CE - Sentencia 17001233300020180045502 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 17001-23-33-000-2018-00455-02 (6383-2024)

Demandante: Geovanny Paz Meza

Demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial,

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Seccional Manizales

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Juez municipal , promiscuo y circuito.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: reliquidación de prestaciones por reducción del salario base de liquidación. Procedencia. Sentencia SUJ -016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019. Subtema 2: imprescriptibilidad de aportes para pensión de jubilación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca , el 27 de septiembre de 2024 , que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Geovanny Paz Meza , en condición de juez, presentó demanda contra la Nación , Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial , Dirección Seccional de

I. SÍNTESIS DEL CASO

Geovanny Paz Meza , en condición de juez, presentó demanda contra la Nación , Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial , Dirección Seccional de Administración Judicial, con el propósito de obtener la reliquidación y pago de la prima especial y la reliquidación de las prestaciones sociales y de la seguridad social con base en el 100 % de la remuneración mensual . La Dirección Seccional de Administración Judicial negó la solicitud al considerar que la prima especial no t iene carácter salarial , además, no puede asumir obligaciones que no cuent an con disponibilidad presupuestal. El demandante afirmó que los actos administrativos q ue negaron la petición son nulos, porque desconocieron la naturaleza salarial de la prima especial, la jurisprudencia del Consejo de Estado y los principios constitucionales de igualdad, progresividad y favorabilidad.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Geovanny Paz Meza , mediante apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra laRadicación: 17001-23-33-000-2018-00455-02 (6383-2024)

Demandante: Geovanny Paz Meza

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 12 de septiembre de 2018, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

2 Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 12 de septiembre de 2018, con las siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución DESAJMAR18-775 del 30 de abril de 2018, proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, mediante la cual se negó la inclusión del 30 % de la remuneración mensual devengada por el demandante como base para la liquidación de las prestaciones sociales desde el 11 de noviembre de 2011 y hasta tanto permanezca en el cargo . Asimismo, declarar la nulidad del acto ficto presunto configurado por el silencio de la administración frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo citado.

(ii) Que se inapliquen los Decretos 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y 1257 de 2015, que han fijado la remuneración mensual fraccionada con una prima especial del 30 %, sin carácter salarial.

(iii) Condenar a la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial a reconocer , liquidar y pagar al señor Geovanny Paz Meza la prima especial del 30 % prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición a la remuneración básica mensual devengada desde que desempeña el cargo de juez.

(iv) Ordenar a la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial,

artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición a la remuneración básica mensual devengada desde que desempeña el cargo de juez.

(iv) Ordenar a la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial a reliquidar y pagar las prestaciones sociales devengadas tales como: prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, cesantías, auxilio de cesantías, bonificación por actividad judicial, bonificación judicial y aportes a seguridad social en salud y pensión, con base en el 100 % de la remuneración básica mensual, adicionando el 30% que corresponde a la prima especial.

(v) Ordenar a la entidad demandada reajustar o actualizar al momento de la ejecutoria del fallo de primera o segunda instancia las sumas a pagar, conforme con el índice de precios al consumidor (IPC).

(vi) Condenar a la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial a seguir pagando al señor Geovanny Paz Meza los salarios y las prestaciones sociales conforme con lo expuesto en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces proferida el 29 de abril del 2014, en el expediente radicado bajo el número 2007-000871.

(vii) Ordenar el cumplimiento del fallo en los términos establecidos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (CPACA).

(vii) Ordenar el cumplimiento del fallo en los términos establecidos en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo (CPACA).

1 SAMAI, Gestión en otros despachos, índice 20, 1_ED_01CUADERNO1FL173(.pdf) NroActua 20. Folios 2 al 4.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00455-02 (6383-2024)

Demandante: Geovanny Paz Meza

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3 (viii) Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento fáctico de las pretensiones, el demandante expuso, en

síntesis, lo siguiente2:

(i) Laboró al servicio de la rama judicial en c ondición de juez, desde el año 1999, inicialmente adscrito a la Seccional de Nariño y a partir de 2015 en Caldas. Al momento de presentación de la demanda se encontraba ejerciendo el cargo de juez.

(ii) Desde el año 1999 ha recibido la asignación básica y la prima especial, no como una adición de la remuneración sino como una fracción que no constituye factor salarial.

(iii) Solicitó el pago de las sumas adeudadas por los conceptos mencionados, incluyendo la prima especial, mediante petición presentada el 10 de abril de 2018 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

constituye factor salarial.

(iii) Solicitó el pago de las sumas adeudadas por los conceptos mencionados, incluyendo la prima especial, mediante petición presentada el 10 de abril de 2018 ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

(iv) La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales negó la petición mediante Resolución DESAJMAR18-775 del 30 de abril de 2018.

(v) Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación frente al cual operó el silencio administrativo negativo en los términos del artículo 86 de la Ley 1437 de 2011.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos 2, 4, 9, 13, 25, 53, 93, 150, 228 y 230; Ley 4 de 1992; Decretos 270 de 1978, 717 de 1978, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y 1257 de 2015, y Código Sustantivo de Trabajo, artículos 12 y 21.

4. En el concepto de violación, el demandante sostuvo que los actos administrativos demandados desconocen la normatividad superior y las decisiones judiciales vigentes, en particular las sentencias de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, mediante las cuales se ha reconocido el carácter salarial de la prima especial. Señaló que esta prima corresponde a un porcentaje adicional de la

judiciales vigentes, en particular las sentencias de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, mediante las cuales se ha reconocido el carácter salarial de la prima especial. Señaló que esta prima corresponde a un porcentaje adicional de la remuneración mensual y, en tal medida, su inclusión en la base de liquidación de las prestaciones sociales es obligatoria. Agregó que la exclusión de este factor en la liquidación de sus derechos vulnera principios constitucionales como la igualdad, el trabajo en condiciones dignas y el respeto por los derechos adquiridos.

2 SAMAI, Gestión en otros despachos, índice 20, 1_ED_01CUADERNO1FL173(.pdf) NroActua 20. Folio 4.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00455-02 (6383-2024)

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4 2.2. Contestación de la demanda

5. El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de «imposibilidad presupuesta l de reconocer los derechos reclamados por el actor al encontrarse en servicio activo», pues reconoció que la administración no puede reconocer de inmediato los derechos laborales reclamados por jueces en servicio activo, ya que no se han asignado recursos en el rubro de gastos de personal por parte del Ministerio de Hacienda , por lo que no habría disponibilidad presupuestal para el pago de esas acreencias.

por jueces en servicio activo, ya que no se han asignado recursos en el rubro de gastos de personal por parte del Ministerio de Hacienda , por lo que no habría disponibilidad presupuestal para el pago de esas acreencias.

6. Asimismo, planteó la excepción de «integración del litisconsorcio necesario», con el argumento de que debía vincularse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como entidad competente para definir y garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para atender las obligaciones derivadas de decisiones judiciales que implican erogaciones a cargo del Estado.

7. Afirmó que operó la «prescripción trienal» por la reclamación tardía de los derechos relacionados con las diferencias salariales causadas con anterioridad al 10 de abril de 2015, teniendo en cuenta que la solicitud que motivó la expedición del acto demandado se radicó el 10 de abril de 2018.

8. Adujo que no es procedente acceder a las pretensiones de la parte actora, en tanto la prima especial del treinta por ciento (30 %) fue establecida legalmente sin carácter salarial, razón por la cual no puede ser incluida en la liquidación de las prestaciones sociales, así como tampoco en la base de liquidación de los aportes a seguridad social. Indicó que esa postura fue acogida por la jurisprudencia constitucional y confirmada por la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del 2 de septiembre de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado3.

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia dictada el 27

de septiembre de 2024, dispuso lo siguiente4:

2.3. Sentencia de primera instancia

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia dictada el 27

de septiembre de 2024, dispuso lo siguiente4:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucionalidad los artículos 6 del Decreto 658 de 2008, 4 del Decreto 722 de 2009, artículo 8 del Decreto 1388 de 2010, 8 del Decreto 1039 de 2011, 8 del Decreto 874 de 2012, 8 del Decreto 1024 de 2013 y 8 del Decreto 194 de

2014. En su lugar, se dispone aplicar al sub lite el artículo 53 de la Constitución Política, conforme con lo explicado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución No. DESAJMAR18 -775 del 30 de abril de 2018 “Por medio de la cual se resuelve un Derecho de Petición”; (ii) Acto ficto presunto configurado ante el silencio de la administración frente al recurso de apelación interpuesto contra el primer acto administrativo citado.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la parte demandada a reconocer, en favor del señor Geovanny Paz Meza (…) a partir del 13 de noviembre de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante en su condición de Juez, la prima especial de

3 SAMAI, Gestión en otros despachos, índice 20, 1_ED_01CUADERNO1FL173(.pdf) NroActua 20. Folios 79 al 89.

prestados por la parte demandante en su condición de Juez, la prima especial de

3 SAMAI, Gestión en otros despachos, índice 20, 1_ED_01CUADERNO1FL173(.pdf) NroActua 20. Folios 79 al 89. 4 SAMAI, Gestión en otros despachos, índice 29.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00455-02 (6383-2024)

Demandante: Geovanny Paz Meza

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5 servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, sin que supere el tope fijado anualmente por el Gobierno Nacional y sin que en ningún caso sumados todos los conceptos que integran su remuneración, pueda superarse el tope señalado durante la vigencia del Decreto 1251 de 2009, orden que deberá ser estrictamente acatada por la entidad demandada. Lo anterior, con efectos fiscales a partir del 10 de abril de 2015 conforme con la prescripción decretada.

La parte demandada también deberá reliquidar las prestaciones sociales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) del señor Geovanny Paz Meza a partir del 13 de noviembre de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante en su condición

Meza a partir del 13 de noviembre de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante en su condición de Juez, teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, advirtiendo también que, en ningún caso sumados todos los conceptos, puede superarse el tope máximo señalado durante la vigencia del Decreto 1251 de 2009. Lo anterior, c on efectos fiscales a partir del 10 de abril de 2015 conforme con la prescripción decretada.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y cuando la liquidación del período comprendido entre el 13 de noviembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica, y la configuración del fenómeno prescriptivo.

La prima especial sólo constituirá factor salarial para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación y los aportes al sistema de salud.

Dentro de la liquidación se deben incluir las sumas que por concepto del derecho reclamado haya recibido la parte demandante debido a la relación laboral y las causadas con origen en reclamaciones por vía administrativa o judicial tales como, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras, por razón del ejercicio del cargo de Juez.

CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN de los

con origen en reclamaciones por vía administrativa o judicial tales como, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras, por razón del ejercicio del cargo de Juez.

CUARTO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN de los valores reconocidos con anterioridad al 10 de abril de 2015, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

QUINTO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones que se debieron realizar en favor de la parte demandante, entre el 13 de noviembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2020 y en todo caso mientras fungió en el cargo de Juez.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el período declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual de la contemplada en el Sistema General de Pensiones.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley al demandante con la finalidad de que se realicen los mismos.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00455-02 (6383-2024)

Demandante: Geovanny Paz Meza

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SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 a 195 (…)

SÉPTIMO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.

10. Para resolver el asunto, el tribunal acogió en su integridad la tesis señalada en las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 2 de septiembre de 2019, mediante las cuales el Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos que establecían la prima especial sin carácter salarial. En dichas providencias, el Consejo de Estado precisó que el 30 % correspondiente a la prima especial constituye un valor adicional al salario básico mensual y no un componente integrado a este. La incorrecta interpretación de dicha norma llevó a tratar esta prima como parte del salario desconociendo su naturaleza jurídica como prestación autónoma con efectos salariales y prestacionales.

11. Del mismo modo , indicó que el Gobierno nacional ha precisado que la prima especial debe entenderse como una suma adicional a la asignación básica mensual , que debe tenerse en cuenta como un factor para determinar el ingreso base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Seguridad Social en Salud

12. Precisó que las dificultades económicas de una entidad pública no constituyen razón suficiente para que se sustraiga de sus obligaciones salariales y prestacionales.

cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Seguridad Social en Salud

12. Precisó que las dificultades económicas de una entidad pública no constituyen razón suficiente para que se sustraiga de sus obligaciones salariales y prestacionales.

Así, concede las pretensiones, teniendo en cuenta la prescripción frente a las obligaciones causadas con anterioridad al 10 de abril de 2015, por cuanto el demandante presentó la reclamación el 10 de abril de 2018.

13. Declaró prescritos los periodos anteriores al 10 de abril de 2015 al considerar que las pretensiones salariales y prestacionales anteriores a fueron formuladas después de vencido el término legal. No obstante, exceptuó los aportes al sistema de pensiones de jubilación, al tratarse de un derecho de naturaleza imprescriptible conforme con la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado y los principios que rigen la seguridad social.

14. Condenó en costas a la parte demandada a partir del criterio objetivo valorativo, con fundamento en el artículo 365 del CGP.

2.4. Recurso de apelación

15. La entidad demandada interpuso recurso de apelación para que se revoque la sentencia, al considerar que la potestad para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos recae única y exclusivamente en el Gobierno nacional, en virtud de lo dispuesto en la Constitución política y la Ley. En ese sentido, señaló que , con base en los decretos salariales expedidos anualmente por el Ejecutivo, la administración judicial ha liquidado las prestaciones sociales de los jueces sobre el 70 % de la remuneración mensual, dado que, conforme a dichas disposiciones, el 30 %

base en los decretos salariales expedidos anualmente por el Ejecutivo, la administración judicial ha liquidado las prestaciones sociales de los jueces sobre el 70 % de la remuneración mensual, dado que, conforme a dichas disposiciones, el 30 % restante corresponde a una prima especial que no tiene carácter salarial.

16. Además, afirmó que existen razones presupuestales que impiden asumir las obligaciones derivadas de la sentencia de nulidad de los decretos que, vale decir, superan el tope de la remuneración mensual fijada por el Gobierno nacional. A firma que acceder a la reliquidación de las prestaciones sociales con el 100% del salario yRadicación: 17001-23-33-000-2018-00455-02 (6383-2024)

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7 un pago adicional del 30 % desconocería los principios presupuestales y la prescripción de aportes.

17. A partir de la declaración de nulidad de los decretos salariales correspondientes a los años 1993 a 2007, la entidad sostiene que no resulta procedente proponer fórmula conciliatoria, en razón a que operó la prescripción trienal. Asimismo, señala que la sent encia apelada omitió analizar este aspecto , a partir de la solicitud de reconocimiento y pago5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

18. Mediante auto del 29 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle

reconocimiento y pago5.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

18. Mediante auto del 29 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concedió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada.

19. Este despacho, mediante auto del 2 de abril de 2025 admit ió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, ordenó notificar personalmente al procurador delegado ante esta corporación según lo dispuesto en el artículo 198 del CPACA, y a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 201 ib ídem, modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -Administrativo, es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, según lo previsto el inciso primero del artículo 150 del CPACA.

3.2. Problemas jurídicos

21. De acuerdo con el marco fijado en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, que habilita al juez de segunda instancia para pronunciarse únicamente en relación con los reparos concretos presentados por el apelante6, la Sala procede a resolver los siguientes problemas jurídicos:

22. ¿El reconocimiento de la prima especial como un porcentaje adicional a la remuneración mensual devengada por el demandante en condición de juez desconoce el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los decretos reglamentarios por medio de los cuales el Gobierno nacional fija el sueldo básico mensual, con la inclusión de una prima que

remuneración mensual devengada por el demandante en condición de juez desconoce el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y los decretos reglamentarios por medio de los cuales el Gobierno nacional fija el sueldo básico mensual, con la inclusión de una prima que constituye factor salarial únicamente para efectos de la liquidación de la pensión?

23. ¿La imposibilidad presupuestal alegada por la entidad apelante constituye un argumento válido para negar el reconocimiento de la prima especial y las diferencias salariales y prestacionales causadas por la disminución de la remuneración mensual al 70 %?

5 SAMAI, Gestión en otros despachos, índice 32, 17Recepcionrecur_Recursoapelacion2018(.pdf) NroActua 32. 6 CGP, artículos 320 y 328.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00455-02 (6383-2024)

Demandante: Geovanny Paz Meza

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8 3.3. Marco normativo –Reiteración jurisprudencial–

24. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativo, los agentes del Ministerio Público delegados

al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados de tribunales superiores y contencioso-administrativo, los agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y fiscales del Tribuna l Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

25. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de 1992, expidió el Decreto 57 de 19937 por medio del cual fijó el régimen salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General Magistrado Auxiliar (…)

26. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo 14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se aplicaría, con las mismas limitaciones8, a los magistrados auxiliares y abogados asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

27. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento (30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992 y 332 de 1996.

Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al

7 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar».

de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes, entre otros, equivale al

7 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar». 8 Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-444 de 1997.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00455-02 (6383-2024)

Demandante: Geovanny Paz Meza

Demandado: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura

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9 treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

28. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados, consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas»9.

29. En el