CE - Sentencia 17001233300020180013002 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023)

Demandante: Beatriz Quintero Jurado

Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez de la República. Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: prescripción del derecho a l reconocimiento y pago de la prima especial y a la reliquidación de prestaciones con el 100% de la remuneración mensual. Subtema 2: aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de aportes.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces el 12 de julio de 2022, corregida a través de providencia del 9 de agosto del mismo año , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

a través de providencia del 9 de agosto del mismo año , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Beatriz Quintero Jurado, en calidad de cónyuge supérstite del señor Ignacio Giraldo Jaramillo, quien fungió como juez de la República, solicita la reliquidación de las prestaciones con el 100% de la remuneración mensual y el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico , desde el 1 de enero de 1993 hasta el 3 de abril de 1994.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 20 de octubre de 2017 1, la señora Beatriz Quintero Jurado, en calidad de cónyuge supérstite del señor Ignacio Giraldo J aramillo, por conducto de apoderad o, presentó demanda en ejercicio del medio de control de

1 Samai, índice 02, documento ED_ONEDRIVE_1_622023(.zip), archivo 01Cuaderno1, pág. 69.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023) Demandante: Beatriz Quintero Jurado Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración judicial

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2 nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación – Dirección Ejecutiva

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2 nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMAR17-446 de 11 de mayo de 2017, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó a la señora Beatriz Quintero Jurado, en calidad de cónyuge supérstite del señor Ignacio Giraldo J aramillo, el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, así como la reliquidación del salario básico y las respectivas prestaciones sociales. (ii) Declarar que se configuró el silencio administrativo negativo, por la no resolución dentro del término previsto por ley, del recurso de apelación interpuesto contra el acto administrativo anterior. (iii) Declarar la nulidad del acto ficto originado por el silencio administrativo negativo en mención. (iv) Ordenar a la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reconocer y pagar a favor de la accionante la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, del 1 de enero de 1993 al 3 de abril de 1994, periodo en el que el señor Ignacio Giraldo Jaramillo, cónyuge de la señora Beatriz Quintero Jurado , laboró como juez de la República;

de abril de 1994, periodo en el que el señor Ignacio Giraldo Jaramillo, cónyuge de la señora Beatriz Quintero Jurado , laboró como juez de la República; además de la reliquidación de l salario básico , las prestaciones sociales , las cesantías e intereses a las cesantías, teniendo como base para la liquidación el 100% del sueldo básico mensual, con la inclusión del 30% de la asignación básica como prima especial. (v) Condenar a la entidad accionada a pagar las diferencias que resulten desde el 1 de enero de 1993 hasta el 3 de abril de 1994 , por concepto de salario básico; prima especial; cesantías e intereses a las cesantías, vacaciones, primas de vacaciones, primas de navidad, primas de nivelación, primas de servicios y bonificaciones por descongestión. (i) Ordenar a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas , de conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA); y pague los intereses moratorios a que haya lugar, de acuerdo con el artículo 192 ibidem. (ii) Condenar en costas a la parte accionada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante expuso, en

síntesis, lo siguiente:

(i) El señor Ignacio Giraldo J aramillo, cónyuge de la señora Beatriz Quintero Jurado, prestó servicios como juez de la República del 9 de agosto de 1972 al 3 de abril de 1994 y se acogió al régimen salarial previsto en el Decreto 57 de 1993.

Jurado, prestó servicios como juez de la República del 9 de agosto de 1972 al 3 de abril de 1994 y se acogió al régimen salarial previsto en el Decreto 57 de 1993.

(ii) Desde el 1 de enero de 1993 y hasta la fecha de desvinculación, la entidad redujo el salario básico en un 30% para darle la denominación de prima especial,

2 Samai, índice 02, documento ED_ONEDRIVE_1_622023(.zip), archivo 01Cuaderno1, págs. 4 a 67.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023) Demandante: Beatriz Quintero Jurado Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración judicial

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3 y omitió incluir como factor salarial de las prestaciones sociales el 30% correspondiente a la prima especial de servicios.

(iii) El 21 de abril de 2017 le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales el reconocimiento y pago de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y la reliquidación de l salario y de las prestaciones sociales con la inclusión del 30% extraído de la asignación básica , así como la adición del 30% adicional que sí corresponde a prima especial.

(iv) Mediante la Resolución DESAJMAR17-446 de 11 de mayo de 2017 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales , se

así como la adición del 30% adicional que sí corresponde a prima especial.

(iv) Mediante la Resolución DESAJMAR17-446 de 11 de mayo de 2017 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales , se negó la solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial y la reliquidación del salario y las prestaciones.

(v) El 5 de junio de 2017, l a accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión, el cual fue concedido a través de la Resolución DESAJMAR17-583 del 14 de junio de 2017. No obstante, a la fecha de presentación de la demanda no se había resuelto de fondo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, preámbulo y artículos 53 y 150 (numeral 19 literal e); Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; y Decretos 57 de 1993, artículos 2 y 12, y 110 de 1993, artículo 2.

4. Afirmó que la entidad accionada aplicó incorrectamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, toda vez que, a partir del 1 de enero de 1993, en lugar de efectuar a favor del señor Ignacio Giraldo Jaramillo el incremento del salario correspondiente al 30% por concepto de prima especial, lo redujo de la asignación básica como factor salarial, en igual porcentaje. Lo anterior, conllevó a la liquidación de las prestaciones (incluidas las cesantías) sobre el 70% del salario básico, y no en un 100% como correspondía.

5. Relató que la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, mediante sentencia

las cesantías) sobre el 70% del salario básico, y no en un 100% como correspondía.

5. Relató que la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de abril de 2014, precisó la naturaleza jurídica de la prima especial, en el sentido de indicar que se trata de un concepto adicional a la asignación mensual que recibe el servidor público; y, por lo tanto, tiene carácter salarial.

6. Manifestó que los actos administrativos acusados se profirieron con violación de las normas en las cuales debieron fundarse, porque no tuvieron en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios es un valor adicional al salario, por lo que no era viable tomar un 30% de la remuneración mensual para considerarlo prima.

2.2. Contestación de la demanda

7. La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso la s excepciones de «integración del litisconsorcio necesario; prescripción; y ausencia de causa petendi». Adujo que la prima especial de servicios , por mandato expreso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , no tiene carácter salarial. Dicho criterio fue confirmado por la Corte Constitucional, quien en sentencia C -279 de 1993, declaró la exequibilidad delRadicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023) Demandante: Beatriz Quintero Jurado Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración judicial

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4 aparte «sin carácter salarial» que prevé taxativamente la norma3.

8. Resaltó que la Sala de Conjueces del Consejo de Estado , mediante sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los decretos salariales expedidos en los años 1993 a 2007, a través de los cuales se reglamentó la prima especial de servicios; pero, no se pronunció acerca de las disposiciones contenidas en los decretos posteriores, esto es, de 2008 a 2014, por lo que son de obligatorio cumplimiento.

9. En el mencionado fallo, se concluyó que la prima especial de servicios debe reconocerse como una retribución adicional en el equivalente al 30% del valor fijado en los decretos anuales por el Gobierno nacional como salario básico, para los cargos beneficiarios de esta; sin haberse pronunciado sobre su carácter salarial.

10. Señaló que, por lo anterior, la prima especial no puede tenerse en cuenta como factor para la liquidación y pago de las primas, vacaciones, bonificaciones y cesantías e intereses de las cesantías.

11. Relató que, conforme con el criterio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el fallo del 29 de abril de 2014 no era un título constitutivo del gasto; razón por la cual no era posible que la administración judicial aplicara de oficio la sentencia, o modificara con fundamento en ella la forma como se liquida la prima especial y las prestaciones sociales.

la cual no era posible que la administración judicial aplicara de oficio la sentencia, o modificara con fundamento en ella la forma como se liquida la prima especial y las prestaciones sociales.

12. Advirtió que , si en gracia de discusión , se accede a las pretensiones de la demanda, la entidad está impedida para generar o disponer los reconocimientos y pagos de nivelaciones salariales o prestacionales, toda vez que no cuenta con la respectiva disponibilidad presupuestal.

2.3. Sentencia de primera instancia

13. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia dictada el 12 de julio de 20224, corregida a través de providencia del 9 de agosto del

mismo año5, resolvió lo siguiente:

[…]

SEGUNDO: Declárese IMPRÓSPERAS parcialmente las excepciones de (i). integración de litis consorcio necesario, (ii). ausencia de causa petendi e (iii ).

Innominada, y por tanto DECLARAR la NULIDAD de los actos administrativos acusados; A). resolución DESAJMAR17 -446 de 11 de mayo de 2017 y B). el acto administrativo ficto presunto negativo, derivado de la renuencia de la demandada en resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del acto administrativo que negó la petición inicial”6.

TERCERO: Se declara la PROSPERIDAD de la excepción “prescripción extintiva del derecho laboral” y en consecuencia la ocurrencia de este fenómeno sobre todo el periodo reclamado —1 de enero de 1993 y hasta el 3 de abril de 1994—.

derecho laboral” y en consecuencia la ocurrencia de este fenómeno sobre todo el periodo reclamado —1 de enero de 1993 y hasta el 3 de abril de 1994—.

3 Samai, índice 02, documento ED_ONEDRIVE_1_622023(.zip), archivo 02Cuaderno1, págs. 91 a 116. 4 Samai, índice 02, documento ED_ONEDRIVE_1_622023(.zip), archivo 48Sentencia008de12Julio2022. 5 Samai, índice 02, documento ED_ONEDRIVE_1_622023(.zip), archivo 56CorrigeSentencia008. 6 Ordinal corregido, mediante providencia del 9 de agosto de 2022.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023) Demandante: Beatriz Quintero Jurado Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración judicial

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CUARTO: DECLARAR que la prima especial de servicios que reclama, constituye FACTOR SALARIAL únicamente respecto a la pensión de jubilación y, en consecuencia; se ORDENA a la demandada reliquidar los aportes a pensión realizados para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 al 3 de abril de 1994 (sic), teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial y tomando como base el 100% del salario base devengado y no el 70% como se hizo y consignarlos al fondo de pensiones.

[…]

SEXTO: NO CONDENAR en costas de ninguna clase.

[…].

salario base devengado y no el 70% como se hizo y consignarlos al fondo de pensiones.

[…]

SEXTO: NO CONDENAR en costas de ninguna clase.

[…].

14. Adujo que de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, el señor Ignacio Giraldo Jaramillo laboró al servicio de la Rama Judicial desempeñando el cargo de juez de la República desde el 9 de agosto de 1972 hasta el 3 de abril de 1994, y de acuerdo con el análisis efectuado, es claro que de su salario fue deducido el valor de la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Por ende, la parte accionante tiene derecho al reconocimiento de la prima en mención y a la reliquidación del salario y las prestaciones sociales, teniendo en cuenta como base de liquidación el 100% de la asignación básica y no el 70% como lo hizo la entidad accionada; asimismo, al pago de las diferencias adeudadas.

15. Sostuvo que en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, se definió que para declarar el fenómeno de la prescripción se requiere, en primer lugar, que el derecho sea exigible; razón por la cual es necesario conocer el momento en el que se consolidó; a su vez, se debe tener claridad en cuanto a l instante en el que se interrumpió la prescripción para , desde entonces , contar 3 años hacia atrás y reconocer como pendiente por pagar solo los 3 años anteriores a la interrupción. Dicha providencia concluyó, además, que la constitución del derecho a la prima especial de servicios se

prescripción para , desde entonces , contar 3 años hacia atrás y reconocer como pendiente por pagar solo los 3 años anteriores a la interrupción. Dicha providencia concluyó, además, que la constitución del derecho a la prima especial de servicios se predica a partir de la entrada en vigor de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición que la reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993.

16. Aclaró que el anterior fallo modificó la consideración expuesta en la providencia del 29 de abril de 2014, en el sentido de precisar que la contabilización del término de prescripción debe atender lo previsto en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, y no la fecha en que cobró ejecutoria la sentencia del 2014.

17. Indicó que, en atención al precedente —sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019—, como la reclamación administrativa, en el asunto particular, se presentó el «27 de abril de 2017 », y el derecho reclamado se causó entre el 1 de enero de 1993 y el 3 de abril de 1994 , es claro que se configuró la prescripción . En consecuencia, no puede accederse al pago pretendido por la accionante —prima especial de servicios, reliquidación de salario , prestaciones sociales, ce santías e intereses de cesantías—.

18. Señaló que como la prima especial es factor salarial para efectos del cálculo de aportes a pensión y sobre estos aportes no opera la prescripción , según lo haRadicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023)

Demandante: Beatriz Quintero Jurado

aportes a pensión y sobre estos aportes no opera la prescripción , según lo haRadicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023) Demandante: Beatriz Quintero Jurado Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración judicial

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6 estudiado el Consejo de Estado 7, la demandada debe reajustar las cotizaciones teniendo en cuenta la prima especial de servicios como factor salarial y sobre el 100% del salario básico , y, por ende, consignar al fondo de pensiones las diferencias no pagadas durante el periodo reclamado —1 de enero de 1993 al 3 de abril de 1994—.

19. Precisó que no se condenaría en costas a la parte demandada, toda vez que no se evidenció que haya actuado con mala fe o maniobras dilatorias dentro d el trámite judicial.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones8.

20. Señaló que, a partir del mes de abril de 2021 , con ocasión del Decreto 272 de 2021, la entidad procedió al pago de la prima especial del 30% como valor adicional al salario básico, de sus empleados . No obstante, es inviable cancelar las obligaciones por dicho concepto, causadas antes de l 1 de enero de 2021, comoquiera que no se

salario básico, de sus empleados . No obstante, es inviable cancelar las obligaciones por dicho concepto, causadas antes de l 1 de enero de 2021, comoquiera que no se cuenta con la aprobación presupuestal para el efecto, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

21. Precisó que la entidad ha adelantado algunas gestiones ante l a Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se convoque a una mesa interinstitucional, para reconocer y conciliar los derechos derivados de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, dictada por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, esto es, el pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y la consecuente reliquidación de prestaciones sociales.

22. Solicitó, en relación con el tema de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, que se declare la prescripción, toda vez que la no aplicación de esta figura en el fallo de primera instancia desconoce no solo límites presupuestales, sino temporales; por cuanto se reconoce «una acreencia que por el paso del tiempo debió cesar».

2.4.2. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, específicamente en lo relacionado a la decisión de declarar probada la prescripción extintiva del derecho. Pidió que la decisión se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda9.

23. Afirmó que el fallo impugnado y la sentencia de «unificación» SUJ-016-CE-S2derecho. Pidió que la decisión se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda9.

23. Afirmó que el fallo impugnado y la sentencia de «unificación» SUJ-016-CE-S22019 del 2 de septiembre de 2019 dictada por la Sala de Conjueces, desconocieron la sentencia de unificación del 4 de agosto de 201010, proferida por el Consejo de Estado, en la que se estableció que el término de prescripción comienza a contabilizarse a

7 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Rad. 08001-23-33-000-2013-00763-01 (1309-15), M.P. William Hernández Gómez. 8 Samai, índice 02, documento ED_ONEDRIVE_1_622023(.zip), archivo 52RecursoApelSentenciaDemandada. 9 Samai, índice 02, documento ED_ONEDRIVE_1_622023(.zip), archivo 60RecursoApelSentencia. 10 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2005-05159-01 (0130-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023) Demandante: Beatriz Quintero Jurado Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración judicial

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 partir del momento en el que el derecho laboral se hace exigible.

24. Indicó que no es viable jurídicamente demandar la prima especial del 30% desde el año 1993, pues todos los decretos salariales que la reglamentaron gozaban de la presunción de legalidad, por lo que se presumían válidos mientras no se hubieran demandado. Dicha presunción fue desvirtuada a partir de la sentencia del 29 de abril de 2014, que decretó la nulidad de dichos decretos.

25. Sostuvo que, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 no consideró la legalidad de la cual gozaban los decretos salariales de la Rama Judicial, la cual fue desvirtuada en la providencia proferida el 29 de abril de 2014. Además, no cumplió con la carga argumentativa necesaria, que permit iera acreditar los requisitos de transparencia y suficiencia exigidos por la Corte Constitucional, respecto al momento de la exigibilidad del derecho a la prima especial de servicios y el conteo de la prescripción.

26. Alegó que con la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014 surgió un hecho nuevo que permite la contabilización del término de prescripción , acorde con la interpretación del artículo 2535 del Código Civil11.

27. Señaló que, en el presente asunto, como el derecho reclamado nació el 22 de julio de 2014, fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia dictada el 29 de abril de

27. Señaló que, en el presente asunto, como el derecho reclamado nació el 22 de julio de 2014, fecha en la que quedó ejecutoriada la sentencia dictada el 29 de abril de 2014 y la reclamación administrativa se presentó el 21 de abril de 2017, habiéndose radicado la demanda el 2 de abril de 2018, no se configuró la prescripción trienal declarada en la sentencia de primera instancia.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

28. Mediante auto del 26 de agosto de 2024 , se admiti eron los recursos de apelación interpuesto s por la s partes; y se prescindió del traslado para alegar de conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron pruebas en segunda instancia12.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

29. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

30. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala procede a resolver

los siguientes problemas jurídicos:

31. ¿Se configuró la prescripción extintiva de los derechos reclamados por la señora

11 «La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible».

11 «La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible». 12 Samai, índice 08.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023) Demandante: Beatriz Quintero Jurado Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Beatriz Quintero Jurado, esto es, el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios, y la reliquidación de las prestaciones sociales causadas por su cónyuge supérstite, el señor Ignacio Giraldo Jaramillo, durante el periodo del 1 de enero de 1993 al 3 de abril de 1994, cuando se desempeñó como juez de la República?

32. ¿Se configuró la prescripción de los aportes a pensión por concepto de la prima especial de servicios y, de la diferencia salarial del 30% de la asignación básica correspondiente a dicha prima especial, causados por el señor Ignacio Giraldo Jaramillo, durante el tiempo en que era beneficiario de dicho emolumento en calidad de juez de la República, esto es, del 1 de enero de 1993 al 3 de abril de 1994?

33. ¿Procede el reconocimiento y pago de los anteriores aportes a pensión, pese a que la entidad accionada alega la imposibilidad presupuestal para dar cumplimiento a orden impuesta en la sentencia proferida en primera instancia?

33. ¿Procede el reconocimiento y pago de los anteriores aportes a pensión, pese a que la entidad accionada alega la imposibilidad presupuestal para dar cumplimiento a orden impuesta en la sentencia proferida en primera instancia?

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

34. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de trib unales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

35. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199313 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…).

36. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14

13 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00130-02 (1297-2023) Demandante: Beatriz Quintero Jurado Demandado: Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración judicial

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9 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las

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9 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones14, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

37. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a