CE - Sentencia 17001233300020180015802 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

Demandante: José Jairo Patiño Osorio Demandado: Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento de Caldas Tema: Intereses por mora en el pago del retroactivo de la homologación salarial.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demand ante contra la sentencia de fecha 3 de febrero de 20 23, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

Primera. Declarar la nulidad de la Resolución 7649-6 de 5 de octubre de 2017,1 proferida por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, que negó a la demandante el reconocimiento y pago de los intereses por mora en el pago

proferida por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, que negó a la demandante el reconocimiento y pago de los intereses por mora en el pago del retroactivo de la homologación y nivelación salarial.

Segunda. Declarar la nulidad de la Reso lución 10059-6 de 21 de diciembre de 2017,2 a través de la cual esa misma dependencia confirmó en sede de reposición la anterior decisión.

Tercera. Condenar a la accionada a reconocer y pagar a la parte actora los intereses moratorios generados por el desembolso tardío del retroactivo de la homologación y nivelación salarial , los cuales deberán ser liquidados con base en el interés bancario corriente desde la fecha de su causación hasta la fecha

1 Expediente digital índice 2 SAMAI. 2 Expediente digital índice 2 SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

Demandante: José Jairo Patiño Osorio

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 efectiva del pago.

Cuarta. Cumplir la sentencia de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

Quinta. Condenar en costas a la entidad demandada.

Hechos que fundamentan la demanda.

1. El señor José Jairo Patiño Osorio prestó sus servicios a la Secretar ía de Educación del Departamento de Caldas, en calidad de personal administrativo.

2. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993, el Ministerio de

1. El señor José Jairo Patiño Osorio prestó sus servicios a la Secretar ía de Educación del Departamento de Caldas, en calidad de personal administrativo.

2. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución 3500 de 1996, certificando al Departamento de Caldas para administrar en su jurisdicción territorial el servicio educativo.

3. Por esa razón, la gobernación emitió el Decreto 0021 de 1997, transfiriendo a la planta de cargos territorial y en las mismas condiciones laborales que traían de la Nación, al personal administrativo de educación, pasando por alto que sus pares a nivel seccional detentaban condiciones salariales superiores.

4. Sin embargo, desconoció que a través de l Concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil d el Consejo de Estado precisó que, con ocasión al proceso de descentralización educativa, los entes territoriales debían nivelar y homologar salarialmente a todos los servidores públicos provenientes de la Nación frente a los ingresos de los empleados del nivel local.

5. Atendiendo la Directiva Ministerial 10 de 2005 y la Resolución 2171 de 17 de mayo de 2006, l a Secretar ía de Educación del Departamento de Caldas elaboró y presentó ante el Ministerio de Educación Nacional el estudio técnico para adelantar la mencionada homologación y nivelación salarial. Dicho estudio fue aprobado a través del comunicado de 30 de marzo de 2007.

6. Agotado ese trámite, la Gobernación de Caldas niveló y homologó los

para adelantar la mencionada homologación y nivelación salarial. Dicho estudio fue aprobado a través del comunicado de 30 de marzo de 2007.

6. Agotado ese trámite, la Gobernación de Caldas niveló y homologó los empleos en cita con el Decreto 0399 de 20 abril de 2007. No obstante, y previa solicitud de esa entidad, la cartera ministerial aprobó la modificación al estudio técnico adoptado con tal fin mediante oficio de 1.° de junio de 2009. Esto conllevó que a través del Decreto 337 de 2 de diciembre de 2010, se introdujeran variaciones a la resolución antes señalada.

7. El 15 de diciembre de ese año, con el Decreto 353, el ent e territorial incorporó a la planta de cargos al personal homologado y nivelado, haciendo laNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

Demandante: José Jairo Patiño Osorio

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 salvedad de que sus costos serían financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.

8. En consecuencia, mediante la Resolución 2059-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 4304-6 de 26 de julio de ese mismo año y modificada por la Resolución 9118-6 del 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Secretaría de Educación Departamental de Cal das, reconoció y pagó al demandante los dineros por concepto de retroactivo del

por la Resolución 9118-6 del 11 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Secretaría de Educación Departamental de Cal das, reconoció y pagó al demandante los dineros por concepto de retroactivo del proceso de homologación y nivelación salarial y prestacional.

9. En general, la aludida deuda surgió el 10 de febrero de 1997 -con la primigenia incorporación a la planta de pers onal departamental ordenada en el Decreto 021y feneció el 31 de diciembre de 2009. Esto, por cuanto desde el año 2010 la gobernación empezó a pagar los salarios homologados.

10. No obstante, en el caso de l señor Patiño Osorio, tal deuda acaeció entre el 10 de febrero de 1997 y el año 2002, según lo certificado por el ente accionado, mientras que su pago se produjo el 15 de abril de 2013. Esta mora activó los intereses moratorios regulados en el Código Civil

11. Al aplicarle los respectivos intereses morator ios al capital pagado por la Gobernación de Caldas -sin la respectiva actualización -, se obtiene una suma dineraria mayor a la reconocida por concepto de indexación , lo cual es más favorable a los intereses de la traba jadora. Por si fuera poco, la aludida indexación fue mal calculada, pues con tales fines se empleó un factor IPC desactualizado.

12. El 5 de abril de 2017, se solicitó el reconocimiento y pago de los intereses por mora en el pago tardío del retroactivo por concepto nivelación y homologación salarial del personal administrativo vinculado a la Secretaría de Educación Departamental de Caldas, así como la revisión del proceso de indexación ,

por mora en el pago tardío del retroactivo por concepto nivelación y homologación salarial del personal administrativo vinculado a la Secretaría de Educación Departamental de Caldas, así como la revisión del proceso de indexación , petición que fue negada a través del acto administrativo cuestionado.

Fundamentos de derech o. Se s eñalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:

• Artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política. • Artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil. • Artículo 16 de la Ley 446 de 1998.

13. Al desarrollar el concepto de violación, el abogado, luego de referenciar brevemente los alcances del proceso de nivelación y homologación salarial en el

sector educativo, arguyó en esencia que:

14. La Secretaría de Educación Departamental de Caldas, como receptora de los servidores nacionales del sector educativo, debió incluir en el estudio técnicoNulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

Demandante: José Jairo Patiño Osorio

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 la indexación de capital y los intereses moratorios por el pago tardío de las acreencias laborales provenientes de la nivelación y homologación salarial.

15. Ello, por cuanto funge como primer responsable de ese proceso y, por ende, antes de avalar las incorporaciones a su planta de personal, le correspondía nivelar a los empleados provenientes de la Nación con sus propios

15. Ello, por cuanto funge como primer responsable de ese proceso y, por ende, antes de avalar las incorporaciones a su planta de personal, le correspondía nivelar a los empleados provenientes de la Nación con sus propios funcionarios.

16. El incumplimiento de las obligaciones por parte de los distintos órganos estatales que participaron en la concreción de este proceso no se erige en fundamento v álido para negar los aludidos intereses moratorios , pues los trabajadores no pueden asumir las cargas estatales en este sentido y, además, el Estado no puede valerse de su propia incuria al respecto.

17. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en materia prestacional es viable el reconocimiento y pago de intereses moratorios. No obstante, y aunque frente a las acreencias laborales se ha pregonado la incompatibilidad entre la indexación y los intereses por mora, se debe aplicar el principio de favorabilidad en pro de los intereses del demandante.

Contestación de la demanda.

Nación – Ministerio de Educación Nacional

18. Dentro de la oportunidad de ley, esa entidad contestó la demanda ,3 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como

argumentos de defensa esgrimió los siguientes:

19. El Ministerio de Educación Nacional no es el llamado a satisfacer las pretensiones de la parte actora, pues el acto administrativo cu estionado fue emitido por la entidad territorial a la que se encontraba vinculada el demandante.

20. Los recursos con los que se cubren las obligaciones prestacionales de los docentes y del personal administrativo de educación no provienen del presupuesto

del Ministerio de Educación Nacional.

emitido por la entidad territorial a la que se encontraba vinculada el demandante.

20. Los recursos con los que se cubren las obligaciones prestacionales de los docentes y del personal administrativo de educación no provienen del presupuesto

del Ministerio de Educación Nacional.

21. Los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 establecieron el procedimiento para incorporar las plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones a las plantas de personal de las entidades del orden territorial y, en el caso bajo análisis, tal procedimiento se cumplió mediante la incorporación y homologación de cargos, lo que generó los costos derivados del estudio técnico.

22. El Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que los recursos de l Sistema General de Participaciones asignados para el sector de educación serían destinados para financiar la prestación de ese servicio.

3 Expediente digital índice 2 SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

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23. A través de la Directiva Ministerial 10 de 30 de junio de 2005, se impartieron las directrices orientadas a adelantar el proce so de nivelación y homologación salarial, así como los criterios y procedimientos necesarios para el efecto, sin que ello dé lugar al reconocimiento de los intereses pretendidos.

24. Basado en esas consideraciones, formuló las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “prescripción” e “inepta demanda”.

ello dé lugar al reconocimiento de los intereses pretendidos.

24. Basado en esas consideraciones, formuló las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “prescripción” e “inepta demanda”.

25. Departamento de Caldas . Dentro de la oportunidad de ley, esa entidad contestó la demanda, 4 oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como medios exceptivos formuló los siguientes:

26. Falta de legitimación en la causa por pasiva. Mediante concepto 1607 de 2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil de l Consejo de Estado s eñaló que las entidades territoriales certificadas en educación debían adelantar el procedimiento para la homologación y nivelación salarial de los empleados administrativos recibidos de la Nación, pero los costos económicos dimanados de él estarían a cargo del Ministerio de Educación Nacional.

27. Buena Fe . Fundada en que el Departamento de Caldas siempre ha actuado con diligencia en la elaboración de los actos administrativos, no obstante, la cancelación de los dine ros reconocidos en los mismos es competencia del

Ministerio de Educación Nacional.

28. Inexistencia de la obligación con fundamento en la ley . Sustentada en que la parte demandante pretende obtener una doble sanción frente a una entidad pública que no es deudora de esa obligación, pues los recursos con los que se solventó la homologación pertenecen al Ministerio de Educación Nacional. En ese orden, cualquier pretensión derivada de dicho proceso es responsabilidad de esa cartera ministerial.

29. Inaplicabilidad de los intereses moratorios . Adveró que los dineros cancelados al demandante producto del proceso de homologación salarial fueron

orden, cualquier pretensión derivada de dicho proceso es responsabilidad de esa cartera ministerial.

29. Inaplicabilidad de los intereses moratorios . Adveró que los dineros cancelados al demandante producto del proceso de homologación salarial fueron debidamente indexados, de suerte que no puede pretender el pago concomitante de intereses moratorios.

30. Prescripción. Se solicita la aplicación de este fenómeno jurídico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 y el Decreto 3115 de 1965.

Sentencia de primera instancia.

31. Mediante providencia de fecha 3 de febrero de 202 3,5 el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

4 Expediente digital índice 2 SAMAI. 5 Expediente digital índice 2 SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

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32. Con tales fines, luego de referenciar: i) la homologación y nivelación salarial del personal administrativo de la educación y; ii) la indexación e intereses

moratorios, concluyó:

33. No es procedente el reconocimiento de intereses por mora en el pago del retroactivo derivado de la homologación y nivelación salarial, por cuanto estos son incompatibles con la indexación realizada por la demandada sobre las sumas

moratorios, concluyó:

33. No es procedente el reconocimiento de intereses por mora en el pago del retroactivo derivado de la homologación y nivelación salarial, por cuanto estos son incompatibles con la indexación realizada por la demandada sobre las sumas adeudadas. De avalarlo, se constituiría en un doble pago por el mismo concepto.

34. Atendiendo las pautas jurisprudenciales expuestas por la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver la apelación incoada en contra de una sentencia proferida por este tribunal en un caso similar,6 el lapso transcurrido entre las fechas de reconocimiento del retroactivo salarial y la de su pago efectivo deviene razonable, en tanto debieron adelantarse una serie de trámites administrativos para ello. En el caso puntual, ese tiempo fue de un mes, por lo que no es posible afirmar que durante él se presentó el fenómeno de depreciación monetaria.

35. Si el beneficiario no se opuso al acto administrativo que le reconoció el retroactivo salarial con indexación, no puede venir ahora, a través de una nueva petición, a discutir lo atinente a los intereses moratorios.

36. No existe ninguna norma que establezca la obligación de pago inmediato de las sumas de dinero reconocidas por aquel concepto, por lo que no es procedente acudir a las reglas que, sobre los intereses moratorios, se encuentran consignadas en el Código Civil.

Recurso de apelación.

37. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demanda nte la recurrió en apelación.7 En su intervención, arguyó que:

38. Una de las sentencias citadas por el a quo para negar las súplicas de la

37. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demanda nte la recurrió en apelación.7 En su intervención, arguyó que:

38. Una de las sentencias citadas por el a quo para negar las súplicas de la demanda -la fechada 22 de abril de 2015, expediente 2506-2013no es aplicable a la presente controversia, pues en ella se reprochó la condena impuesta a la demandada, consistente en indexar las sumas debidas desde el momento de su causación y hasta la fecha de su pago efectivo, reconociendo concomitantemente los intereses moratorios previstos en la ley.

39. En este asunto, la obligación no surgió a partir de una sentencia judicial, sino por ministerio de la ley, la cual ordenó a la entidad demandada homologar y nivelar salarialmente a los servidores del sector educación recibidos de la Nación y aceptados en su planta de personal.

6 Subsección B, sentencia de 12 de septiembre de 2019, expediente 17 001 23 33 000 2016 00993 01. 7 Expediente digital índice 2 SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

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40. Por tanto, ante la tardanza en el desarrollo de ese procedimiento administrativo no debió indexarse el capital adeudado, pues tal acción deviene del cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales -artículo 178 del CCA , sino

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40. Por tanto, ante la tardanza en el desarrollo de ese procedimiento administrativo no debió indexarse el capital adeudado, pues tal acción deviene del cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales -artículo 178 del CCA , sino pagar sobre aquel los respectivos intereses de mora contenidos en los artículos 1608, 1617 y 1649 del Código Civil. En todo caso, en el libelo se pidió que al realizar el aludido reconocimiento se descontaran los dineros reconocidos a la interesada por concepto de indexación.

41. El a quo, replicando la tesis adoptada por el Consejo de Estado en la sentencia de 7 de diciembre de 2017 -expediente 0905 de 2015 -, negó los intereses solicitados al considerar que ni en las resoluciones de pago del retroactivo salarial y prestacional se hizo mención de ellos, ni en la ley existe alguna disposición que avale su reconocimiento.

42. Sin embargo, tal postura condicionó el pago de intereses moratorios a su regulación específica frente a cada obligación reclamada, desconociendo que en virtud de los pr incipios de analogía y equidad, el juez debía acudir a las reglas del Código Civil que expresamente consagra esta figura ante cualquier mora en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el deudor.

43. Así como el Estado cobra intereses por la mora del administrado en pagar sus obligaciones, de la misma manera debe asumir ese mismo compromiso cuando el incumplido sea él.

44. Como quiera que el retraso en el pago del retroactivo salarial y prestacional dimanado de la citada homologación y nivelación es atribuible a la administración accionada, debe responder por el pago de los intereses que ahora son reclamados.

44. Como quiera que el retraso en el pago del retroactivo salarial y prestacional dimanado de la citada homologación y nivelación es atribuible a la administración accionada, debe responder por el pago de los intereses que ahora son reclamados.

45. No es aceptable que el tribunal haya pregonado que la existencia de múltiples trámites administrativos para culminar el aludido procedimiento justifica la tardanza reprochada, cuando lo cierto es que desde el año 1997 el Departamento de Caldas asumió al personal administrativo proveniente de la Nación y, junto con ello, el deber de nivelar y pagar los respectivos salarios.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

46. La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 28 de noviembre de 2023,8 se admitió el recurso de apelación . Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones de las partes ni del Agente del Ministerio Público Delegado ante esta Corporación.

8 Índice 5 SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

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47. El control de legalidad .9 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

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47. El control de legalidad .9 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

48. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,10 esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

49. Marco de análisis de la segunda instancia . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,11 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas partes ha yan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones. En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante único.

50. Problema jurídico. Atendiendo las censuras planteadas en la alzada, le

corresponde a la Subsección determinar si:

1. ¿El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío del retroactivo económico dimanado del proceso de homologación y nivelación salarial?

51. En el camino de resolución de est e interrogante, la Subsección analizará i) el proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo al servicio de la educación y ii) los intereses moratorios por el pago tardío de las obligaciones.

Normas y jurisprudencia aplicable.

Homologación del personal administrativo al servicio de la educación.

servicio de la educación y ii) los intereses moratorios por el pago tardío de las obligaciones.

Normas y jurisprudencia aplicable.

Homologación del personal administrativo al servicio de la educación.

52. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, mediante concepto 1607 de 9 de diciembre de 2004,12 precisó las etapas que, en virtud de las Leyes 43 de 1975, 60 de 1993 y 715 de 2001, debían agotar l os entes territoriales para culminar el proceso de homologación y nivelación salarial del

9 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que « Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes». 10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 11 «Competencia del superior . El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley […]». 12 Consejero ponente Flavio Augusto Rodríguez Arce.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

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www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 personal administrativo del sector educativo nacional que sería incorporado a las plantas de personal de orden local, fruto de la descentralización de ese servicio.

53. Para ello, explicó que con la expedición de la Ley 43 de 1975, 13 se nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria que venían prestando los departamentos, municipios, intendencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo entre el 1.º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de

1980.

54. Mas tarde, con la Ley 60 de 1993 se ordenó descentralizar ese servicio, desmontando así la nacionalización anteriormente referenciada. Se dispuso entonces que la Nación entregara a los entes locales los bienes, el personal y los establecimientos educativos necesarios para la prestación del servicio. En lo que compete al personal cedido por la Nación, serían incorporados a las plantas de cargos territoriales.

55. Sobre este particular, la Sala de Consulta y Se rvicio Civil concluyó que la transferencia por parte de la Nación a los entes locales del personal docente y administrativo ameritaba un proceso de incorporación « que para su perfeccionamiento requería de la homologación de cargos (comparación de los requisitos, funciones, clasificación, etc. previstos en la planta de la Nación con los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo

los exigidos para desempeñar los de la planta de personal de los departamentos), procedimiento que en el caso del personal administrativo revestía características particulares, pues era el producto de la descentralización del servicio educativo hacia un ente territorial».

56. Posteriormente, a través de la Ley 715 de 2001 se ordenó municipalizar el servicio educativo, para lo cual los municipios debían obtener la respectiva certificación de la Nación y/o de los departamentos, para poder asumir la administración del sistema educativo.

57. La descentralización del servicio educativo implicó, en sentir de la Sala de

Consulta y Servicio Civil, que:

58. Las entidades territoriales debían incorporar a sus plantas de personal a los servidores públicos provenientes de la Nación, previa realización de un proceso de homologación , consistente en el ejercicio comparativo entre los cargos nacionales y locales con base en los criterios de «clasificación, funciones, requisitos, responsabilidades y remuneración, etc.» , en orden a definir la nueva ocupación y el salario a devengar.

59. Lo anterior, sin detrimento de la autonomía de las instituciones seccionales para det erminar su estructura administrativa, así como el régimen salarial y

13 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

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Radicado: 17 001 23 33 000 2018 00158 02 (5588-2023)

Demandante: José Jairo Patiño Osorio

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 prestacional de sus empleados, así como las escalas y límites de sueldos de los distintos empleos, estos últimos, en el marco de los decretos anuales emitidos por el Gobierno Nacional en cumplimiento de la Ley 4 de 1992.

60. La incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los cargos, como su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el grado de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, c on sujeción a los manuales específicos respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación.

61. Las condiciones de incorporación no estaban sometidas a la discrecionalidad de las autoridades departamentales, sino al resultado de un estudio técnico concertado que permitiera ubicar a los servidores en el grado de remuneración que correspondiera a las funciones del cargo , a los requisitos exigidos para su ejercicio y a los demás elementos estruct urales del mismo, dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los decretos reglamentarios de la Ley 4a de 1992.

62. Frente al personal administrativo se predicó una condición muy particular,

dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los decretos reglamentarios de la Ley 4a de 1992.

62. Frente al personal administrativo se predicó una condición muy particular, relacionada con que sí, fruto de la homologación, sus salarios resultaban superiores a los devengados cuando servían a la Nació