CE - Sentencia 17001233300020180013601 de 2025

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024) Demandantes: Juan Manuel Llano Uribe, Josefina Uribe de Llano, Julia Leonor

Valencia Botero, Marcelo Llano Valencia, Mariana Llano Valencia, Clara Inés Llano Uribe, María Carolina Llano Uribe, María Teresa Llano Uribe, Carlos Eduardo Llano Uribe, José Ignacio Llano Uribe, María del Pilar Llano Uribe, Jimena Restrepo Llano, Juanita Herrera Llano, Valentina Uribe Llano, Camilo Gallego Llano, Simona Gallego Llano, Santiago Herrera Llano, Manuela Uribe Llano

Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Sanción disciplinaria. Servidores públicos elegidos por voto popular. Competencia de la Procuraduría General de la Nación.

Nulidad del acto administrativo. Violación al debido proceso . Alcance. REVOCA DECISIÓN . Sentencia de segunda instancia. Cumplimiento orden de tutela.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Nulidad del acto administrativo. Violación al debido proceso . Alcance. REVOCA DECISIÓN . Sentencia de segunda instancia. Cumplimiento orden de tutela.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Tercera – Subsección B de esta Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 1100103-15-000-2024-04153-00 y acumulados 1, procede la Sala a dictar sentencia de reemplazo.

ANTECEDENTES

Los señores Juan Manuel , Clara Inés, María Carolina, María Teresa, Carlos Eduardo, José Ignacio, y María del Pilar Llano Uribe, Marcelo y Mariana Llano Valencia, Camilo y Simona Gallego Llano, Josefina Uribe de Llano, Julia Leonor Valencia Botero, Jimena Restrepo Llano, Juanita Herrera Llano, Valentina Uribe Llano, Santiago Herrera Llano, Manuela Uribe Llano , instauraron demanda contra la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 Decisión que tiene 2 aclaraciones de voto.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda instancia, proferidas el 31 de mayo de 2016 por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública y el 5 de septiembre de 2017 por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante las cuales el señor Juan Manuel Llano Uribe fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años.

Que se condene al pago de l daño emergente y lucro cesante ; perjuicios morales para el grupo familiar del demandante y perjuicios por concepto de daño a la salud física y mental del señor Juan Manuel Llano Uribe.

Que las sumas a pagar sean indexadas, que se condene en costas a la demandada y que se dé cumplimiento al fallo de conformidad con el artículo 192 del C.P.A.C.A.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Juan Manuel Llano Uribe fue elegido alcalde de Manizales (Caldas) para el periodo constitucional 2008-2011.

Que, a su llegada, se había conformado una empresa industrial y comercial para prestar el servicio de transporte masivo en el municipio , denominada Transporte

para el periodo constitucional 2008-2011.

Que, a su llegada, se había conformado una empresa industrial y comercial para prestar el servicio de transporte masivo en el municipio , denominada Transporte Integrado de Manizales S.A. (TIM S.A.) , constituida como sociedad anónima con participación exclusiva de entidades púb licas, cuyos socios fueron INFIMANIZALES2, municipio de Manizales, Municipio de Villamaría, INVAMA y Caja de Vivienda Popular.

Que la conformación de dicha empresa tuvo como fundamento el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 508 de 2001) y en el Plan de Des arrollo de la saliente administración (Acuerdo 617 de 2005), como parte de la política pública de transporte municipal, por lo que durante su administración se decidió continuar con el proyecto.

Que el 10 de octubre de 2011, los integrantes de la junta directiva de INFIMANIZALES decidieron capitalizar el TIM, previa asesoría en relación con la viabilidad e importancia de dicha operación, por lo que, el 30 de octubre de 2012, la Contraloría General de Manizales trasladó un hallazgo con incidencia disciplinaria a la Procuraduría Provincial del municipio, quien a su vez lo remitió a la Personería de Manizales.

2 Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Que mediante auto del 27 de noviembre de 2012 se abrió una indagación preliminar,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

Que mediante auto del 27 de noviembre de 2012 se abrió una indagación preliminar, que fue remitida el 14 de marzo de 2014 a la Procuraduría General de la Nación – Regional Caldas. Esta entidad, en auto del 1 de abril de 2014 remitió la actuación por competencia a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, quien en auto del 23 de mayo de 2014 la remitió a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública.

Que el 24 de junio de 2014 se abrió una investigación disciplinaria en contra de varios funcionarios, entre ellos el señor Llano Uribe y, posteriormente, en auto del 12 de noviembre de 2014 se le formuló cargo único, indicando que «[e]n su calidad de Alcalde del Municipio de Manizales y en tal virtud desempeñándose como miembro de la Junta directiva de INFIMANIZALES autorizó la inversión de recursos de dicha empresa en la Empresa de Transporte Integrado de Manizales el 10 de octubre de 2011», calificando su conducta como gravísima, con fundamento en el numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y determinando su ejecución a título de culpa gravísima.

Que no fue notificado de las actuaciones adelantadas, inclusive, se le nombró un defensor de oficio , quien presentó descargos el 6 de marzo de 2015, luego de lo cual el 31 de mayo de 2016 se decidió en primera instancia sancionarlo con

Que no fue notificado de las actuaciones adelantadas, inclusive, se le nombró un defensor de oficio , quien presentó descargos el 6 de marzo de 2015, luego de lo cual el 31 de mayo de 2016 se decidió en primera instancia sancionarlo con destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años y que, presentado el recurso de apelación , el 5 de septiembre de 2017 se confirmó la sanción impuesta.

Que no fue investigado por conductas relacionadas con temas de corrupción y aun así la Procuraduría General de la Nación lo sancionó disciplinariamente, desconociendo su derecho fundamental al debido proceso y que, además, la entidad no tenía competencia para sancionar a un servidor público de elección popular.

Que el principal argumento para imponerle una sanción se relacionó con la posterior liquidación de TIM S.A., pero este hecho no se probó en el procedimiento y que, de manera forzada, se concluyó en los actos acusados que autorizar la capitalización de la empresa era igual a efectuar la inversión del capital y que era aplicable el numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, cuando aquel se refiere a inversiones en carteras colectiv as y no a capitalización de una empresa ya en marcha.

Que como consecuencia de la sanción disciplinaria se afectó su carrera política, pues no pudo presentarse como candidato a la Cámara de Representantes en las siguientes elecciones.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 15, 29, 40 y 315; Código de Procedimiento

siguientes elecciones.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículos 15, 29, 40 y 315; Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: artículos 138, 155, 161, 162 y 163; Ley 734 de 2002: artículos 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 43, 48, 94, 128, 129, 141 y 142; Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada medianteRadicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Ley 16 de 1972: artículo 23; Ley 412 de 1997: artículo VI; Acuerdo 292 de 1997 del Concejo de Manizales: artículos 15 y 16; Acuerdo 08 de 2010 de la Junta Directiva de INFIMANIZALES: artículos 1, 2 y 3.

Que los actos demandados se expidieron sin que la autoridad disciplinaria tuviera competencia para ello, pues se trató simplemente de un tema administrativo –la capitalización de TIM S.A.– y no de un comportamiento relacionado con hechos de corrupción y que, en consecuencia, se limitó de forma injustificada el ejercicio de los derechos políticos de un servidor público elegido por voto popular, en la medida en que la decisión disciplinaria truncó sus participación en las elecciones para el Congreso en marzo de 2018.

Que se expidieron violando el debido proceso, pues, además de la mencionada falta

que la decisión disciplinaria truncó sus participación en las elecciones para el Congreso en marzo de 2018.

Que se expidieron violando el debido proceso, pues, además de la mencionada falta de competencia, se aplicaron de manera errónea las disposiciones contenidas en el numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, el Acuerdo 292 de 1997 y el Acuerdo 08 de 2010.

Que la autoridad disciplinaria desconoció el principio de favorabilidad, pues no aplicó el precedente de sentencias de tutela y de pronunciamientos del Consejo de Estado en relación con la prescripción en fallos disciplinarios; asimismo, que se vulneró el derecho de defensa, pues no fue citado en debida forma al iniciar el proceso y tampoco se apreciaron de manera integral las pruebas, porque no se analizó el contenido del oficio que el gerente de TIM S.A. envió a la administración municipal en enero de 2012, anunciando que el sistema estaba listo para iniciar sus actividades.

Que los actos sancionatorios se expidieron pese a que la falta disciplinaria del numeral 27 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 se refiere a inversiones de excedentes de tesorería y no para el aumento de capital de empresas ya conformadas, que no se analizó la ilicitud sustancial del comportamiento reprochado y se sancionó sin que existiera plena prueba del dolo o culpa, lo que significa que se le atribuyó responsabilidad objetiva.

Que la autoridad disciplinaria interpretó equivocadamente la falta disciplinaria, porque «autorizar» la inversión no es lo mismo que «efectuarla» y que no investigó a quienes continuaron pagando lo que faltaba de la capitalización autorizada ,

Que la autoridad disciplinaria interpretó equivocadamente la falta disciplinaria, porque «autorizar» la inversión no es lo mismo que «efectuarla» y que no investigó a quienes continuaron pagando lo que faltaba de la capitalización autorizada , vulnerando el principio de igualdad ante la ley disciplinaria; que, por lo mismo, la sanción resultó desproporcionada y se impuso sin que se realizara una debida adecuación típica.

Que la demandada no desplegó mayor actividad probatoria y que, por el contrario, aceleró el procedimiento disciplinario a espaldas de los investigados y, con escaso material probatorio, expidió los actos demandados.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 16 de octubre de 2019 3 y notificada a la demandada, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones, señalando que actuó de conformidad con la Constituc ión y la ley, garantizando el derecho de defensa durante las etapas del procedimiento.

3 Véase archivo 014 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción “gestión en otros despachos”).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Que como resultado de la investigación disciplinaria se acreditó que el señor Llano Uribe promovió la inversión de recursos del Estado sin tener en cuenta su optimización y que estos se emplearon para el pago de acreencias laborales, sin corresponder a una política de inversión , lo que originó la formulación del hallazgo

Uribe promovió la inversión de recursos del Estado sin tener en cuenta su optimización y que estos se emplearon para el pago de acreencias laborales, sin corresponder a una política de inversión , lo que originó la formulación del hallazgo con presunta incidencia disciplinaria por parte de la Contraloría General de Manizales.

Que las pruebas se estudiaron bajo las reglas de la sana crítica, determinando que el entonces alcalde de Manizales desconoció su deber funcional, pues afectó los rubros de INFIMANIZALES porque no se retornaron los rubros trasladados como inversión y que esto correspondió a una conducta ejecutada con culpa gravísima , pues tenía a su cargo la dirección administrativa de l municipio y la gestión de los intereses de INFIMANIZALES.

Que las diferentes actuaciones se notificaron según las reglas del procedimiento disciplinario y que, en ausencia del señor Llano Uribe, se nombró un defensor de oficio como garantía del derecho de defensa y que los actos acusados se encuentran debidamente motivados fáctica y jurídicamente.

Que la Procuraduría General de la Nación actuó con fundamento en sus competencias constitucionales y legales , teniendo en cuenta que el artículo 23 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos debe interpretarse de manera sistemática con las disposiciones internas , pues el mismo instrumento internacional, en el artículo 30, permite que las leyes nacionales restrinjan el ejercicio de derechos y libertadas atendiendo a razones de interés general, como ocurre en el caso del derecho disciplinario y que, en consecuencia, la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación no se opone a los tratados internacionales.

ocurre en el caso del derecho disciplinario y que, en consecuencia, la potestad disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación no se opone a los tratados internacionales.

Que la anterior conclusión se apoya en la consolidada jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, según la cual la Procuraduría puede investigar y sancionar inclusive a quienes fueron elegidos por voto popular, por lo que acoger la tesis del demandante no solo contravendría tales pronunciamientos, sino que derivaría en un régimen de irresponsabilidad disciplinaria, en la medida en que ningún otro órgano del estado tiene la competencia constitucional o legal para asumir los procesos que deban ad elantarse por infracciones a los deberes funcionales de los servidores públicos4.

Se celebró audiencia inicial el 3 de marzo de 2021 5, en la que se fijó el litigio y se resolvió sobre el decreto y práctica de pruebas documentales y testimoniales. Tras agotar el período probatorio en diligencia del 9 de agosto de 20216, se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión 7 y al Ministerio Público para que

4 Véase archivo 018 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). 5 Véanse archivo 040 del expediente digital (acta de audiencia) y archivo 041 (grabación) disponibles en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). 6 Véanse archivo 052 del expediente digital (acta de audiencia) y archivos 053 a 056 (grabación) , disponibles en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).

6 Véanse archivo 052 del expediente digital (acta de audiencia) y archivos 053 a 056 (grabación) , disponibles en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). 7 Véanse archivos 048 (alegatos parte demandante) y 049 (alegatos parte demandada), disponibles en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 presentara su concepto8, se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por ambas partes.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro ( 2024), declaró infundada la excepción innominada propuesta por la demandada, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenó a la Procuraduría General de la Nación que registrara el fallo y eliminara de sus bases de datos y sistemas de información los antecedentes disciplinarios registrados al señor Juan Manuel Llano Uribe como consecuencia de la sanción impuesta.

Se refirió al marco normativo aplicable a la actuación disciplinaria y a las etapas del procedimiento que se adelantó en contra del señor Llano Uribe. Luego, abordó el alcance de las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el expediente y expuso los lineamientos en relación con el control jurisdiccional de los actos

procedimiento que se adelantó en contra del señor Llano Uribe. Luego, abordó el alcance de las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el expediente y expuso los lineamientos en relación con el control jurisdiccional de los actos administrativos que se expiden en el procedimiento disciplinario.

Que en el caso concreto era necesario verificar de manera preliminar si los actos demandados se sujetaban a la normativa que rige en materia de restricción de los derechos políticos y las garantías judiciales, a la luz de lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humano s, pues en la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado se ha bía aplicado el control de convencionalidad, concluyendo que la Procuraduría General de la Nación no es competente para imponer la sanción de destitución e inhabili dad general a los servidores públicos elegidos popularmente.

Que el artículo 3 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos investigados y que dieron lugar a la sanción disciplinaria discutida, otorgó a la Procuraduría General de la Nación el ejercicio del poder preferente en materia disciplinaria; no obstante, al examinar el numeral 1 del artículo 44 de la misma ley, se advierte que las sanciones de destitución e inhabilidad general constituyen claras restricciones a los derechos políticos, lo cual riñe con la garantía contemplada en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

Que en la jurisprudencia del Consejo de Esta do se ha señalado que la limitación o restricción de los derechos políticos a quienes se eligen por voto popular solo puede

Colombia mediante la Ley 16 de 1972.

Que en la jurisprudencia del Consejo de Esta do se ha señalado que la limitación o restricción de los derechos políticos a quienes se eligen por voto popular solo puede provenir de un juez competente, como el juez penal, o como consecuencia de la pérdida de investidura.

Que, en esos términos, la sanción impuesta al señor Juan Manuel Llano Uribe es incompatible con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que implica que la Procuraduría General de la Nación no era competente para imponerla y, en consecuencia, los actos acusados incurrieron en

8 Véase archivo 057 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 la causal de nulidad por falta de competencia.

Finalmente, negó las demás pretensiones y decidió no condenar en costas.

LOS RECURSOS DE APELACIÓN

El demandante9 interpuso recurso, refiriéndose a la negativa de las condenas por concepto de daño emergente y lucro cesante , advirtiendo que su cuantificación en la demanda se realizó conforme a los gastos por concepto de honorarios de abogados, desplazamientos, asesorías y por el salario que hubiera devengado como congresista, pues mediante prueba testimonial se acreditó en el proceso que

la demanda se realizó conforme a los gastos por concepto de honorarios de abogados, desplazamientos, asesorías y por el salario que hubiera devengado como congresista, pues mediante prueba testimonial se acreditó en el proceso que tenía el aval de su partido polít ico para las elecciones del periodo constitucional 2018-2022.

Que, en relación con los perjuicios morales, contrario a lo afirmado en la sentencia, no se acreditó que contara con sanciones o condenas en otros procesos y que los testigos fueron enfáticos en relación con el decaimiento de la salud, daño al buen nombre y demás afectaciones citadas en la demanda; sumado a que los declarantes indicaron que se le cerraron muchas oportunidades de negocio en razón de la sanción disciplinaria.

Que en la decisión de primera instancia no se emitió pronunciamiento en relación con un punto de los alegatos de conclusión, que llamaba la atención sobre las diferencias entre las copias del procedimiento disciplinario que le entregaron y las que aportó la Procuraduría General de la Nación.

La demandada10 interpuso el recurso de apelación destacando que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el alcance del artículo 23.2 de la CADH a la luz de las normas constitucionales sobre el régimen disciplinario de los servidores públicos, asunto que adquirió especial relevancia a partir de la sentencia proferida por la CIDH en el caso Petro Urrego vs. Colombia.

Que en la Sentencia C -551 de 2003 se afirmó que la CADH no tiene carácter supraconstitucional y, a partir de allí, en sentencias como la C -028 de 2006, se sostuvo que el artículo 277.6 constitucional no resultaba contrario al artículo 23.2 de

supraconstitucional y, a partir de allí, en sentencias como la C -028 de 2006, se sostuvo que el artículo 277.6 constitucional no resultaba contrario al artículo 23.2 de la CADH, en la medida en que este último no podía interpretarse de manera aislada, sino de manera armónica con los demás instrumentos internacionales y con el orden interno, lo que se reiteró en las sentencias SU -712 de 2013, C-500 de 2014 y SU355 de 2015.

Que en las sentencias C-101 y C-106 de 2018 se indicó que la determinación de los límites a los derechos políticos corresponde a la cultura política, a la historia y a las necesidades concretas de cada país, lo que llevó a que en las sentencias C-086 de 2019, al abordar concretamente la facultad de la Procuraduría de suspender provisionalmente a los servidores públicos , y C -111 de 2019, al estudiar la

9 Véase archivo 077 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»). 10 Véase archivo 074 del expediente digital, disponible en el trámite ante el Tribunal Administrativo de Caldas (opción «gestión en otros despachos»).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 competencia de la entidad para sancionar a los servidores públicos de elección popular se reiterara la necesidad de interpretar las normas aplicables de manera sistemática.

www.consejodeestado.gov.co 8 competencia de la entidad para sancionar a los servidores públicos de elección popular se reiterara la necesidad de interpretar las normas aplicables de manera sistemática.

Que, finalmente, en las sentencias C -146 de 2021 -posterior al caso Petro Urrego vs Colombia -, C-325 de 2021 y C -030 de 2023 se concluyó que en el sistema interamericano los estados pueden limitar los derechos políticos por ministerio de la ley con fundamento en criterios razonables y objetivos y que las competencias de la Procuraduría General de la Nación solo podrían tener efecto sobre los derechos de participación cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo hiciese la determinación final de la sanción.

Que el precedente judicial resulta de obligatoria observancia y su desconocimiento, abre la posibilidad de acudir, primero, a la acción de tutela contra providencia judicial por incurrirse en una vía de hecho y que, respecto de las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación, existe cosa juzgada constitucional, lo que implica que el Tribunal desconoció la existencia del precedente en la materia , que, para la fecha de los hechos, era uniforme y pacífico.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 24 de junio de 202411, fue admitido el recurso de apelación y en dicha providencia se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho para sentencia.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho para sentencia.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

El 2 de octubre de 2024 se profirió sentencia de segunda instancia 12, confirmando la providencia del Tribunal Administrativo de Caldas , al considerar que la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para sancionar disciplinariamente al demandante.

En contra de esta decisión se interpuso una acción de tutela por la demandada, en la que se ordenó que se « (…) profieran las sentencias reemplazo, según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido»13. Esto, luego de considerar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta Corporación, al declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante los

11 Véase índice 00004 de SAMAI. 12 Véase índice 00010 de SAMAI. 13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24 de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulador. C.P. Alberto Montaña Plata.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00136-01 (3544-2024) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 cuales impuso sanciones de destitución e inhabilidad a funcionarios elegios por voto popular, se apartaron indebidamente de la tesis consolidada de la Corte Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional, que avalaba la competencia de la autoridad administrativa.

La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo constitucional por varias razones: i) porque la sentencia proferida en el caso Petro Urrego Vs Colombia no constituyó el fundamento para que fueran declarados nulos los actos demandados, como se indica en los considerandos de la sentencia de tutela14; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la aplicación de la excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de jurisdiccionalidad; iii) porque la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 obedeció a parámetros constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado Colombiano mediante la Ley 16 del 30 de di ciembre de 1972 y atendiendo a la jurisprudencia vinculante de la Corte IDH; y iv) porque esta Sala ha destacado la importancia de proteger el principio democrático, pues resulta claro que la imposición de sanciones como la cuestionada a servidores públicos elegidos popularmente resulta todavía más gravosa si se considera que por la vía de decisiones lesivas de la presunción de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del ej ercicio de derechos políticos a quienes la ciudadanía ha elegido para representar sus intereses.

más gravosa si se considera que por la vía de decisiones lesivas de la presunción de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del ej ercicio de derechos políticos a quienes la ciudadanía ha elegido para representar sus intereses.

No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, se analizará la competencia de la autoridad disciplinaria, para determinar si respecto de ella se configura la nulidad de los actos demandados , luego de lo cual se examinará la violación al debido proceso y se abordará el caso concreto.

Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar servidores públicos elegidos por voto popular

Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué manifestar, a continuación, se transcriben los argumentos expuestos en la sentencia de tutela del 24 de febrero de 202515:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y