CE - Sentencia 17001233300020180027001 de 2025

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

Demandante: María Bernarda Quintero López

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

Demandante: María Bernarda Quintero López

Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Tema: Pensión de jubilación docente. Subtema 1: vinculación docente con anterioridad a la Ley 812 de 2003. Subtema 2: aplicación de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida el 30 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión , mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO María Bernarda Quintero López , en condición de docente oficial, solicitó el

de Decisión , mediante la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO María Bernarda Quintero López , en condición de docente oficial, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en Ley 33 de 19 85. Sin embargo, la entidad demandada negó la solicitud al considerar que no cumplía con los requisitos para ello, particularmente, la existencia de una vinculación docente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afirmación que, a juicio de la demandante, no corresponde a su historia laboral.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda

1. María Bernarda Quintero López , en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (en adelante CPACA), presentó demanda 1 en contra de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG), radicada mediante apoderado judicial el 21 de mayo de 20182.

1 Escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, archivo «ED_17001233300020180027(.PDF) NroActua 2», páginas 3 a 18. 2 Acta individual de reparto visible en: Samai, índice 2, archivo «ED_17001233300020180027(.PDF) NroActua 2», página 1.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

Demandante: María Bernarda Quintero López

Demandado: FOMAG

página 1.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

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2 2.1.1. Pretensiones

2. María Bernarda Quintero López solicitó lo siguiente:

(i) Que se declare la nulidad de la Resolución núm. 2212-6 del 2 de marzo de 2018 , por medio de la cual la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, en nombre y representación del FOMAG, le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985. (ii) Que, a título de restablecimiento del derecho, se reconozca y pague a su favor la referida prestación, con efectividad a partir del 13 de abril de 2015, en una cuantía equivalente al 75% del salario básico y demás factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento del estatus pensional, a saber, la asignación básica, la bonificación mensual, la prima de vac aciones, la prima de navidad y la prima de servicios. (iii) Que se condene a la parte demandada al pago de las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde la fecha de adquisición del derecho hasta la efectividad del pago, con inclusión de las primas establecidas en la ley, los aumentos anuales y la actualización de los valores de acuerdo con la variación del IPC y con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA. (iv) Que se le ordene a la parte accionada pagar los intereses moratorios que se

actualización de los valores de acuerdo con la variación del IPC y con lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA. (iv) Que se le ordene a la parte accionada pagar los intereses moratorios que se llegaren a causar a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA. (v) Que se condene a la entidad en costas y a dar cumplimiento al fallo según lo previsto en los artículos 189, 192, 194 y 195 del CPACA. 2.1.2. Hechos

3. María Bernarda Quintero López hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Nació el 13 de abril de 1960. (ii) Trabajó como empleada pública durante más de 20 años, al servicio del departamento de Caldas, en los siguientes periodos3: Entidad Desde Hasta Tiempo Inspección Policía departamental 23 de marzo de 1985 26 de junio de 1990 5 años, 3 meses y 4 días ESE Hospital San José 1 de diciembre de 1990 12 de diciembre de 1993 3 años y 12 días Docente vinculada mediante órdenes de prestación de servicios 1 de marzo de 2000 30 de diciembre de 2003 2 años, 3 meses y 15 días Docente en provisionalidad 3 de marzo de 2004 31 de julio de 2017 13 años, 4 meses y 28 días TOTAL 23 años, 11 meses y 29 días

3 Información tomada del escrito de demanda, visible en: Samai, índice 2, archivo

«ED_17001233300020180027(.PDF) NroActua 2», páginas 4 y 5.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

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3 (iii) Afirmó que se vinculó como docente en el departamento de Caldas mediante órdenes de prestación de servicios, del 1 de marzo de 2000 al 30 de diciembre de 2003, y que fue nombrada en provisionalidad a partir del 3 de marzo de 2004. Adujo, que este último empleo se mantenía vigente a la fecha en que presentó de la demanda. (iv) Adquirió el estatus de pensionada el 13 de abril de 2015, al cumplir el requisito de la edad —55 años— previsto en la Ley 33 de 1985 y tener más de 20 años de servicio. (v) Mediante petición radicada el 30 de enero de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985, con el 75% de los factores salariales devengados en el último año de servicio. (vi) La Secretaría de Educación de la Gobernación de Caldas, en ejercicio de las facultades legales relativas a los trámites en materia del FOMAG, expidió la Resolución núm. 2212-6 del 2 de marzo de 2018, por medio de la cual negó el reconocimiento de la prestación requerida, bajo el argumento de que la última vinculación de la

núm. 2212-6 del 2 de marzo de 2018, por medio de la cual negó el reconocimiento de la prestación requerida, bajo el argumento de que la última vinculación de la demandante en el servicio docente ocurrió en el 3 de marzo de 2004, es decir, en vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003. 2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. María Bernarda Quintero López citó, como normas vulneradas, el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 43 de 1945, el Decreto 196 de 1995, y los siguientes artículos: (i) 1, 2, 4, 6, 13, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política; (ii) 81 de la Ley 812 de 2003; (iii) 279 de la Ley 100 de 1993; (iv) 15 de la Ley 91 de 1989; y (v) 1 de la Ley 33 de 1985.

5. En el concepto de violación, explicó que inició su labor como docente el 1 de marzo de 2000, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la que su situación pensional debía ser analizada de conformidad con los artículos 1 de la Ley 33 de 1985 y 15 de la Ley 91 de 1989. Aunado a ello, indicó que de acuerdo con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, estaba excluida de la aplicación del régimen de prima media por su condición de docente oficial, lo que le daba la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.

6. Por otro lado, afirmó que se debían tener en cuenta los tiempos prestados mediante

de prima media por su condición de docente oficial, lo que le daba la posibilidad de acceder a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.

6. Por otro lado, afirmó que se debían tener en cuenta los tiempos prestados mediante órdenes de prestación de servicios, y que la mesada pensional que le fuera reconocida debía incluir, no solo los factores que sirvieron de base para los aportes, sino también, aquellos que constituyeran salario. 2.1.4. Contestación de la demanda

7. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas , por medio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda 4, con fundamento en que los contratos de prestación de servicios no generaban la obligación de pago de salario y de prestaciones sociales, y en que la demandante no demostró su vinculación como docente. Adicionalmente, propuso las excepciones de «falta de legitimación en la causa por pasiva», «buena fe», «inexistencia de la obligación con fundamento en la

4 Escrito de contestación de la demanda presentado por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, visible en: Samai, índice 2, archivo «ED_17001233300020180027(.PDF) NroActua 2», páginas 139 a 156.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

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4 ley» y «prescripción».

8. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones

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4 ley» y «prescripción».

8. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio guardó silencio. 2.2. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Primera de Decisión, en sentencia del 30 de abril de 20215, concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, con el 75% del promedio de la asignación básica y la bonificación mensual,

con base en los siguientes argumentos: (i) Los tiempos laborados con ocasión de las órdenes de prestación de servicios debían ser computado s para efectos pensionales, no solo por la «labor propia de los docentes», sino también porque se trata de un derecho imprescriptible, que puede ser reclamado en cualquier tiempo, y porque su desconocimiento supone la vulneración del derecho a la seguridad social. A partir de dicha conclusión, advirtió que estaba demostrado en el proceso, que ni el departamento de Caldas ni la demandante realizaron las respectivas cotizaciones, razón por la que ordenaría que se efectuaran los aportes correspondientes al FOMAG. (ii) La señora María Bernarda Quintero López tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, en la medida en que ingresó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 , en virtud de las órdenes de prestación de servicios suscritas entre 2001 y 2003. En ese sentido, procedió a verificar la observancia de los requisitos de la pensión reclamada,

virtud de las órdenes de prestación de servicios suscritas entre 2001 y 2003. En ese sentido, procedió a verificar la observancia de los requisitos de la pensión reclamada, y concluyó que la demandante adquirió el estatus de pensionada el 13 de abril de 2015, al cumplir 55 años de edad y más de 20 años de servicio. (iii) De acuerdo con lo anterior, precisó que la demandante tenía derecho a que la prestación fuera liquidada con el 75% del promedio de los factores sobre los que se hubiesen efectuado aportes al Sistema de Seguridad Social, que estuvieran dispuestos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Así las cosas , indicó que los factores que se debían incluir en el IBL eran la asignación básica y la bonificación mensual. Frente a esta última, destacó que, si bien no estaba dispuesta en la referida ley, la norma que la creó estableció que constituía factor salarial, motivo por el que debía ser tenida en cuenta para la liquidación de la prestación. (iv) Finalmente, concluyó que no operó la prescripción de mesada alguna, porque entre la adquisición del derecho y la reclamación administrativa no trascurrieron más de 3 años.

5 Sentencia de primera instancia, proferida el 30 de abril de 2021, por el Tribunal Administrativo de Caldas, visible en: Samai, índice 2, archivo «ED_17001233300020180027(.PDF) NroActua 2», páginas 287 a 318.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

Demandante: María Bernarda Quintero López

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5 2.3. Recursos de apelación

10. La Fiduciaria La Previsora S.A. , como vocera y administradora del FOMAG, por medio de su apoderado judicial6, presentó recurso de apelación7, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Por un lado, afirmó que la demandante ingresó al servicio docente con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003. Por otro, indicó que aquella no solicitó la declaración de la existencia de una relación laboral entre las partes, razón por la que el juez de primera instancia , al haber tenido en cuenta los tiempos laborados mediante órdenes de prestación de servicios para efectos de la pensión, vulneró el principio de justicia rogada y dictó una decisión extra petita.

11. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas , por medio de su apoderado judicial, presentó recurso de apelación8 en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Como sustento de lo anterior, indicó que, en la medida en que el pago de las órdenes de prestación de servicios provenía de recursos del orden nacional, la demandante tenía la carga de solicitar el reconocimiento de una relación laboral ante el Ministerio de Educación, lo cual no hizo , por lo que no podía subsanar su omisión en sede judicial.

las órdenes de prestación de servicios provenía de recursos del orden nacional, la demandante tenía la carga de solicitar el reconocimiento de una relación laboral ante el Ministerio de Educación, lo cual no hizo , por lo que no podía subsanar su omisión en sede judicial.

12. Por otro lado, manifestó que el fallo apelado vulneró el principio de justicia rogada al contener una decisión extra petita, por cuanto el Tribunal Administrativo de Caldas, al conceder la pensión, tuvo en cuenta los periodos laborados en virtud de contratos de prestación de servicios, a pesar de que su reconocimiento no fue solicitado en la demanda. Finalmente, precisó que la calidad de servidor público no se origina en virtud de la ejecución de estos, sino de una relación legal y reglamentaria. 2.4. Trámite procesal en segunda instancia

13. Esta corporación dictó auto el 7 de abril de 20229, en el que admitió el recurso de apelación y prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al advertir que no existían pruebas por decretar, de acuerdo con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. También ordenó notificar por estado a aquellas y al Ministerio Público, que guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer

6 Poder conferido por la Fiduciaria La Previsora S.A., visible en: Samai, índice 2, archivo «ED_17001233300020180027(.PDF) NroActua 2», páginas 332 a 339.

6 Poder conferido por la Fiduciaria La Previsora S.A., visible en: Samai, índice 2, archivo «ED_17001233300020180027(.PDF) NroActua 2», páginas 332 a 339. 7 Recurso de apelación presentado por La Fiduciaria La Previsora S.A., visible en: Samai, índice 2, archivo «ED_17001233300020180027(.PDF) NroActua 2», páginas 326 a 331. 8 Recurso de apelación presentado por la Secretaría de Educación del departamento de Caldas, visible en: Samai, índice 2, archivo «ED_17001233300020180027(.PDF) NroActua 2», páginas 341 a 349. 9 Auto que admite los recursos de apelación, visible en: Samai, índice 6, archivo «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc) NroActua 6».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

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6 inciso del artículo 150 del CPACA. 3.2. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación y teniendo en cuenta la competencia del juez en segunda instancia, de conformidad con el artículo 32810 del Código General del Proceso (en adelante CGP), corresponde a la Sala definir

si: (i) ¿Los periodos laborados por la demandante como docente vinculada mediante órdenes de prestación de servicios podían tenerse en cuenta para efectos del

32810 del Código General del Proceso (en adelante CGP), corresponde a la Sala definir si: (i) ¿Los periodos laborados por la demandante como docente vinculada mediante órdenes de prestación de servicios podían tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión, sin necesidad de que se declarara la existencia de una relación laboral? (ii) En caso de que la respuesta sea positiva, ¿la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985?

16. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes temas:

(i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG; (ii) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, de acuerdo con la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019; y (iii) el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento pensional. A partir de estas consideraciones, se destacarán los hechos probados más relevantes, y en el acápite de análisis del caso concreto, resolverá los interrogantes planteados. 3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial 3.3.1. Del régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

17. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones

Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que estableció: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».

18. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido por la Ley 91 de 1989 11, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.

10 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».

11 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

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19. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema particular de financiamiento que se distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.

20. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990.

21. Sin embargo, la Ley 812 de 2003 12 en el artículo 81 determinó que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y

prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial e s el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta».

22. Lo anterior, denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988); mientras que a quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57 años, para ambos géneros—. 3.3.2. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201913

23. A propósito de este régimen pensional, se debe prestar especial atención a la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado

al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

25 de abril de 2019, en la que se precisaron las reglas para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

24. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales

regímenes son:

12 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003. 13 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CES2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

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8 (i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33

8 (i) Los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 que, con ocasión de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33 de 198514, en el que los únicos factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se hubiesen realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó lo siguiente: «En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Le y 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlista dos en el mencionado artículo».

25. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 27 de junio de 2003 —fecha de la entrada en vigencia de la L ey 812 de 2003—, se regula por las siguientes reglas, de conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985: ✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres. ✓ Tiempo de servicio: 20 años. ✓ Tasa de reemplazo: 75%.

conformidad con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985: ✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres. ✓ Tiempo de servicio: 20 años. ✓ Tasa de reemplazo: 75%. ✓ IBL que comprende: (i) el periodo del último año de servicio docente ; y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son la asignación básica, los gastos de representación, las primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, los dominicales y feriad os, las horas extras, la bonificación por servicios prestados y el trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

26. Sin embargo, frente a las consideraciones del fallo de unificación, y respecto de los factores que se deben tener en cuenta en la definición del ingreso base de liquidación, vale la pena aclarar que, además de los antes mencionados, también se deben tener en cuenta los de naturaleza salarial, de acuerdo con las normas posteriores. Por ejemplo, la bonificación pedagógica prevista en el Decreto 2354 de

201815. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 afiliados al FOMAG, les aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. En ese orden, el ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 19 93, con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de

14 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales

dispuesto en la Ley 100 de 19 93, con los factores dispuestos en el Decreto 1158 de

14 «Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público». 15 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00270-01 (4432-2021)

Demandante: María Bernarda Quintero López

Demandado: FOMAG

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 1994, sobre los cuales se hubiesen realizado las respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en la providencia se fijó la siguiente regla: «Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen , con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones».

27. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con

respectivas cotizaciones».

27. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con posterioridad a la Ley 812 de 2003 son los siguientes: ✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres. ✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el a