagar por concepto de daño moral la suma equivalente a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes para Roberto Arias Aristizábal, y 30 para Silvia Luz D íaz Jaramillo, Alejandro Arias Díaz, Ricardo Arias Díaz y excluir a Roberto Arias Aristizábal del registro de sancionados. Negó las demás pretensiones.

9. La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

9.1. El debido proceso estableció dentro de las garantías procesales el principio de publicidad, en virtud del cual el investigado debía tener conocimiento de las actuaciones procesales para que pudiera ejercer su derecho de defensa. Dentro del proceso disciplinario, la materialización del principio se debió dar a través de la notificación, comunicación o publicación del inicio de la indagación preliminar, la apertura de la investigación disciplinaria y la decisión definitiva en los términos previstos en los artículos 100, 102 y 107 de la Ley 734 de 2002.

7 Índice 2, Samai archivo «4ED_RVENVIOEXPEDIENTEDIG(.pdf) NroActua 2 » folios 835 a 854 del

previstos en los artículos 100, 102 y 107 de la Ley 734 de 2002.

7 Índice 2, Samai archivo «4ED_RVENVIOEXPEDIENTEDIG(.pdf) NroActua 2 » folios 835 a 854 del expediente C1Bprincipal [248 a 285 del archivo PDF].7

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9.2. Así, en primer lugar, a la PGN le correspondía agotar el trámite de la notificación personal con el envío de la citación al demandante para que acudiera dentro de los 8 días siguientes a ser notificado [artículo 107] y solo ante la imposibilidad de efectuarse este procedimiento procedí a la notificación por edicto. Asimismo, a la autoridad disciplinaria le incumbía dejar dentro del expediente la constancia del envío de la comunicación que demostrara «de manera suficiente, fehaciente y fidedigna […] la imposibilidad de haber practicado la notificación personal », toda vez que no era posible acudir de forma directa al edicto y la sola existencia de este no permitía presumir que fuera imposible hacer la notificación personal.

9.3. En el proceso disciplinario se probó que no se había agotado el trámite de la notificación personal respecto de Roberto Arias Aristizábal , puesto que dentro del expediente no se encontró la constancia del envío de los oficios de citación para

9.3. En el proceso disciplinario se probó que no se había agotado el trámite de la notificación personal respecto de Roberto Arias Aristizábal , puesto que dentro del expediente no se encontró la constancia del envío de los oficios de citación para que acudiera a ser notificado de la indagación preliminar, la apertura de la investigación y del pliego de cargos. Tampoco se halló evidencia de que e l disciplinado los hubiese recibido. Pese a ello , la PGN notificó estas últimas dos decisiones mediante edicto , con lo que contrarió el artículo 107 de la Ley 734 de 2002.

9.4. Dentro del proceso también se acreditó que Roberto Arias Aristizábal solo tuvo conocimiento del trámite disciplinario adelantado en su contra después de que se profirió el pliego de cargos [12 de noviembre de 2014], ya que su primera intervención ocurrió el 16 de abril de 2015 con la designación de su defensor de confianza. Por lo tanto, era cierto qu e solo se enteró de la actuación cuando el exalcalde de Manizales quien también estaba siendo investigado, Juan Manuel Llano Uribe, se lo comentó. Con ello y con la evidencia de que nunca se le remitieron las citaciones para la notificación personal, se demostró que al momento en que conoció del proceso disciplinario ya no podía ejercer su derecho de defensa al haber vencido el término para presentar alegatos y solicitar pruebas.

9.5. La PGN ordenó asignarle al disciplinado un abogado de oficio ante su falta de comparecencia al proceso y fue a quien se le notificó el pliego de cargos. No obstante, el auto que lo decretó dispuso la citación del demandante a rendir versión

comparecencia al proceso y fue a quien se le notificó el pliego de cargos. No obstante, el auto que lo decretó dispuso la citación del demandante a rendir versión libre, pero tampoco se le notificó de esta decisión.

9.6. La entidad pasó por alto que Roberto Arias Aristizábal ya había elegido defensor de confianza, puesto que las notificaciones del proceso continuaron enviándose al abogado de oficio.

9.7. Todo lo anterior implicó el desconocimiento de l principio de publicidad y, por lo tanto, del debido proceso del disciplinado, pues la falta de agotamiento del trámite de la notificación personal que ordenó el artículo 107 de la Ley 734 de 2002 «truncó los derechos a designar un defensor de confianza, ser oído en versión libre, solicitar o aportar pruebas y rendir descargos, elementos que constituyen expresas prerrogativas del investigado dentro de la actuación disciplinaria, a voces del artículo 92 numerales 2, 3, 4 y 5 de la Ley 734 de 2002». Tal vulneración no fue simplemente formal, por el contrario, tuvo el carácter de sustancial al impedir el ejercicio de tales derechos.

9.8. Sobre los perjuicios morales: la sanción afectó la imagen y el buen nombre de Roberto Arias Aristizábal por el cargo que ocupaba y por el contexto social del que hacía parte y generó desasosiego, tristeza y alejamiento social, máxime cuando la8

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noticia de la sanción fue divulgada por los medios de comunicación.

9.9. El daño moral fue probado con las declaraciones de Fabio Alberto Aristizábal Gómez, Carlos Eduardo Vásquez Botero y Juan Manuel Llano Uribe, quienes manifestaron que luego de la decisión Roberto Arias Aristizábal se aisló socialmente debido a su estado anímico. Aunque el primer testigo fue tachado por ser familiar del disciplinado, tal condición no impedía la valoración de su declaración, puesto que el objeto de esta requería precisamente la cercanía al núcleo familiar.

9.10. Por la afectación social y familiar y por haber sido impuesta una sanción grave correspondía reconocer al disciplinado como reparación la suma equivalente a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para su familia conformada por Silvia Luz Díaz Jaramillo, Alejandro Arias Díaz, Ricardo Arias Díaz debía reconocerse 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes por haber sido el impacto de la sanción menor.

9.11. Sobre el lucro cesante: este perjuicio debió probarse. En el caso presente, aunque la sanción limitó su campo de acción como ingeniero civil no se aportó prueba que diera cuenta que debió rechazar ofertas laborales o q ue se le impidió por la sanción participar de procesos contractuales aptos para su perfil. Por el

aunque la sanción limitó su campo de acción como ingeniero civil no se aportó prueba que diera cuenta que debió rechazar ofertas laborales o q ue se le impidió por la sanción participar de procesos contractuales aptos para su perfil. Por el contrario, Carlos Eduardo Vásquez Botero declaró que se dedicó a la construcción de condominios privados.

9.12. Sobre las «disculpas públicas »: dentro del proceso no se demostró que la sanción impuesta hubiese sido difundida en medios de comunicación locales o nacionales. Además, la nulidad fue declarada por defectos en el trámite del proceso ordinario y no se abordó el estudio de las razones que llevaron a estudiar la procedencia de la sanción. Por lo tanto, no era procedente ordenar «las disculpas».

9.13. Con fundamento en el artículo 188 del CPACA era procedente la condena en costas en el equivalente «al 3% de la condena» a cargo de la entidad demandada, en virtud de l artículo 5 .1 del Acuerdo PSAA16 -10544 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

1.4. El recurso de apelación8

10. La Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación y expuso como argumentos para la revocatoria de la sentencia los siguientes:

10.1. Dentro del expediente existía prueba que demostraba que a Roberto Arias Aristizábal se le «comunicó» el cierre de la investigación disciplinaria mediante oficio del 20 de octubre de 2014 enviado a la dirección suministrada por la alcaldía de

10.1. Dentro del expediente existía prueba que demostraba que a Roberto Arias Aristizábal se le «comunicó» el cierre de la investigación disciplinaria mediante oficio del 20 de octubre de 2014 enviado a la dirección suministrada por la alcaldía de Manizales en el Oficio S.S.A. - GH-0518 del 23/07/2014 [Carrera 28 D N.° 71-52] y de cuyo envío reposaban en el expediente las pruebas. Por lo tanto, lo afirmado en la sentencia de primera instancia , en el sentido de que la primera intervención del demandante fue el 16 de abril de 2015 cuando designó defensor, era falso.

10.2. No obstante, se probó que el demandante tuvo conocimiento del proceso

8 Índice 2, Samai archivo «4ED_RVENVIOEXPEDIENTEDIG(.pdf) NroActua 2 » folios 857 a 859 del expediente C1Bprincipal [289 a 293 del archivo PDF].9

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Demandante: Roberto Arias Aristizábal y otros

disciplinario desde el 16 de abril de 2015, antes de que se profiriera el acto sancionatorio de primera instancia el 31 de mayo de 2016, por lo que pudo ejercer su derecho «promoviendo el correspondiente incidente de nulidad por indebida notificación de la apertura de la investigación y del pliego de cargos».

10.3. Ello, puesto que las nulidades procesales se establecieron para corregir el

su derecho «promoviendo el correspondiente incidente de nulidad por indebida notificación de la apertura de la investigación y del pliego de cargos».

10.3. Ello, puesto que las nulidades procesales se establecieron para corregir el rumbo de los procesos como la alegada en la demanda. En ese sentido, «la supuesta vulneración del debido proceso y del derecho de defensa y de contradicción se materializó por propia voluntad del disciplinado que