CE - Sentencia 17001233300020180021602 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023) Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado Demandados: Nación, Ministerio de Educación Nacional y departamento de

Caldas, Secretaría de Educación

Tema: Reconocimiento intereses moratorios derivados del proceso de homologación y nivelación salarial del personal administrativo del sector educativo

Sentencia de segunda instancia ________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Sigifredo de Jesús Colorado presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que

1. Sigifredo de Jesús Colorado presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1, en orden a que se declarara la nulidad de las resoluciones 8354-6 del 30 de octubre de 2017 y 00816 del 2 de enero de 2018, por medio de las cuales el secretario de educación del departamento de Caldas le negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios presuntamente causados por el retardo en el pago de la homologación y nivelación salarial.

1 En adelante CPACA.2

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)

Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) el reconocimiento y pag o de los intereses moratorios a partir del día siguiente a los 30 días posteriores a su causación, esto es el 10 de febrero de 1997, hasta el día en que fue efectivo el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial [15 de abril de 2013] ; ii) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA; y iii) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Sigifredo de Jesús Colorado prestó sus servicios en la Secretaría de Educación de Caldas, en un cargo de carácter administrativo.

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Sigifredo de Jesús Colorado prestó sus servicios en la Secretaría de Educación de Caldas, en un cargo de carácter administrativo.

3.2. Para cumplir con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación certificó al departamento de Caldas para la administración del servicio educativo, por lo tanto, este último por medio del Decreto 0021 de 1997 transfirió el personal administrativo que se encontraba vinculado con la nación a la planta territorial; sin embargo, no tuvo en cuenta que en la mayoría de los casos el de carácter departamental o municipal contaba con un nivel salarial más alto que el del orden nacional.

3.3. A través del concepto 1607 del 17 de mayo de 2004, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado sostuvo que las entidades territoriales dentro del proceso de descentralización del servicio educativo debían, previa homologación, efectuar la correspondiente nivelación salarial y que el mayor valor del nivel salarial debería ser cubierto por la nación.

3.4. En consideración con lo establecido en la Directiva Ministerial 10 de 2005 y en la Resolución 2171 de 17 de mayo de 2006, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Caldas elaboró el estudio técnico para la homologación nacional, el cual fue aprobado a través de comunicación suscrita el 30 de marzo de 2007.

3.5. Mediante el Decreto 0399 de 20 de abril de 2007, la Secretaría de Educación de Caldas homologó y niveló los cargos administrativos del personal perteneciente a la

30 de marzo de 2007.

3.5. Mediante el Decreto 0399 de 20 de abril de 2007, la Secretaría de Educación de Caldas homologó y niveló los cargos administrativos del personal perteneciente a la planta de cargos del departamento; no obstante, a través de los oficios SED 0345 del 17 de ju nio de 2000 y GJSED 1497 22 de mayo de 2009, la entidad territorial solicitó la revisión y ajuste de dicho proceso, el cual fue aprobado por el Ministerio3

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023) Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado de Educación Nacional mediante el Oficio 2009EE29765 de l 1° de junio de 2009 y en consecuencia se expidió el Decreto 337 de diciembre de 2010, que modificó el acto inicial.

3.6. Por medio de la Resolución 1667 -6 del 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 3987-6 del 19 de julio de 2013, el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación de Caldas reconoció y ordenó el pago del valor retroactivo causado por la homologación y nivelación salarial, a partir del 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2009. El pago se efectuó el 15 de mayo de 2013.

3.7. El 6 de diciembre de 2017 le solicitó a la Secretaría de Educación de Caldas el reconocimiento y pago de los intereses moratorios presuntamente causados por el retardo en la cancelación de la homologación y nivelación salarial; petición

3.7. El 6 de diciembre de 2017 le solicitó a la Secretaría de Educación de Caldas el reconocimiento y pago de los intereses moratorios presuntamente causados por el retardo en la cancelación de la homologación y nivelación salarial; petición denegada a través de las resoluciones 8354-6 del 30 de octubre de 2017 y 0081 -6 del 2 de enero de 2018.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 12 del Convenio 95 de 1949 de la OIT sobre la protección del salario ; 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72, 93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política; 1608, numerales 1 y 2, 1617 y 1649 del Código Civil; 177 del Código Contencioso Administrativo; y 16 de la Ley 446 de 1998.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente2:

5.1. La entidad territorial expidió los actos con infracción de las normas en que debía fundarse, pues el fundamento de la negativa frente al pago de los intereses moratorios fue que se trató de un proceso administrativo que no le era imputable, sin que sea aceptable que alegara su propia culpa en su favor , toda vez que era posible prever el pago de aquella obligación derivada de la equiparación de los cargos, según lo previsto en la Ley 60 de 1993.

5.2. La nivelación salarial fue pagada varios años después de su causación, sin que en la liquidación se evidenciara algún valor correspondiente a los intereses moratorios, por lo tanto era procedente su reconocimiento.

5.2. La nivelación salarial fue pagada varios años después de su causación, sin que en la liquidación se evidenciara algún valor correspondiente a los intereses moratorios, por lo tanto era procedente su reconocimiento.

5.3. Con ocasión de la expedición de los actos acusados, se le desconocieron las garantías mínimas laborales de carácter irrenunciable establecidas en el artículo 23 Superior, así como el principio de favorabilidad en materia laboral.

2 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 54

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)

Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

1.2. Contestaciones de la demanda

6. 1.2.1. El Ministerio de Educación Nacional3 sostuvo que no es el ente competente para el reconocimiento de las pretensiones aducidas como restablecimiento del derecho, sino que era facultad de la administración territorial, en atención a que la administración del personal docente se trasladó a la autoridad territorial por virtud de la Ley 715 de 2001. De ahí la configuración de la falta de legitimación en la causa por pasiva, entendida como la calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial discutido en el proceso , la cual conlleva ba un fallo desestimatorio de lo solicitado en la demanda4.

6.1. Pese a lo anterior, en el caso concreto no era razonable la exigencia de intereses moratorios derivados del retroactivo por concepto de homologación y nivelación

desestimatorio de lo solicitado en la demanda4.

6.1. Pese a lo anterior, en el caso concreto no era razonable la exigencia de intereses moratorios derivados del retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial, pues no existió retardo alguno en el cumplimiento de obligaciones laborales que sí generaba a cargo del empleador aquella carga, a título de indemnización de perjuicios5.

7. 1.2.2 El departamento de Caldas, Secretaría de Educación 6, se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que los dineros recibidos por el demandante producto del proceso de homologación y nivelación salarial, fueron indexados, por lo tanto, no tenía derecho a reclamar la sanción moratoria, pues con ello se incurriría en una doble sanción.

7.1. También formuló la excepción de legitimación en la causa por pasiva, habida consideración de que fue el Ministerio de Educación Nacional el ente que «designó los recursos para el reconocimiento de la homologación salarial del Sistema General de Participaciones y no con recursos propios».

7.2. Finalmente, como excepciones formuló las que denominó buena fe, inexistencia de la obligación con fundamento en la ley, inaplicabilidad de los intereses moratorios y prescripción.

3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 16 4 De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, en sentencias proferidas el 25 de julio de 2011 [expediente con rad. 20.146 ]; 11 de noviembre de 2009 [expediente con rad. 18166 ]; y 14 de

4 De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, en sentencias proferidas el 25 de julio de 2011 [expediente con rad. 20.146 ]; 11 de noviembre de 2009 [expediente con rad. 18166 ]; y 14 de marzo de 2012 [expediente con rad. 22.032] 5 Según lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia 00161 del 13 de mayo de 2010 6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 175

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023) Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado 1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Cuarta de Decisión Oral, en sentencia del 19 de mayo de 2023 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida en el proceso . Como fundamento de su decisión señaló lo

siguiente7:

8.1. De acuerdo con los elementos de convicción allegados al proceso, se demostró que con las resoluciones 1667-6 del 22 de marzo, 3987-6 del 19 de julio de 2013, y 8896-6 de 11 de diciembre de 2014, le fue reconocida al demandante la homologación y nivelación salarial del período comprendido entre el 1 0 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de 2009 , y en la liquidación se incluyó una suma por indexación. El pago de la suma correspondiente se realizó el 15 de abril de 2013.

de 1997 y el 31 de diciembre de 2009 , y en la liquidación se incluyó una suma por indexación. El pago de la suma correspondiente se realizó el 15 de abril de 2013.

8.2. Debido a su carácter sancionatorio , los intereses moratorios deben estar previstos en una norma que los autorice en forma expresa, es decir que faculte su cobro para los casos de pagos retroactivos por homologación y nivelación, supuesto que no se dio en el presente asunto.

8.3. A la parte actora le fue reconocida la indexación sobre las sumas pagadas por concepto de homologación y nivelación salarial, por lo tanto la pretensión de obtener intereses de mora por el pago tardío del retroactivo carec ía de vocación de prosperidad, dada la incompatibilidad entre ambos conceptos , tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado8, a saber:

«(i) el lapso transcurrido entre la fecha de reconocimiento y el pago del retroactivo por homologación y nivelación salarial, en la mayoría de casos, resulta razonable, a la luz de las diferentes gestiones de orden administrativo que deben adelantar las entidades públicas para efectuar este tipo de reconocimientos, como ocurrió en el caso que sirve de parámetro, en el que apenas transcurrió un (1) mes, tiempo en el cual no se presenta una depreciación significativa del valor de la suma reconocida.

(ii) Si el beneficiario del pago por homologación y nivelación salarial n o presentó oposición o recursos contra el acto administrativo que contiene la suma reconocida, el asunto no puede subsanarse generando una nueva discusión a través de una petición posterior de reconocimiento de intereses.

(iii) No existe una norma que consagre la obligación de pago inmediato de l a suma

el asunto no puede subsanarse generando una nueva discusión a través de una petición posterior de reconocimiento de intereses.

(iii) No existe una norma que consagre la obligación de pago inmediato de l a suma reconocida por concepto de homologación y nivelación salarial, pues como se anotó,

7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 41 8 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia proferida el 12 de septiembre de 2019, radicación 17001-23-33 -000-201600993 -01). En igual sentido, fallos del 23 de octubre de 2020, rad. 170012333000-2018-00143-01 (4932-2019); y del 3 de diciembre de 2020, rad. 170012333000-2016-00270-01 (1245-19)6

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023) Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado dicho trámite está compuesto por una sucesión de etapas administrativas que incluyen la respectiva apropiación presupuestal, por lo que no resultan aplicables las normas civiles sobre intereses de mora a este tipo de casos.

(iv) Aun cuando exista retardo, no procede el pago de intereses de mora, pues como lo ha señalado esa corporación en repetidas oportunidades, al constatarse que la suma reconocida fue indexada, reconocer intereses de mora constituiría un doble pago por el mismo concepto, atendiendo la incompatibilidad entre ambas figuras,

lo ha señalado esa corporación en repetidas oportunidades, al constatarse que la suma reconocida fue indexada, reconocer intereses de mora constituiría un doble pago por el mismo concepto, atendiendo la incompatibilidad entre ambas figuras, ·aspecto que se abordó líneas atrás. (v) Finalmente, atendiendo al carácter eminentemente sancionatorio de los intereses de mora, su reconocimiento se halla supeditado a la existencia de un a norma que expresamente los consagre en el supuesto de pago tardío de la homologación y nivelación salarial, lo cual no ocurre en este caso.». 8.4. Lo anterior aunado a que l a actualización de la suma reconocida no es un derecho de carácter laboral de aquellos establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política, sino que correspond ía a una técnica de reajuste de valores monetarios a efectos de contrarrestar los efectos de la inflación.

8.5. La condena en costas era procedente, en la medida en que la parte demandada se vio en la necesidad de asumir su defensa judicial y sufragar los gastos procesales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 366 del Código General del Proceso9.

1.4. El recurso de apelación

9. Sigifredo de Jesús Colorado interpuso recurso de apelación con fundamento en

los siguientes argumentos10:

9.1. El retardo no se generó respecto del mes transcurrido entre el acto administrativo que reconoció el retroactivo y el pago, sino que la pretensión de reconocimiento de intereses obedeció a la mora de 16 años en la incorporación del personal administrativo a la planta de la entidad territorial, esto es desde el año1997 y hasta

que reconoció el retroactivo y el pago, sino que la pretensión de reconocimiento de intereses obedeció a la mora de 16 años en la incorporación del personal administrativo a la planta de la entidad territorial, esto es desde el año1997 y hasta que en efecto ocurrió la homologación y nivelación salarial -2009-. 9.2. Frente al anterior argumento se configuró «la falta de motivación por parte del Despacho para negar lo pretendido, argumentando sin temor alguno que resulta razonable que el Estado se demore 16 años para pagar una obligación laboral y que a juicio de él […] solo se deben pagar como mora el mes que transcurrió, entre la expedición de la resolución que ordena el pago del retroactivo y la fecha de inclusión en nómina».

9 En lo sucesivo CGP 10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_2_1112023(.zip) NroActua 2», archivo 437

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023) Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado 9.3. De igual manera existió «falta de motivación […] pues no puede negarse un derecho adquirido manifestando de manera subjetiva» la inexistencia de una norma que regule el pago de intereses en mora derivado de los retroactivos que se adeudaban por homologación y nivelación salarial para efectos del reconocimiento a los trabajadores de un pago al cual tienen derecho, pues con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política, el juzgador debe interpretar la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.

trabajadores de un pago al cual tienen derecho, pues con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política, el juzgador debe interpretar la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho.

9.4. El acto que estableció la homologación y nivelación salarial no fue objeto de impugnación, pues solo «resolvía unas escalas las cuales generaron retroactividad» y no calcularon en aquel los intereses moratorios reclamados a través de una nueva petición, sin que ello conllevara una pérdida de la oportunidad legal para reclamar lo pretendido, si se tiene en cuenta que «en tratándose de derechos prestacionales o emolumentos laborales, se puede presentar la reclamación a la administración cuantas veces se requiera».

9.5. Los intereses de mora se constituyeron como una sanción al pago tardío de una obligación, cualquiera que sea esta. Sin embargo, en el evento en que no existiera alguna norma aplicable al caso podía «acogerse a la analogía o a los principios generales del derecho, porque como bien se sabe el legislador en aras de salvaguardar la equidad y la justicia, creó a través del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, la posibilidad de resolver asuntos semejantes que no tuvieses una regulación normativa en particular », de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-083 de 1995.

9.6. En el auto 232 de 2001, la Corte Constitucional consideró que e l principio de la analogía consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, supone la presencia de 3 elementos para su configuración , a saber : (i) la a usencia de norma exactamente

analogía consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, supone la presencia de 3 elementos para su configuración , a saber : (i) la a usencia de norma exactamente aplicable al caso en cuestión; (ii) que el caso previsto por la norma sea similar o semejante al asunto carente de norma o previsión por el legislador; y (iii) la existencia de la misma razón, motivo o fundamento para aplicar al caso no previsto el precepto normativo.

9.7. Es así como en el ordenamiento jurídico colombiano «existen normas que autorizan expresamente el reconocimiento y pago de intereses de mora», tales como los artículos 1608 a 1617 del Código Civil; 884 del Código de Comercio; 65 de la Ley 45 de 1990; el Código Sustantivo del Trabajo [sin que señalara un artículo específico]; 23, 101, 102 y 141 de la Ley 100 de 1993; el Decreto 116 de 1976 y la Ley 446 de 1998. A su vez, la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra regulada en los artículos 2, 58 y 90 de la Constitución Política, «normas que deben ser interpretadas a la luz de los postulados constitucionales que consagran la protección especial de los trabajadores (art. 53)».8

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)

Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

9.8. Si bien el a quo reconoció que las sumas pagadas fueron indexadas y por tal razón no era válido el reconocimiento de los intereses de mora, no tuvo en cuenta que «la condena que realmente resarciría los perjuicios causados por el paso del tiempo

9.8. Si bien el a quo reconoció que las sumas pagadas fueron indexadas y por tal razón no era válido el reconocimiento de los intereses de mora, no tuvo en cuenta que «la condena que realmente resarciría los perjuicios causados por el paso del tiempo sería los intereses de mora; emolumentos que durante los alegatos de conclusión, se solicitaron se pagaran de forma preferente y favorable, en lugar de la indexación, debido a la injustificada demora en el pago de dichas acreencias laborales».

9.9. La indexación y los intereses de mora no son incompatibles, pues la naturaleza de las dos figuras es diferente, toda vez que la primera se refiere a la actualización de la deuda por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con el paso del tiempo, en tanto que la segunda es la sanción por el pago inoportuno de una obligación.

9.10. Es procedente el reconocimiento de la indexación de los valores adeudados y el pago de los intereses de mora de manera concomitante, toda vez que de ninguna manera estos se excluyen cuando existe retardo en los pagos debidos; no obstante, si el fallador considera que son incompatibles, en virtud del principio de favorabilidad, debe reconocer los intereses de mora que han sido solicitados en la demanda y que abarcan el componente inflacionario e indemnizatorio.

9.11. A efectos de sustentar la decisión en primera instancia, el tribunal citó jurisprudencia del Consejo de Estado que «en nada aplican a la situación fáctica aquí debatida», entre las que se encontraban las siguientes sentencias: i) del 22 de abril de 2015, rad. 25000-23-25-000-01312(25062013); y ii) del 7 de diciembre de 2017,

debatida», entre las que se encontraban las siguientes sentencias: i) del 22 de abril de 2015, rad. 25000-23-25-000-01312(25062013); y ii) del 7 de diciembre de 2017, rad. 2014-00311-01 (0905-15).

9.12. En la primera de aquellas, se indicó la procedencia de la indexación con la actualización de las sumas derivadas de una condena judicial. Sin embargo, en el sub judice no existió una sentencia que reconociera el derecho a la homologación y nivelación salarial o que ordenara el pago del retroactivo; pues «dicho proceso nació por ministerio de la ley y la Constitución, materializado a través de los actos administrativos de homologación y nivelación salarial; de modo que, la obligación surgió desde el momento mismo en que el servidor fue trasladado de una pl anta a otra, dada la descentralización administrativa, por tanto, por principio de igualdad debían ser ajustados salarialmente sus sueldos y cancelados de forma simultánea al traslado, es decir, oportunamente». Esto en atención a que se trata de conceptos que no son incompatibles sino complementarios11.

9.13. En el segundo fallo, se denegó el reconocimiento de los intereses moratorios en razón de su naturaleza sancionatoria, de modo que si no se mencionaron en el

11 Al respecto citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias de 21 de febrero de 2002, rad. 14112; y del 10 de mayo de 2001, exp. 12719.9

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)

Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023) Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado acto que reconoció el retroactivo, ante la falta de una norma que los haya previsto, tampoco podían reconocerse los intereses moratorios. Al respecto, debía considerarse que no era necesario su reconocimiento, toda vez que estos operan de pleno derecho, máxime cuando «el Código Civil colombiano [ artículo 1608], es la norma rectora en cuanto a obligaciones se refiere, y olímpicamente salta el hecho que por analogía se puede acudir a otras normas sancionatorias, amén que existe regulación normativa en materia laboral» [sic].

9.14. Sumado a ello, en la citada providencia se indicó que «la mora en el pago de las obligaciones a cargo del fisco delata, en los servidores públicos responsables, un deplorable descuido que no encaja dentro de los criterios constitucionales que deben inspirar la actividad administrativa»; argumento en virtud del cual se puede afirmar que «las entidades de derecho público están obligadas a asumir las consecuencias de su retraso en el cumplimiento de las respectivas obligaciones, pagando lo s respectivos intereses en las mismas condiciones que se le exige al administrador; aun más justificable cuando son de carácter laboral».

9.15. Se reiteró en que si bien en el caso concreto se pretende el «pago de intereses moratorios sobre el retroactivo por homologación por favorabilidad en lugar [de] la indexación ya cancelada, efectivos a partir de los treinta días posteriores a la causación del derecho, hasta el día en que se efectuó el pago tardío por homologación y nivelación

moratorios sobre el retroactivo por homologación por favorabilidad en lugar [de] la indexación ya cancelada, efectivos a partir de los treinta días posteriores a la causación del derecho, hasta el día en que se efectuó el pago tardío por homologación y nivelación salarial, NO se hace con la intención, como manifiesta y precisa este despacho, de que se paguen y/o reconozcan sobre una misma obligación -capital-, indexación e intereses moratorios para los mismos espacios de tiempo o que se paguen intereses sobre la indexación […] es decir, sí se debe pagar atendiendo el principio constitucional de favorabilidad para el trabajador, tanto para la aplicación de normas como para su interpretación - el pago de los intereses moratorios y NO la indexación ya cancelada».

9.16. La condena en costas desconoció la buena fe del demandante al acudir a la administración de justicia en procura de sus derechos, sumado a que resulta ser la parte débil frente a la potestad del Estado y no existió comportamiento temerario o doloso, que justificara la imposición de esa máxima condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA , en concordancia con el artículo 365 del CGP.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

10. En atención a que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y tampoco se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los extremos procesales alegaran de conclusión 12, de conformidad con lo

12 Según se observó en el auto proferido el 19 de febrero de 2024, visible en el índice 4 de Samai10

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023)

12 Según se observó en el auto proferido el 19 de febrero de 2024, visible en el índice 4 de Samai10

Radicado: 17001-23-33-000-2018-00216-02 (6900-2023) Demandante: Sigifredo de Jesús Colorado dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto13.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

12. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscribe a establecer

lo siguiente:

13. ¿Sigifredo de Jesús Colorado tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre el valor de la liquidación por la homologación y nivelación salarial del empleo, en virtud del proceso de descentralización del servicio educativo?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial 2.2.1. De la nacionalización de la educación y el proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos

14. En virtud de la Ley 43 de 1975 15 ocurrió el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria que prestaban los departamentos, el distrito especial de Bogotá, los municipios, intendencias y comisarias, el cual se desarrolló entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.

13 De acuerdo con la constancia secretarial del 25 de abril de 2024, visible en el índice 8 de Samai

entre el 1º de enero de 1976 y el 31 de diciembre de 1980.

13 De acuerdo con la constancia secretarial del 25 de abril de 2024, visible en el índice 8 de Samai 14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 15 «Por la cual se n