CE - Sentencia 17001233300020180051401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Radicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

Demandante: Mauricio Estrada Martínez

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Temas: Relación laboral encubierta – Médico general – MODIFICA

SENTENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Mauricio Estrada Martínez instauró demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, en contra del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se acceda a

las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del oficio n.º S-2018 018734/ARSAN-JEFAT-1.10 del 13 de abril de 2018 y , en consecuencia, que entre las partes existió una relación

las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del oficio n.º S-2018 018734/ARSAN-JEFAT-1.10 del 13 de abril de 2018 y , en consecuencia, que entre las partes existió una relación laboral sin solución de continuidad entre el 5 de julio de 2007 y el 23 de septiembre de 2015.

3. A título de restablecimiento del derecho, se condene a reliquidar el salario y reconocer y pagar las prestaciones sociales (cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados) y las compensaciones por el trabajo suplementario que dejó de percibir desde el desde el 5 de julio de 2007 hasta el 31 de enero de 2017, fecha en la que fue incluido en la nómina de pensionados

Colpensiones.

4. Que se reconozcan y paguen los aportes a pensión que debieron realizarse y su respectivo reajuste e intereses moratorios.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

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HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

6. Que prestó sus servicios en la clínica La Toscana de la Policía Nacional como médico general entre el 5 de julio de 2007 y el 23 de septiembre de 2015, a través de varios contratos de prestación de servicios.

6. Que prestó sus servicios en la clínica La Toscana de la Policía Nacional como médico general entre el 5 de julio de 2007 y el 23 de septiembre de 2015, a través de varios contratos de prestación de servicios.

7. Que su último vínculo debe entenderse vigente hasta el 31 de enero de 2017, pues el 3 de mayo de 2015 sufrió un evento médico y recibió tratamiento médico hospitalario por un lapso mayor a siete meses, sin que la entidad dispusiera la liquidación o terminación del contrato de prestación de servicios profesionales.

8. Que, mediante Resolución GNR 10921 del 16 de enero de 2017, Colpensiones le reconoció la pensión de invalidez.

9. Que sus funciones comprendieron la atención de consulta médica en los diferentes establecimientos de sanidad de la Policía Nacional, programas de promoción y prevención de enfermedades, utilización y conservación de los recursos físicos, participación en conv enios docentes asistenciales, comités académicos, administrativos y médicos y emisión de conceptos de medicina, entre otros.

10. Que laboró tiempo completo, cumplía un horario y los turnos programados y asistía a reuniones administrativas o comités médicos epidemiológicos, con cierta regularidad por instrucción de la entidad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda fue admitida mediante auto del 21 de marzo de 2019 , la entidad manifestó que celebró varios contratos de prestación de servicios con el demandante, por un tiempo limitado y bajo unas condiciones específica s, que, en su mayoría obedecen a la finalidad del servicio contratado.

12. Que no existen pruebas sobre condicionamientos , instrucciones, llamados de

demandante, por un tiempo limitado y bajo unas condiciones específica s, que, en su mayoría obedecen a la finalidad del servicio contratado.

12. Que no existen pruebas sobre condicionamientos , instrucciones, llamados de atención o cualquier otra manifestación real de dependencia o de subordinación, los contratos se ejecutaron bajo ciertos parámetros de coordinación.

13. Que la Seccional de Sanidad de Caldas , en aras de cumplir con sus obligaciones constitucionales y justificada en la insuficiencia de personal, contrató los servicios profesionales del actor, sin desbordar los límites de la Ley 80 de 1993.

14. No propuso excepciones.

15. Se celebró audiencia inicial el 2 de diciembre de 2020, se fijó el litigio, se surtió la etapa de conciliación, se decretaron las pruebas solicitadas y se programó audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia , la cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte demandada.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

16. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 16 de noviembre de 2022, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y la existencia de una relación laboral entre las partes del 5 de julio de 2007 y el 23 de septiembre de

16. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 16 de noviembre de 2022, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y la existencia de una relación laboral entre las partes del 5 de julio de 2007 y el 23 de septiembre de 2015 y la prescripción extintiva de los derechos y prestaciones causada con anterioridad al 22 de agosto de 2012, excepto los aportes en pensiones.

17. Lo anterior, al encontrar probado que el señor Estrada Martínez prestó sus servicios como médico general, de forma personal, directa y con vocación de permanencia, recibió una remuneración habitual y estuvo subordinado.

18. Que cumplió sus labores en la sede de la clínica La Toscana de la Policía Nacional, portaba un carné y una bata con el logo institucional y empleaba los equipos, instrumental e insumos proporcionados por la Dirección de Sanidad de la institución.

19. Concluyó que la entidad le impuso un horario y debía acatar los requerimientos no sólo en asuntos administrativos sino médicos , como la prescripción de medicamentos y remisiones a especialistas; presentar informes; desarrollar labores administrativas; asistir a reuniones institucionales; y atender las disposiciones e instrucciones provenientes del personal de la institución.

20. Que, a partir de los testimonios, también se probó que el demandante seguía la programación establecida para la consulta externa, hospitalización, urgencias, quirófano y demás actividades y las instrucciones de los coordinadores médicos.

21. Condenó al pago de las prestaciones legales ordinarias que hubiese percibido un empleado de planta de la entidad en los siguientes periodos: (i) 22 de agosto de

quirófano y demás actividades y las instrucciones de los coordinadores médicos.

21. Condenó al pago de las prestaciones legales ordinarias que hubiese percibido un empleado de planta de la entidad en los siguientes periodos: (i) 22 de agosto de 2012 y 21 de agosto de 2013; (ii) 9 de septiembre de 2013 y 8 de julio de 2014; (iii) 6 de agosto de 2014 y 20 de febrero de 2015 y (iv) 24 de marzo de 2015 y 23 de septiembre de 2015, teniendo en cuenta los honorarios pactados.

22. Aclaró que no podía extenderse la indemnización hasta la fecha en la cual el demandante fue ingresado a nómina de pensionados, por cuanto el contrato finalizó el 23 de septiembre de 2015 y no podía entenderse prorrogado automática o tácitamente porque no se estableció así en las estipulaciones. Además, que la pérdida de la capacidad laboral se estructuró el 23 de marzo de 2016, esto es, posterior a la finalización del mencionado acuerdo.

23. Ordenó pagar al respectivo fondo pensional la diferencia entre los aportes cotizados para pensiones durante todo el tiempo de la relación laboral y computar esos tiempos para efectos pensionales.

24. Negó las demás pretensiones, condenó en costas a la parte demandada y dispuso el pago del 4% de la cuantía estimada como agencias en derecho.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

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RECURSO DE APELACIÓN

25. La parte demandada interpuso recurso de apelación por considerar que no existió una relación laboral y las vinculaciones con el demandante atendieron los parámetros y exigencias previstas en la Ley 80 de 1993.

26. Que desde el inicio el demandante conoció las condiciones de su vinculación y fue este quien presentó una oferta sobre la prestación de sus servicios como médico en el área de sanidad del departamento de Caldas, en la cual estimó sus honorarios y sus condicionamientos como contratista. Que , no estuvo sujeto a órdenes ni cumplía horarios, pues la programación de turnos rotativos obedece a la necesidad de coordinación que debe existir entre las partes contratantes para desarrollar el objeto.

27. Que no existen pruebas de llamados de atención o comunicaciones semejantes que demuestren dependencia o subordinación y las declaraciones recaudadas tampoco evidencian que el actor recibiera órdenes o direccionamientos de la entidad.

28. Que las instrucciones de la entidad se limitaron al cumplimiento del contrato, como una forma de coordinar la prestación del servicio profesional y atender las necesidades de los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de la institución policial, pero no se configuraron los elementos de una relación laboral.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

29. El 30 de marzo de 2023 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

29. El 30 de marzo de 2023 fue admitido el recurso de apelación, y se dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

30. La parte demandante afirmó que la decisión de primera instancia fue acertada, porque demostró que durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios la entidad hizo uso del poder subordinante y limitó la autonomía e independencia que caracterizan esos acuerdos.

31. El Ministerio Público no rindió concepto.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

32. La Sala deberá verificar, si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de la prestación de servicios y, si como consecuencia de ello, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

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33. En caso de que se encuentre probada la relación laboral, se estudiará lo relativo a la prescripción de los derechos reclamados y, finalmente, se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

34. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del

correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

34. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

35. El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

36. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, el elemento de la remuneración.

37. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios, demostrando la subordinación (gerundio de consecuencia) dará vía libre al nacimiento del derecho al pago de prestacio nes sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

38. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las cuales se

destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado

38. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de las cuales se

destacan las siguientes:

• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella.

• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un término de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, el cual puede flexibilizarse según las circunstancias especiales de cada caso.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

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• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la devolución de los dineros que haya pagado el contratista por este concepto o por el de salud.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.

• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente en los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente temporal.

• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una relación laboral.

39. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, cuando se reconoce la existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Resolución del caso concreto

40. A partir de las pruebas documentales es posible establecer que el demandante estuvo vinculado a la Policía Nacional mediante diferentes contratos de prestación de servicios, suscritos entre el 5 de julio de 2007 y el 23 de septiembre de 2015, como médico general y, que, en cada uno de los acuerdos suscritos entre las partes, se acordó el pago de sumas de dinero con determinada habitualidad, como contraprestación económica a los servicios prestados.

41. Esto demuestra la prestación personal del servicio y la remuneración, aspectos no discutidos por la parte apelante. Por esa razón, se procederá a revisar si efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal del recurso.

41. Esto demuestra la prestación personal del servicio y la remuneración, aspectos no discutidos por la parte apelante. Por esa razón, se procederá a revisar si efectivamente se presentó la subordinación como argumento principal del recurso.

42. Para esto, se advierte que el objeto de los contratos suscritos entre las partes desde 2007 a 20111, se enmarcó como: « prestar servicios profesionales como M edico General, con oportunidad, eficiencia y eficacia en la Clínica La Toscana o en el sitio de Caldas donde se requiera, en las condiciones, áreas y/o servicios que determine el contratante, de acuerdo con sus necesidades y programación establecido».

43. A su vez, en los acuerdos firmados por el demandante y la Policía Nacional entre 2011 y 2015 2, el objeto contractual consistió en: «prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como Médico General para ser prestados en

1 Contratos n.º 91-7-20088-2007, 91-7-20003-2008; 91-7-20090-2009; 91-7-20106-2010; 91-7-20213-2011 y 91-720094-2011. 2 Contratos n.º 91-7-20095-2012; 91-7-20160-2013; 91-7-20097-2015 y 91-7-20037-2015.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

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el área de Sanidad Caldas».

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el área de Sanidad Caldas».

44. Dentro de las obligaciones del contratista definidas en los acuerdos o anexos

contractuales, se destacan las siguientes:

• Realizar las actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan integral del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional (Acuerdo 002 de 2001 y subsiguientes), observando las normas propias de su profesión, actividad u oficio. - Atender consulta en cualquier establecimiento de sanidad policial donde le sea programada, con los estándares mínimos establecidos por la Dirección de Sanidad. - Llevar los registros de atención diaria de procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normativa vigente y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación. - Participar en los programas docentes asistenciales que desarrolle la Dirección de Sanidad mediante convenios con centros educativos o de formación

(universidades, institutos, EPS, IPS, etc.). - Solicitar en forma genérica los elementos requeridos por los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional, con base en los cuadros básicos adoptados por la entidad para su compra. - Prescribir los medicamentos en forma genérica incluidos en el plan de salud del subsistema de salud de la Policía Nacional, salvo que el paciente requiera un medicamento que no se encuentre en el vademécum vigente, caso en el cual

• Prescribir los medicamentos en forma genérica incluidos en el plan de salud del subsistema de salud de la Policía Nacional, salvo que el paciente requiera un medicamento que no se encuentre en el vademécum vigente, caso en el cual debe solicitar autorización previa al Comité Técnico Científico de Autorización de Medicamentos de la Dirección de Sanidad, para su prescripción en el formato vigente para tal fin.

45. También obran los antecedentes contractuales y, en estos, los anexos y justificación de la necesidad de contratación de personal médico y asistencial de la Dirección Seccional de Sanidad de Caldas , las actas de inicio y de liquidación de algunos contratos, las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social, cuentas de cobro, informes de cumplimiento y cuadros de turno o programación de algunos de los contratos suscritos.

46. En los documentos, se observan las evaluaciones3 de los contratos de prestación de servicios ejecutados por el señor Estrada Martínez, en las cuales se le califican los factores de: utilización de recursos, conocimiento del trabajo, responsabilidad, identificación de los valores corporativos, relaciones interpersonales, atención al usuario, colaboración, iniciativa, confiabilidad y agendamiento, con puntajes de 0 a 100, con resultados insatisfactorio, bueno o sobresaliente. Igual, el concepto del supervisor del contrato y las observaciones para el mejoramiento y se indica que, para que el contratista sea tenido en cuenta en nuevos procesos deberá obtener

3 Al respecto, pueden consultarse las siguientes evaluaciones visibles en las páginas 16 a 21 del archivo n.º 8; 17,

supervisor del contrato y las observaciones para el mejoramiento y se indica que, para que el contratista sea tenido en cuenta en nuevos procesos deberá obtener

3 Al respecto, pueden consultarse las siguientes evaluaciones visibles en las páginas 16 a 21 del archivo n.º 8; 17, 18, 105 y 106 del archivo n.º 9; 33, 34, 76 y 77 del archivo n.º 10; 13 y 14 del archivo n.º 11, 65 del archivo n.º 13 y 33 del archivo nº 14 del CD obrante a folio 57 del expediente.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

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un puntaje mínimo.

47. Igual se destaca, el Acta n.º 118/ RINCO – COSES -2.92 del 29 de junio de 20114, en la que se le imparte instrucciones al actor sobre el procedimiento de valoración médica, diligenciamiento de carpetas de las diferentes convocatorias, causales de no aptitud y aplazamientos, sistema SINCO y SIADMI, diligenciamiento de planillas de atención médica, forma de realización de la valoración médica y valoración de formatos, exámenes especializados, historia clínica y médica de los aspirantes.

48. El Oficio n.º 791 RINCO 3 -JEFAT 29 del 12 de septiembre de 2011 5, mediante el

cual la jefe de la Regional de Incorporación No. 3 , hace un llamado de atención al contratista: « se le realiza un llamado de atención por no cumplir con el horario

cual la jefe de la Regional de Incorporación No. 3 , hace un llamado de atención al contratista: « se le realiza un llamado de atención por no cumplir con el horario establecido y verificar que en repetidas ocasiones ha ingresado después de las 09:30 horas».

49. El Oficio n.º 829 RINCO 3 -JEFAT 29 del 23 de septiembre de 2011 , 6en el que la jefe de la Regional de Incorporación n.° 3, pone en conocimiento de Sanidad Caldas las falencias sobre el desarrollo de las tareas encomendadas al demandante, esto es, la falta de agilidad en el proceso de selección y valoración de aspirantes ; deficiente rendimiento en el proceso; la morosidad en la incorporación de 178 aspirantes al sistema SINCO y los llamados de atención por la impuntualidad en el horario de trabajo.

50. El Oficio n.º 831 RINCO 3 -JEFAT 29 del 23 de septiembre de 2011 7, mediante el cual la jefe de la Regional de Incorporación n.° 3, nuevamente hace un llamado de atención al demandante y lo conmina a realizar una tarea.

51. El Oficio n.º S-2013/JEFATARSAN del 27 de febrero de 2012 8, en el que la coordinadora médica requiere al actor por las múltiples quejas de los usuarios derivadas del retraso durante las consultas a cumplir con el horario de trabajo estipulado y ceñir sus consultas a un tiempo de veinte minutos por paciente.

52. El Oficio n.º S-2014/ARSAN-GASIS-29 del 18 de julio de 20149, en el que se emite el siguiente concepto frente al médico Mauricio Estrada Martínez: «informar que en

52. El Oficio n.º S-2014/ARSAN-GASIS-29 del 18 de julio de 20149, en el que se emite el siguiente concepto frente al médico Mauricio Estrada Martínez: «informar que en la oficina de Atención al Usuario se recibieron tres insatisfacciones por la demora en la atención profesional, dos felicitaciones por su desempeño y una solicitud requiriendo nueva contratación del profesional»

53. De otra parte, tras valorar los testimonios de los señores Alba Nelly Hoyos Erazo, Leonardo Alfonso Acuña Velosa y Diego Fernando Brand Ruiz se destaca que, de manera convergente, afirmaron que el demandante prestó sus servicios como médico general en la clínica La Toscana de la Policía Nacional en los servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias.

4 Páginas 129 – 130 Archivo 10. 5 Página159, Archivo 10. 6 Páginas 161-162. 7 Página159, Archivo 10. 8 Página 8. Archivo 11. 9 Página 64, Archivo 13.Radicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

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54. La primera declarante, quien se desempeñó como psicóloga del Comando de la Policía Nacional de Caldas hasta noviembre de 2011, indicó que el actor además de esos servicios debía atender otras tareas delegadas por el jefe de sanidad, de acuerdo con la necesidad del servicio , asistía a brigadas de salud en el perímetro rural del departamento de Caldas y el área de incorporación.

de esos servicios debía atender otras tareas delegadas por el jefe de sanidad, de acuerdo con la necesidad del servicio , asistía a brigadas de salud en el perímetro rural del departamento de Caldas y el área de incorporación.

55. Que cumplía con un horario de trabajo habitual obligatorio y recibía agendamientos adicionales en la zona de urgencias, que incluían labores nocturnas , fines de semana y festivos y turnos de disponibilidad. Y, en los programas de prevención y promoción de salud había una enfermera que diseñaba el cronograma para la atención de estos, los cuales también era de obligatorio cumplimiento

56. Que la jefatura de sanidad impartía instrucciones y órdenes por intermedio de oficios, solicitaba permisos para ausentarse y debía usar obligatoriamente una bata y carné con el logo institucional de la entidad.

57. El segundo precisó que laboró desde 2011 hasta 2016 como médico en la Policía y le consta ba que el actor atendía ayudantías quirúrgicas en cirugía menor y acompañamientos en brigadas de salud y en salidas a la atención de exámenes de ascenso o de incorporación.

58. Que l aboraba tiempo completo en la Policía Nacional y, en razón a esto, le asignaban diferentes turnos de prestación en la noche, fines de semana y festivos y, en el día programaciones en consulta externa. Que la jefatura programaba los turnos, inicialmente, solicitaba a los médicos que voluntariamente llenaran los espacios y, cuando ya se diligenciaban y quedaban espacios libres, la entidad los fijaba de manera arbitraria.

59. Que debía pedir permisos por escrito y diligenciar un formato para ese efecto.

Recibía órdenes y el horario era de obligatorio cumplimiento.

fijaba de manera arbitraria.

59. Que debía pedir permisos por escrito y diligenciar un formato para ese efecto.

Recibía órdenes y el horario era de obligatorio cumplimiento.

60. Que debía seguir los parámetros y direccionamiento de la institución , eran evaluados a la terminación del contrato y amenazados respecto a que de es as calificaciones dependía la contratación del año siguiente.

61. El tercero señaló que trabajó durante trece años en la Policía Nacional entre 1997 hasta 2013 y con el demandante coincidió en la clínica La Toscana , que, en esa institución para todas las áreas se fijaban cuadros de turnos de manera mensual.

62. Que estaba subordinado a la dirección de la clínica, recibía órdenes en cuanto a su desempeño y la programación de horario y dependencias asignadas.

63. Que debía seguir los protocolos institucionales para manejo de pacientes, atención en urgencias y remisiones; además, seguir l as formalidades de las fuerzas militares. También solicitaba permiso por escrito.

64. Al realizar una valoración conjunta de las pruebas allegadas, la Subsección evidencia la falta de autonomía en la prestación del servicio, pues las labores queRadicación: 17001-23-33-000-2018-00514-01 (1830-2023)

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desarrollaba el demandante eran permanentes, y se cumplían en la entidad demandada y en el horario fijado en esta, bajo la supervisión e instrucción de un

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desarrollaba el demandante eran permanentes, y se cumplían en la entidad demandada y en el horario fijado en esta, bajo la supervisión e instrucción de un superior funcional, sin que pudieran ejercerse en condiciones de libertad y autonomía técnica y directiva.

65. Las obligaciones definidas en los contratos denotan el direccionamiento por parte de la entidad y la imposición de condiciones de tiempo, modo y lugar en la ejecución de actividades, puesto que, textualmente, se indica que el profesional debe seguir los procedimientos y procesos de la institución de sanidad y ceñirse a las limitaciones definidas para la atención de pacientes, formulación de medicamentos y remisión a medicina especializada.

66. A su vez, se probó que el demandante atendió labores en el área de incorporación y recibió instrucciones personales y específicas sobre el procedimiento de valoración médica y