CE - Sentencia 17001233300020180013402 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00134-02 (7254-2023)

Demandante: Laura María Botero Moreno

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: prescripción de obligaciones salariales, artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969. Sentencia SUJ016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Subtema 2: irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los aportes pensionales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la s partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de C aldas, Sala de Conjueces , el 14 de diciembre de 2022, que declaró la prescripción extintiva del periodo reclamado y negó el restablecimiento del derecho.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Laura María Botero Moreno, en condición de juez municipal, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 4 de la Ley 4 de 1992,

del derecho.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Laura María Botero Moreno, en condición de juez municipal, solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 4 de la Ley 4 de 1992, en un porcentaje equivalente al 30% del salario básico mensual, así como la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100% de la remu neración mensual. El tribunal declaró la prescripción extintiva de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968. La demandante interpuso recurso de apelación en el que alegó que no había lugar a declarar la prescripción de los derechos , toda vez que los mismos surgieron con la expedición de la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Laura María Botero Moreno , mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 2 de abril de

2018, con las siguientes1:

1 Samai, índice 2. Archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00134-02 (7254-2023)

Demandante: Laura María Botero Moreno

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 2.1.1. Pretensiones

(i) Revocar y dejar sin efectos la Resolución DESAJMAR17 -420 del 8 de mayo de 2017, expedida por el director ejecutivo seccional de administración judicial de Manizales (Caldas), mediante la cual negó el reconocimiento y pago de la prima especial equivalente a l 30% adicional al salario básico, así como la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100% de la asignación básica.

(ii) Declarar que operó el silencio administrativo negativo como consecuencia de la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior.

(iii) Revocar y dejar sin efectos el acto ficto o presunto derivado de la configuración del silencio administrativo negativo.

(iv) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reliquidar la remuneración mensual de la actora a partir del 1 de enero de 1993, hasta la fecha de retiro (31 de abril de 2011), con la inclusión del 30% de la prima especial de servicio como incremento del salario básico.

(v) Condenar a la entidad demandada a reliquidar las cesantías e intereses de las cesantías causados desde el año 1993 y hasta el 2011 por haberse acogido al nuevo régimen salarial y prestacional previsto en los decretos 57 y 110 de

1993. Asimismo, reliquidar las vacaciones, primas de vacaciones, primas de navidad, primas de nivelación, primas de servicios, bonificaciones por

al nuevo régimen salarial y prestacional previsto en los decretos 57 y 110 de

1993. Asimismo, reliquidar las vacaciones, primas de vacaciones, primas de navidad, primas de nivelación, primas de servicios, bonificaciones por descongestión, bonificaciones por servicios, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de agosto de 2011, incluidos los pagos laborales del mes de octubre de 2011.

(vi) Reconocer y pagar las diferencias que resulten a favor de la actora por las reliquidaciones solicitadas desde el 1 de enero de 1993 al 31 de octubre de 2011.

(vii) Ordenar a la entidad demandada a que actualice las sumas adeudadas de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y que reconozca los intereses de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente2:

(i) Estuvo vinculada a la Rama Judicial como juez municipal, desde el 9 de marzo de 1973 hasta del 31 de agosto de 2011.

2 Samai, índice 2. Archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00134-02 (7254-2023)

Demandante: Laura María Botero Moreno

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3 (ii) Se acogió al régimen salarial y prestacional establecido en los decretos 57 y 110 de 1993.

(iii) Mediante Resolución 1168 del 5 de noviembre de 1993, expedida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Caldas, le fueron reconocidas las cesantías parciales acumuladas a 31 de diciembre de 1992, de conformidad con los decretos 57 y 110 de 1 993, por haberse acogido a dicho régimen salarial y prestacional. En consecuencia, dejó de regirse por el sistema de liquidación de cesantías con base en el régimen de retroactividad.

(iv) El 17 de abril de 2017, le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales el reconocimiento, reliquidación y pago de su remuneración mensual con la inclusión de la prima especial, así como la reliquidación de las presta ciones sociales y demás emolumentos percibidos en calidad de juez por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 2011, incluidas las cesantías acumuladas a 31 de diciembre de 1992.

(v) Mediante Resolución DESAJMAR17 -420 del 8 de mayo de 2017, el director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Manizales (Caldas) negó el reconocimiento y pago de la prima especial equivalente al 30% adicional del salario básico, así como la reliquidación las prestaciones sociales.

director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Manizales (Caldas) negó el reconocimiento y pago de la prima especial equivalente al 30% adicional del salario básico, así como la reliquidación las prestaciones sociales.

(vi) El 24 de mayo de 2017, la demandante interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, respecto del cual la administración no se pronunció, por lo que operó el silencio administrativo negativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, preámbulo y artículos 4, 53 y 150, numeral 19, literal e ; Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; Decreto 57 de 1993, artículos 2 y 12 y Decreto 110 de 1993, artículo 2.

4. En el concepto de violación, la parte actora manifestó que los actos administrativos interpretaron erróneamente los artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992, al reducir en 30 % el salario básico, lo que repercutió negativamente en el cálculo de las prestaciones sociales y demás derechos laborales. Lo anterior, por que la base de liquidación únicamente tuvo en cuenta el 70% de la remuneración.

5. Asimismo, alegó que los actos acusados vulneraron l os principios de progresividad y de favorabilidad, en la medida en que desmejorar on los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos de la Rama Judicial.

2.2. Contestación de la demanda

6. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso

prestaciones sociales de los servidores públicos de la Rama Judicial.

2.2. Contestación de la demanda

6. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «prescripción, ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido e innominada». Manifestó que existen dos regímenes salariales en la Rama Judicial y que la demandante pertenece al del personal acogido.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00134-02 (7254-2023)

Demandante: Laura María Botero Moreno

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7. En punto al carácter salarial de la prima especial , señaló que fue la Ley 4 de 1992 la que dispuso que dicho emolumento no tendría esa connotación.

8. Explicó que mediante sentencia d el 2 de septiembre de 2019 proferida en el expediente con radicado 2016 -00041-02, el Consejo de Estado, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda consideró que en aplicación de los decretos anuales de salario, la administración equivocadamente tuvo el 30% del salario como prima especial sin carácter salarial de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y, por tanto, liquidó las prestaciones sociales y los emolumentos laborales sobre el 70% de la remuneración.

9. En relación con el reconocimiento de la prima especial correspondiente a las

de 1992 y, por tanto, liquidó las prestaciones sociales y los emolumentos laborales sobre el 70% de la remuneración.

9. En relación con el reconocimiento de la prima especial correspondiente a las vigencias 1993 a 20 11, manifestó que operó el fenómeno de la prescripción trienal, habida cuenta que la reclamación administrativa fue presentada el 17 de abril de 2017, esto es, 8 años después de retirarse de la entidad3.

2.3. Sentencia de primera instancia

10. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia

dictada el 14 de diciembre de 20224, resolvió:

«PRIMERO: Declárase la nulidad de la RESOLUCIÓN No DESAJMAR17-420 del 8 de Mayo de 2017, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales y del acto ficto negativo que surgió de frente al recurso de apelación interpuesto.

SEGUNDO: Declárese NO PROBADA la excepción de ausencia de causa petendi, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declárese PROBADA excepción de prescripción sobre todos los periodos reclamados por la parte actora, en consecuencia, se NIEGA el restablecimiento del derecho.

CUARTO: NO CONDENAR a la demandada al pago de AGENCIAS EN DERECHO conforme se dijo en la parte considerativa de esta demanda.

[…]»

11. Como sustento de lo anterior, explicó que en el expediente obra prueba de la reducción de la remuneración básica con motivo del pago de la prima especial en cuantía equivalente al 30% de esa base, cuando la demandante se desempeñó como

11. Como sustento de lo anterior, explicó que en el expediente obra prueba de la reducción de la remuneración básica con motivo del pago de la prima especial en cuantía equivalente al 30% de esa base, cuando la demandante se desempeñó como juez de la República, por lo tanto, tiene derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100% del sueldo mensual.

12. Advirtió que el término de prescripción de los derechos laborales reclamados es de tres años, contados a partir de su exigibilidad, y como en el presente caso la petición se presentó el 17 de abril de 2017, el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 20 11 se encuentra afectado por el fenómeno prescriptivo ,

3 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, archivo 05. Contestación Demanda. 4 Índice 2 del Samai, archivo ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2, archivo 14. Sentencia.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00134-02 (7254-2023)

Demandante: Laura María Botero Moreno

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5 motivo por el cual no puede ordenarse su pago.

2.4. Recurso de apelación

13. La demandante solicitó que se revoque la declaración de prescripción extintiva al considerar que desconoce la sentencia del 4 de agosto de 2010 , dictada en el

2.4. Recurso de apelación

13. La demandante solicitó que se revoque la declaración de prescripción extintiva al considerar que desconoce la sentencia del 4 de agosto de 2010 , dictada en el expediente 0230 -08, según la cual la regla de «unificación» jurisprudencial para identificar el momento de exigibilidad del derecho y el conteo de la prescripción surge cuando se crea una expectativa legítima de reliquidación con motivo de una decisión judicial anulatoria.

14. Manifestó que la sentencia objeto de recurso, así como la providencia SUJ-016CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019 desconocen que la presunción de legalidad de los actos administrativos se mantuvo hasta el 29 de abril de 2014, cuando fue desvirtuada por la autoridad judicial. En ese orden, estimó que es un imposible lógicojurídico exigirle a los administrados haber interrumpido la prescripción trienal desde la entrada en vigor del Decreto 57 del 7 de enero de 1993.

15. También desconocen el precedente judicial y las providencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado, en las cuales se indicó que el juez tiene el deber de aplicar las normas favorables sobre prescripción.

16. Para reforzar la tesis sobre el conteo «favorable» de la prescripción, citó sentencias de esta corporación que resolvieron favorablemente la pretensión de reliquidación de las prestaciones de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en lo efectivamente devengado en moneda extranjera, derecho que surgió a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la inexequibilidad del Decreto Ley 10 de 1992.

Exteriores, con base en lo efectivamente devengado en moneda extranjera, derecho que surgió a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la inexequibilidad del Decreto Ley 10 de 1992.

17. A partir de lo anterior, afirmó que se vulneró el derecho a la igualdad y al debido proceso, porque, a su juicio, existe un mismo supuesto fáctico que es decidido de manera diferente, dado que en el caso de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores la prescripción se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la inexequibilidad del decreto que imponía la liquidación conforme con el salario en pesos, mientras que, para los servidores de la Rama Judicial se cuenta a partir de la reclamación, sin atender la fecha de ejecutoria de las sentencias de nulidad que son constitutivas del derecho.

18. Concluyó que los derechos reclamados surgieron a partir de la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014 y no con la expedición del Decreto 57 de 1993 , que reglamentó la Ley 4 de 19925.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

19. Mediante el auto del 26 de agosto de 20246, el despacho ponente admitió el recurso de apelación conforme con lo previsto en el numeral 3 del artículo 67 de la Ley

5 Samai, índice 2, 41RecursoApelSentDte. 6 Samai. Índice 005.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00134-02 (7254-2023)

Demandante: Laura María Botero Moreno

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6 2080 de 2021. No hubo lugar a la presentación de alegatos de conclusión porque las partes no solicitaron la práctica de pruebas en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

21. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante7, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

22. ¿Se configuró la prescripción de los derechos reclamados por la demandante, en relación con el reconocimiento de la prima especial como factor salarial causad o durante los años que ejerció el cargo de juez municipal y los respectivos aportes a seguridad social en pensiones?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

23. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior

Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior al 60 % del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efe ctos a partir del 1 de enero de 1993.

24. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 19938 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de

7 CGP, artículos 320 y 328. 8 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama

República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de

7 CGP, artículos 320 y 328. 8 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00134-02 (7254-2023)

Demandante: Laura María Botero Moreno

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7 Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

25. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones9, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del

mismas limitaciones9, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

26. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30 %) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al treinta por ciento (30 %) de la «remuneración mensual».

27. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno Nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en

“quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»10.

28. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»11.

9 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001-03-25-000-2003-00057-00(121-03). 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de 2009, exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00(1831-07).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00134-02 (7254-2023)

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29. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

30. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictado por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores de l Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y

literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores de l Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad» 12. La nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 200913.

31. Por último, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias que declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial, al considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos», el Gobierno nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el 30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»14.

En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la ley 4 de 1992, en el siguiente orden:

de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y/ o asignación básica»14. En este escenario, fijó las reglas de interpretación del artículo 14 de la ley 4 de 1992, en el siguiente orden:

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, exp. 11001 -03-25-000-2007-00087-00(1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13 º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto

67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decret o 935 de 2005; 6º del

Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de 2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007. 13 «(…) es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores». 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00134-02 (7254-2023)

Demandante: Laura María Botero Moreno

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

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1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,

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1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los be