CE - Sentencia 17001233300020180038402 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

Demandante: Beatriz Henao Muñoz

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez promiscuo municipal y del circuito.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: prescripción de obligaciones salariales, artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969. Sentencia SUJ016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Subtema 2: irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de los aportes pensionales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces el 2 de noviembre de 2022, que ordenó la reliquidación y pago de los aportes a pensión de jubilación y declaró la prescripción extintiva del periodo reclamado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Beatriz Henao Muñoz, que se desempeñó como juez promiscuo municipal y del circuito

prescripción extintiva del periodo reclamado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Beatriz Henao Muñoz, que se desempeñó como juez promiscuo municipal y del circuito entre el 16 de julio de 1990 y el 31 de marzo de 2008, solicita el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 4 de la Ley 4 de 1992, en un porcentaje equivalente al 30 % del salario básico mensual, así como la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el 100 % de la remuneración mensual. El tribunal reconoció el derecho de la demandante, no obstante, declaró la prescripción extintiva de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de 2 de septiembre de 2019. La en tidad demandada interpuso recurso de apelación en el que se opuso a la reliquidación de aportes pensionales teniendo como factor salarial la prima especial a la que tenía derecho la demandante, comoquiera que ello no fue solicitado en sede administrativa. La demandante alegó que no operó la prescripción de los derechos toda vez que estos surgieron con la expedición de la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Beatriz Henao Muñoz , mediante apoderado judicial, presentó demanda enRadicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

Demandante: Beatriz Henao Muñoz

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 12 de julio de 2018, con las siguientes1:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMAR17 -505 del 31 de mayo de 2017, expedida por el director ejecutivo seccional de administración judicial de Manizales-Caldas, mediante la cual negó la solicitud de reliquidación y pago de la remuneración mensual de la prima especial, de las prestaciones sociales y demás derechos laborales de la demandante.

(ii) Declarar que operó el silencio administrativo negativo, como consecuencia de la falta de respuesta frente al recurso de apelación que interpuso contra la Resolución DESAJMAR17-505 del 31 de mayo de 2017.

(iii) Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto derivado de la configuración del silencio administrativo negativo.

(iv) Inaplicar por inconstitucionales los decretos que previeron como prima sin carácter salarial el 30 % del salario básico mensual devengado por la demandante como juez de la República en el año 2008, dentro de los cuales el artículo 6 del Decreto 658 de 2008.

(v) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reliquidar la remuneración mensual del 1 de enero de 1993 al 31 de

el artículo 6 del Decreto 658 de 2008.

(v) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reliquidar la remuneración mensual del 1 de enero de 1993 al 31 de marzo de 2008 (fecha del retiro definitivo), con la inclusión del 30 % de la prima especial de servicio como incremento del salario básico.

(vi) Condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reliquidar la prima especial cancelada desde el 1 de enero de 1993 hasta la fecha de su retiro definitivo, 31 de marzo de 2008, liquidada sobre el 100 % de la remuneración básica mensual.

(vii) Condenar a la parte demandada a la reliquidación de las cesantías e intereses de las cesantías causados al 31 de diciembre de 1992, por haberse acogido al nuevo régimen salarial y prestacional de los Decretos 57 y 110 de 1993. Asimismo, reliquidar las cesa ntías e intereses de estas, desde 1993 hasta el 2008.

(viii) Reconocer y ordenar pagar las diferencias laborales que resulten a favor de la actora, debido a las reliquidaciones solicitadas.

(ix) Ordenar a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y que reconozca intereses de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

(ix) Ordenar a la entidad demandada que actualice las sumas adeudadas de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y que reconozca intereses de conformidad con el artículo 192 del CPACA.

1 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_2_452023(.zip) NroActua 2, 01Cuaderno1(fl. 1-295).pdf, folios 5 a 7.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

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3 2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, la demandante expuso, en

síntesis, lo siguiente2:

(i) Estuvo vinculada a la rama judicial, desempeñando el cargo de juez municipal, desde el 16 de julio de 1990 hasta el 31 de marzo de 2008.

(ii) En calidad de juez, se acogió al régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993.

(iii) Mediante Resolución 1297 del 11 de noviembre de 1993, expedida por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Caldas, le fueron reconocidas las cesantías parciales acumuladas a 31 de diciembre de 1992, de conformidad con los Decretos 57 y 110 de 1993, por haberse acogido a dic ho régimen salarial

Dirección Seccional de Administración Judicial de Caldas, le fueron reconocidas las cesantías parciales acumuladas a 31 de diciembre de 1992, de conformidad con los Decretos 57 y 110 de 1993, por haberse acogido a dic ho régimen salarial y prestacional. En consecuencia, dejó de regirse por el sistema de liquidación de cesantías con base en el régimen de retroactividad.

(iv) El 1 1 de mayo de 2017, le solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales la reliquidación y pago de su remuneración mensual incluyendo la prima especial, así como la reliquidación de las prestaciones laborales y demás emolumentos percibidos en calidad de juez por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1993 y el 31 de marzo de 2008.

(v) Mediante Resolución DESAJMAR17505 del 31 de mayo de 2017, el director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Manizales -Caldas negó el reconocimiento y pago de la prima especial equivalente al 30 % adicional del salario básico, así como la reliquidación de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que le fueron liquidadas con el 70 % de la asignación básica y no con el 100 %.

(vi) El 16 de junio de 2017, la demandante interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo, respecto del cual la administración no se pronunció, por lo que operó el silencio administrativo negativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,

por lo que operó el silencio administrativo negativo.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, preámbulo y artículos 4, 53 y 150; Ley 4 de 1992, artículos 2 y 14; Decreto 57 de 1993, artículo 2 y 12; Decreto 110 de 1993, artículo 2.

4. En el concepto de violación, la parte actora manifestó que los actos administrativos incurrieron en una interpretación errónea de los artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992, al reducir en un 30 % el valor el salario básico, lo que repercutió negativamente en el cálculo de las prestaciones sociales y demás derechos laborales.

Lo anterior, por cuanto para su liquidación únicamente se tuvo en cuenta el 70 %, cuando correspondía al 100 % del salario correspondiente.

2 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_2_452023(.zip) NroActua 2, 01Cuaderno1(fl. 1-295).pdf folios 30 a 33.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

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5. Asimismo, alegó que los actos acusados vulneraron los principios de progresividad y de favorabilidad, en la medida en que desconocieron que en ningún

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5. Asimismo, alegó que los actos acusados vulneraron los principios de progresividad y de favorabilidad, en la medida en que desconocieron que en ningún caso se podían desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos.

2.2. Contestación de la demanda

6. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «integración de litisconsorcio necesario, prescripción, ausencia de causa petendi e innominada». Manifestó que existen dos regímenes salariales en la rama judicial y que la demandante pertenece al personal acogido.

7. En punto al carácter salarial de la prima especial señaló que fue la Ley 4 de 1992 la que dispuso que dicho emolumento no tendría carácter salarial, esto es, que no constituía factor salarial para la liquidación y pago de primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por servicios. No obstante, a partir de la Ley 332 de 1996 se levantó parcialmente dicha limitación para establecer que la misma haría parte del ingreso base únicamente para efectos de la pensión de jubilación.

8. En relación con la nulidad de los decretos salariales correspondientes a las vigencias 1993 a 2007, afirmó que las sentencias que así lo declararon señalaron que la prima debe reconocerse como una retribución adicional de la remuneración, en cuantía equivalente al 30 %, pero no se pronunciaron sobre el carácter salarial, lo que quiere decir que el artículo 14 que le otorga esa naturaleza únicamente para aportes a pensión permanece incólume.

cuantía equivalente al 30 %, pero no se pronunciaron sobre el carácter salarial, lo que quiere decir que el artículo 14 que le otorga esa naturaleza únicamente para aportes a pensión permanece incólume.

9. En punto al reconocimiento de la prima especial correspondiente a las vigencias 1993 a 2007, manifestó que operó el fenómeno de la prescripción trienal, habida cuenta de que la reclamación administrativa fue presentada el 2 de agosto de 2016

(sic). Las vigencias poste riores al 2008 fueron liquidadas conforme con decretos anuales que fijan la remuneración mensual de los empleados de la rama judicial, que conservan la presunción de legalidad.

10. Señaló que existe una imposibilidad material y presupuestal para incluir en nómina el pago adicional de la prima especial y, en todo caso, dicho reconocimiento excedería el techo establecido en el Decreto 1251 de 20093.

2.3. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Conjueces mediante sentencia dictada el 2 de noviembre de 2022, resolvió: (i) acoger de manera integral lo dispuesto en la sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019; (ii) declaró imprósperas las excepciones; (iii) declaró la nulidad de la Resolución DESAJMAR17505 del 31 de mayo de 2017 y del acto presunto producto del silencio administrativo;

(iv) declaró la prescripción extintiva de las obligaciones derivadas de los derechos causados desde el 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de marzo de 2008; (v) declaró

(iv) declaró la prescripción extintiva de las obligaciones derivadas de los derechos causados desde el 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de marzo de 2008; (v) declaró

3 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_2_452023(.zip) NroActua 2, 02Cuaderno1A(fl. 296-364).pdf, folios 28 a 39.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

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5 que la prima especial solo constituye factor salarial para el pago de aportes a pensión, por lo que ordenó su pago y, (vi) dispuso dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA4.

12. Al sustentar la decisión afirmó que en el expediente existe prueba de la reducción de la remuneración básica con motivo del pago de la prima especial en cuantía equivalente al 30 % de esa base, cuando ejerció el cargo de juez de la República, por lo que ti ene derecho al reconocimiento de la prima y reliquidación de las prestaciones, tomando como base el 100 % del sueldo mensual.

13. Acogió la tesis sobre la contabilización de la prescripción que adoptó el Consejo de Estado en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, en virtud de lo que advirtió que el término de prescripción de los derechos laborales reclamados es de tres años,

de Estado en la sentencia del 2 de septiembre de 2019, en virtud de lo que advirtió que el término de prescripción de los derechos laborales reclamados es de tres años, contados a partir de su exigibilidad, y como en el presente caso la reclamación administrativa se presentó el 11 de mayo de 2017, el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de marzo de 2008 se encuentra afectado por el fenómeno prescriptivo, motivo por el que no puede ordenarse su pago.

14. Concluyó que al ser la prima especial factor salarial únicamente para efectos de los aportes a pensión, corresponde reajustar dicho aporte con la inclusión de ese emolumento.

2.4. Recursos de apelación

2.4.1. De la parte demandante

15. La demandante solicitó se revoque la declaración de prescripción extintiva al considerar que desconoce la sentencia del 4 de agosto de 2010 , dictada dentro del expediente 0230-08, según la cual la regla jurisprudencial para identificar el momento de exigibilidad del derecho y el conteo de la prescripción surge cuando se crea una expectativa legítima de reliquidación con motivo de una decisión judicial anulatoria.

16. Manifestó que la sentencia objeto de recurso, así como la expedida el 2 de septiembre de 2019, desconocen que la presunción de legalidad de los actos administrativos se mantuvo hasta el 29 de abril de 2014, cuando fue desvirtuada por la autoridad judicial. Motivo por el cual es un imposible lógico -jurídico exigirle a los administrados haber interrumpido la prescripción trienal desde la entrada en vigor del Decreto 57 del 7 de enero de 1993.

la autoridad judicial. Motivo por el cual es un imposible lógico -jurídico exigirle a los administrados haber interrumpido la prescripción trienal desde la entrada en vigor del Decreto 57 del 7 de enero de 1993.

17. Afirmó que la sentencia apelada y la providencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019 desconocen el antecedente del Consejo de Estado, según l os cuales el operador judicial tiene el deber de aplicar las normas favorables sobre prescripción.

18. Para reforzar la tesis sobre el conteo «favorable» de la prescripción, citó sentencias de esta corporación que resolvieron favorablemente la pretensión de reliquidación de las prestaciones de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en lo efectivamente devengado en moneda extranjera, derecho

4 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_2_452023(.zip) NroActua 2, 36Sentencia1°.pdf.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

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6 que surgió a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la inexequibilidad del Decreto Ley 10 de 1992.

19. A partir de lo anterior afirmó que se vulneró el derecho a la igualdad y al debido proceso, porque, a su juicio, existe un mismo supuesto fáctico que es decidido de

Decreto Ley 10 de 1992.

19. A partir de lo anterior afirmó que se vulneró el derecho a la igualdad y al debido proceso, porque, a su juicio, existe un mismo supuesto fáctico que es decidido de manera diferente, dado que en el caso de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores la prescripción se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la inexequibilidad del decreto que imponía la liquidación conforme con el salario en pesos, mientras que para los servidores de la rama judicial se cuenta a partir de la reclamación, sin atender la fecha de ejecutoria de las sentencias de nulidad que son constitutivas del derecho.

20. Concluyó que los derechos reclamados por la parte demandante surgieron a partir de la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014 y no con la expedición del Decreto 57 de 1993, que reglamentó la Ley 4 de 19925.

2.4.2. De la parte demandada

21. La Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial afirmó que la condena respecto del pago de aportes a pensión de jubilación constituye una decisión «más allá de lo solicitado en la demanda» , una decisión extra petita, comoquiera que ello no se solicitó ni en la reclamación administrativa ni en la demanda.

22. Alegó que existe ambigüedad en la condena pues se ordena pagar retroactivamente los aportes a seguridad social causados, por cuanto la prima especial constituye factor salarial respecto de aportes a pensiones, sin embargo , se declaró la prescripción de las obligaciones derivadas del reconocimiento, de donde se deduce que respecto de esos aportes también operó el fenómeno de prescripción.

constituye factor salarial respecto de aportes a pensiones, sin embargo , se declaró la prescripción de las obligaciones derivadas del reconocimiento, de donde se deduce que respecto de esos aportes también operó el fenómeno de prescripción.

23. Concluyó que conforme con el Decreto 272 de 2021, a partir del mes de abril de 2021 se procedió al pago por nómina mensual de la prima especial del 30 % como valor adicional a la asignación básica; no obstante, resulta presupuestalmente inviable presentar fórmula conciliatoria para las obligaciones anteriores al 1 de enero de 2021, toda vez que a la fecha no se cuenta con la apropiación presupuestal por p arte del

Ministerio Hacienda y Crédito Público6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

24. Mediante el auto del 10 de agosto de 202 37, el despacho ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3. ° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. No hubo lugar a la presentación de alegatos de conclusión porque las partes no solicitaron la práctica de pruebas en esta instancia.

5 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_2_452023(.zip) NroActua 2, 39ApelacionSentenciaDemandante.pdf. 6 Samai, índice 2, ED_ONEDRIVE_2_452023(.zip) NroActua 2, 38ApelacionSentenciaRamaJudicial.pdf. 7 Samai. Índice 004.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

Demandante: Beatriz Henao Muñoz

7 Samai. Índice 004.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. Al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, le corresponde el conocimiento del presente asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150 del CPACA, para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problemas jurídicos

26. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por las partes8, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

27. ¿Se configuró la prescripción de los derechos reclamados por la demandante, en relación con el reconocimiento de la prima especial como factor salarial causada durante los años que ejerció el cargo de juez promiscuo municipal?

28. ¿Procedía en el presente asunto la reliquidación y pago de los aportes a pensión ordenada por el tribunal , aunque no se reclamó en sede administrativa ni en las pretensiones de la demanda?

29. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la demandada constituye un argumento válido para negar el derecho al pago de la prima especial y las diferencias salariales y prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual

29. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la demandada constituye un argumento válido para negar el derecho al pago de la prima especial y las diferencias salariales y prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual al 70 %, aun cuan do la ley reconoce el pago de este emolumento como una adición del sueldo?

3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

30. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30 % ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscale s del Tribu nal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

31. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 19939 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

8 CGP, artículos 320 y 328.

a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

8 CGP, artículos 320 y 328. 9 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

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8 Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

32. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido

de Justicia y del Consejo de Estado. Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

32. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones10, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

33. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30 %) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al treinta por ciento (30 %) de la «remuneración mensual».

34. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta

treinta por ciento (30 %) de la «remuneración mensual».

34. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»11.

35. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala

10 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de 2006, exp. 11001 -03-25-000-2003-0005700(121-03).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

Demandante: Beatriz Henao Muñoz

00(121-03).Radicación: 17001-23-33-000-2018-00384-02 (1851-2023)

Demandante: Beatriz Henao Muñoz

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9 ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido»12.

36. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30 % de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración mensual se descarga «el castigo de dicho 30 % que, conforme a los términos de la norma invalidada, restringía e n ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».

37. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29 de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos

abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples decretos dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún caso» el Gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores d el Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y l a Ley, así como para declarar su nulidad» 13. La nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del 2 de abril de 200914.

38. Por último, la Sala de