CE - Sentencia 17001233300020180038302 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00383-02 (2735-2022)

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez del circuito . Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: prescripción de obligaciones salariales, artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969. Sentencia SUJ -016-CE-S22019 del 2 de septiembre de 2019.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, el 17 de septiembre de 2021, que accedió parcialmente a las pretensiones.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Patricia Varela Cifuentes , quien se desempeñ a como juez del circuito , solicita el reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico , equivalente al 30 % de la

reconocimiento y pago de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un factor mensual adicional al salario básico , equivalente al 30 % de la asignación mensual. Asimismo, solicita la reliquidación de todas las prestaciones sociales con base en el 100 % del sueldo mensual al que se le imputaba el 30 % como prima especial, sin carácter salarial.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Patricia Varela Cifuentes , mediante apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 12 de julio de 2018, con las siguientes:Radicación: 17001-23-33-000-2018-00383-02 (2735-2022)

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2

2.1.1. Pretensiones

(i) Inaplicar los artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008, artículo 4 del Decreto 722 de 2009, artículo 8 del Decreto 1388 de 2010, artículo 8 del Decreto 1039 de 2011, artículo 8 del Decreto 0874 de 2012, artículo 8 del Decreto 1024 de 2013 y artículo 8 del Decreto 194 de 2014.

artículo 8 del Decreto 0874 de 2012, artículo 8 del Decreto 1024 de 2013 y artículo 8 del Decreto 194 de 2014.

(ii) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMZR16 -1655 del 2 de noviembre de 2016, por medio de la cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó el reconocimiento y pago de los efectos salariales y prestacionales del 30 % que se le descontaba de la remuneración a título de prima especial.

(iii) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMZR -1778 del 9 de diciembre de 2016, por el cual la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales concedió el recurso de apelación que interpuso contra la decisión anterior.

(iv) Declarar la nulidad del acto ficto o presunto configurado por el silencio de la administración frente al recurso de apelación radicado el 23 de noviembre de 2016.

(v) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar la diferencia salarial y reliquidar las prestaciones sociales con el 100 % de la remuneración básica mensual, esto es, sin la deducción del 30 % a título de prima especial.

(vi) Ajustar la codena en forma real y efectiva, en el sentido de indexar o actualizar las sumas debidas de acuerdo con la variación del IPC.

(vii) Condenar en costas a la parte demandada1.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente:

(vii) Condenar en costas a la parte demandada1.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente:

(i) Prestó servicios como juez administrativo y magistrada de tribunal desde el 1 de junio de 2006 hasta la fecha de presentación de la demanda, en los siguientes periodos: (i) juez, del 1 de junio de 2006 al 19 de marzo de 2012; (ii) magistrada, del 20 de marzo de 2012 al 31 de julio de 2012; (iii) juez, del 1 de agosto de 2012 al 31 de octubre de 2015; (iv) magistrada, del 1 de noviembre de 2015 al 3 de noviembre de 2015; ( v) magistrada, del 4 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015; (vi) juez, del 1 de diciembre de 2015 al 1 de diciembre de 2015; (vii) magistrada, del 2 de diciembre de 2015 al 23 de octubre de 2016, (viii) juez, desde el 24 de octubre de 2016 en adelante.

1 Samai, índice 2. «ED_demanda_170012333» archivo «1-17001233300020180038300C1» págs. 9 a 71.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00383-02 (2735-2022)

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 (ii) La entidad demandada no reconoció la prima especial como un incremento de la asignación básica ni liquidó las prestaciones con base en el 100 % de la remuneración.

(iii) El 14 de octubre de 2016 le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales el reconocimiento y pago de los efectos salariales y prestacionales del 30 % que se venía descontando de la remuneración a título de prima especial de servicios.

(iv) Mediante Resolución DESAJMZR16-1655 del 2 de noviembre de 2016, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó la solicitud de la demandante. En contra de esa decisión, interpuso recurso de apelación concedido por Resolución DESAJMZR-1778 del 9 de diciembre.

(v) El recurso de apelación no fue resuelto, configurándose un acto presunto por el silencio de la administración.

(vi) El 16 de abril de 2018 solicitó audiencia de conciliación para agotar el requisito de procedibilidad dispuesto en la Ley 640 de 2001. La Procuraduría 28 Judicial II para asuntos administrativos declaró fallida la conciliación en acta del 5 de julio de 2018.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,

de julio de 2018.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 13, 53, 136 y 150 numeral 19, literales e) y f); Ley 4 de 1992, artículos 1, 2, 4 y 14; Código Sustantivo del Trabajo, artículos 127, 128, 132 y 143 y sentencia del 29 de abril de 2014 proferida en el expediente NI 1686-07.

4. En el concepto de violación, la demandante expuso que los decretos que reconocían la prima especial interpretaron erróneamente la Ley 4 de 1992 , al restar del salario de un grupo de servidores públicos el 30 %, razón suficiente para determinar que son contrarios a la ley. Advirtió que en medio de la relación laboral no puede el empleador cambiar las condiciones de remuneración aceptadas, para luego reducirlas.

5. Concluyó que , como los artículos de los decretos que menoscabaron los derechos laborales de la demandante fueron declarados nulos , debe ordenarse el pago del 30 % del salario básico, para efectos de cuantificar la prima especial que debía ser adicionada al salario, con las consecuencias en la liquidación de las prestaciones que generó la deducción injustificada de ese porcentaje en la remuneración mensual.

2.2. Contestación de la demanda

6. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamados por la actora al encontrarse en servicio activo», «integración del

6. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamados por la actora al encontrarse en servicio activo», «integración del litisconsorcio necesario», prescripción e innominada.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00383-02 (2735-2022)

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

7. Señaló que el Ministerio de Hacienda no ha asignado un rubro para cubrir acreencias laborales adicionales a todos los funcionarios judiciales en servicio activo de manera inmediata. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como ordenador del gasto, no tiene competencia para crear salarios y prestaciones, sino que simplemente ejecuta lo dispuesto en los decretos anuales expedido s por el Gobierno nacional.

8. Afirmó que debe aplicarse la prescripción trienal de los derechos laborales pretendidos por la demandante, causados antes del 14 de octubre de 2013, por cuanto la reclamación administrativa fue presentada el 14 de octubre de 20162.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces, mediante sentencia

del 17 de septiembre de 2021, resolvió:

PRIMERO. ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de UnificaciónSUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

del 17 de septiembre de 2021, resolvió:

PRIMERO. ACOGER de manera integral lo dispuesto en la Sentencia de UnificaciónSUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

SEGUNDO. INAPLICAR los artículos 6 y 7 del decreto 658 de 2008, 4 del decreto 722 de 2009, 8 del decreto 1388 de 2010, 8 del decreto 1039 de 2011, 8 del decreto 874 de 2012, 8 del decreto 1024 de 2013 y 8 del decreto 194 de 2014.

TERCERO: Declarar la nulidad de las resoluciones DESAJMZR161655 de 2 de noviembre de 2016, DESAJMZR16 -1778 de 9 de diciembre de 2016 y del acto administrativo ficto presunto negativo, emitidos por la NACION -DIRECCION

EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL-RAMA JUDICIAL-seccional Manizales.

CUARTO: Declárese NO PROBADAS las excepciones (i). ausencia de causa petendi,

(ii). inexistencia del derecho reclamado, (iii). cobro de lo no debido. DECLAR ÉSE PROBADA la excepción de (iv). cosa juzgada constitucional y PROBADA parcialmente la excepción de (v). prescripción trienal laboral, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: CONDENAR a la DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACI ÓN JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, y en consecuencia ordenarle el reconocimiento y pago a favor del demandante Dra. PATRICIA VARELA CIFUENTES el valor no pagado,

JUDICIAL DE LA RAMA JUDICIAL, y en consecuencia ordenarle el reconocimiento y pago a favor del demandante Dra. PATRICIA VARELA CIFUENTES el valor no pagado, por concepto de prima especial de servicios, equivalen te al 30% del total del sueldo básico, devengado por este, durante los periodos en que haya fungido como Juez de la República comprendido desde el 14 de octubre de 2011 y hasta la fecha de ejecutoria de esta sentencia , siempre que por dicho s periodos cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 14 de la Ley 4a de 1992 en concordancia con la Sentencia de Unificación -SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado.

SEXTO. DECLARAR que la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la Ley 4a de 1992, solo constituye FACTOR SALARIAL para efectos de los aportes a pensión.

SÉPTIMO. ORDENAR a la demandada NACI ÓN-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL-RAMA JUDICIAL, seguir reconociendo el derecho que tiene la demandante Dra. PATRICIA VARELA CIFUENTES al reconocimiento y pago

2 Samai, índice 2. «ED_demanda_170012333» archivo «02ContestacionDemanda».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00383-02 (2735-2022)

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 de la prima especial de servicios, de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y conforme lo ordena la Sentencia de Unificación -SUJ-016-CE-S2-2019 de 2 de septiembre de 2019 del Consejo de Estado, mientras ocupe el cargo de Juez de la República u otro afín con la norma y la jurisprudencia de unificación y hasta la fecha de su retiro.

OCTAVO. ORDENAR a la demandada NACIÓN -DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL-RAMA JUDICIAL, reliquidar las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante Dra. PATRICIA VARELA CIFUENTES, sin importar si su cargo fue de Juez de la República o de Magistrada de Tribunal, haciendo nuevamente los cálculos esta vez tomando como base el 100% de su salario básico, con las prestaciones sociales que por ley tenga derecho y devolver la diferencia no pagada, por el periodo comprendido entre el 14 de octubre de 2011 y hasta la ejecutoria de esta sentencia. En adelante, la demandada deberá corregir el error y seguir liquidando las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante con el 100% de sueldo y no con el 70%, como equivocadamente lo venía haciendo.

NOVENO. NO emitir CONDENA EN COSTAS.

10. El tribunal abordó la naturaleza jurídica de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y, para el efecto, citó apartes de la sentencia del 29 de

NOVENO. NO emitir CONDENA EN COSTAS.

10. El tribunal abordó la naturaleza jurídica de la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y, para el efecto, citó apartes de la sentencia del 29 de abril de 2014, mediante la cual la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la nulidad de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007. También hizo referencia a la sentencia del 2 de septiembre de 2019 en la que se reiteró que dicha prima no tiene carácter salarial y fue concebida como una contraprestación adicional que debía sumarse al sueldo de lo s funcionarios beneficiarios.

11. Indicó que las pruebas obrantes en el expediente dem uestran que la demandante inició su vinculación a la Rama Judicial en el cargo de juez y que del valor de su salario fue deducido el porcentaje correspondiente a la prima especial, razón por la cual tiene derecho al pago de dicho factor como un valor adicional a la remuneración.

12. Precisó que , conforme con la sentencia del 2 de septiembre de 201 9, los magistrados de tribunal y cargos homólogos solo tienen derecho al 80 % de lo que por todo concepto devengan anualmente los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, advirtió que ello no excluía la existencia de una disminución en la base de liquidación de las prestaciones sociales causadas en los periodos en los que la demandante laboró como juez y magistrada , en tanto fueron calculadas sobre el 70 % del salario básico y no sobre el 100 %, al descontarse el porcentaje correspondiente a la prima especial. En consecuencia, concluyó que la entidad demandada debía reliquidar las

laboró como juez y magistrada , en tanto fueron calculadas sobre el 70 % del salario básico y no sobre el 100 %, al descontarse el porcentaje correspondiente a la prima especial. En consecuencia, concluyó que la entidad demandada debía reliquidar las prestaciones sociales con base en el 100 % del salario básico y pagar la diferencia entre lo reconocido y el valor que resulte de la nueva liquidación.

13. Finalmente, sostuvo que el cómputo del término de prescripción debía regirse por lo dispuesto en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. En el caso concreto, precisó que la demandante presentó la reclamación administrativa el 14 de octubre de 2014, por lo cual las sumas causadas con anterioridad al 14 de octubre de 2011 (sic) se encuentran prescritas.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00383-02 (2735-2022)

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

2.4. Recurso de apelación

14. El apoderado de la parte demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones, al considerar que la prima especial solo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación, según lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 . Por tanto, no debía incluirse en la base de liquidación de las prestaciones sociales.

solo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación, según lo previsto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 . Por tanto, no debía incluirse en la base de liquidación de las prestaciones sociales.

15. Por otro lado , manifestó su desacuerdo con el numeral octavo de la parte resolutiva, que ordenó el pago de la prima especial «sin importar si su cargo es de juez de la República o magistrada de Tribunal» . Aclaró que dicho reconocimiento solo procede respeto del cargo de juez, ya que a los magistrados se les reconoce la bonificación por compensación, no la prima especial.

16. Por último, sostuvo que debía aplicarse la prescripción trienal sobre las sumas causadas con anterioridad al 14 de octubre de 2013, no al 14 de octubre de 2011, como lo indicó la sentencia recurrida, puesto que la reclamación administrativa fue presentada el 14 de octubre de 20163.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

17. Mediante auto del 20 de octubre de 2022 , la Subsección A declaró fundado el impedimento manifestado por los magistrados integrantes de esta Subsección en esa época, al considerar que se configuraba el supuesto de hecho establecido en la causal primera del artículo 141 del CGP, por haber sido beneficiarios de la prima especial en calidad de funcionaros de la Rama Judicial, circunstancia que generaba interés directo en el proceso4.

18. Los magistrados integrantes de la Subsección A manifestaron su impedimento, con sustento en el artículo 141-1 del CGP, esto es, tener interés directo por motivo de los procesos judiciales que iniciaron para lograr el reconocimiento y pago de dicha

18. Los magistrados integrantes de la Subsección A manifestaron su impedimento, con sustento en el artículo 141-1 del CGP, esto es, tener interés directo por motivo de los procesos judiciales que iniciaron para lograr el reconocimiento y pago de dicha prima como un factor adicional a la remuneración mensual.

19. Con posterioridad, la Sala de lo Contencioso -Administrativo de la Sección Segunda, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 53 del Acuerdo 080 de 2019

(Reglamento Interno del Consejo de Estado) , realizó la designación de conjueces e integró la lista correspondiente en sesión del 17 de abril de 20235.

3 Samai, índice 2. «ED_demanda_170012333» archivo «20RecApelSentDda». 4 Samai, índice 11. 5 DECISIÓN POR CONJUECES. Cuando por discrepancias con el proyecto original hubiere más de dos tesis en discusión y ninguna alcanzare el mínimo de votos requerido, se sortearán conjueces hasta obtener la mayoría necesaria. PARÁGRAFO. (Adicionado Acuerdo No. 088 de 2019) INTEGRACIÓN DE LAS LISTAS DE CONJUECES. En enero de cada año, las salas y secciones del Consejo de Estado formarán listas de conjueces, que corresponderán al doble del número de magistrados que las integren. Cuando las listas de conjueces resulten insuficientes, las salas y secciones podrán aumentarlas. En el acta respectiva se dejará constancia sobre los motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su

motivos que justifican la designación de conjueces adicionales, situación que será comunicada al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia. El sorteo de conjueces se realizará por cada sección o sala, y su remuneración estará sometida a la reglamentación que sobre el particular expida el Gobierno Nacional.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00383-02 (2735-2022)

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

20. Por auto del 3 de octubre de 2023, el conjuez ponente admitió el recurso de apelación, en los términos del artículo 247 del CPACA6.

21. La integración de la lista de conjueces motivó la realización del sorteo para el reparto de los expedientes, el cual se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025, tal y como consta en el índice 33 del sistema de gestión judicial SAMAI.

22. Mediante auto del 27 de marzo de 20257, la conjuez designada por sorteo para tramitar el presente asunto resolvió devolver el expediente al despacho de origen en los términos del artículo 116 del CPACA8, según el cual «los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

23. Frente a la configuración del supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA sobre la «posesión y duración del cargo de Conjuez», es del caso precisar que las

causal de impedimento que dé lugar al nombramiento de estos».

23. Frente a la configuración del supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA sobre la «posesión y duración del cargo de Conjuez», es del caso precisar que las Subsecciones A y B de la Sección Segunda han declarado infundado el impedimento manifestado por magistrados de distintos tribunales del país en asuntos relacionados con el reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

24. Asimismo, la mayoría de los integrantes de la Sala, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2024, decidieron declarar infundado el impedimento manifestado por los integrantes de esta, en procesos con supuestos similares a los que se analizan en el

presente asunto, por tres razones, a saber9:

(i) Las manifestaciones de impedimento se sustentan en consideraciones generales que resultan insuficientes para encuadrar el caso particular en el supuesto descrito en la causal; (ii) no exponen situaciones actuales y concretas que acrediten la configuración de la causal; (iii) no mencionan el beneficio que sustenta «el interés directo o indirecto en el proceso» ni precisan cómo la decisión del caso puede resultar útil para los intereses de quien manifiesta el impedimento.

25. En este orden, la Sala procede a dictar sentencia por encontrarse acreditado el supuesto previsto en el artículo 116 del CPACA, derivado de la modificación de la integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que d é lugar al nombramiento de estos».

6 Samai, índice 19.

integración de la Sala, en la que los nuevos magistrados desplazan a los conjueces cuando «no se les predique causal de impedimento o impedimento que d é lugar al nombramiento de estos».

6 Samai, índice 19. 7 Samai, índice 26. 8 Posesión y duración del cargo de Conjuez. Designado el conjuez, deberá tomar posesión del cargo ante el Presidente de la sala o sección respectiva, por una sola vez, y cuando fuere sorteado bastará la simple comunicación para que asuma sus funciones. // Cu ando los Magistrados sean designados conjueces sólo se requerirá la comunicación para que asuman su función de integrar la respectiva sala. // Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos. 9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -Administrativo, Sección Segunda, expedientes 1774 -2024, 5436-2023 y 1286-2024. En igual sentido, ver autos dictados por la Subsección B, expedientes 4042-2023 y 40792023 del 30 de enero de 2025, y 3819-2024 y 5624-2024 del 6 de febrero del mismo año.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00383-02 (2735-2022)

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

27. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse , únicamente, en relación con los reparos concretos presentados por el apelante 10, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

28. ¿La orden de pago de la prima especial como un porcentaje adicional a la remuneración mensual devengada por la actora en condición de juez y magistrada de tribunal, involucra la reliquidación de las prestaciones con la inclusión de esta, aun cuando el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 establece que constituye factor salarial únicamente para efectos de la liquidación de la pensión?

29. ¿La prescripción de las obligaciones derivadas del reconocimiento del derecho al pago de la prima especial como una adición de la remuneración mensual procede frente a las diferencias causadas con anterioridad al 14 de octubre de 2013 o al 14 de octubre de 2011, esta última indicada por el tribunal?

al pago de la prima especial como una adición de la remuneración mensual procede frente a las diferencias causadas con anterioridad al 14 de octubre de 2013 o al 14 de octubre de 2011, esta última indicada por el tribunal?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

30. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribun al Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

31. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 199311 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

10 CGP, artículos 320 y 328. 11 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama

10 CGP, artículos 320 y 328. 11 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00383-02 (2735-2022)

Demandante: Patricia Varela Cifuentes

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

32. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión

de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones12, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

33. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestaci